Liu Xiaobo. 

© Independent Chinese PEN Center

(Nueva York) – La muerte del disidente e intelectual chino Liu Xiaobo, ganador del Premio Nobel de la Paz de 2010 y quien era una figura pública, pone al descubierto la crueldad del gobierno de China con los defensores pacíficos de los derechos humanos y la democracia, señaló hoy Human Rights Watch. Liu, que padecía cáncer de hígado, falleció debido a complicaciones de su estado de salud el 13 de julio de 2017 en un hospital de Shenyang, en la provincia de Liaoning, mientras estaba bajo custodia de las fuerzas de seguridad del estado.

La última vez que un nobel de la paz falleció bajo custodia estatal fue en 1938, cuando el pacifista Carl von Ossietzky murió de tuberculosis mientras estaba a disposición de las autoridades en un hospital de la Alemania nazi.

“Incluso cuando se agravó la enfermedad de Liu Xiaobo, el gobierno chino siguió aislándolo a él y a su familia, y le negó la posibilidad de elegir libremente el tratamiento médico”, señaló Sophie Richardson, directora para China de Human Rights Watch. “Aunque el gobierno chino actúa con una arrogancia, crueldad e insensibilidad estremecedoras, la lucha de Liu por una China democrática donde se respeten los derechos seguirá viva”.

Profesor de literatura de la Universidad Normal de Pekín, Liu Xiaobo manifestó sus críticas al gobierno chino abiertamente y escribió sobre la sociedad y la cultura chinas específicamente desde una perspectiva de democracia y derechos humanos. Su primer libro y sus ensayos, conocidos por su crítica aguda al pensamiento dominante, fueron muy influyentes entre los intelectuales antes de su encarcelamiento. Estuvo encarcelado 21 meses tras la masacre de la Plaza de Tiananmén, en 1989, por manifestarse en defensa de estudiantes que habían participado en las protestas pacíficas. Fue encarcelado nuevamente en un campamento de “Reeducación mediante el trabajo”, de 1996 a 1999, por criticar las políticas chinas relativas a Taiwán y al líder espiritual tibetano dalái lama. Tras ser arrestado en diciembre de 2008, Liu fue condenado en 2009 a 11 años de cárcel por “incitar a la subversión”, debido a su intervención en la Carta 08, un manifiesto político que reclamaba reformas políticas en China. Liu pasó casi ocho años en una cárcel de Liaoning, hasta que fue trasladado al hospital de Shenyang a fines de junio.

Liu ha sido galardonado con numerosos premios internacionales. Human Rights Watch distinguió a Liu con el Premio Alison Des Forges al Activismo Extraordinario 2010, en reconocimiento de su incansable compromiso con la libertad de expresión y la libertad de reunión en China. En 2010, se le otorgó el Premio Nobel de la Paz “por su lucha larga y sin violencia a favor de los derechos humanos fundamentales en China”. Ni a Liu ni a su esposa, Liu Xia, se les permitió asistir a la ceremonia. El gobierno chino escribió a todos los diplomáticos en la capital noruega advirtiéndoles que habría “consecuencias” si sus gobiernos mostraban apoyo a Liu Xiaobo, a quien desde Pekín se calificó de “criminal”.

Se sabe muy poco sobre las condiciones del encarcelamiento de Liu. Si bien las autoridades permitieron que sus familiares más cercanos, incluida Liu Xia, realizaran algunas visitas, silenciaron a la familia manteniendo a Liu Xia bajo arresto domiciliario, donde ha estado en situación de aislamiento casi absoluto desde 2010, y amenazando e intimidando a otras personas. El cuñado de Liu Xiaobo, Liu Hui, fue procesado en 2013 por dudosos cargos de fraude, aunque posteriormente fue puesto en libertad bajo fianza. Las autoridades deberían liberar de manera inmediata e incondicional a Liu Xia y permitir su total libertad de circulación, incluida la posibilidad de salir del país si así lo desea, señaló Human Rights Watch.

El 26 de junio, los abogados de Liu Xiaobo informaron a los medios de comunicación que Liu había sido “puesto en libertad bajo fianza para recibir tratamiento médico” y trasladado desde la Prisión de Jinzhou al Hospital N.º 1 Afiliado a la Universidad Médica de China (中国医科大学第一附属医院), en la provincia de Liaoning, para recibir tratamiento por cáncer de hígado avanzado. Desde entonces, las autoridades han difundido algunos datos sobre su estado de salud. El hospital fue dando actualizaciones en línea, la prensa oficial divulgó comentarios con críticas a él y a quienes lo apoyan, y fuentes anónimas —que se cree que pertenecerían al gobierno—divulgaron en Internet dos videos donde se ve a Liu recibiendo atención médica en prisión y a Liu Xia y Liu Hui agradeciendo a los médicos. No es claro si sabían que estaban siendo filmados y si habían dado su consentimiento para que se divulgara la grabación.

