(Manila) – La policía filipina está alterando evidencias para justificar ejecuciones ilegales en una “guerra contra las drogas” que ha provocado más de 7.000 muertes, señaló hoy Human Rights Watch en un nuevo informe. Como parte de una campaña, el presidente Rodrigo Duterte y otros altos funcionarios han instigado e incitado ejecuciones de personas que, en su mayoría, pertenecen a sectores pobres urbanos, y estos hechos podrían constituir delitos de lesa humanidad.

Jayson Asunción, de 37 años, se entregó a la policía después de admitir que uso  “shabu” o metanfetaminas, durante varios años, el 15 de septiembre de 2016.

Las Naciones Unidas deberían implementar con urgencia una investigación internacional independiente sobre las ejecuciones para determinar la responsabilidad y garantizar mecanismos de justicia, apuntó Human Rights Watch.

“Nuestras investigaciones sobre la ‘guerra contra las drogas’ en Filipinas concluyeron que es habitual que policías maten a sangre fría a personas sospechadas de estar implicadas en delitos relacionados con drogas y luego encubran estas muertes colocándoles estupefacientes y armas para incriminarlas”, explicó Peter Bouckaert, director de emergencies de Human Rights Watch y autor del informe. “El rol de presidente Duterte en estas ejecuciones lo hace responsable en última instancia por miles de muertes”.

El informe de 117 páginas, “‘License to Kill’: Philippine Police Killings in Duterte’s ‘War on Drugs,’” [Licencia para matar: Ejecuciones a manos de la policía filipina en la ‘Guerra contra las Drogas’ de Duterte], determinó que, en reiteradas ocasiones, miembros de la Policía Nacional Filipina han cometido ejecuciones extrajudiciales de personas sospechadas de estar implicadas en delitos vinculados con drogas y luego adujeron falsamente haber actuado en defensa propia. Los agentes dejan armas, municiones usadas y sobres con estupefacientes en el cuerpo de sus víctimas para incriminarlas en actividades relacionadas con drogas. Hay motivos para creer que los hombres armados y encapuchados que participaron en las ejecuciones trabajaban en estrecha colaboración con la policía, y esto arroja dudas sobre las afirmaciones gubernamentales de que la mayoría de las muertes fueron perpetradas por personas que toman la justicia por mano propia o por bandas rivales de narcotraficantes. En varios casos investigados por Human Rights Watch, personas sospechadas de delitos que estaban bajo custodia policial más tarde aparecieron muertas y fueron catalogadas por la policía como “cuerpos hallados” o “muertes con investigación en curso”. No hubo investigaciones rigurosas, ni mucho menos personas condenadas, por ninguna de las muertes en la “guerra contra las drogas”.
 

Nuestras investigaciones sobre la ‘guerra contra las drogas’ en Filipinas concluyeron que es habitual que policías maten a sangre fría a personas sospechadas de estar implicadas en delitos relacionados con drogas y luego encubran estas muertes colocándoles estupefacientes y armas para incriminarlas. El rol de presidente Duterte en estas ejecuciones lo hace responsable en última instancia por miles de muertes.

Peter Bouckaert

Director de emergencies

El informe se elaboró en gran medida a partir de entrevistas realizadas en la zona metropolitana de Manila a 28 familiares de víctimas y testigos de muertes a manos de policías, así como periodistas y activistas de derechos humanos. El documento también considera los informes policiales iniciales sobre las muertes, que fueron refutados por las conclusiones de las investigaciones en el terreno realizadas por Human Rights Watch.

Desde que asumió el 30 de junio de 2016, Duterte y otros altos funcionarios han manifestado abiertamente su apoyo a una campaña nacional para matar a traficantes y usuarios de drogas y, a la vez, han negado o restado gravedad a la ilegalidad de la actuación policial. Por ejemplo, el 6 de agosto, Duterte advirtió a los narcotraficantes: “Sobre ustedes, he dado órdenes de disparar a matar. No me interesan los derechos humanos, créanme”. Se refirió en términos elogiosos al rápido aumento del número de muertes perpetradas por la policía, señalando que era prueba del “éxito” de su “guerra contra las drogas”.

Human Rights Watch documentó 24 incidentes que tuvieron como resultado la muerte de 32 personas. En general, estos hechos se produjeron tarde por la noche en la vía pública o dentro de viviendas precarias en barrios marginales urbanos. Diversos testigos dijeron a Human Rights Watch que los agresores armados actuaron en grupos reducidos. Por lo general vestían de civil, con ropas negras, ocultaban sus rostros con pasamontañas u otro tipo de capuchas y llevaban gorros o cascos de béisbol. Los agresores se presentaban golpeando las puertas con violencia e irrumpían en las habitaciones, pero no se identificaban ni mostraban órdenes de registro. Los familiares relataron golpizas, mientras que sus seres queridos imploraban que les perdonaran la vida. Los disparos a veces se producían inmediatamente, a puertas cerradas o en la vía pública, o bien los agresores se llevaban al presunto implicado y, minutos después, se sentían disparos y luego los lugareños encontraban el cuerpo; o el cuerpo se abandonaba en otro lado más tarde, a veces con las manos atadas o una bolsa plástica en la cabeza. Los residentes a menudo dijeron haber visto a policías uniformados en las proximidades del incidente, asegurando el perímetro, e incluso si no se los veía antes de los disparos, aparecían en el lugar del hecho investigadores forenses especiales tan solo en cuestión de minutos.

