Washington, D.C., 23 de septiembre de 2016
Dr. Juan Manuel Santos
Presidente de la República de Colombia
Presidencia de la República
Palacio de Nariño
Bogotá – COLOMBIA

 

De mi mayor consideración:

Tengo el honor de dirigirme a S.E. para expresarle mi más sincero agradecimiento por su invitación a asistir a la ceremonia de la firma del acuerdo de paz alcanzado entre su gobierno y las FARC.  Lamento profundamente no poder asistir a dicho evento.

Habría sido un gran honor poder presenciar una ceremonia de enorme importancia para el futuro de Colombia. La firma del acuerdo de paz debería significar el fin de un sangriento capítulo de conflicto armado y representar una extraordinaria oportunidad para la vigencia de los derechos fundamentales en el país.

Como S.E. sabe, la organización a la que pertenezco y quien le escribe hemos tenido –y seguimos teniendo—serias reservas sobre el componente de justicia de este proceso de paz, así como de la extensión de los beneficios acordados en La Habana a agentes del estado responsables de atrocidades.

Por ello, quisiera aprovechar esta misiva para instar a S.E. a que la legislación de implementación que se presentará en el Congreso, luego de la aprobación del plebiscito del 2 de octubre, busque limitar los defectos del acuerdo de justicia alcanzado el 15 de diciembre pasado. También esperamos que la Corte Constitucional, que ha cumplido un rol central en la salvaguarda de derechos y libertades, corrija los principales defectos del acuerdo de justicia.

Por ejemplo, creemos que resulta de la mayor importancia que se establezca que la definición del principio de responsabilidad de mando contenida en el acuerdo debe reflejar la definición aceptada en el derecho internacional y que se corrijan las numerosas ambigüedades que privan de fuerza a las llamadas “restricciones efectivas a la libertad”. Esto sin perjuicio de que Human Rights Watch seguirá abogando para que los responsables de los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado reciban un castigo genuino, incluidas penas privativas de la libertad.

En el mismo sentido, resulta importante que la legislación de implementación establezca de forma clara que criminales de guerra y de lesa humanidad no podrán participar en política o ejercer cargos públicos, por lo menos, hasta que hayan cumplido las sanciones impuestas por la Jurisdicción Especial para la Paz.

También tenemos numerosas preocupaciones sobre el Acuerdo Especial del 19 de agosto pasado y, en particular, sobre el contenido allí propuesto para la “Ley de Amnistía, Indulto y Tratamientos Penales Especiales”. Consideramos que dicho proyecto de ley contiene serias inconsistencias que podrían utilizarse para limitar indebidamente la rendición de cuentas de responsables de graves abusos. Sobre este particular, le enviaremos una comunicación próximamente a su gobierno, con la esperanza de que dichos aspectos puedan ser corregidos por la Comisión de Implementación o durante el debate legislativo del proyecto de ley. 

Sr. Presidente, nuestras críticas reflejan un profundo interés porque el país logre una paz genuina fundada en los derechos de las víctimas, un anhelo que une a Colombia y a la comunidad internacional.

Aprovecho la ocasión para expresarle a S.E. los sentimientos de mi más alta consideración y estima.

 

José Miguel Vivanco
Human Rights Watch

 

CC:

Dr. Humberto de la Calle, Jefe de la Delegación del Gobierno Nacional en la Mesa de Conversaciones en La Habana.