La crisis en Buenaventura

Desapariciones, desmembramientos y desplazamiento en el principal puerto de Colombia en el Pacífico

Resumen

Décadas de violencia han obligado a más de 5 millones de colombianos a abandonar sus hogares, y se ha generado así la segunda población más numerosa de desplazados internos a nivel mundial. En la actualidad, el problema del desplazamiento forzado en Colombia se manifiesta con mayor intensidad en Buenaventura, un puerto en la costa del Pacífico donde la población es mayoritariamente afrocolombiana. Durante cada uno de los tres últimos años, Buenaventura ha sido el municipio colombiano con mayor número de personas que se vieron obligadas a huir de sus hogares, según cifras del gobierno. En 2013, más de 13.000 habitantes de Buenaventura fueron desplazados.

En las zonas rurales de Buenaventura tiene presencia la guerrilla, que históricamente ha representado una de las principales causas del desplazamiento en la región. Sin embargo, actualmente los hechos de violencia y desplazamiento en Buenaventura se concentran en su casco urbano, donde casi no hay presencia de la guerrilla, y reside el 90 por ciento de la población del municipio.

Human Rights Watch visitó el centro urbano de Buenaventura en noviembre de 2013 para investigar qué estaba causando el desplazamiento generalizado allí. Pudimos advertir que barrios enteros de la ciudad se encontraban bajo el dominio de poderosos grupos sucesores de paramilitares [1] —conocidos como los Urabeños y la Empresa— que restringen la circulación de los habitantes, reclutan a sus hijos, extorsionan a comerciantes y participan habitualmente en actos aberrantes de violencia contra cualquier persona que se interponga a sus intereses.

Los grupos sucesores de paramilitares son responsables de la desaparición de una gran cantidad —posiblemente cientos— de residentes de Buenaventura durante los últimos años. Estos grupos descuartizan a sus víctimas y arrojan los restos humanos a la bahía o en los manglares que se extienden en sus orillas, o los entierran en fosas clandestinas, según han señalado residentes y funcionarios. En varios de los barrios, los residentes denuncian que existen “casas de pique”, donde los grupos desmiembran a sus víctimas. Varios residentes con quienes hablamos indican que han escuchado a personas que gritaban e imploraban piedad mientras eran desmembradas en vida. En marzo de 2014, luego de que investigadores judiciales encontraran manchas de sangre en dos presuntas “casas de pique” en la ciudad, la Policía indicó que había identificado varios sitios donde víctimas habrían sido descuartizadas vivas antes de que sus restos se arrojaran al mar.

Las autoridades presumen que en más de 150 casos en los cuales se denunció que una persona se había extraviado en Buenaventura entre enero de 2010 y diciembre de 2013, las personas habrían sido llevadas contra su voluntad y sido víctimas de desaparición. Esta cifra duplica a las reportadas en cualquier otro municipio en Colombia. Las entrevistas mantenidas con autoridades y residentes, al igual que informes oficiales, sugieren de manera persuasiva que la cantidad real de personas que han sido llevadas contra su voluntad y asesinadas por grupos sucesores de paramilitares en la ciudad sería considerablemente mayor.

Una de las principales causas por las cuales no se denuncian muchas de las desapariciones es el temor a represalias. Por ejemplo, un residente dijo a Human Rights Watch haber escuchado los gritos de un hombre que, según creía, estaba siendo descuartizado, pero no denunció el delito. “Por mucho grito que escucha, el temor no lo deja a uno salir”, expresó. “La gente se da cuenta y sabe dónde hay casas de pique, pero la gente no se mete porque es un temor total”.

Las autoridades no han protegido a la población frente a los grupos sucesores de paramilitares. Los residentes de algunas zonas de la ciudad donde la Empresa o los Urabeños ejercían fuerte poder indicaron que había poca presencia policial en sus barrios. Más preocupante aún, varios residentes señalaron haber visto a policías reuniéndose con grupos sucesores en sus barrios. En general, existe una profunda desconfianza hacia las autoridades y una sensación generalizada de indefensión ante los abusos que cometen constantemente esos grupos.

La Policía afirma haber arrestado a más de 250 miembros de grupos sucesores de paramilitares en Buenaventura desde enero de 2012, incluidas por lo menos 42 personas acusadas de asesinato. No obstante, para los abusos que sufren los residentes de Buenaventura, la impunidad continúa siendo la norma. La Fiscalía General de la Nación ha iniciado más de 2.000 investigaciones de casos de desaparición y desplazamiento forzado perpetrados en Buenaventura por diversos actores en las dos últimas décadas, pero ninguna ha tenido como resultado una condena. En 512 de estas investigaciones, la Fiscalía aportó información a Human Rights Watch sobre si se habían imputado a presuntos responsables de estos delitos. Salvo en tres casos, no hubo imputados.

Las autoridades de Buenaventura no han brindado asistencia adecuada a víctimas de desplazamiento forzado luego de que debieron abandonar sus hogares. Las medidas oficiales destinadas a ayudar a personas desplazadas —exigidas en las leyes colombianas— se han distinguido por problemas como acogida provisional en sitios de albergue inadecuados, demoras en la prestación de asistencia humanitaria y la falta de protección de las propiedades que abandonan las víctimas para evitar su destrucción u ocupación por grupos sucesores.

Algunos funcionarios han restado importancia a los problemas de seguridad en Buenaventura invocando un reciente descenso de la tasa oficial de homicidios, que se redujo de 121 homicidios cada 100.000 habitantes en 2006—el índice más alto a nivel nacional— a 48 cada 100.000 en 2013. No obstante, estas cifras no son confiables, debido a la gran cantidad de desapariciones ocurridas en Buenaventura que no se informan como homicidios. Asimismo, el nivel de desplazamiento en Buenaventura aumentó de un promedio de 9.500 personas al año entre 2004 y 2008 a casi 12.000 al año entre 2009 y 2013, lo cual refuta cualquier afirmación de que la seguridad general en el municipio haya mejorado significativamente.

La falta de medidas gubernamentales eficaces para proteger a la población de Buenaventura no se debe a desconocimiento de la gravísima situación que allí se manifiesta. En 2009, la Corte Constitucional de Colombia determinó que los derechos fundamentales de la población afrocolombiana desplazada dentro del país estaban siendo “masiva y continuamente desconocidos” e identificó a Buenaventura como un caso emblemático. Desde entonces, la Defensoría del Pueblo ha emitido cinco informes donde advierte sobre el riesgo inminente de una variedad de abusos contra la población de la ciudad. En noviembre de 2013, luego de que grupos sucesores de paramilitares desplazaran a varios miles de residentes de la ciudad en el transcurso de una semana, el Defensor del Pueblo se trasladó a Buenaventura con representantes de la ONU e indicó que la ciudad atravesaba una “crisis humanitaria”.

El 6 de marzo de 2014, luego de que un comandante regional de la Policía anunciara el descubrimiento de varios “sitios de pique” en Buenaventura, el Presidente Juan Manuel Santos indicó que el gobierno llevaría a cabo una intervención especial para dar respuesta a los problemas de seguridad de la ciudad. Además de una mayor presencia de la fuerza pública en Buenaventura, funcionarios gubernamentales prometieron adoptar medidas para mejorar las condiciones socioeconómicas en la zona.

Numerosos residentes de Buenaventura han perdido completamente su confianza en la capacidad del gobierno de protegerlos. El 13 de septiembre de 2013, cientos de ellos participaron en una marcha por la paz liderada por el obispo católico de la ciudad. La marcha avanzó por varios barrios y culminó en una cancha de fútbol, donde los participantes rezaron para que cesara la violencia. Al día siguiente, apareció en esta cancha la cabeza de un hombre de 23 años, y se encontraron los otros restos seccionados de su cuerpo esparcidos en barrios aledaños. Debido a las amenazas de muerte que miembros de su familia comenzaron a recibir cuando intentaron obtener justicia por el asesinato, tuvieron que abandonar la ciudad y, de este modo, se sumaron a las filas de desplazados de Buenaventura.

Recomendaciones

Al gobierno del Presidente Juan Manuel Santos

  • Asegurar que la Policía Nacional implemente una estrategia efectiva en Buenaventura para proteger a residentes locales de grupos sucesores de paramilitares, entre otras cosas, manteniendo presencia policial ininterrumpida en los barrios donde aquellos despliegan mayor actividad.
  • Crear una comisión independiente, integrada por altos funcionarios nacionales de los principales ministerios gubernamentales y la Fiscalía General de la Nación, el Instituto Nacional de Medicina Legal y la Procuraduría General de la Nación —así como representantes de la sociedad civil— para evaluar el problema de las desapariciones en Buenaventura y diseñar un plan que permita detener los abusos y sancionar a los responsables.
  • Asegurar que la población desplazada en Buenaventura reciba en forma inmediata la asistencia humanitaria que por derecho le corresponde, incluso cuando las autoridades locales no procesen oportunamente sus solicitudes de asistencia.

Al Fiscal General de la Nación

  • Conformar un equipo de fiscales e investigadores judiciales que se ocupen exclusivamente de investigar casos actuales y pasados de desapariciones en Buenaventura. El equipo debería asegurar que las víctimas cuenten con un lugar seguro en Buenaventura donde puedan presentar denuncias penales sin ser vistas o identificadas por otros residentes o funcionarios locales.
  • Investigar y juzgar con firmeza a los agentes del Estado contra quienes pesen denuncias creíbles de que han tolerado a grupos sucesores de paramilitares en Buenaventura o colaborado con ellos.

A las oficinas del Ministerio Público

  • Asegurar que las oficinas del Ministerio Público tomen oportunamente las declaraciones de las víctimas sobre su desplazamiento forzado, a fin de que estas puedan recibir inmediatamente la ayuda humanitaria que por derecho les corresponde.

Al alcalde de Buenaventura

  • Brindar ayuda humanitaria, incluida asistencia alimentaria, a personas desplazadas tan pronto como declaren oficialmente su desplazamiento, conforme lo exige la ley.
  • Establecer un albergue en la ciudad de Buenaventura para las personas desplazadas que lo necesiten. Este centro debería garantizar la seguridad de las personas desplazadas y brindarles condiciones habitacionales dignas.

Metodología

Durante la investigación para este informe, Human Rights Watch realizó más de 70 entrevistas con un amplio espectro de actores, que incluyó a víctimas, familiares de estas y otros residentes de múltiples barrios del casco urbano de Buenaventura, así como a líderes comunitarios, autoridades judiciales, altos funcionarios policiales, representantes de la Iglesia, funcionarios de derechos humanos locales y nacionales y miembros de organizaciones internacionales, entre otros.

La gran mayoría de las entrevistas se llevaron a cabo en Buenaventura en un período de dos semanas en noviembre de 2013, durante el cual investigadores de Human Rights Watch visitaron el lugar, si bien algunas entrevistas también se efectuaron en Cali y Bogotá, así como por vía telefónica. Ninguno de los entrevistados recibió retribución económica ni de otro tipo a cambio de su testimonio. Casi todas las entrevistas se realizaron en español.

En nuestra investigación, también consultamos estadísticas oficiales que obtuvimos a través de entrevistas y comunicaciones por correo electrónico, y una variedad de fuentes y documentos alternativos, incluidos fallos judiciales, informes oficiales, publicaciones de organizaciones no gubernamentales y artículos de noticias.

Numerosos entrevistados expresaron su temor a sufrir represalias y accedieron a dialogar con nosotros a condición de que no difundiéramos sus nombres u otra información identificatoria. Se preservó la confidencialidad de información sobre personas, así como las fechas y el lugar de las entrevistas, en los casos en que fue solicitado, y cuando Human Rights Watch consideró que la información podía poner en riesgo a personas. Todos estos datos se encuentran en los registros de la organización.

En el presente informe, el término “desaparición” hace alusión a casos que reúnen los dos elementos del delito de “desaparición forzada”, según se define en el derecho penal colombiano y ha sido interpretado por la Corte Constitucional de Colombia. Estos dos elementos son: 1) la privación de la libertad de una persona por cualquier medio, seguida de su ocultamiento y 2) la falta de información sobre el paradero de la persona, o la negativa a reconocer dicha privación o dar información sobre su paradero. Conforme al derecho colombiano, cualquier actor puede ser penalmente responsable de desaparición, con independencia de si se trata de particulares, participantes en el conflicto armado, agentes del Estado o actores que reciben el apoyo o la aquiescencia de agentes del Estado. En cambio, la definición de “desaparición forzada” que se establece en tratados como la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas exige la participación de agentes del Estado, ya sea en forma directa o indirecta, mediante su autorización, colaboración o aquiescencia.

