(Washington, DC) – Donald Trump asume el poder tras haber prometido adoptar políticas que, de ser implementadas, pondrían en jaque derechos en el país y en el extranjero, señaló hoy Human Rights Watch. Defensores de derechos humanos, funcionarios electos y miembros del público deberían presionar al nuevo presidente de Estados Unidos para que desista de esas propuestas y deberían denunciar acciones gubernamentales que avasallen derechos. El Congreso, los tribunales y el pueblo de Estados Unidos deberían reclamar transparencia y que el gobierno rinda cuentas por políticas y acciones que amenacen derechos.
“Esta ceremonia de investidura marca el inicio de una nueva era peligrosa e incierta para Estados Unidos”, expresó Kenneth Roth, director ejecutivo de Human Rights Watch. “Incluso si el Presidente Trump lleva a la práctica apenas el diez por ciento de sus propuestas de campaña más conflictivas, esto supondrá un retroceso enorme para los derechos humanos en el país y en el exterior. Son ahora los funcionarios electos y el público quienes deberán exigir respeto por los derechos que el presidente electo parece tener en la mira”.
Durante su campaña presidencial como en el proceso de elección, Trump se ha manifestado a favor de políticas que menoscabarían los derechos de millones de personas, desde los inmigrantes que ha anunciado que deportará en masa, hasta las mujeres cuyos derechos reproductivos ha prometido limitar a través de los jueces que nombre. En varias ocasiones ha apoyado públicamente la tortura y las ejecuciones selectivas e ilegales de civiles en el extranjero. Dijo que pondría fin a la liberación de hombres en el centro de detención de Bahía de Guantánamo y que “lo llenaría de tipos malos”. La persona propuesta por Trump para desempeñarse como Fiscal General, Jeff Sessions, tiene extensos antecedentes de hostilidad y desprecio hacia las mismas herramientas de reconocimiento de los derechos civiles que el Departamento de Justicia de EE. UU. debe emplear para garantizar derechos.
La posición de Trump en política exterior parece propugnar una colaboración estrecha en diversas áreas con gobiernos represivos, sin tomar en cuenta la precaria situación de los derechos humanos en estos países. Durante su audiencia de confirmación, Rex Tillerson, el candidato propuesto por Trump como Secretario de Estado, se negó a reconocer las violaciones de derechos en Rusia, Arabia Saudita y Filipinas, a pesar de la abundante documentación sobre los abusos recabada por distintas fuentes, incluido el gobierno de EE. UU.
Además de todas estas consideraciones, hay motivos de peso para temer que el gobierno de Trump intentará reducir al mínimo el escrutinio de sus actos. Trump y sus asesores han insultado y desacreditado a sus críticos en forma periódica y totalmente pública. Existen señalamientos de que su equipo está considerando la posibilidad de restringir el acceso de los medios de comunicación a la Casa Blanca. Y es sabido que Trump ha expresado que le gustaría debilitar las leyes sobre difamación para facilitar las demandas a periodistas.
“Al avasallar los derechos de millones de personas en EE. UU. y el extranjero, las propuestas de Trump, en caso de ser aprobadas, debilitarían los derechos de todos”, manifestó Roth. “Los funcionarios electos y el público en general deberían repudiar propuestas y políticas que menoscaben derechos, y exigir un gobierno que los proteja”.
