(Washington) – El Grupo del Banco Mundial ha hecho muy poco para disuadir o evitar que los gobiernos intimiden a los detractores de los proyectos que financia y supervisar las represalias, dijo Human Rights Watch en un informe publicado hoy.
El informe de 144 páginas, “At Your Own Risk: Reprisals against Critics of World Bank Group Projects” (“Bajo su propia responsabilidad: Represalias contra detractores de proyectos del Banco Mundial”), describe cómo gobiernos y compañías poderosas han amenazado, intimidado y abusado de las leyes penales contra miembros de la comunidad que han expresado abiertamente sus críticas ya que se verían desplazados o presuntamente perjudicados por los proyectos que financian el Banco Mundial y su brazo de créditos al sector privado, la Corporación Financiera Internacional (IFC por sus siglas en inglés). El Banco Mundial y la IFC no han tomado las medidas adecuadas para ayudar a crear un entorno seguro en el que las personas puedan expresar sus preocupaciones o críticas sobre proyectos financiados por el Grupo del Banco sin temor a represalias, concluyó Human Rights Watch.
“El Banco Mundial lleva mucho tiempo asegurando que la participación pública y la rendición de cuentas son claves para el éxito de las iniciativas de desarrollo que financia”, señaló Jessica Evans, investigadora sénior sobre instituciones financieras internacionales de Human Rights Watch. “Pero el reiterado fracaso del Banco Mundial para hacer frente a la intimidación y el hostigamiento de las personas que critican sus proyectos amenazan con convertir esos principios en una farsa”.
Human Rights Watch halló que personas que habían criticado públicamente proyectos financiados por el Banco Mundial y la IFC afrontaron amenazas, acoso y denuncias penales sin fundamento en Camboya, India, Uganda y Uzbekistán, entre otros. Cuando se han producido represalias, el Grupo del Banco Mundial en gran medida ha abandonado a las víctimas a su propia suerte, prefiriendo el silencio o la “diplomacia silenciosa” a la respuesta inmediata, pública y enérgica que podría marcar una diferencia real. A pesar de que con frecuencia sus opiniones constituyen graves riesgos, los miembros de la comunidad afectados en numerosos países se han pronunciado abiertamente sobre los problemas que ven en los proyectos respaldados por el Banco
En el norte de India, Sita (no es su nombre real), de 30 años, describió cómo los empleados de una compañía encargada de construir una represa hidroeléctrica se burlaron públicamente de miembros de la comunidad que se manifestaron en contra del proyecto, llamándoles “prostitutas”, insultando despiadadamente sus castas y amenazándoles con “graves” consecuencias si continuaban con la protesta.
En Uganda, el personal de Uganda Land Alliance y un periodista, que estaban colaborando para tratar de documentar y acabar con los desahucios forzados ligados a un proyecto de la IFC, aseguraron haber recibido amenazas, incluyendo de muerte. El gobierno también exigió una disculpa pública al presidente y amenazó con cancelar el registro de Uganda Land Alliance a menos que retirase su informe documentando los desalojos.
En los últimos años, cada vez más gobiernos han emprendido campañas amplias y a veces incluso brutales para eliminar el espacio para los grupos independientes. Algunos gobiernos han respondido con ira a las críticas a proyectos desarrollados con su respaldo, refiriéndose a aquellos que se oponen abiertamente a sus proyectos como “antidesarrollo” o traidores de los intereses nacionales. Estas medidas abusivas pueden impedir que las personas participen en decisiones sobre el desarrollo, se opongan públicamente a las iniciativas que pueden dañar sus medios de subsistencia o violar sus derechos, y que se quejen de las iniciativas de desarrollo que sean ineficaces, nocivas o que hayan fracasado.
El Grupo del Banco Mundial generalmente tiene acceso de alto nivel a los gobiernos a los que apoya y podría ejercer presión para impulsarlos a tolerar puntos de vista divergentes y aceptar las críticas sobre proyectos de desarrollo como algo valioso en lugar de tomar medidas contra las voces disidentes. Sin embargo, generalmente ha tratado de evitar las conversaciones difíciles con los gobiernos aliados, descubrió Human Rights Watch. El banco ni siquiera se ha pronunciado con determinación cuando las comunidades afectadas tratan de usar sus propios mecanismos de denuncia. En un país el gobierno arrestó a un intérprete contratado por el mecanismo interno de denuncias del banco para investigar las quejas de la comunidad sobre un gran proyecto de desarrollo, sin embargo el banco no tomó una posición firme al respecto por lo que la persona sigue en la cárcel.
El Grupo del Banco Mundial debería fijar términos claros para los gobiernos y compañías con los que trabaja para prohibir los abusos contra sus detractores. Human Rights Watch informó al Banco Mundial y a la IFC sobre su investigación y les preguntó qué estaban haciendo para prevenir y responder a las represalias. Sin embargo, el Banco Mundial no ha respondido a sus preguntas; en su lugar, ha insistido en que “no es un tribunal de derechos humanos”.
Los mecanismos independientes e internos de reclamación del Banco Mundial –el Panel de Inspección— y la IFC –Oficina del Asesor en Cumplimiento Ombudsman (CAO por sus siglas en inglés)— han reconocido el riesgo real de las represalias contra los detractores, pero ninguno de los dos ha establecido prácticas sistemáticas para identificar los riesgos de represalias ni para combatirlos. Después de recibir el informe de Human Rights Watch, el Panel de Inspección ha anunciado que está redactando unas directrices sobre cómo responder a denuncias de represalias, y la CAO ha prometido que evaluará las recomendaciones de Human Rights Watch.