En este informe, “Buenaventura” se refiere a la totalidad del municipio de Buenaventura, que representa una subdivisión del departamento del Valle del Cauca. El municipio de Buenaventura comprende a la ciudad de Buenaventura y otras veredas rurales, corregimientos y consejos comunitarios que la rodean. Utilizamos los términos “zonas urbanas”, “casco urbano”, “ciudad” y “puerto” en forma indistinta para referirnos concretamente a la ciudad de Buenaventura, a diferencia de sus zonas rurales.

Antecedentes

Buenaventura

Viven en Buenaventura cerca de 370.000 personas, el 90 por ciento de ellas en su casco urbano[2].

Buenaventura presenta niveles de pobreza y desempleo excepcionalmente altos. En 2003, más del 80 por ciento de la población de Buenaventura vivía en la pobreza, y este es el último año sobre el cual existen cifras oficiales disponibles al respecto[3]. En 2011, el índice de desempleo en Buenaventura era del 40 por ciento, casi cuatro veces superior al índice nacional[4].

La población de Buenaventura ha sufrido históricamente abusos aberrantes perpetrados por miembros de guerrillas de izquierda, paramilitares de derecha y los grupos sucesores de estos. Un ex jefe de la coalición paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) habría indicado a la Fiscalía que sus miembros asesinaron a más de 1.000 personas en Buenaventura tan sólo durante 2000 y 2001[5]. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) —que operan actualmente en zonas rurales de Buenaventura— han cometido asesinatos, entre otros gravísimos delitos[6]. La violencia de todas las facciones ha provocado desplazamientos forzados generalizados: desde 2000, un promedio de aproximadamente 10.000 residentes de Buenaventura han huido de sus hogares cada año, según indican cifras oficiales[7].

Los afrocolombianos representan aproximadamente el 84 por ciento de la población de Buenaventura, según el censo realizado por el gobierno en 2005 [8] . La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la experta independiente de la ONU sobre cuestiones de las minorías y la Corte Constitucional de Colombia, entre otros, han determinado que en el país los afrocolombianos se enfrentan a exclusión socioeconómica, discriminación y altos niveles de violencia [9] . En 2011, la experta independiente de la ONU sobre cuestiones de las minorías informó que “[e]l racismo y la discriminación estructural afectan de manera significativa a la vida y las oportunidades de que disponen los afrocolombianos y son la causa directa de su marginación, pobreza y vulnerabilidad a la violencia” [10] . La Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó en 2009 que:

[L]a omisión de cumplir con el deber de protección [de afrocolombianos] por parte de la Fuerza Pública, las omisiones en la atención de la crisis humanitaria que afecta a los desplazados, la usurpación de tierras, la impunidad y, en general, el racismo y la discriminación racial, afligen a los afrocolombianos, quienes se han visto particularmente golpeados por el conflicto armado[11].
La Comisión Interamericana informó que, en Buenaventura, la situación de los afrocolombianos “constituye una crisis humanitaria y de derechos humanos”[12].

Para la elaboración de este informe, Human Rights Watch no investigó la discriminación racial ni procuró determinar cómo esta incidió en que las autoridades no protegieran a la población de Buenaventura frente a desapariciones, desplazamientos forzados y otros abusos. No obstante, el gobierno debe abordar el problema de la discriminación al formular políticas destinadas a mejorar las condiciones de derechos humanos en Buenaventura, ante los señalamientos creíbles de discriminación, exclusión social y violencia intensa que afectan a los afrocolombianos en el país.

Grupos sucesores de paramilitares

Los grupos sucesores de paramilitares surgieron en Buenaventura luego de que el Bloque Calima de las AUC se desmovilizara en diciembre de 2004 [13] . Integrados inicialmente en parte por ex miembros de las AUC, los grupos sucesores en Buenaventura han cambiado de nombre, incorporado a nuevos integrantes y se han combinado o han competido con grupos similares llegados de otras regiones del país. No obstante ello, algunas de las características de estas organizaciones en definitiva no se han modificado: se han enfrentado a grupos rivales —a veces la guerrilla— [14] por el control de barrios de Buenaventura, han participado en diversas actividades mafiosas, han ejercido el control social de la población y han cometido graves abusos contra residentes locales, como desapariciones, asesinatos, violencia sexual y desplazamiento forzado.

Al menos desde octubre de 2012, los Urabeños y la Empresa han sido los dos principales grupos sucesores de paramilitares que se disputan el control de la ciudad[15]. Los Urabeños son el grupo sucesor de paramilitares más numeroso y organizado de Colombia, con presencia en gran parte del país[16]. Según señalaron diversas fuentes, la Empresa es una organización criminal local que funciona básicamente como la facción en Buenaventura del grupo sucesor de paramilitares denominado los Rastrojos[17]. Los Rastrojos se originaron como el brazo armado de un cartel regional de narcotráfico, pero absorbieron a paramilitares tras la desmovilización de las AUC, y actualmente operan en varias regiones[18]. Asimismo, algunos residentes y autoridades indican que un tercer grupo, denominado Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), llegó a Buenaventura a fines de 2013 reivindicándose como los verdaderos Urabeños y entró en conflicto con los Urabeños locales[19].

Si bien el gobierno nacional califica a los Urabeños, la Empresa y las AGC como “bandas criminales emergentes” (Bacrim), varias fuentes vinculan directamente a estos grupos con paramilitares, al menos en lo que respecta a su origen[20]. Por ejemplo, la Unidad de Víctimas, la agencia del gobierno que brinda asistencia a víctimas del conflicto armado y personas desplazadas, indicó recientemente que los tres grupos en Buenaventura son “estructuras armadas, emanadas del proceso de desmovilización” y señaló que los Urabeños eran una “organización aparentemente paramilitar”[21]. Según la Unidad de Víctimas, uno de los puntos de continuidad entre las AUC y los grupos sucesores es que los últimos tienen “escuelas de entrenamiento” en varias comunas de la ciudad, donde enseñan “prácticas… de torturas heredadas de las extintas autodefensas”[22].

Actualmente hay presencia de grupos sucesores de paramilitares en todo el casco urbano de Buenaventura, donde son responsables de la gran mayoría de los abusos que allí se cometen contra la población, incluidas desapariciones[23].

Desapariciones, desmembramientos y terror

Desapariciones

Las autoridades presumen que en más de 150 casos en los cuales se denunció que una persona se había extraviado en Buenaventura entre enero de 2010 y diciembre de 2013, las personas habrían sido llevadas contra su voluntad y sido víctimas de desaparición[24]. Esta cifra es muy superior a la de cualquier otro municipio del país. Medellín, el segundo municipio con mayor cantidad de casos de presuntas desapariciones denunciados durante ese período, tiene una población seis veces superior a la de Buenaventura, pero sin embargo la cantidad de casos informados allí es menor a la mitad[25].

Es muy probable que la cantidad real de víctimas de desapariciones en Buenaventura sea significativamente superior. Conforme señalan funcionarios judiciales locales, residentes e informes emitidos por distintos organismos estatales, muchos casos no se denuncian [26] . Un funcionario judicial que ha investigado numerosas desapariciones en Buenaventura estimó que solamente se denuncian entre el 30 y el 40 por ciento de los casos [27] . (Para ampliar la información sobre la falta de denuncia de numerosos casos, ver más adelante la sección “La ley del silencio”).

Human Rights Watch recibió información creíble que indica que grupos sucesores de paramilitares habrían cometido más de 45 desapariciones en tan sólo tres barrios de la ciudad durante un período de apenas dos meses a comienzos de 2013[28]. Esto supera el total de 38 casos reportados oficialmente para todo Buenaventura durante ese año entero[29].

DESAPARICIONES REPORTADAS OFICIALMENTE EN BUENAVENTURA

Año

Cantidad de personas denunciadas como extraviadas en Buenaventura que las autoridades presumen fueron víctimas de desapariciones [30]

Aparecieron muertas

Aparecieron

vivas

Posición nacional

Cantidad de personas denunciadas como extraviadas y que las autoridades presumen fueron víctimas de desapariciones en el segundo municipio colombiano con mayor número total

2013

38

1

2

1

18

2012

33

3

1

1

8

2011

39

1

1

1

22

2010

43

4

5

1

24

2009

20

0

1

4

n/a

2008

63

0

0

1

42

2007

50

0

1

1

44

2006

24

1

0

2

n/a

Fuente: Registro Nacional de Desaparecidos [31]

Desmembramientos

Durante el último año y medio, se hallaron en Buenaventura restos humanos descuartizados que pertenecían al menos a una decena de personas, muchos de los cuales aparecieron en las playas y costas de la ciudad y zonas aledañas, conforme indican versiones oficiales y artículos en los medios [32] . Estos macabros hallazgos apuntan a la existencia de una práctica aparentemente rutinaria de los grupos sucesores, que consiste en desmembrar a las personas de cuya desaparición son responsables.

Residentes de distintos sectores de la ciudad de Buenaventura dijeron a Human Rights Watch que los grupos sucesores cuentan con “casas de pique” adonde llevan a las víctimas para desmembrarlas, y desde las cuales los vecinos escuchan sus gritos pidiendo auxilio[33]. Por ejemplo, durante varios meses en 2013, residentes de un barrio costero vieron a integrantes de un grupo sucesor que ingresaban a personas a una “casa de pique” semanalmente. Luego estos integrantes del grupo salían llevando bolsas de plástico que, según creían los vecinos, contenían los cuerpos desmembrados de las víctimas. En algunas ocasiones, debido a los gritos que provenían de la casa, los testigos creían que las víctimas estaban siendo descuartizadas vivas. Miembros del grupo fueron vistos por residentes cuando llevaban los restos de varias de las víctimas a una isla cercana en la bahía[34].

De manera similar, un residente de otro barrio indicó que una noche a comienzos de 2013, poco después de haber escuchado que integrantes de un grupo sucesor interrogaban a un hombre en la calle, oyó a ese mismo hombre gimiendo y gritando en una vivienda cercana “¡No me maten!”[35]. Según el testigo, los miembros del grupo dijeron varias veces “¡te toca a vos, te toca a vos!”, como si se estuvieran turnando para torturarlo. Los gritos continuaron durante unos 10 ó 15 minutos, y luego se hizo silencio[36].

Un líder comunitario de otra zona de la ciudad dijo a Human Rights Watch que, en varias ocasiones en los últimos años, residentes de su barrio escucharon gritos y luego vieron a personas en la calle con hachas y machetes ensangrentados[37].

El obispo católico de Buenaventura indicó haber recibido testimonios sobre la existencia de “casas de pique” en la ciudad[38]. En febrero de 2013, el obispo señaló que la violencia “ha llegado a la crueldad de tener estos lugares para descuartizar a las personas vivas o muertas.... En una Parroquia a una persona, a una señora, la obligaban a lavar esas piezas llenas de sangre”[39].

Varios medios de comunicación creíbles de Colombia también han difundido versiones de residentes sobre “casas de pique” en Buenaventura[40]. El principal periódico regional que cubre noticias de Buenaventura, El País, informó en octubre de 2013: “[residentes] han escuchado los gritos de personas que ruegan piedad... y que juran no ser informantes. También han escuchado cómo esos gritos se apagan y han visto que días después aparecen flotando restos humanos en la bahía”[41].

El 5 de marzo de 2014, más de un año después de que el obispo católico advirtiera sobre la existencia de “casas de pique”, el comandante de la Policía del departamento del Valle del Cauca anunció el descubrimiento de varios “sitios de pique” en Buenaventura, incluida una casa, que había sido la vivienda de un integrante de los Urabeños[42]. Según señaló el comandante, los agresores ataban a las víctimas a tablas de madera, las descuartizaban vivas y luego arrojaban los restos humanos al mar[43].

Un funcionario judicial indicó a Human Rights Watch que el 28 de febrero de 2014, investigadores judiciales encontraron manchas de sangre en dos viviendas adonde los Urabeños presuntamente habrían llevado a víctimas secuestradas y desde las cuales los vecinos habían oído sus gritos implorando ayuda[44]. Los investigadores sospechan que los Urabeños habrían desmembrado a personas dentro de las viviendas[45].

Otros funcionarios señalaron también que los grupos sucesores de paramilitares en Buenaventura desmiembran a personas de cuya desaparición son responsables[46]. Por ejemplo, un funcionario judicial dijo a Human Rights Watch que el “modus operandi” de los Urabeños y la Empresa para desaparecer a personas consiste en desmembrarlas y arrojar sus cuerpos al mar o en fosas clandestinas[47]. Otro funcionario relató un caso sobre un grupo sucesor que llamó a familiares de una persona desaparecida para informarles que la habían descuartizado[48].

