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Carta de Human Rights Watch al Gobierno de Nicaragua

Sobre la salud de mujeres y niñas en Nicaragua

30 de junio de 2017

Ministro de Relaciones Exteriores

Excmo. Sr. Denis Rolando Moncada Colindres

Ministerio de Relaciones Exteriores

Del Cine González 1c. al sur. Avenida Bolívar

Managua, Nicaragua

 

Excelentísimo Sr. Ministro:

En esta oportunidad, me dirijo a V.E. en representación de Human Rights Watch con el propósito de solicitar información sobre la vida y la salud de mujeres y niñas en Nicaragua. Específicamente, quisiéramos solicitarle información sobre las consecuencias de la prohibición del aborto establecida en la legislación nicaragüense, que no prevé ninguna excepción.

Human Rights Watch es una organización internacional no gubernamental que se dedica a monitorear la situación de derechos humanos en más de 90 países. La organización promueve los derechos de las mujeres en todo el mundo desde hace casi 40 años, incluyendo una larga trayectoria en temas de salud sexual y reproductiva y salud materna. Nuestras investigaciones han documentado cómo las dificultades para acceder a la atención de la salud sexual y reproductiva y a información sobre estos temas —incluso con respecto al aborto— violan o ponen en riesgo diversos derechos humanos. En nuestro informe publicado en el año 2007, titulado “Por sobre sus cadáveres: Denegación de acceso a la atención obstétrica de emergencia y el aborto terapéutico en Nicaragua”, se destacó la importancia del acceso al aborto voluntario para asegurar el ejercicio de estos derechos.

A principios de 2017, HRW entrevistó a mujeres y niñas en Nicaragua que vivieron embarazos no deseados y en situación de crisis, algunas de las cuales recurrieron a abortos ilegales. Human Rights Watch entrevistó, asimismo, a personal médico, abogados, representantes de organizaciones que brindan servicios a mujeres y niñas, y activistas de derechos de la mujer. La veintena de entrevistas realizadas se llevaron a cabo en áreas urbanas y rurales, y en ambas costas de Nicaragua. Debido a la amenaza de acciones judiciales y al estigma social, Human Rights Watch no identifica a las personas, las organizaciones ni los lugares donde se realizaron estas entrevistas.

Hemos observado que la ley de 2006 que penaliza el aborto —sin prever ninguna excepción— ha provocado que este procedimiento se practique en forma clandestina, generando una cultura de temor y ocultamiento. La prohibición no ha detenido los abortos, sino que los ha hecho más inseguros.

Human Rights Watch ha asumido el compromiso de informar de manera justa y rigurosa sobre los temas que investiga, y nos interesa escuchar la perspectiva del gobierno de Nicaragua. Con ese propósito, le agradeceríamos si pudiera coordinar el contacto con otros ministerios y organismos públicos a fin de compilar y compartir con nosotros los datos y la información que se solicitan a continuación:

  1. Datos a nivel nacional sobre mortalidad materna, por año, desde el año 2012.
  2. Información actualizada sobre el Recurso por Inconstitucionalidad Parcial No. 38-2008 promovido ante la Corte Suprema de Justicia contra la Ley No. 641 del Código Penal de Nicaragua, en el cual se planteó que la prohibición del aborto era inconstitucional. Entendemos que la Corte no se ha expedido sobre este caso.
  3. ¿Qué tipo de capacitación y evaluación de la capacitación, si la hubiere, se brinda la personal médico sobre el protocolo 109 de 2013 desarrollado por el Ministerio de Salud, que detalla la atención de las complicaciones obstétricas?
  4. Solicitamos que se proporcionen los siguientes datos (correspondientes a los años 2006 a 2017, por año) sobre la implementación del Código Penal (2007), la Ley N.° 641 del 16 de noviembre de 2007, Capítulo II, Artículos 143 – 145 (sobre el aborto):
  5. Cantidad de investigaciones; cantidad de detenciones; cantidad de procesos judiciales; cantidad de condenas; cantidad de absoluciones; condenas impuestas (duración de las penas de prisión; datos sobre multas); cantidad de casos en que los fiscales desistieron de la acción; datos demográficos sobre acusados y víctimas (género, edad, educación, estado civil, embarazo, discapacidad y lugar de residencia).
  6. ¿Qué planes, si los hubiere, tiene el gobierno de revisar la iniciativa ciudadana que propone que el aborto sea legal en determinadas circunstancias, teniendo en cuenta que la Asamblea Nacional decidió archivar esta iniciativa sin que se llevara a cabo un debate ni ninguna otra acción?

Las conclusiones de nuestra investigación se publicarán en algún momento durante los próximos meses. Le pedimos que nos haga llegar cualquier comentario, incluidas las respuestas a las preguntas que anteceden, incluso si fuere solamente a algunas de las preguntas, a más tardar el 14 de Julio de 2017 para que podamos reflejar la información relevante en nuestra publicación.

Nos encontramos a disposición para mantener un diálogo con el gobierno de Nicaragua sobre estos temas fundamentales y el impacto que tienen en la vida y la salud de las mujeres y niñas del país.

Atentamente,

Janet Walsh

Directora, División de derechos de la mujer

Human Rights Watch

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