(Cancún, México) – Las autoridades mexicanas deberían asegurar que se lleve a cabo una investigación oportuna, exhaustiva y confiable de las evidencias que indican que un complejo programa informático de espionaje (spyware) vendido al gobierno fue usado para espiar a defensores de derechos humanos, periodistas y activistas anticorrupción, señaló hoy Human Rigths Watch. El gobierno debería asegurar que rindan cuentas todos aquellos que se determine que son responsables del uso del programa contra activistas y periodistas.
El periódico The New York Times informó el 19 de junio de 2017 que el programa informático de espionaje había sido usado contra abogados que trabajan para la reconocida organización de derechos humanos Centro Prodh, que representa a familiares de los 43 estudiantes que desaparecieron en 2014 en el estado de Guerrero y a otras víctimas de abusos, contra un académico que impulsaba la adopción de legislación contra la corrupción y contra dos periodistas influyentes que expusieron casos de abuso y corrupción gubernamental. El gobierno mexicano “rechaza categóricamente” estar implicado en la vigilancia de defensores, periodistas y activistas sin autorización judicial.
“Es sumamente preocupante que este tipo de sofisticadas armas cibernéticas puedan usarse contra ciudadanos de a pie, sobre todo cuando se trata de defensores de derechos humanos y periodistas que se dedican a denunciar corrupción y abusos”, observó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “El gobierno mexicano ha negado cualquier responsabilidad en estos hechos, pero debe esforzarse mucho más para determinar quiénes fueron los responsables, llevarlos ante la justicia y asegurarse que esto no vuelva a ocurrir".
Un análisis técnico publicado por el centro de investigación Citizen Lab, con sede en Toronto, indica fuertemente que en los ataques se utilizó el programa denominado Pegasus, comercializado por el fabricante israelí de armas cibernéticas NSO Group. Una vez que un teléfono inteligente se infecta con el programa, el software de NSO Group permite a organismos gubernamentales vigilar cualquier actividad en el teléfono, incluidos mensajes de correo electrónico, archivos, listas de contactos, información sobre ubicación y mensajes de chat. El programa espía también permite que los gobiernos realicen en forma secreta grabaciones de audio o video utilizando el micrófono y la cámara incorporados a un teléfono.
Este spyware invasivo fue desarrollado por NSO Group, una empresa israelí de tecnología de vigilancia que tiene contratos con múltiples organismos en México, según informó anteriormente The New York Times sobre la base de correos electrónicos internos de NSO Group. En respuesta a la información difundida en los medios de comunicación, la empresa ha manifestado que vende sus productos “solo a organismos gubernamentales autorizados” y que los acuerdos firmados con clientes exigen que sus productos “se utilicen únicamente de manera lícita… con fines de prevención e investigación de delitos”. Sin embargo, NSO Group cuenta con que sean los mismos gobiernos los que controlan su uso.
NSO Group debería investigar posibles instancias de uso abusivo de su producto en México y suspender de inmediato todo servicio y asistencia a organismos públicos donde se detecten abusos, señaló Human Rights Watch.
La reglamentación de la venta de potentes programas de espionaje sigue siendo insuficiente a nivel global. Los controles y límites nacionales sobre su exportación no son suficientes para evitar la venta a gobiernos que los han utilizado o probablemente los utilicen para actuar contra críticos del gobierno y perseguirlos. Hay además una necesidad urgente de adoptar medidas de supervisión y mecanismos que garanticen que las empresas que venden estas herramientas rindan cuentas por abusos asociados con su actividad comercial, destacó Human Rights Watch.