Restricciones a la circulación y control social

Los Urabeños y la Empresa han controlado la circulación de residentes entre los distintos barrios de la ciudad. Los grupos vigilan de cerca a las personas que transitan por diversas calles o barrios donde tienen presencia activa. Si ingresa a un barrio una persona que el grupo que lo controla no conoce —o que se sabe que proviene de una zona dominada por un grupo rival— se expone a que se presuma que tiene vínculos con enemigos y a ser asesinada o ser desaparecida [49] . Por ejemplo, Human Rights Watch habló con una familiar de un hombre que sufrió graves lesiones a causa de impactos de balas disparadas por miembros de un grupo sucesor de paramilitares a fines de 2013 debido a que, según creía, cruzó una “frontera invisible” cuando se trasladó a un barrio controlado por el grupo para realizar un trabajo [50] . (Residentes y autoridades se han referido a las líneas divisorias entre barrios controlados por bandas rivales como “fronteras invisibles”).

Los riesgos sabidos de cruzar una “frontera invisible” han provocado que las personas acotaran las zonas por donde circulan en la ciudad. Un joven de 17 años nos dijo que ahora visitaba a familiares que viven en otros barrios con menos frecuencia debido al temor a cruzar una “frontera invisible” y ser asesinado. “Están bajando a los jóvenes de las busetas, bajándolos para llevárselos para allá a descuartizarlos… Uno viv[e] como acorralado, como preso”, afirmó[51].

Los Urabeños y la Empresa también han limitado los movimientos y las actividades de residentes dentro de los barrios donde mantienen una fuerte presencia. Han fijado horarios específicos cuando las personas pueden entrar en la comunidad o salir de ella, y han advertido a los residentes que permanezcan en sus hogares luego de una determinada hora[52]. También han exigido a los residentes que obtengan su autorización antes de mantener reuniones. Una mujer dijo que la Empresa indicó a personas que trabajan fuera del barrio que salieran a trabajar entre las 5 a.m. y las 6 a.m., y prohibió completamente que los residentes salieran del barrio luego de las 10 p.m.[53]. Un residente de otro barrio dijo que la Empresa había prohibido que los habitantes jugaran al fútbol en una cancha de la zona, y les había advertido que no trajeran visitantes al barrio[54].

Un líder de una comunidad afrocolombiana ubicada en la periferia de la ciudad dijo que los Urabeños mantienen aproximadamente entre 20 y 30 hombres en la comunidad, impiden que los residentes se trasladen por la zona e imponen un riguroso control social. “[Están] imponiendo autoridad, que es lo más doloroso. Si hay una discusión, los que entran a mediar son ellos”, señaló el líder. “ Nosotros tenemos que estar sujetos a lo que esta gente diga” [55] .

Desplazamiento forzado

Cada año desde 2011, Buenaventura ha sido el municipio de Colombia donde más personas han sufrido desplazamiento forzado: 22.028 residentes abandonaron sus hogares en 2011, 15.191 en 2012 y 13.468 entre enero y octubre de 2013, según cifras oficiales[56]. (A la fecha de este documento, no había estadísticas gubernamentales sobre la cantidad de personas desplazadas en noviembre y diciembre de 2013)[57].

Las FARC tienen presencia en zonas rurales de Buenaventura y han sido una de las principales causas de desplazamientos. Según cifras producidas por la Unidad de Víctimas, el organismo gubernamental que se ocupa de llevar un registro de las personas desplazadas, los desplazamientos provocados por las FARC fueron especialmente graves durante 2011: en ese año, 15.288 personas identificaron a las guerrillas como una de las causas de su desplazamiento en Buenaventura [58] . Las cifras de la Unidad de Víctimas sugieren que el rol de las FARC, si bien es significativo, se ha moderado relativamente desde 2011, y 5.207 residentes identificaron a las guerrillas como una de las causas de su desplazamiento en 2012 y 4.665 lo hicieron en 2013. Human Rights Watch no investigó el rol de las FARC en los desplazamientos ocurridos en Buenaventura debido a que nuestra investigación se centró en la ciudad, donde actualmente se concentran los hechos de violencia y abusos en ese municipio, y donde prácticamente no hay presencia de la guerrilla.

Los grupos sucesores de paramilitares fueron los principales responsables de desplazamientos en Buenaventura durante 2012 y 2013, según indican cifras oficiales. Más de 6.200 residentes de Buenaventura desplazados entre enero y octubre de 2013 indicaron que fueron obligados a dejar sus viviendas por grupos sucesores de paramilitares, según señala la Unidad de Víctimas[59]. En 2012, 5.635 residentes que fueron desplazados en Buenaventura identificaron a los grupos sucesores como uno de los responsables de su desplazamiento[60].

Asimismo, la cantidad de personas que han sido desplazadas por grupos sucesores en Buenaventura es, casi con certeza, significativamente superior a la que reflejan los datos actuales de la Unidad de Víctimas. A la fecha de redacción de este documento, la Unidad de Víctimas no había procesado las solicitudes de registro de casi 4.000 residentes de Buenaventura que informaron haber sido desplazados por grupos sucesores de paramilitares durante la primera semana de noviembre de 2013[61]. Asimismo, de las personas registradas por la Unidad de Víctimas como desplazadas en Buenaventura que no identificaron formalmente a ningún responsable (2.632 personas en 2013, 4.823 en 2012 y 3.117 en 2011) muchas fueron, muy probablemente, desplazadas por grupos sucesores[62]. Las cifras oficiales avalan esta conclusión[63]. Un motivo posible por el cual muchos residentes no habrían identificado a grupos sucesores como responsables al informar su desplazamiento es que, hasta un auto emitido por la Corte Constitucional en junio de 2013, el gobierno se había negado reiteradamente a registrar a víctimas de grupos sucesores como personas desplazadas con derecho a recibir ciertos beneficios gubernamentales[64].

VÍCTIMAS DE DESPLAZAMIENTO FORZADO EN BUENAVENTURA

Año

Residentes de Buenaventura que fueron desplazados

Posición nacional

2013

13.468

1

2012

15.191

1

2011

22.028

1

2010

4.798

3

2009

4.481

3

2008

14.877

1

2007

15.443

2

2006

13.537

1

Fuente: Unidad de Víctimas, fecha de corte: 21 de enero de 2014 [65]

Human Rights Watch dialogó con numerosos residentes que habían huido de sus hogares la primera semana de noviembre de 2013, cuando, debido a una serie de asesinatos y enfrentamientos entre grupos sucesores fuertemente armados, miles de residentes de los barrios de Bajamar en la ciudad tuvieron que desplazarse [66] . Describieron la profunda sensación de temor e inseguridad que provocaba la poderosa presencia de los grupos y los reiterados abusos, que llegaron a un punto cúlmine cuando los enfrentamientos mantenidos a diario por bandas rivales comenzaron a desatarse directamente en las puertas de sus viviendas .

Conforme indicaron dos víctimas del desplazamiento, los primeros tres días de noviembre se producían enfrentamientos armados en su barrio tres o cuatro veces al día, que duraban hasta dos horas cada vez. Señalaron que el tercer día, los Urabeños se llevaron a un hombre de una vivienda y lo ejecutaron frente a miembros de la comunidad[67]. Una mujer que escapó de otro barrio de Bajamar también contó que los grupos sucesores mantuvieron enfrentamientos allí durante tres días consecutivos. Dijo que varios meses antes, en el barrio, miembros de la Empresa habían descuartizado a una persona a quien ella conocía[68].

Otra mujer entrevistada por Human Rights Watch refirió que sus hijos estaban jugando en la calle cuando hombres armados con fusiles comenzaron a intercambiar disparos[69]. Echó a correr en medio de los disparos, llevó a sus hijos adentro de la vivienda y los cubrió con colchones para intentar protegerlos de posibles balas perdidas. La mujer dijo que el enfrentamiento duró más de una hora, y que al día siguiente se fue de su hogar con sus hijos. Le atemorizaba la posibilidad de que uno de los grupos ocupara su casa luego de su partida, dado que, según indicó, esto había sucedido con viviendas de otras familias desplazadas: “Las casas las cogen, ellos se adueñan. ¿Y quién reclama? Porque si usted va a reclamar, lo mata[n]”[70]. En numerosas oportunidades, los grupos sucesores han tomado o destruido viviendas de las víctimas a quienes desplazan, según han informado residentes, autoridades y el organismo de la ONU para los refugiados[71].

En otro episodio reciente de desplazamiento, casi 100 familias abandonaron sus hogares a fines de enero de 2014 debido a una combinación de enfrentamientos armados entre grupos sucesores y la existencia de una “frontera invisible” entre su barrio y un mercado en las proximidades, conforme señaló la Personería de Buenaventura, un organismo municipal de derechos humanos. El Personero indicó que los residentes temían por sus vidas a causa de los ataques contra personas que habían intentado trasladarse a la zona del mercado[72].

Reclutamiento forzado

Grupos sucesores de paramilitares han reclutado forzadamente a habitantes de Buenaventura, incluidos niños, conforme indican miembros de la comunidad e informes oficiales[73]. En 2013, la Personería de Buenaventura recibió denuncias de 35 casos de intentos de reclutamiento forzado que afectaban mayormente a víctimas de entre 17 y 25 años[74]. El Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo —que realiza un seguimiento del riesgo que enfrentan los civiles en relación con el conflicto armado— ha advertido sobre el reclutamiento forzado de niños por grupos sucesores en Buenaventura. Esta institución informó en 2013 que la Empresa había mantenido reuniones en un barrio donde anunciaron que los niños menores de 14 serían usados como “campaneros”, y a partir de los 14 como “combatientes”[75].

Human Rights Watch entrevistó a padres de dos familias que vivían en distintos barrios, quienes señalaron que los grupos sucesores habían intentado reclutar a sus hijos de 16 y 17 años, y que finalmente los jóvenes debieron irse de la ciudad para que no los obligaran a unirse al grupo[76]. En uno de los casos, los Urabeños le dijeron al joven que matarían a su madre o a su padre si no se unía al grupo, según contó uno de los padres[77].

La “Ley del silencio”

Varias víctimas y testigos dijeron a Human Rights Watch que habían sido amenazados en forma directa por grupos sucesores para que no denunciaran delitos. Por ejemplo, una mujer dijo que miembros de la Empresa ingresaron a su vivienda un día a comienzos de 2013, se llevaron a su esposo por la fuerza y amenazaron con matarla a ella y a sus hijos si llamaba a la Policía. Poco después, el grupo ejecutó a su esposo[78].

Otro hombre contó a Human Rights Watch que miembros de los Urabeños se habían apropiado de su terreno en la ciudad, y que cuando les reclamó le advirtieron: “Si te pones con mucha cosa te picamos”[79].

Lo informado por las autoridades indica que este tipo de amenazas son habituales, y refuerzan el temor generalizado a que haya represalias si se denuncian abusos[80]. En 2013, el Sistema de Alertas Tempranas informó que la frase “si decís algo te mando a picar” se había vuelto común en Buenaventura[81]. Esta institución ha advertido reiteradamente que familiares de desaparecidos reciben amenazas para evitar que denuncien estos delitos[82]. De manera similar, la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, un organismo interinstitucional que impulsa la investigación de desapariciones, informó en 2009 que en Buenaventura “los pobladores y en general los familiares de una víctima de desaparición forzada son amenazados para que no realicen las denuncias pertinentes a las autoridades locales”[83].

Incluso aquellos residentes que no son amenazados en forma directa se muestran renuentes a denunciar abusos debido al temor a sufrir represalias. Por ejemplo, el padre de un joven que fue secuestrado y golpeado por un grupo sucesor de paramilitares en 2013 indicó que no denunció el delito debido a que temía que el grupo lo asesinara si lo hacía[84]. En otro caso, un residente dijo que escuchó los gritos de un hombre que, según creía, estaba siendo descuartizado vivo, pero que no denunció el hecho. “La gente se da cuenta y sabe dónde hay casas de pique, pero la gente no se mete porque es un temor total”, expresó. “Entonces uno por mucho grito que escucha, el temor no lo deja a uno salir”[85]. De manera similar, un hombre de un barrio diferente dijo que en septiembre de 2013 un familiar suyo encontró una pierna humana mientras recogía camarones, pero que no denunció el hecho. “Uno ve las cosas y tiene que quedarse callado”, dijo[86].