“Bajo la apariencia de realizar operativos antidrogas, la policía filipina, a instancias de Duterte, ha matado a miles de ciudadanos filipinos”, apuntó Bouckaert. “Muchas de las muertes de personas sospechadas de tener vínculos con las drogas se produjeron en la misma secuencia letal y mostraban un patrón de abuso policial”.

Duterte ha señalado frecuentemente que su “guerra contra las drogas” apunta contra “jefes narcos” y “traficantes de drogas”. Sin embargo, en los casos investigados por Human Rights Watch, las víctimas de las muertes vinculadas con drogas eran todas de clase pobre, salvo un caso en que se confundió la identidad de la víctima, y en muchos casos se trataba de usuarios de drogas, no traficantes. Casi todos estaban desempleados o tenían trabajos informales, como conductores de bicitaxi o porteros, y vivían en barrios marginales o asentamientos precarios.

Las autoridades filipinas no han investigado seriamente las muertes provocadas en la guerra contra las drogas por miembros de la policía o por “hombres armados no identificados”, indicó Human Rights Watch. Si bien la Policía Nacional Filipina ha clasificado 922 muertes como “casos con investigación concluida”, no hay evidencias de que esas indagaciones hayan tenido como resultado la detención y el juzgamiento de los autores.

El 30 de enero, el gobierno anunció la suspensión momentánea de los operativos policiales contra las drogas, tras la revelación del violento asesinato de un empresario surcoreano presuntamente a manos de policías antinarcóticos. Al día siguiente, Duterte encomendó a las Fuerzas Armadas de Filipinas ocupar el lugar que quedó vacante luego de la suspensión de los operativos policiales, asumiendo una intervención directa en la campaña contra las drogas. Duterte ha anunciado públicamente que proseguirá con su campaña contra las drogas hasta el fin de su mandato presidencial, en 2022.

Investigadores de la policía revisan el sitio donde fueron asesinados, a manos de la policía, los presuntos traficantes de drogas Cyril Raymundo, Eduardo Aquino, y Edgar Cumbis. Los hechos sucedieron bajo el puente Jones en Binondo, Manila durante un operativo de  "buy-bust" (u operativos de compra para obtener evidencias) el 5 de diciembre de 2016.

Duterte y sus principales subordinados podrían responder penalmente en Filipinas o ante un tribunal en el extranjero por su rol en estas muertes, observó Human Rights Watch. Aunque hasta el momento no hay evidencias de que Duterte haya planificado u ordenado ejecuciones extrajudiciales específicas, sus reiterados llamamientos a que haya muertes en su campaña contra las drogas podrían constituir actos que instiguen a las fuerzas de aplicación de la ley a perpetrar homicidios. Sus declaraciones instando a la población general a cometer actos violentos de ajusticiamiento contra presuntos usuarios de drogas podrían constituir instigación criminal.

Duterte, otros altos funcionarios y las personas implicadas en ejecuciones ilegales también podrían responder por crímenes de lesa humanidad, que son graves delitos perpetrados como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil. Los numerosos ataques letales y aparentemente organizados contra un grupo de personas, que son señaladas de manera pública como presuntamente vinculadas con drogas, podrían constituir delitos de lesa humanidad, conforme estos son definidos por la Corte Penal Internacional, de la cual es miembro Filipinas.

Como presidente, Duterte tiene la responsabilidad legal de dar instrucciones públicas a las fuerzas de seguridad del Estado para que pongan fin a su campaña de ejecuciones extrajudiciales de presuntos traficantes y usuarios de drogas. La Oficina Nacional de Investigaciones y la Defensoría del Pueblo deberían investigar las muertes de manera imparcial y asegurar la persecución penal de todos los responsables. El Congreso de Filipinas debería analizar este tema en sesiones exhaustivas y adoptar medidas para evitar que haya más muertes. Los países donantes que ayudan a Filipinas deberían interrumpir completamente la asistencia brindada a la Policía Nacional de Filipinas hasta que concluyan las ejecuciones y se realicen investigaciones genuinas, y deberían evaluar la posibilidad de derivar esa asistencia a programas comunitarios de reducción de daños que sean adecuados y efectivos.

“Sería más apropiado referirse a la ‘guerra contra las drogas’ de Duterte como delitos de lesa humanidad contra personas pobres de zonas urbanas”, opinó Bouckaert. “Ya sea por efecto de la indignación local, la presión global o una investigación internacional, estas muertes cesarán algún día, y los responsables serán llevados ante la justicia”.

El cuerpo de un presunto narcotraficante que falleció tras un tiroteo al parecer con la policía en Caloocan, Metro Manila, el 9 de septiembre de 2016.

