Victims of the 2013 Rana Plaza building collapse and their families demonstrating at the site of the disaster demanding full compensation.

© 2014 G.M.B. Akash/Panos

(Dacca) – Los trabajadores del sector de la industria indumentaria en Bangladesh enfrentan condiciones laborales precarias y tácticas antisindicales por parte de empleadores, incluidas agresiones contra quienes organizan sindicatos, señaló Human Rights Watch en un informe difundido hoy. En los dos años transcurridos desde que el 24 de abril de 2013 más de 1.100 trabajadores murieran en el colapso catastrófico de la fábrica Rana Plaza, se han implementado algunas medidas destinadas a incrementar la seguridad en fábricas de Bangladesh. Sin embargo, el gobierno y las empresas de venta minorista de Occidente pueden y deberían intensificar sus esfuerzos para que se cumplan los estándares laborales internacionales que protegen los derechos de los trabajadores, como el derecho a establecer sindicatos y exigir mejores condiciones.

“Si Bangladesh desea evitar otra catástrofe como la de Rana Plaza, debe aplicar verdaderamente su legislación laboral y garantizar que los trabajadores de la industria de la confección puedan ejercer el derecho a expresar sus reclamos en materia de seguridad y condiciones laborales, sin temor a represalias o despidos”, observó Phil Robertson, subdirector para Asia de Human Rights Watch. “Si Bangladesh no exige que los encargados de talleres que agreden a trabajadores y niegan el derecho a formar sindicatos rindan cuentas, el gobierno perpetuará las prácticas que se han cobrado la vida de miles de trabajadores”.

El informe de 78 páginas, ‘“Whoever Raises Their Head, Suffers the Most’: Workers’ Rights in Bangladesh’s Garment Factories” [Quienes se resistan serán los que más sufran: Derechos de los trabajadores en las fábricas de indumentaria de Bangladesh], se elaboró a partir de entrevistas mantenidas con más de 160 trabajadores de 44 fábricas, que en su mayoría confeccionan prendas para empresas de venta minorista de América del Norte, Europa y Australia. Los trabajadores informan abusos como agresiones físicas, maltrato verbal (a veces de tipo sexual), horas extras obligatorias, negación del pago de licencias por maternidad, y falta de pago de salarios y bonificaciones en tiempo y forma. A pesar de las reformas laborales implementadas recientemente, numerosos trabajadores que intentan formar sindicatos para abordar estos abusos enfrentan amenazas, intimidación, despidos y, a veces, agresiones físicas por parte de jefes de estas fábricas o terceros contratados.

Human Rights Watch instó al gobierno de Bangladesh, propietarios de fábricas y empresas de venta minorista de Occidente a asegurar que se respeten los derechos de trabajadores y acabar con la persecución ilegal de dirigentes sindicales por propietarios de fábricas y supervisores.

En Rana Plaza, los encargados de los talleres obligaron a los trabajadores a ingresar al edificio, pese a su reticencia ante las importantes rajaduras que se observaban en las paredes del complejo. En la fábrica Tazreen, donde un incendio provocó la muerte de al menos 112 trabajadores el 24 de noviembre de 2012, los encargados no permitieron que el personal pudiera escapar, incluso después de que se activaron las alarmas. Ninguna de las fábricas afectadas contaba con un sindicato que representara a los trabajadores y que pudiera oponer resistencia a las presiones fatales de los encargados.

Si bien se produjeron algunas reformas de leyes laborales desde los sucesos en Rana Plaza, incluidas disposiciones que simplifican el proceso de inscripción de sindicatos y que han facilitado la constitución de nuevos sindicatos, todavía son menos del 10 por ciento las fábricas de indumentaria de Bangladesh donde existen organizaciones sindicales. Diversos dirigentes sindicales dijeron a Human Rights Watch que continúan siendo perseguidos por los gerentes de estas fábricas, y que están expuestos a abusos de encargados y supervisores, o de matones que actúan en representación de estos. En algunas fábricas, se ha despedido a trabajadores por impulsar la formación de sindicatos. Propietarios y administradores de fábricas rechazan estos señalamientos. Un funcionario de la Asociación de Fabricantes y Exportadores de Indumentaria de Bangladesh (Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association, BGMEA) dijo a Human Rights Watch: “Tenemos malas experiencias con los sindicatos. Creen que no tienen que trabajar y que cobrarán de todos modos”.

