“¿Cuál es el significado del ‘amor que no se atreve a decir su nombre’?”, inquirió el fiscal Charles Gill durante el juicio de Oscar Wilde en Londres, en 1895. Esta pregunta todavía sigue siendo relevante, ante la proliferación de leyes en todo el mundo que, además de haber sido formuladas deliberadamente contra lesbianas, gais, bisexuales y personas transgénero (LGBT), suelen ser indiscriminadas en su aplicación, pero muy poco precisas en su definición. A lo largo de la historia, es posible ver de qué modo el lenguaje ha sido empleado para estigmatizar y perseguir las relaciones entre personas del mismo sexo.
Wilde fue detenido en un primer momento por los delitos de “sodomía” e “indecencia grave”, si bien luego fue procesado penalmente por este último. La frase hoy célebre —“el amor que no se atreve a decir su nombre”— corresponde a un poema escrito por su amante, Lord Alfred Douglas, que se publicó en 1894, un año antes de la detención de Wilde. Dos décadas antes, en 1870, el psiquiatra alemán Carl Westphal escribió el primer ensayo médico sobre el “sentimiento sexual contrario”, que el filósofo francés Michel Foucault asocia con el origen de la “homosexualidad” como categoría médica.
Los ejemplos de Wilde y Westphal personifican una criminalización y medicalización de la homosexualidad que ha dejado una huella permanente en el lenguaje jurídico, mientras que el delito de “sodomía” contiene una referencia bíblica a la historia de Sodoma y Gomorra. Para interiorizarse con la historia de la homosexualidad en el mundo occidental, es necesario estudiar expedientes policiales, archivos médicos y edictos religiosos. Históricamente, estas autodenominadas “fuentes de autoridad institucional” han pretendido definir, regular y controlar la sexualidad entre personas del mismo sexo.
Al reivindicar su derecho a expresarse por sí mismas, las personas LGBT han procurado redefinir su identidad en sus propios términos. Es por estos motivos que el lenguaje es un tema particularmente importante —y delicado— para el movimiento LGBT. Las personas LGBT se han organizado sobre la base de las mismas identidades que han sido utilizadas para sojuzgarlas a través de diagnósticos médicos, leyes y repudio social. Por ende, la terminología es un aspecto ineludible de esta lucha contra la patologización, las sanciones penales y el estigma social.
Las personas LGBT han tenido la habilidad de reapropiarse de estas invectivas para reafirmar su identidad. Por ejemplo, el término queer [marica], que en un momento fue un insulto, es ahora una afirmación; las radical faeries [hadas radicales] acogen ahora con regocijo la calificación de faeries; e incluso gay se ha desprendido de las connotaciones que tenía en el siglo XIX, que asociaban este término con inmoralidad, promiscuidad y prostitución, y actualmente es empleado sin ningún resabio de ironía en los círculos más respetados. Lo mismo puede decirse sobre otros idiomas. Por ejemplo, en Sudáfrica, las expresiones peyorativas “moffie” (afrikáans) y “stabane” (zulú), ahora son usadas con orgullo por miembros de la comunidad gay.
Es muy amplio el espectro de términos que se utilizan en derecho para hacer referencia a comportamientos sexuales entre personas del mismo sexo —tal como se observa en este mapa mundial— y esto puede causar desconcierto: el “aberrante delito de perversión sexual” [abominable crime of buggery] coexiste con otros términos de la jerga jurídica, como “sodomía”, “indecencia grave”, “libertinaje”, “pederastia”, “actos antinaturales e indecentes” y “conocimiento carnal contra natura”.
Algunos de estos términos, como “buggery” [perversión sexual], han persistido en la legislación durante casi cinco siglos. Jamaica, por ejemplo, todavía mantiene la prohibición del “delito aberrante de perversión sexual”, promulgada por primera vez en la isla en 1864. Los antecedentes de la “perversión sexual” se remontan a la Buggery Act de 1533, sancionada por el rey Enrique VIII de Inglaterra, que aplicó esta ley exitosamente contra la Iglesia católica romana. Tras promulgar la ley, no tardó en usarla para perseguir penalmente a monjes católicos y confiscar tierras del clero: es decir, fue más una estrategia de apropiación de tierras que una cruzada de tipo moral. De hecho, una característica distintiva de las “leyes sobre sodomía” contemporáneas es que suelen ser usadas con fines políticos, como estrategia para desacreditar a opositores o encarcelarlos, según quedó demostrado con el encarcelamiento en 2015 del líder opositor Anwar Ibrahim en Malasia.
