Presentación al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU sobre su examen de Colombia

El 4 de agosto de 2017, Human Rights Watch realizó la siguiente presentación ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas sobre el cumplimiento por parte de Colombia de sus obligaciones conforme al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: 

Les escribimos ante la proximidad del examen de Colombia que llevará a cabo el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas (“el Comité”) con el propósito de transmitir algunas consideraciones sobre el cumplimiento, por parte del país, de sus obligaciones conforme al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (“el Pacto”).

Human Rights Watch ha documentado abundantes evidencias de restricciones a los derechos económicos, sociales y culturales en Colombia, en cuestiones como restitución de tierras, desnutrición, restricciones al acceso a la educación y asesinato de activistas. Esta presentación se centra en tres áreas de especial preocupación: (1) la crisis de desnutrición que afecta a la población indígena wayuu en el departamento de La Guajira; (2) los asesinatos de activistas en el país; (3) el reclutamiento de menores y restricciones a la educación por parte de grupos armados.  

La crisis humanitaria de la población indígena wayuu (arts. 2(1), 11 y 12; párrafos 7 y 8 en las listas de cuestiones)

Durante varios años, la población indígena wayuu en el departamento de La Guajira ha estado afectada por altos índices de mortalidad debido a desnutrición, sobre todo en niños menores de 5 años.

En diciembre de 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al gobierno colombiano que adoptara medidas cautelares, incluidas medidas inmediatas, para abordar la “emergencia” de los niños wayuu en cuatro municipios en La Guajira: Uribia, Manaure, Riohacha y Maicao[1]. Tras el pronunciamiento de la CIDH, altas cortes colombianas han ordenado al gobierno que aborde esta situación[2]. En enero de 2017, la CIDH amplió las medidas para alcanzar a mujeres embarazadas y en lactancia[3].

En visitas efectuadas a La Guajira en julio de 2016 y junio de 2017, Human Rights Watch documentó evidencias de la crisis y de las falencias en la respuesta gubernamental. Nuestra investigación indica que la crisis se debe a un acceso sumamente limitado a alimentos y agua, agravado por altos índices de pobreza y un acceso igualmente deficiente a servicios básicos. Según entrevistas de Human Rights Watch con fiscales locales, la corrupción ha tenido un rol significativo en las limitaciones en los servicios públicos que se brindan en La Guajira, incluido el suministro de agua[4]. La difícil situación de inseguridad alimentaria que vive el pueblo wayuu se debe a los altos niveles de pobreza, que no les permiten comprar alimentos suficientes, así como el acceso limitado al agua, que impide que muchas comunidades wayuu cultiven suficientes alimentos para suplir ese déficit[5]. Las limitaciones en el acceso al agua para fines de higiene también afectan la salud de estas personas, y provocan diarrea y otras enfermedades que podrían agravar la desnutrición[6]. Los líderes wayuu también atribuyen la crisis, en parte, al control ejercido por grupos sucesores del paramilitarismo sobre sectores más rentables de la economía local, así como a las restricciones en los alimentos que se pueden obtener de Venezuela debido a la crisis humanitaria en ese país, dos factores que incrementan el costo de los alimentos[7].

El 21 de febrero de 2017, el gobierno de Colombia anunció una intervención en el departamento para mejorar el acceso al agua y la salud[8]. Pero las muertes por desnutrición siguen siendo numerosas. Según estadísticas oficiales, 23 niños menores de 5 años murieron por desnutrición en La Guajira en la primera mitad de 2017[9]. Si bien esto representa una disminución significativa en comparación con los 38 casos informados por el gobierno en los primeros seis meses de 2016, supone un aumento respecto del promedio de muertes en la primera mitad de los tres años previos, y duplica la cantidad de casos de 2015, el año en el cual la CIDH pidió las medidas cautelares[10].

El pueblo wayuu se ve afectado en forma desproporcionada por la desnutrición. Entre 2014 y 2016, las muertes de niños indígenas representaron más del 85% de las muertes por desnutrición en La Guajira, aunque, según las últimas cifras disponibles, de 2014, el pueblo wayuu representa el 38% de la población de esa provincia[11]. A nivel nacional, los niños wayuu que mueren por desnutrición conforman cerca del 12% de las muertes de niños de menos de 5 años, a pesar de que la población wayuu representa menos del 1 % de la población nacional, de acuerdo con las cifras oficiales más recientes, de 2014[12].

