(Nueva York) – Las autoridades hondureñas deberían llevar a cabo una investigación oportuna, exhaustiva e imparcial del asesinato de dos activistas por los derechos a la tierra del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA), señaló hoy Human Rights Watch. El gobierno debería adoptar medidas urgentes para revertir la impunidad de los ataques contra defensores del medioambiente y del derecho a la tierra.

Indígenas exigen justicia con carteles de la activista ambiental asesinada Berta Cáceres en Tegucigalpa, el 17 de marzo de 2016. 

El 18 de octubre de 2016, varios hombres armados no identificados mataron a disparos a los activistas hondureños por el derecho a la tierra José Ángel Flores y Silmer Dionisio George, cuando se retiraban de una reunión en Tocoa, en el departamento de Colón, en la costa caribeña, según señalaron diversos medios de comunicación. Los dos activistas habían recibido medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en mayo de 2014 dispuso que el gobierno debía garantizar la seguridad de los líderes de varios movimientos campesinos en Honduras.

“Honduras tiene la obligación de asegurar que los activistas ambientales y del movimiento por la tierra puedan hacer su trabajo sin temor a sufrir represalias”, señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Cuando quedan impunes actos que parecen ser represalias violentas, se envía un preocupante mensaje de que el gobierno podría tolerar estos abusos”.

Cuando quedan impunes actos que parecen ser represalias violentas, se envía un preocupante mensaje de que el gobierno podría tolerar estos abusos

José Miguel Vivanco

Director para las Américas

Honduras es un país peligroso para activistas que defienden el medioambiente y el derecho a la tierra. La Comisión Interamericana ha instado en reiteradas oportunidades al gobierno a que proteja a personas que son objeto de intimidación o amenazas de muerte debido al trabajo que realizan como defensores ambientales.

Flores era presidente de MUCA, una organización que trabaja en temas de derecho a la tierra y ha planteado acciones legales en representación de campesinos en la región conocida como Bajo Aguán. Los campesinos afirman que, en los últimos 20 años, miles de hectáreas de tierras han sido transferidas ilegalmente a grandes empresas que producen aceite de palma para su exportación como biocombustible. MUCA también ha ocupado tierras que, según sostiene, habían sido quitadas ilegalmente a los campesinos.

La Policía Nacional de Honduras indicó dos días después de los asesinatos que estaba investigando lo sucedido, y que las primeras indagaciones sugerían posibles conflictos internos en MUCA que involucraban a Flores. No obstante, un ex presidente de MUCA, Joni Rivas, dijo a periodistas que la organización ha denunciado durante años las actividades de un escuadrón de la muerte que, según aseveran, opera en Bajo Aguán. Rivas señaló que él y otros miembros de MUCA creen que detrás del asesinato de activistas estuvieron estos operativos paramilitares.

Si bien es demasiado pronto para juzgar la respuesta del gobierno, las autoridades no han investigado adecuadamente otros casos de violencia contra activistas. En un informe de 2015 sobre derechos humanos en Honduras, que describe decenas de casos de ataques, amenazas y hostigamiento contra defensores de derechos humanos, la Comisión Interamericana concluyó que la “falta de respuesta judicial” había “propiciado un clima adverso” para su labor. La comisión ha señalado que la impunidad repercute de manera grave y directa en el trabajo de los defensores.

En un caso reciente, Berta Cáceres, coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), fue asesinada en marzo de 2016 por hombres armados que irrumpieron en su vivienda en La Esperanza, en el departamento de Intibuca. Cáceres pertenecía a la comunidad indígena lenca y encabezó una campaña contra la construcción de la represa Agua Zarca en el río Gualcarque. Había denunciado 33 amenazas contra su vida, y la Comisión Interamericana había instado al gobierno a que interviniera para protegerla. La Policía no investigó ninguna de estas amenazas contra Cáceres.

En mayo, las autoridades detuvieron a cinco hombres por su presunta participación en el homicidio de Cáceres, incluido un mayor del Ejército y el gerente de asuntos sociales y ambientales de la empresa contratada para la construcción de la represa Agua Zarca. La fiscalía sostuvo que el asesinato formaba parte de una confabulación con la empresa. En septiembre, se detuvo a una sexta persona presuntamente implicada. El expediente —que, según indicaron medios de prensa locales, contenía pruebas contra varios sospechosos— fue robado del automóvil de un juez el 29 de septiembre. Si bien la Corte Suprema de Justicia anunció que conserva copias del expediente, el modo en que el gobierno ha manejado el caso ha sido fuertemente criticado.

Conforme al derecho internacional, los gobiernos están obligados a asegurar que los defensores de derechos humanos puedan desarrollar sus actividades sin que medien represalias, amenazas, intimidación, acoso, discriminación u obstáculos legales innecesarios. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha determinado que el respeto de los derechos humanos en un estado democrático depende, en gran parte, de que los defensores de derechos humanos gocen de “garantías efectivas y adecuadas”, que les permitan realizar libremente sus actividades.