En noviembre de 2013, el Defensor del Pueblo describió resumidamente el temor generalizado a represalias que existe en Buenaventura al señalar que los grupos sucesores de paramilitares habían impuesto la “ley del silencio” en zonas de la ciudad[87].

Funcionarios judiciales y otras autoridades locales reconocen que, debido al temor a represalias, solamente se denuncia una proporción muy reducida de los abusos en Buenaventura [88] . Por ejemplo, en 2013, el Sistema de Alertas Tempranas informó que:

Esposas, madres y hermanas que no saben el paradero de sus parientes e hijos desplazados, reclutados o desaparecidos… la mayoría de las veces se abstienen a denunciar para evitar las retaliaciones de los integrantes de los grupos armados, o si denuncian son amenazadas, ultrajadas y obligadas a desplazarse so pena de ser asesinadas[89].

Falta de protección y rendición de cuentas

Falta de protección

Dentro de la fuerza pública colombiana, la responsabilidad de proteger a la población en la ciudad de Buenaventura y combatir a grupos sucesores de paramilitares corresponde principalmente a la Policía Nacional, que en algunos operativos recibe el apoyo de la Armada. Cuando Human Rights Watch visitó Buenaventura en noviembre de 2013, había aproximadamente 900 policías y 500 miembros de la Armada en la ciudad[90]. A mediados de febrero de 2014, la Policía Nacional destinó aproximadamente 650 efectivos más a Buenaventura[91].

La Policía indicó que mantenía en la ciudad una presencia suficientemente amplia para proteger a la población[92]. No obstante, residentes de distintas partes de la ciudad nos dijeron que la Policía no tenía presencia permanente en sus barrios y que las patrullas pasaban por allí con poca frecuencia, debido a lo cual a menudo quedaban desprotegidos frente a la acción de los grupos sucesores[93]. Por ejemplo, residentes de una zona de la ciudad donde estos grupos han sido responsables de desapariciones manifestaron que, a veces, pasaba un día entero sin que la Policía visitara el barrio[94]. Varios residentes de un barrio de Bajamar que fueron desplazados en noviembre de 2013 señalaron que en ocasiones transcurría una semana sin que la Policía ingresara al sector[95].

Algunos funcionarios han corroborado la presencia insuficiente de miembros de la fuerza pública en los barrios. El Defensor del Pueblo y el Personero de Buenaventura visitaron los barrios de Bajamar tras los desplazamientos ocurridos allí en noviembre de 2013, e informaron la “ausencia” de fuerza pública en la zona[96]. Un funcionario nacional de derechos humanos indicó a Human Rights Watch que la Policía tenía una presencia “esporádica” en algunos barrios de la ciudad, y que no ejercía el control territorial permanente de los barrios[97].

Incluso más preocupantes son los señalamientos de algunos residentes que indican haber visto en sus barrios a policías reunirse con integrantes de grupos sucesores de paramilitares, y debido a ello presumían que miembros de la Policía actúan en connivencia con tales grupos[98]. Por ejemplo, una mujer dijo que vio a policías bebiendo cerveza y conversando con miembros de un grupo sucesor en su barrio en agosto de 2013[99]. Un hombre de otra zona indicó que en 2013 vio a policías que ingresaron a su barrio en motocicletas, hablaron con líderes locales del grupo sucesor de paramilitares durante aproximadamente 10 minutos y luego se retiraron, a raíz de lo cual cree que podrían tener nexos[100].

Algunos funcionarios, al igual que los residentes, también han expresado la preocupación de que existan vínculos entre grupos sucesores y ciertos miembros de la fuerza pública local. En enero de 2014, el Personero de Buenaventura señaló públicamente que había recibido “graves denuncias” sobre supuestos vínculos entre grupos sucesores y miembros de la Policía y la Armada[101]. Un funcionario judicial local manifestó a Human Rights Watch que la Policía es “muy permisiva” con los Urabeños y la Empresa, e incluso coordina movimientos con los grupos en algunos barrios[102]. Otro funcionario local indicó que algunos policías colaboran con la Empresa, mientras que otros lo hacen con los Urabeños[103].

El temor a sufrir represalias por denunciar crímenes  se debe, en parte, a que los residentes creen que las autoridades podrían filtrar información a los grupos sucesores de paramilitares, según fue señalado por algunos líderes comunitarios[104]. Una mujer creía que, de hecho, la Policía podría haber transmitido información a los Urabeños que puso en riesgo su vida. Relató que, en una oportunidad en 2013, llamó a la Policía para avisar sobre el sitio donde se encontraba un hombre a quien los Urabeños habían llevado por la fuerza y posiblemente asesinado. Más tarde esa noche, los Urabeños la increparon por haber llamado a la Policía y amenazaron con “picarla”. La mujer dijo que, a su entender, la única forma de que los Urabeños puedan haberse enterado de la llamada es que la Policía les haya avisado[105].

En otro caso, un hombre indicó que cuando los Urabeños lo amenazaron tras despojarlo de su tierra, le advirtieron:“Andá a poner denuncia a la Fiscalía o donde sea porque vos sabés que trabajamos con la gente de acá. Vos sabes que la Policía ellos nos respaldan a nosotros”[106].

Sobre la base de las evidencias que pudimos recabar, no estamos en condiciones de determinar si existe colusión entre miembros de la Policía en Buenaventura y los Urabeños o la Empresa. Sin embargo, en vista de los abusos que siguen cometiendo los grupos sucesores de paramilitares y el control efectivo que ejercen sobre los movimientos de residentes, sí resulta claro que la Policía Nacional no brinda protección adecuada a la población.

Falta de rendición de cuentas

La Policía indica haber arrestado a 249 presuntos miembros de los Urabeños y la Empresa en Buenaventura entre enero de 2012 y mediados de febrero de 2014, incluidas 42 personas acusadas de asesinatos [107] . A fines de febrero y principios de marzo de 2014, diez personas habrían sido capturadas en relación con casos de desmembramiento [108] .

La principal unidad de Fiscalía dedicada a investigar a grupos sucesores formuló cargos contra 64 miembros que fueron arrestados en Buenaventura durante 2012 y 2013, y hasta enero de 2014 había obtenido condenas contra cinco de ellos[109].

No obstante, la impunidad sigue siendo la regla para los abusos contra la población de Buenaventura, incluso los casos de desaparición y desplazamiento forzado. Ninguna de las cinco condenas se aplicó en relación con estos delitos.

La Fiscalía tiene a su cargo más de 840 investigaciones en curso sobre presuntas desapariciones cometidas en las dos últimas décadas en Buenaventura, pero en ninguna se había conseguido una condena hasta enero de 2014[110]. Sobre 205 de esas investigaciones, la Fiscalía aportó información a Human Rights Watch que indicaba si se habían imputado cargos contra presuntos responsables. Salvo un único caso, no hubo imputados[111].

Las autoridades judiciales tampoco han juzgado con éxito ningún caso de desplazamiento forzado en Buenaventura[112]. De las más de 1.300 investigaciones en curso a cargo de la Fiscalía sobre casos de desplazamiento forzado ocurridos en las dos últimas décadas en Buenaventura, hasta enero de 2014 ninguna había tenido como resultado la condena de los responsables (cada investigación a menudo involucra a numerosas víctimas)[113]. Ninguna persona había sido imputada en 305 de los 307 casos sobre los cuales la Fiscalía informó a Human Rights Watch el estado de la investigación[114].

Una de las causas de esta impunidad es el enorme volumen de casos a cargo del principal fiscal local que se ocupa de investigar desapariciones y casos de desplazamiento forzado en Buenaventura. En marzo de 2014, el fiscal tenía a su cargo 958 investigaciones sobre diversos delitos, incluidas 230 desapariciones y 284 casos de desplazamiento forzado[115].

La Unidad Nacional Contra los Delitos de Desaparición y Desplazamiento Forzados (UNCDES) —creada en 2010 para reducir la impunidad de estos delitos a nivel nacional— tiene a su cargo un volumen de casos significativamente inferior[116]. No obstante, hasta enero de 2014, ninguna persona había sido imputada, ni mucho menos condenada, en ninguna de las 44 investigaciones a cargo de la unidad sobre casos de desaparición y desplazamiento forzado en Buenaventura[117].

Falta de asistencia oportuna a desplazados

Conforme al derecho colombiano, las alcaldías están obligadas a brindar ayuda humanitaria a víctimas, incluida asistencia alimentaria, tan pronto como soliciten ser registradas oficialmente como desplazadas[118]. No obstante, en ocasiones las autoridades en Buenaventura[119] no han tomado oportunamente las solicitudes de registro de personas desplazadas, lo cual contribuyó a las demoras en la provisión de asistencia humanitaria, según ha sido destacado por la Corte Constitucional de Colombia[120]. En octubre de 2013, la Corte Constitucional determinó que Buenaventura es uno de los municipios del país donde hay mayores deficiencias en la toma y registro de declaraciones de personas desplazadas, y observó que “se están desatendiendo emergencias humanitarias” allí[121].

En noviembre de 2013, investigadores de Human Rights Watch advirtieron los efectos causados por la demora con que la alcaldía brindó asistencia a miles de personas desplazadas, luego de que fueran expulsadas de sus hogares en la ciudad por grupos sucesores de paramilitares. Varios desplazados indicaron que padecieron hambre mientras esperaban, un día tras otro, a que se tomara oficialmente la declaración de su desplazamiento[122]. Incluso una vez que las víctimas pudieron declarar su desplazamiento, no recibieron asistencia inmediatamente de la alcaldía, como lo exige la ley[123]. El 15 de noviembre, aproximadamente dos semanas después de que los habitantes comenzaran a huir de sus viviendas, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU informó que miles de desplazados aún no habían recibido asistencia humanitaria[124].

La Alcaldía de Buenaventura no cuenta con un albergue para personas desplazadas, a pesar de los niveles excepcionalmente altos de desplazamiento que se observan allí y de que, conforme al derecho colombiano, tiene la obligación de dar albergue temporal a los desplazados que lo necesiten[125]. En vez de ello, la alcaldía asigna a algunos desplazados a habitaciones que alquila en un hotel de la ciudad[126]. Ubicar a desplazados, que a menudo están amenazados, en un hotel donde cualquier persona podría alojarse representa un grave riesgo para su seguridad. Según la Defensoría del Pueblo, la falta de un albergue adecuado en Buenaventura ha obligado a desplazados a regresar a sus hogares luego de un desplazamiento, y a enfrentarse así a graves riesgos[127]. En palabras de una mujer que fue desplazada recientemente: “No nos da un albergue, nada. ¿Qué tenemos que hacer? Volver para ese infierno a arriesgar la vida de nosotros y nuestros hijos”[128].

Obligaciones internacionales de Colombia

A fines de 2009, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aprobó su “Informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos”, en el cual recordó lo siguiente a los estados miembros de la OEA, entre ellos Colombia:

los Estados Miembros tienen el deber de proteger y garantizar el ejercicio de los derechos humanos comprometidos en el área de la seguridad ciudadana, a través de planes y programas de prevención, disuasión y, cuando ello sea necesario, de medidas de represión legítima respecto a los hechos de violencia y criminalidad, a partir de las orientaciones y dentro de los límites que establecen los estándares y los principios de derechos humanos recogidos en el marco de los Sistemas Universal y Regional de derechos humanos[129].

Colombia es parte en varios tratados de derechos humanos que establecen la obligación jurídica internacional de proteger aquellos derechos humanos fundamentales para las garantías de seguridad, incluido el derecho a la vida, la integridad física, la libertad y la seguridad personal, y al goce pacífico de las pertenencias de la persona [130] . El Estado no brinda seguridad a comunidades de Buenaventura donde prevalecen amenazas de violencia, asesinatos, desapariciones y desplazamientos forzados. Las autoridades colombianas no han cumplido su obligación de asegurar la protección efectiva de derechos fundamentales, incluido el derecho a un recurso ante la violencia perpetrada por grupos sucesores de paramilitares.

Agradecimientos

Max Schoening, experto sobre Colombia de Human Rights Watch, es el autor del presente informe. El informe fue editado por Daniel Wilkinson, director gerente de la División de las Américas, José Miguel Vivanco, director ejecutivo de esta división, Joe Saunders, subdirector de programas, y Aisling Reidy, asesora legal sénior. Las asociadas Teresa Cantero y Kate Segal colaboraron con aspectos de logística y producción. Los pasantes Sara Ferrer Valencia, Christina Fetterhoff, Alonso Gurmendi y Amanda McCullough fueron de gran ayuda para la investigación. El diseño del mapa incluido en el informe estuvo a cargo de Grace Choi. Fitzroy Hepkins colaboró con la producción. El informe fue traducido al español por Gabriela Haymes.