Selección de testimonios extraídos del informe
En la tarde del 14 de octubre de 2016, cuatro hombres encapuchados irrumpieron en la vivienda en Manila de Paquito Mejos, de 53 años, padre de cinco hijos, que trabajaba como electricista en obras de construcción. Mejos consumía ocasionalmente shabu, una variedad de metaanfetamina, y se había entregado voluntariamente ante las autoridades locales dos días antes, tras enterarse de que estaba en una “lista de vigilancia” de personas sospechadas de vínculos con las drogas. Los hombres armados preguntaron por Mejos, que estaba descansando en el piso superior. “Cuando los vi que estaban armados y subían”, contó un familiar, “les dije: ‘¡pero si ya se ha entregado a las autoridades!’. Me dijeron que me callara o que sería el siguiente”.

Se escucharon dos disparos. Tan solo instantes después, llegaron al lugar investigadores policiales que actuaron con asistencia de los hombres armados. En su informe, la policía describía a Mejos como un “presunto camello” que los “apuntó con su arma, pero los policías pudieron dispararle antes al cuerpo, lo que provocó su muerte instantánea”. Afirmaron que se encontró un paquete de shabu junto con un arma. “Pero Paquito nunca tuvo un arma”, manifestó el familiar. “Y ese día no tenía shabu”.

Un funcionario del barangay (barrio) le aconsejó a Rogie Sebastian, de 32 años, entregarse a la policía debido a que figuraba en una “lista de vigilancia” como usuario de drogas. Como había dejado de consumir drogas varios meses antes, decidió no presentarse. Dos semanas después, tres hombres encapuchados y armados que vestían chalecos antibalas se presentaron en su vivienda en Manila y lo esposaron. “Desde fuera de la habitación, pude escuchar que Rogie imploraba que no lo mataran”, contó un familiar. “Nosotros llorábamos y uno de los hombres armados amenazó con matarnos a nosotros también”. Un vecino señaló al respecto: “Escuché los disparos. También había policías uniformados afuera, que no entraron en la casa. Pero los tres agresores vestidos de civil llegaron y se fueron en una motocicleta, sin que ningún policía uniformado intercediera”.

Cinco hombres armados y encapuchados entraron por la fuerza en una vivienda en la provincia de Bulacan donde Oliver Dela Cruz, de 43 años, estaba jugando a las cartas. Un familiar contó: “[P]udimos ver que se ponía de rodillas sin oponer resistencia. Los hombres lo sujetaron y lo arrojaron contra una pared de cemento varias veces, y luego lo lanzaron... afuera. Vimos los disparos, estábamos ahí nomas. Oliver tenía el rostro ensangrentado a causa de los golpes, y les rogaba que le perdonaran la vida cuando le dispararon”.

Tras haber disparado a Ogie Sumangue, de 19 años, en Manila, policías de uniforme mostraron a los familiares de Sumangue el cuerpo del joven en la vivienda, junto a un arma de calibre 45. Los familiares dijeron que Sumangue no tenía ningún arma ni tampoco habría podido pagarla y, por ende, que era imposible que hubiera intentado dispararle a la policía. “Ni siquiera puede pagar el alquiler”, dijo un familiar. “Su hermana pagaba el alquiler por él”.

Seis encapuchados con armas irrumpieron en una vivienda en Manila donde algunas personas, incluidos varios adolescentes, estaban mirando la televisión. Los hombres detuvieron y golpearon a Aljon Mesa y Jimboy Bolasa, que supuestamente tenían vínculos con drogas, y luego se los llevaron en motocicletas. Media hora después, tras recibir un dato de un policía de uniforme, los familiares acudieron raudamente a un puente en las proximidades, donde encontraron los cuerpos de Aljon y Bolasa, ambos con heridas de bala en la cabeza y las manos atadas con trapos. Los hombres armados todavía estaban en el lugar, donde la policía uniformada había perimetrado la zona. El informe policial indica, bajo el título “Cuerpos hallados”, que un “ciudadano preocupado” alertó a la policía sobre la presencia de dos cadáveres.

Una semana después del asesinato de Aljon Mesa, 10 policías, algunos vestidos de civil, detuvieron a su hermano Danilo Mesa y lo llevaron a la dependencia del barangay. Esta noche, un grupo de encapuchados con armas se lo llevaron por la fuerza de la dependencia del barangay, y poco después su cuerpo fue encontrado bajo un puente, a una cuadra de distancia. Sus familiares dijeron que tenía la cabeza totalmente envuelta en cinta de embalaje, y que le habían atado las manos por la espalda. Tenía un disparo a quemarropa efectuado a través de la boca.

Los familiares de Edward Sentorias, un hombre de 34 años desocupado y padre de tres hijos que fue asesinado por policías en Manila, afirmaron que no tenían esperanzas de que se investigara a la policía: “Vi que uno de los policías entraba con un maletín metálico.… [Sacó] el arma y algunos sobres [de shabu] y los dejó allí [junto al cuerpo de Sentorias]. Volví a donde estaba, totalmente conmocionado. No pude ni siquiera protestar. Si presentamos un reclamo, ¿qué posibilidades tendremos ante las autoridades?”.