Milagro Sala, una conocida líder social de la provincia de Jujuy, fue detenida el 16 de enero por participar en protestas pacíficas en la vía pública en el centro de San Salvador de Jujuy, la capital provincial. Sala y otros manifestantes se habían reunido para expresar su repudio a un decreto dictado por el gobernador de Jujuy que pretende regular organizaciones que, como la liderada por Sala, ejecutan programas de vivienda y bienestar social financiadas con fondos públicos. Entre otros reclamos, los manifestantes pedían al gobierno provincial que preservara miles de puestos de trabajo que habían sido creados por la organización de Sala y otras agrupaciones durante el gobierno anterior. Por este hecho, Sala cumple actualmente prisión preventiva por delitos que conllevan en total penas de hasta 10 años de cárcel.
Una fiscal de Jujuy acusó a Sala de "instigación a cometer delitos" y sedición, un delito que usualmente implica instigar a la insurrección violenta contra la autoridad pública, pero que el Código Penal argentino define de modo amplio como "alzar[se] públicamente para impedir la ejecución de las leyes nacionales o provinciales o de las resoluciones de los funcionarios públicos nacionales o provinciales".
Según consta en documentos judiciales, se acusa a Sala de "gesticulaciones y arengas" para instar a otros a "suscitar el acampe" y "obstaculizar" el tránsito, provocando una "alteración del orden público" y "conllevando con sus conductas la alarma colectiva de la población". La fiscalía no sostiene que se hayan producido incidentes violentos durante las protestas.
Además, Sala está siendo investigada penalmente en otras causas por presuntas amenazas contra funcionarios públicos. Y, después de su detención, el gobernador y otras personas han acusado a Sala de corrupción en relación con programas sociales financiados por el gobierno y gestionados por Tupac Amaru, la poderosa organización local que dirige Sala.
Los señalamientos creíbles de que Sala u otras personas podrían haber cometido ilícitos deben ser investigados adecuadamente. Sin embargo, acusar por sedición a quienes simplemente participan en manifestaciones públicas pacíficas (incluso si fueran ilegales) supone una actitud persecutoria que cercena la libertad de expresión. Ninguno de los señalamientos contra Sala, aun si fueran ciertos, constituye "sedición" conforme con ninguna definición legítima de este delito.
Los delitos como el de sedición implican una amenaza para derechos fundamentales, ya que si se definen o se interpretan en un sentido amplio, pueden convertirse en herramientas para que los gobiernos criminalicen el ejercicio de la libertad de expresión o castiguen desproporcionadamente por infracciones de poca gravedad a quienes los critican. El Marco Jurídico Interamericano sobre el Derecho a la Libertad de Expresión ha reconocido explícitamente que las "normas vagas, ambiguas, amplias o abiertas, por su simple existencia, disuaden la emisión de informaciones y opiniones por miedo a sanciones, y pueden llevar a interpretaciones judiciales amplias que restringen indebidamente la libertad de expresión".
El presidente Mauricio Macri ha declarado que el proceso contra Sala está en manos de tribunales provinciales independientes y que su gobierno respetará la libertad de expresión. Sin embargo, el gobierno federal podría hacer más que eso: debería intentar modificar y limitar el artículo sobre sedición del Código Penal, para asegurar que no pueda ser invocado para limitar la libertad de expresión o castigar injustamente a quienes son críticos.
