California presiona a las personas de bajos recursos que no pueden pagar una fianza a que se declaren culpables para poder ser excarceladas, señaló Human Rights Watch en un informe difundido hoy. El sistema de fianza pecuniaria y prisión preventiva también redunda en el encarcelamiento innecesario de personas inocentes y menoscaba las posibilidades de justicia para todos.
El informe de 120 páginas, que lleva el título “‘Sin afán de justicia’: Cómo la prisión preventiva y el sistema de fianza en California castigan injustamente a las personas de bajos recursos” (‘Not in it for Justice’: How California’s Pretrial Detention and Bail System Unfairly Punishes Poor People), explica que aproximadamente el 63% de los presos en las cárceles de condados de California no estaban condenados y que, en los últimos años, muchos se encontraban a la espera de un juicio porque no podían solventar el costo de la fianza. En los seis condados que se analizaron rigurosamente, entre el 20% y el 30% de las personas detenidas pudieron pagar una fianza, y la mayoría de estas personas costearon honorarios de fiadores judiciales que no les fueron reembolsados. Human Rights Watch comprobó que decenas de miles de californianos eran encarcelados por días, semanas o meses sin haber sido nunca condenados por un delito. Entre 2011 y 2015, la policía detuvo y encarceló a 1.451.441 personas por delitos graves. De estas, casi medio millón estuvieron en la cárcel aunque finalmente fueron declaradas no culpables, sus causas fueron desestimadas o la evidencia era tan poco convincente que los fiscales nunca presentaron cargos.
“En California, las fianzas sirven como castigo para las personas pobres”, opinó John Raphling, investigador sénior sobre EE. UU. de Human Rights Watch y autor del informe. “El sistema fallido del estado pone a muchas personas ante la alternativa denigrante de ser encarceladas, asumir cuantiosas deudas para pagar la fianza o declararse culpables sin posibilidad de defender su caso”.
California debería modificar su sistema de prisión preventiva por uno que tome en cuenta la liberación de la mayoría de las personas y que únicamente imponga fianzas a quienes se determine, a través de una audiencia rigurosa e individualizada, que representan un peligro grave y concreto, señaló Human Rights Watch.
Human Rights Watch entrevistó a 151 personas, incluidas 67 que habían cumplido prisión preventiva o que asistían a un familiar detenido, así como también a jueces, fiscales, abogados defensores, administradores judiciales, funcionarios de libertad vigilada y servicios previos al juicio, y coordinadores comunitarios con experiencia y conocimientos en el sistema. El informe analiza datos obtenidos de 20 condados de California y brinda un análisis detenido de los condados de Alameda, Fresno, Orange, Sacramento, San Bernardino y San Francisco. En esos seis condados, donde está el 31% de las personas en prisión preventiva de California, se estima que el costo de encarcelar innecesariamente durante dos años a personas que no son culpables asciende a USD 37,5 millones.
Un ejemplo del impacto del sistema para los residentes de California es el caso de Daniel Soto, de 18 años, que estuvo en la cárcel más de seis semanas tras ser apuñalado y acusado de agresión, debido a que su madre no pudo pagar la tarifa exigida por el fiador judicial. Cuando el juez finalmente analizó la acusación, desestimó el caso. Mientras tanto, Soto se atrasó en los estudios y tuvo que dejar la escuela.
Muchas de las personas que siguen detenidas debido a que la justicia fija fianzas que no pueden pagar son presionadas para declararse culpables, pues a menudo esta es la forma más rápida de recuperar su libertad. El análisis de datos avala lo que confirman numerosos profesionales judiciales: que las personas detenidas a menudo se declaran culpables no porque verdaderamente lo sean, sino tan solo para poder salir de prisión. En el condado de Sacramento, por ejemplo, cerca del 80% de todos los casos en los cuales los acusados se declararon culpables en el período 2014-15 lo hicieron para que se computara el tiempo transcurrido en prisión preventiva, y esto implica que las personas tuvieron que elegir entre regresar a su hogar, sus familias, sus empleos o la escuela, o que la justicia escuchara su defensa. Los datos de otros condados sugieren que la situación es similar.
La media de tasas de fianza de California quintuplica a las del resto del país. Como resultado de esto, las personas de ingresos bajos y medios asumen gravosas deudas para pagar las tarifas de los fiadores judiciales, según concluyó Human Rights Watch.
