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Ecuador se debe comprometer a abordar problemas de derechos humanos en el país

Adopción del Examen Periódico Universal de Ecuador

A diferencia de su antecesor, Rafael Correa, desde que asumió en mayo de 2017 el presidente Lenin Moreno se ha pronunciado públicamente a favor del respeto de la libertad de expresión y la sociedad civil. Sin embargo, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador parece estar adoptando posturas que son incongruentes con las declaraciones del presidente Moreno, y resultan más próximas al apoyo explícito a la censura y los ataques a la libertad de expresión y la libertad de asociación manifestados por su predecesor.

En 2013, Correa refrendó una ley de comunicaciones que concedió a su gobierno amplias facultades para castigar a medios de comunicación independientes, incluida una definición orwelliana de “censura” que permite sancionar a los medios independientes que no den cobertura a temas que el gobierno considere de “interés público”. El gobierno de Correa ha aplicado esta ley para asegurarse una cobertura favorable. 

Ese año, Correa dictó, además, un decreto que otorgaba a su gobierno amplias facultades para inmiscuirse en el funcionamiento de las organizaciones no gubernamentales. El gobierno ha aplicado el decreto para disolver a una organización ambiental y al sindicato docente más grande y antiguo del país.

A pesar de los compromisos asumidos por el presidente Moreno, en su comunicación más reciente sobre las recomendaciones del Examen Periódico Universal (EPU), de julio de 2017, Ecuador ratificó las políticas del gobierno anterior y manifestó que tanto la Ley Orgánica de Comunicación como el decreto presidencial relativo a las ONG eran compatibles con el derecho internacional de los derechos humanos.

Este EPU es una oportunidad para que el gobierno ecuatoriano, durante la gestión de Moreno, reconozca que no ha implementado recomendaciones clave en materia de libertad de expresión y asociación que había aceptado durante su examen anterior, en 2012. Instamos al gobierno de Moreno a aprovechar esta oportunidad y se comprometa a derogar estas normas problemáticas y a abordar otros problemas de derechos humanos que existen en el país.

 

 

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