Los trabajadores siguen enfrentando habitualmente maltratos y condiciones laborales precarias en las fábricas, como abuso físico y verbal, horas extras obligatorias, negación de licencias remuneradas por maternidad, falta de pago de salarios y bonificaciones en tiempo y forma, presiones para que no tomen recesos para usar los lavabos, y provisión de agua sucia no potable. La gran mayoría de los trabajadores de indumentaria son mujeres, mientras que los supervisores y encargados son principalmente hombres, y a veces los abusos verbales contra las trabajadoras son de tono sexual.

Una líder sindical de una fábrica en Gazipur señaló que, cuando ella y otras trabajadoras intentaron conformar un sindicato en enero de 2014, fueron agredidas brutalmente y se despidió a numerosos empleados. Contó que fue golpeada mientras estaba embarazada, obligada a trabajar durante la noche y finalmente despedida, sin recibir los salarios que se le adeudaban, todo por haberse negado a renunciar a las pretensiones de sindicación. “Me golpearon con rieles de cortinas metálicos en febrero, mientras estaba embarazada. Me citaron para que me presentara en la sala del presidente y me llevaron a la sala gerencial en el tercer piso, que utilizan los gerentes y directores, y una vez allí unos matones locales me dieron una paliza”.

“El gobierno de Bangladesh y las empresas de venta minorista deben asegurarse de que los propietarios y responsables de fábricas comiencen a respetar los derechos de los trabajadores, y las autoridades deben exigir que quienes violan los derechos laborales rindan cuentas por sus acciones”, sostuvo Robertson. “Evidentemente, no basta con controlar tan solo la seguridad en las fábricas. Los sucesos trágicos ocurridos recientemente en fábricas de Bangladesh demuestran que hay una relación entre las condiciones laborales riesgosas y la negación de derechos de los trabajadores, incluido el derecho a formar sindicatos que podrían ayudarlos a negociar en forma colectiva condiciones de mayor seguridad”.

La responsabilidad principal de proteger los derechos de los trabajadores corresponde al gobierno de Bangladesh. Desde la catástrofe de Rana Plaza, el gobierno ha dado pasos para fortalecer la Dirección de Inspección de Fábricas y Establecimientos, que se ocupa de supervisar la seguridad en el lugar de trabajo y el cumplimiento de reglamentaciones, y ha contratado a más inspectores. Pero Human Rights Watch comprobó que aún queda mucho por hacer para fortalecer la capacidad del Ministerio de Trabajo y Empleo de investigar y juzgar eficazmente prácticas laborales injustas, incluidos casos de discriminación antisindical, intimidación y persecución, así como asegurar que los inspectores observen rigurosamente la ley.

Por ejemplo, en una fábrica en Dacca, líderes sindicales femeninas enfrentaron amenazas, abusos y un aumento drástico del volumen de trabajo exigido luego de haber presentado documentación para inscribir sindicatos. En entrevistas con Human Rights Watch, seis mujeres que participaron en la creación del sindicato dijeron que habían sido hostigadas por intentar registrar la organización, y una incluso manifestó haber recibido amenazas en su vivienda: “Cuando presenté los formularios de registro, unos mafiosos locales se presentaron en mi casa y me amenazaron. Me advirtieron: ‘Si se acerca a la fábrica, le quebraremos las manos y las piernas’”. De manera similar, trabajadores de otra fábrica nos dijeron que algunos sindicalistas se habían visto obligados a irse de sus viviendas tras recibir amenazas al presentar la documentación para el registro de un sindicato, en 2014.

Numerosas marcas internacionales y empresas de venta minorista de vestimenta han adoptado códigos de conducta que exigen a sus proveedores respetar el derecho a la libertad sindical y la negociación colectiva, y algunos gerentes de empresas han aseverado que cumplen con estos códigos. Sin embargo, a pesar de estas medidas, diversos trabajadores de fábricas señalaron a Human Rights Watch que muchos abusos y violaciones simplemente no son vistos o son ignorados deliberadamente por los veedores que inspeccionan las fábricas en representación de compradores.

