Al igual que Pérez, decenas de defensores de derechos humanos y activistas comunitarios han sido asesinados, han desaparecido o han sufrido amenazas en Colombia. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia documentó 41 casos de defensores de derechos humanos asesinados en 2015. La ONG colombiana Somos Defensores informó que hasta fines de marzo 19 defensores de derechos humanos habrían sido asesinados este año y más de 80 sufrido amenazas.
Es difícil identificar quienes se encuentran detrás de estos crímenes y en qué casos las víctimas fueron elegidas deliberadamente por su activismo. No obstante, existen denuncias creíbles que sugieren que algunos casos fueron cometidos por guerrillas, y muchos otros, por grupos sucesores de los paramilitares. Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, muchos de estos abusos suelen estar relacionados con reclamos por tierras y represalias contra personas que exigen justicia.
Organizaciones de la sociedad civil han señalado acertadamente que estos casos son una amenaza para las posibilidades de una paz justa en Colombia. Estos casos también dificultan los compromisos asumidos en las negociaciones de paz con las FARC, como mejorar los programas de restitución de tierras para familias desplazadas y permitir que organizaciones de víctimas presenten información sobre violaciones de derechos humanos, que teóricamente debería ser contrastada con las eventuales confesiones ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Ante este panorama, ¿es razonable esperar que miembros de organizaciones de derechos humanos se sentirán seguros al momento de presentar casos ante la eventual Jurisdicción Especial en contra de grupos y personas responsables de atrocidades?
El único modo de garantizar que los defensores de derechos humanos y activistas comunitarios no sean disuadidos de la posibilidad de ejercer su papel clave para que haya una paz justa en Colombia es asegurar que cada caso se investigue de forma oportuna, adecuada y exhaustiva a fin de identificar los motivos detrás de cada delito y que se inicien procesos penales serios contra sus responsables.