Uno de los legados jurídicos del colonialismo británico es la prohibición de la sodomía, que se define como el “conocimiento carnal contra natura”, introducida en 1860 en el artículo 377 del Código Penal de la India, y posteriormente reproducida en todo el Imperio Británico. El artículo 377 tiene un antecedente en la revisión efectuada en 1837 al Código Penal, que proscribió la “lujuria antinatural” a instancias de Lord Macaulay, como parte de su concepción de una “misión civilizadora” en la India. La redacción de la norma era deliberadamente imprecisa, y Lord Macaulay señaló con respecto a los motivos de esta decisión:
[N]o tenemos intención de incorporar ni al cuerpo ni a las notas ninguna disposición que pueda suscitar algún tipo de debate público sobre este tema repulsivo, puesto que creemos, sin lugar a dudas, que el perjuicio que un debate de esa índole podría causar a la moral de la comunidad superaría ampliamente cualquier beneficio que puedan reportar tales medidas legislativas, incluso si se adoptaran con la mayor precisión.
Hasta hoy, de los 80 países que preservan el artículo 377, tienen normas similares o que proscriben el debate sobre derechos de LGBT, más de la mitad pueden retrotraer su origen a esta norma británica, que alcanzó su máxima expresión en el Código Penal de la India. Algunos jueces, como Mounir Suleiman al pronunciarse en un caso de 2007 en el Líbano, han cuestionado la aplicación de leyes “contra el orden de la naturaleza”, y han señalado al respecto que lo que se considera antinatural está estrechamente vinculado con “el espíritu de una sociedad y sus tradiciones”. Mozambique adoptó una postura similar antes de eliminar discretamente la disposición sobre “vicios contra natura” de su Código Penal revisado, en diciembre de 2014.
Las leyes sobre sodomía procuraban prohibir las relaciones sexuales sin fines de procreación, tanto entre homosexuales como heterosexuales, pero luego en 1885 se incorporó a la legislación británica el concepto de “indecencia grave” con el propósito de tipificar cualquier forma de intimidad entre hombres, ya sea en público o en privado. Incluso actualmente, las leyes sobre sodomía e indecencia grave tienen un alcance amplio, y a menudo incluyen categorías como relaciones sexuales con y sin consentimiento, bestialismo, y sexo oral y anal. Por ejemplo, se ha apelado a otras normas en apariencia inconexas, como aquellas sobre libertinaje, inmoralidad y desobediencia religiosa, para perseguir a comunidades LGBT en Egipto. Y las leyes que prohíben el travestismo son usadas para perseguir a comunidades transgénero en países como Malasia y Kuwait.
Una tendencia reciente es el intento por ampliar el alcance de estas leyes más allá de actos sexuales o tipos de conducta concretos (como el “libertinaje” y la “inmoralidad”), y prohibir la manifestación o reivindicación positiva de la identidad basada en la orientación sexual o la identidad de género. En 2013, Rusia adoptó la denominada “ley de propaganda”, que prohíbe la pretensión de equivalencia social sobre la base de relaciones sexuales “no tradicionales”. También en Nigeria, con el pretexto de prohibir los matrimonios entre personas del mismo sexo, en 2014 se promulgó una ley que criminaliza cualquier colaboración en defensa de los derechos de personas LGBT.
En algunos países, las leyes sobre sodomía continúan teniendo vigencia formal, pero en la práctica están mayormente inactivas, y son muy excepcionales los procesos penales que se inician invocando estas normas. Esto se señaló en una sentencia dictada en 2013 por la Corte Suprema de la India, que ratificó las leyes sobre sodomía. No obstante, aun si no se aplican, estas leyes tienen de todas maneras efectos perniciosos. Las personas LGBT se ven obligadas a vivir a la sombra de leyes que consideran que son delincuentes, con independencia de si son o no efectivamente detenidas por ello. A menudo las instituciones de seguridad pública emplean de manera indebida estas normas con fines de chantaje o extorsión, o con ánimo de violencia y discriminación. Estas leyes facilitan un fundamento legal para que la homofobia esté avalada por el Estado, y prestan legitimidad a actitudes sociales negativas.
Un repaso de la multiplicidad de normas que se han utilizado a lo largo de los siglos para intentar en vano reprimir el deseo, arroja luz sobre los constantes cambios en las prácticas sociales. Estas normas también han causado padecimientos indescriptibles a personas LGBT en todo el mundo.