El acceso limitado a fuentes de agua segura ha obligado a miembros de comunidades wayuu a usar fuentes de agua inseguras, como jagüeys –pozos excavados y sin ninguna protección donde los wayuus tradicionalmente acumulan agua de lluvia– y pozos y molinos de agua con agua salada para consumo, cocción, higiene, lavado y aseo[13]. La dependencia de estas fuentes de agua ha provocado enfermedades transmisibles, como la diarrea, que agudizan la desnutrición[14]. El Instituto Nacional de Salud de Colombia indicó a Human Rights Watch que 11 niños indígenas murieron por diarrea aguda en La Guajira en 2015 y 21 en 2016[15].

Human Rights Watch solicita al Comité que inste al gobierno colombiano a:

• Implementar con urgencia medidas para garantizar que la población wayuu en La Guajira pueda obtener agua y alimentos en cantidades suficientes; y
• Impulsar con carácter prioritario investigaciones penales y disciplinarias sobre casos de corrupción en La Guajira, en particular aquellos que afectan el suministro público de agua y alimentos.

Asesinato de activistas (arts. 6 y 7; párrafo 2 en la lista de cuestiones)

Las denuncias de homicidios de activistas siguen siendo numerosas en Colombia. La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia informó que 60 defensores que ejercían un rol de liderazgo local en derechos humanos fueron asesinados en 2016, lo cual supuso un marcado aumento en comparación con las 41 muertes documentadas en 2015[16]. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia verificó 29 casos ocurridos entre enero y julio de 2017[17].

Se han cometido numerosos abusos contra activistas de derechos humanos en zonas donde solía haber presencia militar de las FARC. Con la desmovilización de las FARC, se han intensificado los delitos y actividades de otros grupos armados en muchas de esas áreas, sobre todo donde hay actividades rentables de minería ilegal y tráfico de drogas. Entre los municipios donde hubo presencia de las FARC y los abusos contra activistas son altos se incluyen Tumaco, en Nariño; El Tambo, en Cauca; y El Bagre, en Antioquia. Según datos de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, más del 60% de los asesinatos que informó esa institución en 2017 se produjeron en áreas donde antes hubo presencia militar de las FARC[18].

Los asesinatos también suceden a menudo en áreas donde hay altos niveles de actividades económicas ilegales, como minería y producción de drogas. Según datos de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, más del 90% de los asesinatos que informaron en 2016 y 2017 se produjeron en este tipo de zonas[19].

En virtud del Pacto, Colombia tiene la obligación de proteger el derecho a trabajar y el derecho al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias, incluso para los defensores de derechos humanos y otros activistas sociales. El Comité señaló en su Observación General N.º 23 que los “defensores de los derechos humanos deberían poder contribuir sin ningún tipo de acoso a que los derechos contemplados en el Pacto sean plenamente efectivos para todos. Los Estados partes deberían respetar, proteger y promover la labor de los defensores de los derechos humanos y otros actores de la sociedad civil, con miras a hacer efectivo del derecho a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias, entre otras cosas facilitando el acceso a la información y permitiendo el ejercicio de sus derechos de libertad de expresión, de asociación, de reunión y de participación pública”[20]. Más recientemente, en octubre de 2016, el Comité emitió una declaración sobre Defensores de los derechos humanos y derechos económicos, sociales y culturales, en la cual señaló que “las amenazas o los actos de violencia dirigidos contra los defensores de los derechos humanos constituyen un incumplimiento de las obligaciones que incumben a los Estados respecto del ejercicio efectivo de los derechos reconocidos en el Pacto, puesto que los defensores de los derechos humanos también contribuyen con su labor a la efectividad de tales derechos”[21].

Human Rights Watch solicita al Comité que inste al gobierno colombiano a:

• Adoptar medidas para incrementar la presencia de las instituciones gubernamentales en zonas que anteriormente estuvieron controladas por las FARC, incluidas medidas para asegurar justicia y seguridad;
• Asignar carácter prioritario a las investigaciones penales de homicidios de activistas, defensores de derechos humanos y otros líderes sociales;
• Continuar brindando medidas de protección a los activistas que estén en riesgo;
• Tomar medidas de protección adicionales en zonas donde el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo identifique potenciales riesgos y amenazas a activistas.

