Unaccompanied children line up for an evening meal at a detention facility run by the Greek police.
 

© 2015 Kelly Lynn Lunde
 
(Athens) – El número de niños migrantes no acompañados que son retenidos en celdas policiales y centros de detención inadecuados en Grecia ha aumentado de manera alarmante, señaló Human Rights Watch en una carta dirigida al ministro de Política Inmigratoria Yiannis Mouzalas.

Según el Centro Nacional para la Solidaridad Social, un órgano gubernamental, al 19 de julio de 2017 se calculaba que había 117 niños y niñas bajo custodia policial esperando ser trasladados a un centro de acogida. Esa cantidad contrasta marcadamente con la situación en noviembre de 2016, cuando solo había detenidos dos menores no acompañados. El gobierno griego debería adoptar medidas urgentes para reducir la cantidad de menores migrantes no acompañados que están bajo custodia de la policía, apuntó Human Rights Watch.

“En vez de ser atendidos, decenas de niños y niñas vulnerables son encerrados en celdas policiales sucias y abarrotadas y en otros establecimientos de detención en Grecia, en algunos casos junto con adultos que no son familiares”, explicó Eva Cossé, investigadora sobre Grecia de Human Rights Watch. “El gobierno griego tiene la obligación de terminar con esta práctica abusiva y asegurarse de que estos niños vulnerables reciban los cuidados y la protección que necesitan”.

Las investigaciones de Human Rights Watch han documentado la detención arbitraria y prolongada de menores migrantes no acompañados en celdas policiales y otros centros de detención, en contravención al derecho internacional y a la legislación griega. Conforme al derecho griego, los menores no acompañados deberían ser trasladados a alojamientos seguros, pero existe en Grecia una situación crónica de falta espacio en instalaciones adecuadas.

Human Rights Watch también destacó que la decisión de la Comisión Europea, por la cual se traslada la responsabilidad y los fondos de la Unión Europea para la gestión de los menores migrantes no acompañados de las organizaciones no gubernamentales al gobierno griego, probablemente agudice la escasez de espacios de acogida adecuados para los niños no acompañados. Diversas organizaciones no gubernamentales sostienen que este cambio implica que se cerrarán al menos cinco centros de acogida para menores no acompañados en Grecia.

Mientras esperan ser enviados a un centro de acogida, los menores no acompañados pueden permanecer semanas o meses en condiciones de hacinamiento insalubres, a veces con adultos que no son familiares, en pequeñas celdas dentro de estaciones de policía y en centros de detención donde tienen escaso acceso a cuidados y servicios básicos. A menudo, estos niños y niñas no reciben información sobre sus derechos ni sobre cómo pedir asilo. Muchos sufren trauma psíquico debido a las condiciones en las que son retenidos, como lo comprobó Human Rights Watch en 2016.

Human Rights Watch también ha documentado, en un informe del 20 de julio de 2017, que el temor a ser detenidos puede disuadir a los niños de registrarse como menores ante las autoridades, y que las falencias en los procedimientos de determinación de edad agravan este problema. Estos niños no son vistos ni reconocidos como tales, y al no quedar alcanzados por medidas de cuidado, son particularmente vulnerables a la posibilidad de violencia, explotación y abusos.

Human Rights Watch instó a Mouzalas, responsable de la política inmigratoria, a adoptar medidas urgentes para encontrar alternativas a la detención de los menores no acompañados. El derecho y la práctica en Grecia deberían adaptarse para asegurar que los niños solamente sean detenidos en circunstancias excepcionales y por el período más breve que resulte adecuado.

Incluso antes de que se implementen reformas legislativas o se establezcan suficientes centros de acogida diseñados especialmente para los menores, las autoridades no deberían detener a niños y niñas en celdas policiales cuando están disponibles establecimientos con mejores condiciones. Las autoridades deberían trasladar a los menores a instalaciones de transición, incluidos espacios seguros designados dentro de campamentos de refugiados y otros establecimientos abiertos.