Numerosos líderes del mundo—incluido el Presidente Macri— se reunieron esta semana en Cartagena, Colombia, para presenciar la firma del acuerdo de paz con las FARC que, según las encuestas, la mayoría de los ciudadanos aprobarían este domingo en un plebiscito.
Tanto a los colombianos como a los líderes de la comunidad internacional no les faltan motivos para celebrar: luego de cuatro años de conversaciones de paz en Cuba, las partes han llegado a un acuerdo que ofrece una oportunidad histórica de limitar los abusos en un país donde el conflicto armado le ha costado la vida a decenas de miles de civiles. Pero, lamentablemente, el componente de justicia del acuerdo, en sus términos actuales, promueve la impunidad y, con ello, pone en riesgo las posibilidades de una paz genuina.
Miles de víctimas han sufrido atrocidades sistemáticas por parte de miembros de las FARC. Las guerrillas han asesinado a civiles, secuestrado masivamente, cometido desapariciones, participado en actos de violencia sexual generalizada, reclutado a menores y sometido a combatientes a tratos crueles e inhumanos.
Conforme al componente de justicia del acuerdo, los combatientes de la guerrilla responsables de estos y otros abusos —incluidos crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad— podrán evitar cumplir siquiera un solo día en prisión. En lugar de ello, quienes confiesen sus delitos quedarán sujetos a restricciones breves y modestas de ciertos derechos —como el derecho de movimiento— y deberán trabajar en proyectos de servicio a la comunidad.
El Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, defiende el acuerdo con el argumento de que “una justicia perfecta no permite la paz”. Tiene razón: nadie puede esperar que guerrilleros responsables de gravísimos abusos estén dispuestos a dejar las armas y pasar el resto de sus días en prisión. En lugar de sostener que se trata de un acuerdo “perfecto”, el gobierno de Santos argumenta que el acuerdo “logra el máximo de justicia posible”. Ello es difícil de creer.
Los beneficios de impunidad otorgados a las guerrillas también favorecerán a miembros de las fuerzas armadas responsables de hechos atroces. Ninguna persona razonable puede sostener que esta renuncia a la justicia es necesaria para alcanzar la paz con las guerrillas.
Es probable que el acuerdo beneficie a numerosos miembros del Ejército colombiano responsables de miles de casos de “falsos positivos” cometidos entre 2002 y 2008 durante el gobierno de Álvaro Uribe. Presionados por sus superiores para mostrar resultados “positivos”, soldados y oficiales, a lo largo de Colombia, engañaban a jóvenes con falsas promesas de trabajo y los ejecutaban a sangre fría para reportarlos luego como combatientes muertos en enfrentamientos.
Human Rights Watch ha presentado evidencia de que muchos generales activos y retirados del Ejército podrían tener responsabilidad penal por estos delitos, incluido el actual comandante general de las Fuerzas Militares colombianas, Juan Pablo Rodríguez Barragán. Entre 2007 y 2009, Rodríguez Barragán comandó una brigada presuntamente responsable de haber asesinado a decenas de civiles. Sin embargo, el acuerdo negociado en La Habana podría permitir que él y otros generales eviten rendir cuentas por sus actos gracias a una definición engañosa de “responsabilidad de mando” —un principio clave del derecho internacional— que podría hacer más difícil que los generales del Ejército y comandantes de las FARC sean sancionados por los crímenes cometidos por sus subalternos.
El acuerdo también podría favorecer a comandantes de organizaciones paramilitares de derecha responsables de numerosas atrocidades. Algunos de ellos se desmovilizaron hace una década, y aceptaron un trato para cumplir hasta ocho años de prisión, conforme a una ley que les prometía que recibirían cualquier beneficio que se le concediera en el futuro a otros grupos armados ilegales, como las FARC.
Nuestra experiencia en Colombia muestra que los ciclos de violencia y abusos por todas las facciones se perpetua por la certeza que tienen los responsables que nunca serán castigados por sus crímenes. Gracias a este débil acuerdo de justicia, subsiste el riesgo de que vuelvan a ocurrir graves violaciones de derechos humanos en Colombia.
Sobran los motivos para que los líderes de la comunidad internacional celebren el fin de un conflicto armado de más de 50 años con las FARC. Pero luego del festejo, deberían presionar al Presidente Santos para que garantice que la legislación de implementación limite y corrija las enormes deficiencias que en materia de justicia contiene el acuerdo. Recién entonces habrán respaldado a Colombia en su promesa de una paz genuina.