Human Rights Watch agradece a la Fundación Ford por su generoso apoyo a nuestro trabajo en Colombia.

Manifestamos nuestro profundo agradecimiento a las víctimas y habitantes de Buenaventura que aportaron su testimonio. Muchos de ellos expresaron un temor fundado de posibles represalias, por lo cual reconocemos su gran valentía al aceptar ser entrevistados.


[1] Entre 2003 y 2006, organizaciones paramilitares de derecha participaron en un proceso de desmovilización que presentó graves falencias y tras el cual numerosos miembros permanecieron activos en nuevos grupos. Estos grupos sucesores básicamente han reemplazado a organizaciones paramilitares en distintas regiones y han realizado actividades similares, como narcotráfico, a menudo con algunos de los mismos miembros.

[2] Alcaldía Distrital de Buenaventura y Cámara de Comercio de Buenaventura, “Anuario estadístico; Buenaventura en cifras—2011”, 2011, http://www.ccbun.org/images/multimedia/anuario_est_bun_cifras_2011_p1.pdf (consultado el 1 de marzo de 2014), pág. 19.

[3] Departamento Nacional de Planeación, “Documento Conpes 3410, Política de Estado para Mejorar las Condiciones de Vida de la Población de Buenaventura”, 20 de febrero de 2006, https://www.dnp.gov.co/Portals/0/archivos/documentos/Subdireccion/Conpes/3410.pdf (consultado el 1 de marzo de 2014), pág. 5.

[4] Alcaldía Distrital de Buenaventura y Cámara de Comercio de Buenaventura, “Anuario estadístico; Buenaventura en cifras—2011”, 2011, http://www.ccbun.org/images/multimedia/anuario_est_bun_cifras_2011_p1.pdf (consultado el 1 de marzo de 2014), pág. 31.

[5] “Alias ‘HH’ confiesa que las AUC asesinaron a más de mil personas en Buenaventura”, Radio Caracol, 4 de septiembre de 2008, http://www.caracol.com.co/noticias/judiciales/alias-hh-confiesa-que-las-auc-asesinaron-a-mas-de-mil-personas-en-buenaventura/20080904/nota/664894.aspx (consultado el 1 de marzo de 2014).

[6] Defensoría del Pueblo de Colombia, Sistema de Alertas Tempranas, “Nota de Seguimiento N.º 005-13 Quinta al Informe de Riesgo N.º 032 de 2008, Emitido el 24 de diciembre de 2008”, 2 de mayo de 2013, pág. 8; Sistema de Alertas Tempranas, “Nota de Seguimiento N.º 027-10 Segunda al Informe de Riesgo N.º 032-08, Emitido el 24 de diciembre de 2008”, 13 de diciembre de 2010, págs. 5 y 11; Sistema de Alertas Tempranas, “Informe de Riesgo N.º 032-08”, 24 de diciembre de 2008, pág. 3. Human Rights Watch recibió información creíble de que las FARC también han sido responsables de desapariciones ocurridas en zonas rurales de Buenaventura en los últimos años. Entrevistas de Human Rights Watch con residentes de Buenaventura, noviembre de 2013; “Defensoría del Pueblo pide activar Mecanismo de Búsqueda Urgente para dar con el paradero de las víctimas”, comunicado de prensa de la Defensoría del Pueblo, 12 de mayo de 2011, http://www.defensoria.org.co/red/?_item=0301&_secc=03&ts=2&n=1282 (consultado el 6 de febrero de 2014).

[7] Unidad de Víctimas, “Desplazamiento-Personas, Valle del Cauca – Buenaventura, Fecha de corte: 21 de enero de 2014”, http://rni.unidadvictimas.gov.co/?q=v-reportes (consultado el 3 de marzo de 2014).

[8] El mismo censo determinó que el 10,6 por ciento de la población del país era afrocolombiana. Sin embargo, según indica la experta independiente de la ONU sobre cuestiones de las minorías, el gobierno reconoció que el censo no captó el tamaño real de la población afrocolombiana, que sería mucho más numerosa. Departamento Administrativo Nacional de Estadística, “Análisis regional de los principales indicadores sociodemográficos de la comunidad afrocolombiana e indígena a partir de la información del Censo General 2005”, http://www.dane.gov.co/files/censo2005/etnia/sys/Afro_indicadores_sociodemograficos_censo2005.pdf (consultado el 1 de marzo de 2014), pág. 155; Informe de la Experta independiente sobre cuestiones de las minorías, Sra. Gay McDougall, Adición, Misión a Colombia, A/HRC/16/45/Add.1, 25 de enero de 2011, http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/16session/A-HRC-16-45-Add1_sp.pdf (consultado el 1 de marzo de 2014), párr. 4.

[9] Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Observaciones preliminares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tras la visita del relator sobre los derechos de los afrodescendientes y contra la discriminación racial a la República de Colombia”, OEA/Ser.L/V/II.134, 27 de marzo de 2009, http://www.cidh.org/countryrep/ColombiaAfrodescendientes.sp/ColombiaAfros2009indice.sp.htm (consultado el 1 de marzo de 2014); Informe de la Experta independiente sobre cuestiones de las minorías, Sra. Gay McDougall, Adición, Misión a Colombia, A/HRC/16/45/Add.1, 25 de enero de 2011, http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/16session/A-HRC-16-45-Add1_sp.pdf (consultado el 1 de marzo de 2014); Corte Constitucional de Colombia, Auto 005 de 2009; César Rodríguez Garavito, Tatiana Alfonso Sierra e Isabel Cavelier Adarve, “El derecho a no ser discriminado: Primer informe sobre discriminación racial y derechos de la población afrocolombiana”, Observatorio de Discriminación Racial, 2008, http://www.dejusticia.org/index.php?x=0&modo=interna&tema=antidiscriminacion&publicacion=945&lang=es (consultado el 2 de marzo de 2014).

[10] Informe de la Experta independiente sobre cuestiones de las minorías, Sra. Gay McDougall, Adición, Misión a Colombia, A/HRC/16/45/Add.1, 25 de enero de 2011, http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/16session/A-HRC-16-45-Add1_sp.pdf (consultado el 1 de marzo de 2014), párr. 86.

[11] Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Observaciones preliminares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tras la visita del relator sobre los derechos de los afrodescendientes y contra la discriminación racial a la República de Colombia”, OEA/Ser.L/V/II.134, 27 de marzo de 2009, http://www.cidh.org/countryrep/ColombiaAfrodescendientes.sp/ColombiaAfros2009indice.sp.htm (consultado el 1 de marzo de 2014); párr. 121.

[12] Ibíd., párr. 73.

[13] Entrevistas de Human Rights Watch con residentes de Buenaventura, noviembre de 2013; Defensoría del Pueblo, “Violencia contra las mujeres en el Distrito de Buenaventura”, octubre de 2011, http://www.defensoria.org.co/red/anexos/pdf/11/sat/publicaciones/inf_violenciaMujerBuenaventura.pdf (consultado el 2 de marzo de 2014), págs. 24 y 28; Defensoría del Pueblo, Sistema de Alertas Tempranas, “Informe de Riesgo N.º 032-08”, 24 de diciembre de 2008, págs. 2, 3 y 7; Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, “Desplazamiento forzado intraurbano y soluciones duraderas”, 2013, http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Desplazamiento%20forzado%20intraurbano%20y%20soluciones%20duraderas.pdf (consultado el 2 de marzo de 2014), págs. 58-61.

[14] Al igual que las AUC, los grupos sucesores de paramilitares en Buenaventura en ocasiones se han enfrentado a las FARC y han atacado a personas a quienes acusan de simpatizar con la guerrilla, según ha sido señalado por distintas autoridades. Uno de estos hechos fue la expulsión de la guerrilla de varios sectores de la ciudad aproximadamente entre 2005 y 2007, y luego en 2011, cuando repelieron un intento de las FARC para ingresar en la zona urbana del municipio, conforme indicaron funcionarios. Defensoría del Pueblo, “Violencia contra las mujeres en el Distrito de Buenaventura”, octubre de 2011, http://www.defensoria.org.co/red/anexos/pdf/11/sat/publicaciones/inf_violenciaMujerBuenaventura.pdf (consultado el 2 de marzo de 2014), págs. 24 y 28; Defensoría del Pueblo, Sistema de Alertas Tempranas, “Informe de Riesgo N.º 032-08”, 24 de diciembre de 2008, págs. 3 y 7; Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, “Diagnóstico de la situación de los municipios habitados por las comunidades afrocolombianas priorizadas por la Honorable Corte Constitucional en el departamento de Valle del Cauca”, 2010, http://www.derechoshumanos.gov.co/Observatorio/documents/2010/DiagnosticoAfro/ValleDelCauca.pdf (consultado el 4 de marzo de 2014), págs. 7, 18-19 y 25; entrevista de Human Rights Watch con el Coronel Óscar Gómez, entonces comandante de la Policía en Buenaventura, 11 de noviembre de 2013; entrevista de Human Rights Watch con funcionarios de la inteligencia policial, Bogotá, 22 de noviembre de 2013.

[15] Entrevistas de Human Rights Watch con residentes de Buenaventura, noviembre de 2013; entrevista de Human Rights Watch con el Coronel Óscar Gómez, entonces comandante de la Policía en Buenaventura, 11 de noviembre de 2013; entrevista telefónica de Human Rights Watch con el Coronel José Correa, actual comandante de la Policía en Buenaventura, 5 de febrero de 2014; entrevista de Human Rights Watch con funcionario judicial local, noviembre de 2013; “Defensor del Pueblo constató desolador panorama humanitario en visita a comunidades de Buenaventura”, comunicado de prensa de la Defensoría del Pueblo, 15 de noviembre de 2012, http://www.defensoria.org.co/red/index.php?_item=03010611&_secc=03&ts=2&hs=0301 (consultado el 7 de febrero de 2014).

[16] A comienzos de 2013, fuentes de inteligencia policial estimaron que los Urabeños contaban con 2.370 miembros a nivel nacional, y una estructura “con mando y cohesión nacional”. En noviembre de 2013, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), que realiza un seguimiento de las investigaciones en el país sobre delitos que podrían estar comprendidos dentro de su competencia, informó en relación con los Urabeños que “sus miembros tienen una férrea disciplina; respetan una estructura jerárquica; se ejerce un control efectivo sobre los miembros; mantienen control sobre territorios; tienen capacidad para reclutar miembros y obtener armas; y cuentan con numerosos integrantes” (traducción de Human Rights Watch). “Información bandas criminales narcotraficantes”. Memorándum de la Dirección de Inteligencia Policial, enviado por correo electrónico a Human Rights Watch el 22 de febrero de 2013; “Situación actual de las bandas criminales narcotraficantes”, Memorándum de la Dirección de Inteligencia Policial, 12 de mayo de 2013; Fiscalía de la CPI, “Report on Preliminary Examination Activities 2013”, noviembre de 2013, pág. 31.

[17] Entrevista de Human Rights Watch con el Coronel Óscar Gómez, entonces comandante de la Policía en Buenaventura, 11 de noviembre de 2013; entrevista de Human Rights Watch con funcionario local de derechos humanos, Buenaventura, noviembre de 2013; entrevista de Human Rights Watch con funcionario nacional de derechos humanos, noviembre de 2013; Defensoría del Pueblo de Colombia, Sistema de Alertas Tempranas, “Nota de Seguimiento N.º 005-13 Quinta al Informe de Riesgo N.º 032 de 2008, Emitida el 24 de diciembre de 2008”, 2 de mayo de 2013, pág. 6.

[18] Defensoría del Pueblo, “Violencia contra las mujeres en el Distrito de Buenaventura”, octubre de 2011, http://www.defensoria.org.co/red/anexos/pdf/11/sat/publicaciones/inf_violenciaMujerBuenaventura.pdf (consultado el 2 de marzo de 2014), págs. 24 y 28; Unidad de Víctimas, “Informe nacional de desplazamiento forzado en Colombia 1985 a 2012”, junio de 2013, http://www.cjyiracastro.org.co/attachments/article/500/Informe%20de%20Desplazamiento%201985-2012%20092013.pdf (consultado el 2 de marzo de 2014), pág. 18; Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, “Desplazamiento forzado intraurbano y soluciones duraderas”, 2013, http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Desplazamiento%20forzado%20intraurbano%20y%20soluciones%20duraderas.pdf (consultado el 2 de marzo de 2014), pág. 59; para consultar mayor información sobre los Rastrojos, ver Human Rights Watch, Herederos de los Paramilitares: La Nueva Cara de la Violencia en Colombia, 3 de febrero de 2010, http://www.hrw.org/reports/2010/02/03/paramilitaries-heirs, págs. 44-45.

