(Washington, D.C.) El gobierno colombiano debería redoblar sus esfuerzos para proteger a defensores de derechos y activistas comunitarios e investigar los homicidios de activistas ocurridos en el país, señaló hoy Human Rights Watch.
“El proceso de paz es una oportunidad invaluable de restablecer el estado de derecho en zonas asoladas desde hace tiempo por la violencia y los abusos”, destacó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Sin embargo, es improbable que la paz y los derechos humanos puedan prosperar si los abusos disuaden a los defensores de derechos de desempeñar su rol indispensable para Colombia”.
Los activistas asesinados en 2017 incluyen a José Yimer Cartagena Úsuga, cuyo cuerpo apuñalado fue hallado en Carepa, Antioquia, el 10 de enero. Cartagena era vicepresidente de una organización local de campesinos y miembro de la comisión de derechos humanos de Marcha Patriótica, un movimiento político y social nacional de izquierda.
Feiver Cerón, presidente de un consejo comunitario local, fue hallado muerto en Mercaderes, Cauca, el 18 de febrero. Las investigaciones preliminares concluyeron que el cuerpo presentaba 11 heridas de bala, según señaló una organización local de derechos humanos.
El 30 de enero, Alan Jara, director de la Unidad de Víctimas de Colombia, dijo que, desde el 30 de noviembre de 2016, cuando el Congreso aprobó el acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), 17 activistas habrían sido asesinados. Hasta fines de marzo, Somos Defensores, una de las principales organizaciones de Colombia que denuncia abusos contra activistas, había recibido información de que 25 líderes comunitarios y activistas de la sociedad civil habrían sido asesinados desde el inicio de 2017 y había confirmado que 20 eran efectivamente activistas de la sociedad civil. Somos Defensores todavía no había confirmado si los otros cinco restantes eran activistas.
La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia informó que, en 2016, fueron asesinados 60 defensores con un rol de liderazgo en Colombia, lo cual representa un aumento significativo respecto de los 41 que documentó en 2015. Somos Defensores informó 80 asesinatos en 2016 y 63 en 2015. La mayoría de las víctimas no habían sufrido amenazas y, por lo tanto, no contaban con protección.
Somos Defensores y la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia consideran defensor de derechos a cualquier persona que, en forma individual o conjunta, intenta promover o proteger derechos, incluidos derechos sociales o de los trabajadores. Sin embargo, ambas organizaciones sólo informan sobre asesinatos de defensores que consideran que tienen un rol de liderazgo. Estas organizaciones no establecen si el homicidio se debió a la labor realizada por el activista, pues consideran que esa determinación corresponde a las autoridades colombianas.
Entre los que se sospecha que han sido víctimas de abusos en 2016 se encuentra Henry Pérez, presidente de una organización comunitaria, cuya desaparición del municipio de Tibú, en el noreste de Colombia, se denunció a fines de enero de 2016. Pérez aún no ha sido hallado y su caso no ha sido resuelto. Su esposa ha recibido amenazas instándola a que deje de buscarlo, según la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP), una misión de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que realiza un seguimiento de las políticas de paz en Colombia.
Numerosos abusos en contra de defensores han ocurrido en áreas donde las FARC solían tener presencia militar. A medida que las FARC se desmovilizan, los delitos y actividades de otros grupos armados se han intensificado en algunas de esas áreas, sobre todo donde hay actividades rentables de tráfico de drogas y minería ilegal. Entre los municipios que solían tener presencia de las FARC y en los cuales han ocurrido niveles altos de abusos en contra de activistas se encuentran Tumaco, en Nariño; El Tambo, en Cauca; y El Bagre, en Antioquia. Según datos de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, más del 60% de los homicidios que denunciaron se produjeron en áreas donde antes hubo presencia militar de las FARC. El 3 de marzo, el defensor del pueblo de Colombia manifestó que el acceso por parte de otros grupos armados a territorios antes controlados por las FARC había expuesto a abusos a los activistas de derechos humanos.
Somos Defensores y la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia indican que, aparentemente, la mayoría de los asesinatos habrían sido cometidos por grupos sucesores del paramilitarismo, algunos de los cuales se formaron tras un proceso fallido de desmovilización de grupos paramilitares que se llevó a cabo hace una década. Sin embargo, debido a demoras en la investigación de algunos casos, persiste la incertidumbre sobre la identidad de algunos de los responsables. Si bien la Fiscalía General de la Nación realizó importantes avances en 2016 y logró cuatro condenas en casos de activistas asesinados ese año, aún no ha habido imputaciones en la mayoría de los homicidios de defensores cometidos en 2016 y 2015.
“El único modo de garantizar que los activistas de derechos no sean disuadidos de la posibilidad de ejercer su rol clave en la búsqueda de una paz justa en Colombia es asegurar que los homicidios se investiguen exhaustivamente y que los responsables sean llevados ante la justicia”, manifestó Vivanco.
