El 2 de noviembre, el Senado chileno adoptó una resolución que insta al gobierno a apoyar las gestiones del Vaticano para mediar en la crisis de Venezuela y, muy importante, a convocar una sesión especial del Consejo Permanente de la OEA para evaluar si el gobierno venezolano cumple con la Carta Democrática Interamericana.

Esta estrategia dual tiene sentido porque el diálogo entre gobierno y oposición en Venezuela no es una conversación entre iguales De un lado, encontramos un régimen cívico-militar que ha abusado del poder y reprimido a sus opositores, y del otro, una oposición política asediada, cuyo control del poder legislativo se ha tornado prácticamente irrelevante debido a los exitosos esfuerzos del gobierno para despojar al Congreso de sus atribuciones. Sin una firme presión internacional —que incluya un seguimiento atento y constante por parte de la OEA a través del proceso de la Carta Democrática—, el gobierno de Nicolás Maduro no va a dar marcha atrás, ni mucho menos reconocer su responsabilidad en la represión ni poner fin a la crisis política, económica y social que está enfrentando Venezuela.

Estos dos pasos—apoyar el diálogo y simultáneamente presionar al régimen de Maduro—son indispensables y complementarios, y podrían, además, lograr resultados concretos. Uno de ellos debería ser la liberación inmediata de Braulio Jatar—periodista chileno-venezolano arbitrariamente detenido hace más de dos meses—, tal como ha ocurrido en días recientes con un puñado de presos políticos.

Como sabemos, Jatar, director del medio digital independiente Reporte Confidencial, fue detenido el 3 de septiembre tras divulgar el video del cacerolazo espontáneo contra Maduro en Villa Rosa, Isla de Margarita, uno de los acontecimientos más vergonzosos para el régimen en los últimos años. Jatar fue interceptado por los servicios de inteligencia mientras se dirigía a su programa radial. Esa noche, mientras su familia ignoraba su paradero, agentes de inteligencia armados y encapuchados allanaron su domicilio ilegalmente.

Dos días más tarde, Jatar fue llevado ante un juez pero le permitieron ver a su abogado tan solo pocos minutos antes de la audiencia. Uno de sus abogados, quien consultó el expediente, informó a Human Rights Watch que, en un informe de los servicios de inteligencia, se acusaba a Jatar de organizar actividades de “desestabilización” previas a una reunión del Movimiento de Países No Alineados que tuvo lugar en Margarita  ese mismo mes.

La fiscalía acusó a Jatar de cometer el delito de “legitimación de capitales” —que prevé una pena de hasta 15 años de prisión— por supuestamente tener US$ 25.000 en efectivo en su automóvil. Las únicas pruebas en su contra, según sus abogados, son dos testigos citados en un informe de los servicios de inteligencia, quienes presuntamente vieron que el dinero había sido hallado en el automóvil del periodista. Los abogados señalaron que, después del testimonio inicial, no se pudo encontrar a ninguno de los dos testigos para que corroboraran sus declaraciones.

Jatar se encuentra detenido en una cárcel de máxima seguridad desde el 10 de septiembre. Sólo le han permitido un contacto mínimo con sus abogados y su familia.

La combinación de estrategias propuesta por el Senado chileno es probablemente la mejor fórmula para liberar a presos políticos y restablecer el Estado de derecho en Venezuela. El gobierno de Bachelet debería mantener la presión internacional junto con otras democracias, pero además debería, específicamente, abordar el caso del periodista Jatar, incluso solicitando al Vaticano que intervenga como mediador ante el gobierno venezolano para lograr su liberación inmediata y que se desistan de todos los cargos en su contra.

No se trata solamente de la liberación de un preso político más en Venezuela. Se trata también de proteger la libertad de expresión y de prensa, pilares fundamentales de cualquier democracia.