[19] Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) es otro nombre empleado por los Urabeños en Colombia. Contrariamente a lo señalado por distintas autoridades y residentes, el comandante de la Policía en Buenaventura indicó a Human Rights Watch que las AGC no tienen presencia en la ciudad. Comunicación oficial de la Unidad de Víctimas a la Corte Constitucional de Colombia, “Informe de respuesta a la orden primera del Auto 234 de 2013 mediante el cual la honorable Corte Constitucional solicita información al Gobierno Nacional sobre el cumplimiento en el Distrito de Buenaventura, de las órdenes impartidas en el Auto 005 de 2009 y 119 de 2013, en el marco de la sentencia T-025 de 2004”, 9 de diciembre de 2013; Personería de Buenaventura, “Respuesta proposición N.º 030 noviembre de 2013, Honorable Concejo Distrital de Buenaventura”, sin fecha, pág. 2; entrevistas de Human Rights Watch con residentes de Buenaventura, noviembre de 2013; entrevista telefónica de Human Rights Watch con el Coronel José Correa, comandante de la Policía en Buenaventura, 4 de febrero de 2014.

[20] Las agencias de refugiados y derechos humanos de la ONU, la Defensoría del Pueblo y la Personería de Buenaventura —un organismo municipal de derechos humanos— se refieren a “grupos posdesmovilización”. Numerosos residentes de Buenaventura entrevistados por Human Rights Watch se refirieron a la Empresa y los Urabeños como “paramilitares”, e identificaron a algunos miembros de estos grupos en sus barrios como ex paramilitares. Entrevistas de Human Rights Watch con residentes de Buenaventura, noviembre de 2013.

[21] Comunicación oficial de la Unidad de Víctimas a la Corte Constitucional de Colombia, “Informe de respuesta a la orden primera del Auto 234 de 2013 mediante el cual la honorable Corte Constitucional solicita información al Gobierno Nacional sobre el cumplimiento en el Distrito de Buenaventura, de las órdenes impartidas en el Auto 005 de 2009 y 119 de 2013, en el marco de la sentencia T-025 de 2004”, 9 de diciembre de 2013.

[22] Ibíd.

[23] Entrevista de Human Rights Watch con el Coronel Óscar Gómez, entonces comandante de la Policía en Buenaventura, 11 de noviembre de 2013; entrevista de Human Rights Watch con funcionario judicial local, noviembre de 2013; entrevistas de Human Rights Watch con residentes de Buenaventura, noviembre de 2013.

[24] Estas estadísticas han sido extraídas del Registro Nacional de Desaparecidos, la base de datos oficial más exhaustiva de Colombia sobre personas extraviadas y personas extraviadas que las autoridades presumen como víctimas de desapariciones. El registro es gestionado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INML), y recibe información de casos de diversas autoridades, incluido el INML, la Fiscalía General de la Nación, la Policía y el Ministerio Público. Los fiscales deben enviar información sobre casos al registro tan pronto como inician una investigación sobre una presunta desaparición. Al ingresar información de un caso, las autoridades distinguen si la persona parece haber sido víctima de desaparición, según la definición del derecho colombiano (ver al respecto la sección sobre metodología), o parece estar extraviada por otras razones, incluidos motivos voluntarios. (En el registro, los primeros se clasifican como “desapariciones presuntamente forzadas” y los últimos se clasifican como desapariciones “sin información”). Las autoridades judiciales están obligadas a actualizar su clasificación de casos individuales en la base de datos a medida que avanzan en sus investigaciones. Mensaje de correo electrónico enviado por funcionario del INML a Human Rights Watch, 28 de enero de 2014; entrevista telefónica de Human Rights Watch con funcionario del INML, 29 de enero de 2014; Ley 589 de 2000, art. 9; Decreto Presidencial 4218 de 2005, art. 8; Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, “Registro Nacional de Desaparecidos”, noviembre de 2012, pág. 39.

[25] Mensaje de correo electrónico enviado por funcionario del INML a Human Rights Watch, 28 de enero de 2014.

[26] Entrevista de Human Rights Watch con fiscal que investiga desapariciones en Buenaventura, noviembre de 2013; entrevistas de Human Rights Watch con residentes de Buenaventura, noviembre de 2013; “Personería acompañará marcha en rechazo a la violencia que vive Buenaventura”, comunicado de prensa de la Personería de Buenaventura, 17 de febrero de 2014, http://www.personeriabuenaventura.gov.co/web/index.php?option=com_content&view=article&id=270:comunicado-de-prensa-096&catid=39:prensa&Itemid=53 (consultado el 2 de marzo de 2014); Defensoría del Pueblo de Colombia, Sistema de Alertas Tempranas, “Nota de Seguimiento N.º 005-13 Quinta al Informe de Riesgo N.º 032 de 2008, Emitida el 24 de diciembre de 2008”, 2 de mayo de 2013, págs. 12 y 17; Sistema de Alertas Tempranas, “Nota de Seguimiento N.º 027-10 Segunda al Informe de Riesgo N.º 032-08, Emitida el 24 de diciembre de 2008”, 13 de diciembre de 2010, pág. 10; Sistema de Alertas Tempranas, “Nota de Seguimiento N.º 034-09 Segunda al Informe de Riesgo N.º 032-08 Emitido el 24 de diciembre de 2008”, 16 de diciembre de 2009, pág. 4; Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, “Jornada de Trabajo – Mesa Interinstitucional, Buenaventura – Valle del Cauca” 2009, párrs. 6, 27, y 32-33.

[27] Entrevista de Human Rights Watch con funcionario judicial, noviembre de 2013.

[28] Entrevistas de Human Rights Watch con residentes de Buenaventura, noviembre de 2013.

[29] Mensaje de correo electrónico enviado por funcionario del INML a Human Rights Watch, 28 de enero de 2014.

[30] Las cifras en esta columna y en la última indican la cantidad de personas que presuntamente desaparecieron cada año, y no la cantidad de denuncias de personas desaparecidas que se presentaron cada año. (En muchos casos, los familiares recién informan a sus seres queridos como extraviados varios años después de desconocer su paradero).

[31] Mensajes de correo electrónico enviados por funcionario del INML a Human Rights Watch el 13 de diciembre de 2013 y el 28 de enero de 2014. Las estadísticas sobre la cantidad de desapariciones denunciadas oficialmente corresponden al 28 de enero de 2014, y las cifras relativas a la cantidad de personas que aparecieron muertas y vivas se actualizaron el 13 de diciembre de 2013.

[32] La Defensoría del Pueblo informó que tan sólo entre enero y octubre de 2013, se hallaron restos humanos descuartizados de ocho personas en Buenaventura. Los medios dieron cobertura a la mayoría de estos casos, así como a varios otros de octubre de 2012, diciembre de 2013 y enero y febrero de 2014. “Defensor reitera llamado urgente para proteger población de Buenaventura ante desplazamiento masivo intraurbano”, comunicado de prensa de la Defensoría del Pueblo, 7 de noviembre de 2013, http://www.defensoria.org.co/red/index.php?_item=03010711&_secc=03&ts=2&hs=0301 (consultado el 10 de febrero de 2014); “Entierran a hombre que fue descuartizado en Buenaventura”, El País, 25 de octubre de 2012, http://www.elpais.com.co/elpais/valle/noticias/entierran-hombre-fue-descuartizado-buenaventura (consultado el 5 de febrero de 2014); “Encuentran partes de cadáver en dos puntos de Buenaventura”, El País, 30 de octubre de 2012, http://www.elpais.com.co/elpais/valle/noticias/encuentran-partes-cadaver-dos-puntos-buenaventura (consultado el 5 de febrero de 2014); “Temor en Buenaventura por reaparición de las 'casas de pique'”, El País, 16 de junio de 2013, http://www.elpais.com.co/elpais/judicial/noticias/temor-buenaventura-por-reaparicion-casas-pique (consultado el 5 de febrero de 2014); “Investigan hallazgo de cadáver desmembrado en Buenaventura”, El País, 9 de septiembre de 2013, http://www.elpais.com.co/elpais/judicial/noticias/investigan-hallazgo-cadaver-desmembrado-buenaventura (consultado el 5 de febrero de 2014); “Identifican cadáver descuartizado en Buenaventura”, El País, 15 de septiembre de 2013, http://www.elpais.com.co/elpais/judicial/noticias/identifican-cadaver-descuartizado-buenaventura (consultado el 5 de febrero de 2014); “Localizan cuerpo de otro descuartizado en Buenaventura”, Caracol Radio, 4 de diciembre de 2013, http://www.caracol.com.co/noticias/regionales/localizan-cuerpo-de-otro-descuartizado-en-buenaventura/20131204/nota/2030474.aspx (5 de febrero de 2014); “Encuentran a mujer descuartizada en playas de La Bocana, Buenaventura”, El País, 1 de febrero de 2014, http://www.elpais.com.co/elpais/judicial/noticias/encontran-mujer-descuartizada-playas-bocana-buenaventura (consultado el 5 de febrero de 2014); “Un estudiante del Sena es una de las víctimas de desmembramiento en Buenaventura”, El País, 27 de febrero de 2014, http://www.elpais.com.co/elpais/judicial/noticias/estudiante-sena-victimas-desmembramiento-buenaventura (consultado el 6 de marzo de 2014).

[33] Entrevistas de Human Rights Watch con residentes de Buenaventura, noviembre de 2013.

[34] Entrevistas de Human Rights Watch con residentes de Buenaventura, noviembre de 2013.

[35] Entrevista de Human Rights Watch con residente de Buenaventura, noviembre de 2013.

[36] Ibíd.

[37] Entrevista de Human Rights Watch con residente de Buenaventura, noviembre de 2013.

[38] Entrevista de Human Rights Watch con Monseñor Héctor Epalza Quintero, obispo católico de Buenaventura, Buenaventura, 11 de noviembre de 2013.

[39] “Buenaventura vive una crisis humanitaria: Iglesia”, RCN Radio, 7 de febrero de 2013, http://m.rcnradio.com/noticias/buenaventura-vive-una-crisis-humanitaria-iglesia-48276 (consultado el 31 de enero de 2014).

[40] “‘Casas de pique’, nueva modalidad de violencia en Buenaventura”, RCN Radio, 7 de febrero de 2013, http://www.rcnradio.com/noticias/casas-de-pique-nueva-modalidad-de-violencia-en-buenaventura-48232 (consultado el 31 de enero de 2014); Alfredo Molano, “Buenaventura, entre la pobreza y la violencia”, El Espectador, 23 de febrero de 2013, http://www.elespectador.com/noticias/nacional/articulo-406499-buenaventura-entre-pobreza-y-violencia (consultado el 31 de enero de 2014).

[41] “En Buenaventura, la violencia impuso la ley del silencio”, 8 de octubre de 2013, El País, http://www.elpais.com.co/elpais/judicial/noticias/buenaventura-violencia-le-ha-quitado-habla-sus-habitantes (consultado el 31 de enero de 2014).

[42] “Policía del Valle identificó cuatro ‘casas de pique’ en Buenaventura” Radio RCN, 5 de marzo de 2014, http://www.rcnradio.com/noticias/machete-son-descuartizadas-las-personas-en-buenaventura-policia-valle-121469 (consultado el 5 de marzo de 2014); “Policía identifica cinco ‘casas de pique’ en Buenaventura”, Radio Caracol, 5 de marzo de 2014, http://www.caracol.com.co/noticias/regionales/policia-identifica-cinco-casas-de-pique-en-buenaventura/20140305/nota/2111844.aspx (consultado el 5 de marzo de 2014).

[43] Ibíd.

[44] Entrevista telefónica de Human Rights Watch con funcionario judicial, 6 de marzo de 2014.

[45] Ibíd.