“La disposición del Panel de Inspección y la Oficina del Asesor en Cumplimiento Ombudsman para hacer frente a los riesgos de represalias y mejorar sus sistemas es una buena señal”, apuntó Evans. “La dirección del Banco Mundial debería seguir el ejemplo de sus mecanismos de reclamación y tomarse en serio el problema de las represalias”.
En muchos países, las represalias ocurren dentro de una campaña más amplia del gobierno para demonizar a los detractores presentándolos como antipatriotas o antidesarrollo. El Banco Mundial debería contrarrestar de manera rutinaria este discurso recordando a los gobiernos y empresas aliadas que la crítica de las actividades financiadas por el Grupo del Banco Mundial constituye un elemento importante para mejorar y abordar el impacto de las iniciativas de desarrollo, dijo Human Rights Watch. El Banco también debería dejar claro a gobiernos asociados que se opondrá pública y enérgicamente a las represalias contra los detractores y demás personas involucradas de alguna manera en estas actividades.
El presidente del Grupo del Banco Mundial, Jim Yong Kim, y la junta directiva del grupo deberían establecer el tono para la organización y enviar un mensaje a todo el personal que deje claro que se espera que trabajen con diligencia para prevenir y responder a las amenazas, la intimidación y el resto de represalias ligadas a las actividades del grupo. Los países miembros del grupo también deberían asegurarse de que los miembros de la junta reafirmen sus compromisos de derechos humanos y que estos compromisos guíen las decisiones y las comunicaciones con la dirección del grupo con respecto a las represalias.
“El Grupo del Banco Mundial no ha desarrollado una práctica consistente para identificar y responder a las represalias”, dijo Evans. “El presidente Kim debería asumir un papel de liderazgo en la creación de un entorno en el que las personas pueden compartir libremente sus puntos de vista, especialmente las críticas, con respecto a las inversiones del banco, sin temor a represalias”.
Selección de testimonios
“No seas demasiado agresivo en tu incidencia o acabarás en la cárcel”, le dijo supuestamente un funcionario a un miembro de la comunidad en la aldea de Khanat Tom, en la comuna de Ta Lao , en Camboya, que había presentado una queja ante la CAO. “Tenía miedo pero sentí que tenía que seguir adelante porque estaba haciendo lo correcto”.
– Miembro de la comunidad, Camboya
“El Banco Mundial al menos debería enviar a alguien a verme y mostrarme su apoyo. Debería hacer lo posible para presionar al gobierno camboyano para que me ponga en libertad, ya que ha sido por un proyecto del Banco Mundial que he acabado en la cárcel”.
– Yorm Bopha, una activista comunitaria del lago Boeung Kak que fue condenada a partir de cargos falsos después de protestar por la detención de 15 miembros de su comunidad, en declaraciones desde la cárcel. Bopha estuvo en la cárcel más de un año.
“Siento como si viviera en un fuego. Me están quemando vivo. ¿Pero qué puedo hacer? No tengo miedo. Haré lo que tenga que hacer”.
– Un intérprete del Panel de Inspección días antes de que fuera arrestado, justo dos semanas después de que el Panel concluyera su caso. El intérprete sigue encarcelado sin cargos.
“Esa noche en que mi hijo se resistió, [el contratista] agarró a mi hijo por el cuello y lo amenazó. Le dijo: ‘Si hablas demasiado, te daré una paliza…’ Cada día [representantes de la compañía] nos amenazan y nos dicen que nos vayamos porque si no, nos pegarán. Tengo miedo. Vivo sola… Me preocupo por mi seguridad”.
– Radha, miembro de la comunidad que será desplazada para dar paso a un proyecto hidroeléctrico financiado por el Banco Mundial en el norte de India.
“Representantes [de la compañía] han amenazado con matarnos. Estamos sufriendo una vida de terror… Le pedimos que suspenda inmediatamente la financiación de un proyecto y que salve nuestras vidas”.
– Carta de los miembros de una comunidad local afectada por un proyecto financiado por el Banco Mundial en el norte de India al director del Banco Mundial en el país, 7 de enero de 2015.
“Todavía existe el estigma. Ya no salimos con la misma fuerza. Tenemos mucho cuidado con lo que decimos. Ya no decimos nada controvertido en las reuniones. Afecta la forma en que hacemos las cosas”.
– Miembro del personal de Uganda Land Alliance, un grupo independiente cuyos empleados fueron amenazados y acosados y cuyo registro afrontó ser cancelado después de su investigación y crítica abierta contra un proyecto financiado por la IFC.
“Aquellos que retrasan los proyectos industriales son enemigos y no los queremos. Voy a declararles la guerra”.
– Yoweri Museveni, presidente de Uganda, dos días después de inaugurar las obras del proyecto de la represa de Bujagali financiado por el Banco Mundial. Human Rights Watch descubrió que las represalias tienen lugar en un entorno más amplio que califica a los detractores como “antidesarrollo”.
“Que yo sepa el Banco Mundial nunca ha hecho nada para darnos seguridad”.
– Ngat Sophat, un miembro comunitario del lago Boeung Kak, en Camboya.
“La libertad de expresión es el pilar de la transparencia y la rendición de cuentas. Allí donde se implementan proyectos del Banco Mundial, los ciudadanos deben tener una voz… El Banco Mundial debería haber hecho más para proteger la seguridad de las personas que se han pronunciado en contra de este proyecto. Es nuestra responsabilidad facilitar la voz del pueblo. No estoy al tanto de que [el Banco Mundial] haya hecho nada [de cara a las represalias contra los detractores de este proyecto]… Esto me hace pensar que cree que la libertad de expresión no es su problema”.
– Geoffrey Wokulira Ssebaggala, un defensor de derechos humanos y periodista que cubrió los desahucios forzados en Uganda ligados a un proyecto financiado por la IFC.