Human Rights Watch también identificó profundas disparidades raciales en los índices de prisión preventiva, asociadas a las disparidades raciales en los índices de detención e ingreso en prisiones. En cada condado analizado, la proporción de personas negras que eran ingresadas en prisiones superaba, varias veces, la proporción entre las personas blancas. En el condado de San Francisco, por ejemplo, la proporción de ingreso en prisiones de personas negras que reunían los requisitos para el beneficio de fianza era nueve veces superior a las personas blancas, al controlar el tamaño de la población. Los impactos negativos del sistema recaen con severidad en las comunidades negras y contribuyen a la injusticia racial en forma más general.
Algunos actores en California están trabajando para reformar el sistema injusto y discriminatorio de fianza pecuniaria, y entre otras cosas, se ha presentado un proyecto legislativo que favorece la liberación en una proporción mayor de casos. Sin embargo, Human Rights Watch advierte sobre los peligros de emplear herramientas de evaluación de riesgos basadas en perfiles (que predicen la probabilidad estadística de que un acusado cometa un delito o intente eludir a la justicia, en función de los perfiles de otras personas con características similares) para sustituir a la fianza pecuniaria.
La exactitud de estas herramientas es cuestionable, y no toman en consideración las circunstancias individuales de la persona. Por sobre todo, aplican datos sobre detención y condena racialmente sesgados para tomar decisiones acerca de quiénes quedan encarcelados y quiénes son puestos en libertad o quedan bajo supervisión preventiva. Aunque estas herramientas se justifican alegando que reducen la población carcelaria que todavía no ha sido juzgada, los criterios también podrían usarse fácilmente para asignar a una gran cantidad de personas al monitoreo electrónico o para, de hecho, aumentar la población penitenciaria, y esto representa un factor sumamente preocupante considerando la expansión masiva de las plazas penitenciarias locales que está teniendo lugar en toda California, señaló Human Rights Watch.
California debería reformar su sistema de fianza y prisión preventiva, ampliando sus leyes de para excluir la posibilidad de prisión preventiva para delitos menores y delitos “no graves”, y previendo únicamente excepciones muy limitadas para promover la seguridad pública. Esta reforma sencilla reduciría la cantidad de personas acusadas que son encarceladas, incluido el importante número que no será hallado culpable. Para las personas que sí queden detenidas, se debería exigir a los tribunales que realicen audiencias de detención exhaustivas e individualizadas, en las cuales se aplique una presunción a favor de su liberación y estándares rigurosos, con el objeto de establecer de manera más fehaciente si hay un motivo legítimo de seguridad pública para que la persona permanezca privada de la libertad. Un uso más generalizado de las órdenes de “citación y liberación” (cite and release) para excluir la posibilidad de prisión preventiva en casos de delitos menos graves daría suficiente tiempo a los tribunales para que concedan estas audiencias rigurosas a las pocas personas respecto de las cuales habría motivos legítimos para considerar que podrían ser encarceladas.
“Se supone que nuestro sistema presume que las personas son inocentes”, explicó Raphling. “Sin embargo, con la prisión preventiva, se castiga a las personas pobres sin importar si son culpables o no. Si valoramos la justicia y la equidad, entonces debemos impulsar un cambio”.
Selección de casos del informe
Dante Johnson no podía pagar la fianza. Finalmente, y a pesar de que tenía una defensa sólida, terminó declarándose culpable de un delito grave con armas para que se computara el tiempo de prisión preventiva. El fiscal había alegado que Johnson era demasiado peligroso para ser puesto en libertad, hasta que renunció a su derecho a juicio.
Al hijo adolescente de Cara Esparza, a quien le habían diagnosticado trastorno bipolar, se le fijó una fianza de USD 30.000. Al no tener ahorros, y con ingresos muy limitados, pidió dinero prestado para pagar al fiador judicial. El hijo de Esparza fue liberado y posteriormente se declaró culpable de una acusación mucho menos grave, pero Esparza tenía dificultades para cumplir los pagos de la fianza, y tuvo que reducir sus gastos de alimentos, llamadas telefónicas y otros servicios. Cuando fue entrevistada, corría el riesgo de que le cortaran el servicio de gas por falta de pago.
Jason Miller, un hombre sin techo de Los Ángeles, fue detenido por cargos infundados relacionados con drogas. Pasó tres días en prisión, y luego el fiscal se negó a presentar cargos. Para entonces, su tienda, sus prendas de vestir, medicamentos y otros artículos personales habían desaparecido.