[46] El Sistema de Alertas Tempranas ha advertido reiteradamente sobre desapariciones cometidas por grupos sucesores de paramilitares en Buenaventura, incluidos casos en los cuales las víctimas fueron desmembradas. Por ejemplo, informó en 2009 que múltiples fuentes señalaban la existencia de “picaderos” en barrios de Bajamar, donde “las personas entran caminando y salen flotando en bolsas negras”. Defensoría del Pueblo de Colombia, Sistema de Alertas Tempranas, “Nota de Seguimiento N.º 005-13 Quinta al Informe de Riesgo N.º 032 de 2008, Emitida el 24 de diciembre de 2008”, 2 de mayo de 2013, págs. 7, 11 y 17; Sistema de Alertas Tempranas, “Nota de Seguimiento N.º 012-12 Cuarta al Informe de Riesgo N.º 032 de 2008, Emitida el 24 de diciembre de 2008”, 23 de agosto de 2012, pág. 14; Sistema de Alertas Tempranas, “Nota de Seguimiento N.º 016-11, Nota tercera al Informe de Riesgo N.º 032-08, Emitida el 24 de diciembre de 2008”, 1 de julio de 2011, pág. 10; Sistema de Alertas Tempranas, “Nota de Seguimiento N.º 034-09 al Informe de Riesgo N.º 032-08, Emitida el 24 de diciembre de 2008”, 16 de diciembre de 2009, pág. 4; Sistema de Alertas Tempranas, “Informe de Riesgo N.º 032-08”, 24 de diciembre de 2008, págs. 9, 12 y 14.

[47] Entrevista de Human Rights Watch con funcionario judicial local, noviembre de 2013.

[48] Entrevista de Human Rights Watch con funcionario local, noviembre de 2013.

[49] En noviembre de 2013, el Personero de Buenaventura alertó sobre la existencia de “fronteras invisibles” y señaló al respecto: “El dominio parcial que han logrado estos actores criminales en algunos sectores urbanos ha fraccionado el territorio, restringiendo la movilidad de sus habitantes, a través de las conocidas ‘Fronteras Invisibles’”. Entrevistas de Human Rights Watch con residentes de Buenaventura, noviembre de 2013; entrevista de Human Rights Watch con funcionario judicial local, noviembre de 2013; entrevista de Human Rights Watch con Monseñor Héctor Epalza Quintero, obispo católico de Buenaventura, Buenaventura, 11 de noviembre de 2013; Personería de Buenaventura, “Se agudiza el panorama social y humanitario de buenaventura asegura el personero distrital”, 21 de noviembre de 2013,

http://www.personeriabuenaventura.gov.co/web/index.php?option=com_content&view=article&id=252:comunicado-de-prensa-086&catid=39:prensa&Itemid=53 (consultado el 31 de enero de 2014).

[50] Entrevista de Human Rights Watch con residente de Buenaventura, noviembre de 2013.

[51] Entrevista de Human Rights Watch con residente de Buenaventura, noviembre de 2013.

[52] Entrevistas de Human Rights Watch con residentes de Buenaventura, noviembre de 2013.

[53] Entrevista de Human Rights Watch con residente de Buenaventura, noviembre de 2013.

[54] Entrevista de Human Rights Watch con residente de Buenaventura, noviembre de 2013.

[55] Entrevista de Human Rights Watch con residente de Buenaventura, noviembre de 2013.

[56] Unidad de Víctimas, “Desplazamiento-Personas, Valle del Cauca – Buenaventura, Fecha de corte: 21 de enero de 2014”, http://rni.unidadvictimas.gov.co/?q=v-reportes (consultado el 3 de marzo de 2014); Unidad de Víctimas, “Mapa de personas afectadas, Población: todas las poblaciones, Hechos: desplazamiento forzado, Fecha de corte: 21 de enero de 2014”, http://rni.unidadvictimas.gov.co/?q=v-reportes (consultado el 3 de marzo de 2014). La agencia de la ONU para los refugiados indica que muchas de estas víctimas han sido desplazadas varias veces. “Nuevos desplazamientos intra-urbanos en Buenaventura”, comunicado de prensa de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, 7 de noviembre de 2013.

[57] Mensaje de correo electrónico enviado por funcionario de la Unidad de Víctimas a Human Rights Watch, 28 de febrero de 2014.

[58] En algunos casos, las personas desplazadas identifican a varios actores como responsables de un único incidente de desplazamiento, lo cual sucede, por ejemplo, cuando los residentes huyen ante enfrentamientos de distintos grupos. En 2011, 4.888 personas que abandonaron sus hogares en Buenaventura señalaron a grupos sucesores de paramilitares como una de las causas de su desplazamiento. Mensaje de correo electrónico enviado por funcionario de la Unidad de Víctimas a Human Rights Watch, 25 de febrero de 2014.

[59] Ibíd.

[60] Ibíd.

[61] Un funcionario de la Unidad de Víctimas informó a Human Rights Watch a fines de febrero de 2014 que la unidad aún no había procesado las solicitudes de registro efectuadas por personas desplazadas en Buenaventura entre noviembre de 2013 y febrero de 2014. Según la Personería de Buenaventura, 3.922 personas fueron desplazadas allí durante la primera semana de noviembre de 2013. Personería de Buenaventura, “Respuesta proposición N.º 030 de noviembre de 2013, Honorable Concejo Distrital de Buenaventura”, sin fecha, pág. 6. Mensaje de correo electrónico enviado por funcionario de la Unidad de Víctimas a Human Rights Watch, 28 de febrero de 2014.

[62] Mensaje de correo electrónico enviado por funcionario de la Unidad de Víctimas a Human Rights Watch, 25 de febrero de 2014.

[63] Por ejemplo, hasta noviembre de 2013, la Unidad de Víctimas había registrado a 3.345 personas desplazadas durante 2012 en eventos de “desplazamiento masivo” (que afectan a más de 10 hogares o 50 personas) ocurridos en la zona urbana de Buenaventura, donde mantienen control los grupos sucesores. En ese entonces, esa cifra representaba 706 personas más que la cantidad total de residentes de Buenaventura que habían identificado formalmente a grupos sucesores como una de las causa s de su desplazamiento en 2012. (Entre noviembre de 2013 y enero de 2014, la Unidad de Víctimas registró a miles de residentes más de Buenaventura que fueron desplazados en 2012). De los 22 eventos de desplazamiento masivo en Buenaventura que fueron registrados por la Unidad de Víctimas en 2011, 2012 y 2013, 19 se produjeron en la zona urbana. Mensajes de correo electrónico enviados por funcionarios de la Unidad de Víctimas a Human Rights Watch, 6 y 25 de febrero de 2014.

[64] En junio de 2013, la Corte Constitucional ordenó al gobierno que registrara como desplazados internos a las personas que huyeran de sus hogares debido a violencia y abusos de grupos sucesores de los paramilitares, independientemente de si su desplazamiento fue causado por el conflicto armado. En este pronunciamiento, la Corte hizo expresa alusión a las personas expulsadas de sus hogares por grupos sucesores de paramilitares en Buenaventura como un ejemplo de individuos a quienes el gobierno debería registrar como desplazados internos. La Corte procuró corregir una supuesta “tendencia” de la Unidad de Víctimas “a excluir del sistema de protección y atención a las víctimas de desplazamiento forzado ocasionado por violencia generalizada o por graves violaciones a los derechos humanos perpetrados por actores como las BACRIM, dejando sin protección a miles de colombianos en situación de extrema vulnerabilidad”. Corte Constitucional de Colombia, Auto 119 de 2013, págs. 7, 24 y 65.

[65] Unidad de Víctimas, “Desplazamiento-Personas, Valle del Cauca – Buenaventura, Fecha de corte: 21 de enero de 2014”, http://rni.unidadvictimas.gov.co/?q=v-reportes (consultado el 3 de marzo de 2014); Unidad de Víctimas, “Mapa de personas afectadas, Población: todas las poblaciones, Hechos: desplazamiento forzado, Fecha de corte: 21 de enero de 2014”, http://rni.unidadvictimas.gov.co/?q=v-reportes (consultado el 3 de marzo de 2014).

[66] Según la Personería de Buenaventura, 3.922 personas fueron desplazadas durante la primera semana de noviembre de 2013. Personería de Buenaventura, “Respuesta proposición N.º 030 de noviembre de 2013, Honorable Concejo Distrital de Buenaventura”, sin fecha, pág. 6.

[67] Entrevistas de Human Rights Watch con residentes de Buenaventura, noviembre de 2013.

[68] Entrevista de Human Rights Watch con residente de Buenaventura, noviembre de 2013.

[69] Entrevista de Human Rights Watch con residente de Buenaventura, noviembre de 2013.

[70] Ibíd.

[71] Defensoría del Pueblo, Sistema de Alertas Tempranas, “Nota de Seguimiento N.º 005-13 Quinta al Informe de Riesgo N.º 032 de 2008, Emitida el 24 de diciembre de 2008”, 2 de mayo de 2013, pág. 15; entrevistas de Human Rights Watch con residentes de Buenaventura, noviembre de 2013; “Nuevos desplazamientos intra-urbanos en Buenaventura”, comunicado de prensa de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, 7 de noviembre de 2013.

[72] “Personería atiende desplazamiento por enfrentamientos y ‘fronteras invisibles’ entre dos barrios de Buenaventura”, comunicado de prensa, 28 de enero de 2014, http://www.personeriabuenaventura.gov.co/web/index.php?option=com_content&view=article&id=263:comunicado-de-prensa-092&catid=39:prensa&Itemid=53 (consultado el 7 de febrero de 2014).

[73] Personería de Buenaventura, “Respuesta proposición N.º 030 de noviembre de 2013, Honorable Concejo Distrital de Buenaventura”, sin fecha, pág. 10; “Defensor reitera llamado urgente para proteger población de Buenaventura ante desplazamiento masivo intraurbano”, comunicado de prensa de la Defensoría del Pueblo, 7 de noviembre de 2013, http://www.defensoria.org.co/red/index.php?_item=03010711&_secc=03&ts=2&hs=0301 (consultado el 5 de febrero de 2014); “Alto índice de reclutamiento forzado en Buenaventura: denuncia la Personería”, comunicado de prensa de la Personería de Buenaventura, 22 de enero de 2013, http://www.personeriabuenaventura.gov.co/web/index.php?option=com_content&view=article&id=197:comunicado-de-prensa-043&catid=39:prensa&Itemid=53 (consultado el 5 de febrero de 2014).

[74] Personería de Buenaventura, “Respuesta proposición N.º 030 de noviembre de 2013, Honorable Concejo Distrital de Buenaventura”, sin fecha, pág. 10.

[75] Defensoría del Pueblo, Sistema de Alertas Tempranas, “Nota de Seguimiento N.º 005-13 Quinta al Informe de Riesgo N.º 032 de 2008, Emitida el 24 de diciembre de 2008”, 2 de mayo de 2013, pág. 13; Sistema de Alertas Tempranas, “Nota de Seguimiento N.º 012-12 Cuarta al Informe de Riesgo N.º 032 de 2008, Emitida el 24 de diciembre de 2008”, 23 de agosto de 2012, pág. 15. El Sistema de Alertas Tempranas también ha expresado preocupación ante presuntos incidentes de violencia sexual perpetrados contra niñas por miembros de grupos sucesores. Sistema de Alertas Tempranas, “Nota de Seguimiento N.º 012-12 Cuarta al Informe de Riesgo N.º 032 de 2008, Emitida el 24 de diciembre de 2008”, 23 de agosto de 2012, pág. 14.

[76] Entrevistas de Human Rights Watch con residentes de Buenaventura, noviembre de 2013.

[77] Entrevista de Human Rights Watch con residente de Buenaventura, noviembre de 2013.

[78] Entrevista de Human Rights Watch con residente de Buenaventura, noviembre de 2013.

[79] Entrevista de Human Rights Watch con residente de Buenaventura, noviembre de 2013.

[80] Entrevista de Human Rights Watch con funcionario judicial local, noviembre de 2013.

[81] Defensoría del Pueblo, Sistema de Alertas Tempranas, “Nota de Seguimiento N.º 005-13 Quinta al Informe de Riesgo N.º 032 de 2008, Emitida el 24 de diciembre de 2008”, 2 de mayo de 2013, pág. 7.

[82] Defensoría del Pueblo de Colombia, Sistema de Alertas Tempranas, “Nota de Seguimiento N.º 005-13 Quinta al Informe de Riesgo N.º 032 de 2008, Emitida el 24 de diciembre de 2008”, 2 de mayo de 2013, pág. 17; Sistema de Alertas Tempranas, “Nota de Seguimiento N.º 016-11, Nota tercera al Informe de Riesgo N.º 032-08, Emitida el 24 de diciembre de 2008”, 1 de julio de 2011, págs. 9-10; Sistema de Alertas Tempranas, “Nota de Seguimiento N.º 027-10 Segunda al Informe de Riesgo N.º 032-08, Emitida el 24 de diciembre de 2008”, 13 de diciembre de 2010, págs. 9-10.