Las autoridades custodiaron muy de cerca a Liu durante su internación, y por ello es difícil constatar la autenticidad de cualquiera de los datos que se difundieron oficialmente. Fue ingresado con un seudónimo, para que los periodistas y otras personas no pudieran localizarlo. Solamente se permitió que tuviera acceso a él Liu Xia, y probablemente Liu Hui; la policía también los mantuvo bajo control y les prohibió que entraran en contacto con otras personas.

El gobierno chino solo permitió una vez que dos médicos independientes —uno de Estados Unidos y otro de Alemania— tuvieran acceso a Liu, el 7 de julio. Los médicos dijeron que Liu “estaba en condiciones de viajar”, una opinión contraria a lo expresado antes por el gobierno chino de que estaba demasiado enfermo para trasladarse al exterior con el fin de recibir tratamiento.

Se desconoce cuándo se transmitieron a Liu o a su familia algunos datos o los informes completos de los exámenes médicos, o si acaso eso sucedió, ni el grado en que fueron consultados sobre el tema.

Aunque en China los médicos brindan servicios y controles médicos en centros de detención y prisiones, la calidad de la atención suele ser, en el mejor de los casos, elemental. Conforme Human Rights Watch lo informó en 2015, varios exdetenidos señalaron que ellos o sus familiares a menudo eran ignorados si planteaban quejas relacionadas con salud, y hubo casos de personas detenidas que murieron tras ser objeto de una combinación de relegamiento prolongado y negación de la atención médica.

Obligación de investigar el trato

Los estándares internacionales indican que todas las muertes en situación de custodia deben ser objeto de “investigaciones expeditas, imparciales y efectivas de las circunstancias y causas” del deceso. Como ha sido señalado por el Relator Especial de la ONU sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, dado que existe una presunción de responsabilidad del Estado debido a la situación de custodia y la obligación del gobierno de asegurar y respetar el derecho a la vida, las autoridades deben aportar de manera activa evidencias que refuten la presunción de responsabilidad estatal. Ante la ausencia de pruebas que demuestren que no es responsable, el gobierno tiene la obligación de brindar resarcimiento a la familia de la persona fallecida.

Además de las obligaciones de actuar penalmente en casos de muertes por negligencia, las autoridades deben tomar medidas para impedir que haya muertes de personas bajo custodia y responder de manera efectiva a las causas de muerte, entre otras cosas, asegurando una supervisión adecuada y atención médica suficiente a los detenidos. Las familias deberían tener acceso a “toda la información relevante para la investigación” y el gobierno debería difundir los resultados de la investigación mediante un informe escrito. En casos en los que los “procedimientos de investigación establecidos resulten insuficientes debido a la falta de competencia o de imparcialidad” o cuando haya quejas de familiares por estos problemas, el gobierno debería “velar por que las investigaciones se lleven a cabo por conducto de una comisión independiente”.

En los últimos años, las autoridades chinas permitieron que al menos otros dos destacados críticos del gobierno enfermaran gravemente mientras estaban en prisión y murieran allí o en hospitales. En marzo de 2014, Cao Shunli, una activista que había intentado participar en el Examen Periódico Universal de China ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU murió en un hospital de Pekín tras ser detenida arbitrariamente en septiembre de 2013. Sus familiares habían advertido reiteradas veces que su salud se estaba deteriorando seriamente, pero las autoridades recién la transfirieron después de que entró en coma. Y en julio de 2015, Tenzin Delek Rinpoche, un reconocido lama tibetano que cumplía una pena de prisión perpetua por “incitar a la separación del Estado”, dictada en un juicio que no se ajustó a los estándares internacionales, falleció mientras estaba detenido a pesar de que varios meses antes se insistió enfáticamente en que su salud se estaba deteriorando.

Varios gobiernos —incluidos Estados Unidos, Canadá, Francia y Taiwán— ofrecieron públicamente acoger a Liu para brindarle tratamiento, mientras que otros, como la Unión Europea, el Reino Unido y Alemania, han exigido públicamente su liberación y el reconocimiento de su derecho a recibir tratamiento médico en un sitio de su elección. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al-Hussein, se reunió con funcionarios chinos el 30 de junio para hablar sobre el caso.

“Ningún gobierno debería permitir que la muerte de Liu Xiaobo ocurra sin cuestionar el maltrato de Pekín a esta voz trascendental para los derechos humanos, reclamar la libertad de Liu Xia y exigir la liberación de todos aquellos que están detenidos injustamente en China”, destacó Richardson. “Los gobiernos deberían enviar un mensaje claro a Pekín de que los principios a los cuales Liu Xiaobo consagró su vida seguirán prosperando tras su trágica muerte”.