Reclutamiento de menores e injerencia en el derecho a la educación (art. 13; párrafos 2 y 28 de la lista de cuestiones)

Human Rights Watch ha documentado numerosas instancias de reclutamiento de menores, ataques contra estudiantes, docentes y escuelas, y uso militar de escuelas en Colombia.

En 2014 y 2015, Human Rights Watch documentó numerosos casos de reclutamiento de menores por parte de grupos sucesores de paramilitares en la ciudad de Buenaventura, donde la población es mayoritariamente afrocolombiana[22]. Residentes y líderes comunitarios en distintos lugares de la ciudad dijeron a Human Rights Watch que numerosos niños, incluso de apenas 10 años, participaban activamente en grupos sucesores de paramilitares que tienen presencia en sus barrios.

En 2014, Human Rights Watch documentó casos de reclutamiento de menores por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y grupos sucesores de paramilitares en la ciudad afrocolombiana de Tumaco, Nariño, y de uso de escuelas para acciones militares[23]. Por ejemplo, en una ocasión, a mediados de 2014, las FARC colocaron explosivos aproximadamente a 10 metros del acceso a una escuela mientras había militares en la población, lo cual obligó a que se cancelaran las clases por ese día, indicaron los residentes. Las FARC también han mantenido encuentros con estudiantes y docentes en esa misma escuela[24].

Más recientemente, en 2017, documentamos evidencias de prácticas extendidas de reclutamiento de menores y restricciones a la educación en comunidades wounaan y afrocolombianas en el departamento de Chocó por parte de miembros de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN)[25]. También recibimos señalamientos creíbles de que miembros de las AGC coaccionaron a niñas, algunas de apenas 12 años, para que fueran sus parejas sexuales. En una comunidad afrocolombiana, dos residentes señalaron que al menos cinco niñas menores de 18 años habían quedado embarazadas de miembros de las AGC en los últimos años[26].

Los grupos armados en Choco también interfieren con la educación a través de combates armados y cuando ocupan escuelas para fines militares[27]. En varias comunidades, líderes y docentes dijeron que, en 2016 y 2017, las clases habían sido interrumpidas, a veces por semanas, debido a que los niños y los docentes temían sufrir abusos o quedar en medio de enfrentamientos, los cuales, a veces, han ocurrido cerca de escuelas. El 19 de febrero de 2017, por ejemplo, la Armada colombiana mantuvo un enfrentamiento armado con las AGC durante 45 minutos detrás de la escuela en la comunidad afrocolombiana de Carrá, según dijeron residentes a Human Rights Watch.

En ocasiones, grupos armados han utilizado escuelas locales como bases militares o han tomado posiciones en escuelas durante hostilidades. Aproximadamente en agosto de 2016, miembros del ELN ocuparon temporalmente una escuela de una comunidad wounaan y amenazaron al docente, según lo indicó a Human Rights Watch un grupo humanitario que trabaja en el área. Un docente de una comunidad afrocolombiana dijo que miembros de las AGC, durante un enfrentamiento armado con el Ejército colombiano ocurrido aproximadamente en septiembre de 2016, se refugiaron en otra escuela mientras se estaban dictando clases.

Human Rights Watch solicita al Comité que inste al gobierno colombiano a:

• Adoptar medidas para asegurar que, como parte de su desmovilización, las FARC liberen a todos los niños que integren sus filas, a través de un proceso que garantice que sean destinados a programas civiles adecuados de rehabilitación y reintegración, conforme a los Principios y Directrices sobre los Niños Vinculados a Fuerzas o Grupos Armados (“Principios de París”) de 2007;
• Adoptar medidas para que el ELN y los grupos sucesores de paramilitares pongan fin al reclutamiento y al uso de niños menores de 18 años y liberen a los niños que estén en sus filas, incluso planteando esta exigencia como prioritaria en las actuales conversaciones de paz con el ELN;
• Adoptar medidas para asegurar que el ELN y los grupos sucesores de paramilitares abandonen todo uso militar de escuelas y predios escolares;
• Adherir a la Declaración sobre Escuelas Seguras y, de ese modo, aceptar y comprometerse a usar las Directrices para Prevenir el Uso Militar de Escuelas y Universidades durante Conflictos Armados;
• Asegurar que el reclutamiento de menores sea investigado, juzgado y sancionado adecuadamente, incluso en casos ante la Jurisdicción Especial para la Paz, el sistema judicial creado como parte de las conversaciones de paz con las FARC.