[83] La Comisión informó que, debido a estas amenazas, los familiares de desaparecidos en Buenaventura a menudo han intentado obtener ayuda de medios de comunicación locales para la búsqueda de sus seres queridos. El análisis de la Comisión coincide con la versión de un trabajador de un medio de Buenaventura, quien comentó a Human Rights Watch que durante 2013 todas las semanas se acercaban familias a su oficina para informar que había desaparecido alguno de sus miembros. Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, “Jornada de Trabajo – Mesa Interinstitucional, Buenaventura – Valle del Cauca”, 2009, párr. 18; entrevista de Human Rights Watch con trabajador de un medio de comunicación en Buenaventura, noviembre de 2013.

[84] Entrevista de Human Rights Watch con residente de Buenaventura, noviembre de 2013.

[85] Entrevista de Human Rights Watch con residente de Buenaventura, noviembre de 2013.

[86] Entrevista de Human Rights Watch con residente de Buenaventura, noviembre de 2013.

[87] “Crisis humanitaria en Buenaventura exige que el Gobierno designe un gerente para la ciudad”, comunicado de prensa de la Defensoría del Pueblo de Colombia, 22 de noviembre de 2013, http://www.defensoria.org.co/red/index.php?_item=03010711&_secc=03&ts=2&hs=0301 (consultado el 5 de febrero de 2014).

[88] Entrevista de Human Rights Watch con fiscal que investiga desapariciones en Buenaventura, noviembre de 2013; entrevista de Human Rights Watch con funcionario judicial local, noviembre de 2013. La Personería de Buenaventura indicó que la cantidad de casos de asesinato, extorsión y amenazas posiblemente sea superior a la informada en 2013, debido al temor de las víctimas a denunciar los hechos. “Defensor del Pueblo pedirá al gobierno nacional una gerencia especial para Buenaventura”, comunicado de prensa de la Personería de Buenaventura, http://www.personeriabuenaventura.gov.co/web/index.php?option=com_content&view=article&id=253:visita-defensor-del-nacional-del-pueblo-en-buenaventura&catid=39:prensa&Itemid=53 (consultado el 5 de febrero de 2014); Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, “Jornada de Trabajo – Mesa Interinstitucional, Buenaventura – Valle del Cauca”, 2009, párrs. 18, 27, y 32-33.

[89] Defensoría del Pueblo, Sistema de Alertas Tempranas, “Nota de Seguimiento N.º 005-13 Quinta al Informe de Riesgo N.º 032 de 2008, Emitida el 24 de diciembre de 2008”, 2 de mayo de 2013, pág. 17.

[90] Entrevista telefónica de Human Rights Watch con el Coronel José Correa, comandante de la Policía en Buenaventura, 5 de febrero de 2014; entrevista de Human Rights Watch con funcionarios de la inteligencia policial, Bogotá, 22 de noviembre de 2013; entrevista telefónica de Human Rights Watch con el Coronel Roberto Carlos González, comandante de la Armada en Buenaventura, 5 de febrero de 2014.

[91] Entrevista telefónica de Human Rights Watch con el Coronel José Correa, comandante de la Policía en Buenaventura, 25 de febrero de 2014.

[92] Ibíd.

[93] Entrevistas de Human Rights Watch con residentes de Buenaventura, noviembre de 2013.

[94] Entrevistas de Human Rights Watch con residentes de Buenaventura, noviembre de 2013.

[95] Entrevistas de Human Rights Watch con residentes de Buenaventura, noviembre de 2013.

[96] Personería de Buenaventura, “Defensor del Pueblo pedirá al gobierno nacional una gerencia especial para Buenaventura”, sin fecha http://www.personeriabuenaventura.gov.co/web/index.php?option=com_content&view=article&id=253:visita-defensor-del-nacional-del-pueblo-en-buenaventura&catid=39:prensa&Itemid=53 (consultado el 5 de febrero de 2014).

[97] Entrevista de Human Rights Watch con funcionario nacional de derechos humanos, noviembre de 2013.

[98] Entrevistas de Human Rights Watch con residentes de Buenaventura, noviembre de 2013.

[99] Entrevista de Human Rights Watch con residente de Buenaventura, noviembre de 2013.

[100] Entrevista de Human Rights Watch con residente de Buenaventura, noviembre de 2013.

[101] “Personería solicita de carácter urgente reunión entre autoridades por alto índice de violencia en Buenaventura”, comunicado de prensa de la Personería de Buenaventura, 14 de enero de 2014; http://www.personeriabuenaventura.gov.co/web/index.php?option=com_content&view=article&id=256:comunicado-de-prensa-089&catid=39:prensa&Itemid=53 (consultado el 5 de febrero de 2014).

[102] Entrevista de Human Rights Watch con funcionario judicial local, noviembre de 2013.

[103] Entrevista de Human Rights Watch con funcionario local, noviembre de 2013.

[104] En 2009, la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas de Colombia, un organismo interinstitucional que impulsa la investigación de desapariciones, informó que en Buenaventura “el miedo de la población civil para realizar denuncias, y reclamar justicia ante las autoridades locales, las cuales en muchas ocasiones son denunciadas por convivencia con grupos ilegales, aumenta el grado de vulnerabilidad de la población y crea un marco de impunidad” para las desapariciones. Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, “Jornada de Trabajo – Mesa Interinstitucional, Buenaventura – Valle del Cauca”, 2009, párr. 33; entrevistas de Human Rights Watch con residentes de Buenaventura, noviembre de 2013.

[105] Entrevista de Human Rights Watch con residente de Buenaventura, noviembre de 2013.

[106] Entrevista de Human Rights Watch con residente de Buenaventura, noviembre de 2013. Para ampliar la información sobre esta amenaza, ver la sección anterior “Ley del silencio”.

[107] Entrevista telefónica de Human Rights Watch con un funcionario de la Policía, 18 de febrero de 2014.

[108] “Policía identifica cinco ‘casas de pique’ en Buenaventura”, Radio Caracol, 5 de marzo de 2014, http://www.caracol.com.co/noticias/regionales/policia-identifica-cinco-casas-de-pique-en-buenaventura/20140305/nota/2111844.aspx (consultado el 5 de marzo de 2014).

[109] Mensaje de correo electrónico enviado por funcionario de la Fiscalía a Human Rights Watch, 21 de enero de 2014. Los delitos imputados fueron los de “concierto para delinquir” —que se aplica por pertenencia a grupos sucesores— homicidio, tentativa de homicidio, tráfico de armas, extorsión y amenazas. La Fiscalía no informó por cuáles de estos delitos habían resultado condenados los cinco miembros.

[110] La Fiscalía informó en enero de 2014 que llevaba 929 investigaciones en curso sobre presuntas desapariciones ocurridas en Buenaventura, incluidas al menos 842 investigaciones en relación con casos ocurridos en las dos últimas décadas. Mensajes de correo electrónico enviados por funcionarios de la Fiscalía General de la Nación a Human Rights Watch, 21 de enero, 12 de febrero de 2014 y 5 de marzo de 2014; comunicación oficial enviada por la Dirección Nacional de Fiscalías a la Oficina de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación, 2 de enero de 2014.

[111] Con excepción de una, la totalidad de las 205 investigaciones se vinculan con casos de presuntas desapariciones acontecidas entre 2006 y 2013. Mensajes de correo electrónico enviados por funcionarios de la Fiscalía a Human Rights Watch, 21 de enero y 12 de febrero de 2014.

[112] El derecho colombiano contempla dos tipos distintos de delitos de desplazamiento forzado. El primero se encuentra tipificado en el capítulo sobre violaciones al derecho internacional humanitario del Código Penal, y define la deportación, expulsión, traslado o desplazamiento forzado de la población civil como cometidos por “el que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado y sin que medie justificación militar, deporte, expulse, traslade o desplace forzadamente de su sitio de asentamiento a la población civil”. El segundo delito no requiere ser perpetrado en relación con el conflicto armado de Colombia, y se estipula que lo comete quien “de manera arbitraria, mediante violencia u otros actos coactivos dirigidos contra un sector de la población, ocasione que uno o varios de sus miembros cambie el lugar de su residencia”, Ley 599 de 2000, arts. 159 y 180.

[113] Mensajes de correo electrónico enviados por funcionarios de la Fiscalía a Human Rights Watch, 21 de enero de 2014, 12 de febrero de 2014 y 4 de marzo de 2014; comunicación oficial enviada por la Dirección Nacional de Fiscalías a la Oficina de Asuntos Internacionales de la Fiscalía, 2 de enero de 2014.

[114] Con excepción de una, la totalidad de las 307 investigaciones se vinculan con casos de desplazamiento forzado ocurridos entre 2006 y 2014. Mensajes de correo electrónico enviados por funcionarios de la Fiscalía a Human Rights Watch, 21 de enero y 12 de febrero de 2014.

[115] Mensaje de correo electrónico enviado por un funcionario de la Fiscalía a Human Rights Watch, 4 de marzo de 2014.

[116] En noviembre de 2013, la oficina de esta unidad en el Valle del Cauca contaba con tres fiscales al frente de la investigación de aproximadamente 300 casos en curso correspondientes a todo el departamento, incluido Buenaventura. Entrevista de Human Rights Watch con fiscal, noviembre de 2013.

[117] Mensaje de correo electrónico enviado por funcionario de la Fiscalía a Human Rights Watch, 21 de enero de 2014.

[118] Ley 1448 de 2011, art. 63; Decreto Presidencial 4800 de 2011, art. 108.

[119] El derecho colombiano estipula que las personas desplazadas pueden solicitar que una oficina del Ministerio Público tome la declaración oficial de su desplazamiento. Las oficinas del Ministerio Público incluyen la Personería, la Defensoría del Pueblo y la Procuradoría. En eventos de “desplazamiento masivo” (que afectan a más de 50 personas o 10 hogares), la alcaldía local se ocupa de procesar las solicitudes de registro oficial de las víctimas realizando un “censo” de las familias afectadas. Ley 1448 de 2011, arts. 48 y 61; Decreto Presidencial 4800 de 2011, arts. 27, 45 y 46.

[120] Corte Constitucional de Colombia, Auto 234 de 2013, párrs. 4 y 5.

[121] Ibíd. Si bien corresponde al Ministerio Público y las alcaldías recibir las solicitudes de inclusión en el registro planteadas por personas desplazadas, es la Unidad de Víctimas del gobierno la que se encarga de procesar los pedidos y decidir si procederá o no a su registro. En el auto emitido en octubre de 2013, la Corte Constitucional determinó que no se registraban todos los casos de desplazamiento en Buenaventura, especialmente los de víctimas de grupos sucesores de paramilitares. No obstante, Human Rights Watch recibió información creíble de que, desde entonces, la Unidad de Víctimas ha avanzado en la reevaluación de solicitudes de inclusión en el registro presentadas por víctimas de grupos sucesores en Buenaventura, y ha concretado el registro de muchas de ellas.

[122] Entrevistas de Human Rights Watch con residentes de Buenaventura, noviembre de 2013.

[123] Entrevista de Human Rights Watch con funcionario local, noviembre de 2013.

[124] “Colombia: Desplazamiento masivo intraurbano y limitaciones a la movilidad; Buenaventura (Valle del Cauca); Informe de situación N.º 2”, Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, 15 de noviembre de 2013 http://www.salahumanitaria.co/es/system/files/documents/files/Desplazamiento%20Buenaventura-%20Informe%20No.%202.pdf (consultado el 5 de febrero de 2014); Personería de Buenaventura, “Respuesta proposición N.º 030 de noviembre de 2013, Honorable Concejo Distrital de Buenaventura”, sin fecha, pág. 6.

[125] Ley 1448 de 2011, art. 63; Decreto Presidencial 4800 de 2011, art. 108.

[126] Entrevista de Human Rights Watch con funcionario de la ciudad de Buenaventura, Buenaventura, noviembre de 2013; entrevistas de Human Rights Watch con residentes de Buenaventura, noviembre de 2013.

[127] “Defensor reitera llamado urgente para proteger población de Buenaventura ante desplazamiento masivo intraurbano”, comunicado de prensa de la Defensoría del Pueblo, 7 de noviembre de 2013, http://www.defensoria.org.co/red/index.php?_item=03010711&_secc=03&ts=2&hs=0301 (consultado el 5 de febrero de 2014).

[128] Entrevista de Human Rights Watch con residente de Buenaventura, noviembre de 2013.

[129] Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos”, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 57, 31 de diciembre de 2009,  http://www.cidh.org/countryrep/seguridad/seguridadindice.sp.htm (consultado el 4 de marzo de 2014), párr. 227.

[130] Por ejemplo, Colombia es parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), entre otros tratados de derechos humanos.

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