Los propietarios de fábricas y las empresas que compran sus productos tienen la responsabilidad de impedir que ocurran violaciones de derechos humanos en los talleres de indumentaria, indicó Human Rights Watch. Las empresas deberían adoptar medidas concretas para identificar y mitigar riesgos para los derechos humanos, así como acciones correctivas cuando haya abusos. Como se señala en los Principios Rectores de la ONU sobre las Empresas y los Derechos Humanos, las empresas deberían tratar “de prevenir o mitigar las consecuencias negativas sobre los derechos humanos directamente relacionadas con operaciones, productos o servicios prestados por sus relaciones comerciales, incluso cuando no hayan contribuido a generarlos”.

Bangladesh también ha ratificado los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre libertad sindical y negociación colectiva, y tiene la obligación de proteger los derechos consagrados en estos. Sin embargo, hasta la fecha las leyes laborales de Bangladesh no cumplen plenamente con estos estándares.

El gobierno de Bangladesh debería llevar a cabo investigaciones efectivas e imparciales de todas las denuncias de maltrato planteadas por trabajadores, incluidas golpizas, amenazas y otros abusos, y juzgar penalmente a los responsables, expresó Human Rights Watch.

Las empresas que compran productos a fábricas de Bangladesh deberían actuar inmediatamente para asegurar que las inspecciones de fábricas llevadas a cabo en su representación o con su aval garanticen eficazmente que las fábricas que les proveen productos cumplan con los códigos de conducta que tales empresas han adoptado y con la legislación laboral de Bangladesh. Se deberían reconsiderar diversas auditorías e inspecciones llevadas a cabo por empresas internacionales de vestimenta o en representación de estas, a fin de garantizar que sirvan en la práctica para detectar e investigar la actuación y las prácticas de responsables de fábricas, que niegan los derechos de los trabajadores a la libertad de asociación y a no sufrir discriminación antisindical. Las empresas internacionales y los minoristas de vestimenta deberían además aceptar condiciones que garanticen la transparencia de la cadena de suministro y divulgar de manera periódica y pública cuáles son las fábricas en Bangladesh de las cuales obtienen productos.

El informe de Human Rights Watch examina además los sucesos posteriores a las tragedias de Rana Plaza y Tazreen. Se están implementando tres iniciativas distintas de inspección de fábricas con fines de seguridad, impulsadas por el Acuerdo en Materia de Incendios y Seguridad Edilicia, la Alianza para la Seguridad de los Trabajadores de Bangladesh y por inspectores gubernamentales, con respaldo de la OIT.

No obstante, es necesario adoptar mayores medidas para apoyar adecuadamente a las víctimas del colapso de Rana Plaza y el incendio con consecuencias fatales en la fábrica Tazreen Fashions. Diversos sobrevivientes dijeron a Human Rights Watch que la indemnización que han recibido hasta ahora no es suficiente para solventar sus gastos médicos y compensar la pérdida de medios de subsistencia. Una comisión independiente ha estimado que deben pagarse USD 30 millones a los sobrevivientes de Rana Plaza y a los dependientes de quienes murieron en el incidente, pero que apenas se habían pagado cerca de USD 21 millones hasta marzo de 2015. Para las víctimas del incendio de Tazreen, la situación es mucho más grave cuando no hay una campaña sostenida de indemnización, como en el caso del derrumbe de Rana Plaza. En noviembre de 2014, los almacenes europeos C&A se comprometieron a aportar “una cantidad sustancial destinada a una indemnización plena y justa” para las víctimas de Tazreen, y la empresa Li & Fung, con sede en Hong-Kong, efectuó una donación para ayudar a las víctimas poco después del desastre. No obstante, varias otras empresas no han efectuado pagos, y han asegurado que la fábrica confeccionaba o almacenaba sus productos sin su conocimiento ni autorización.

La industria de la confección de indumentaria representa el 80 por ciento de los ingresos por exportaciones del país y más del 10 por ciento del producto bruto interno (PBI), y da empleo a más de cuatro millones de trabajadores, en su mayoría mujeres. El sector, conformado por más de 4.500 fábricas de distinto tamaño, desempeña un rol clave en la mitigación de la pobreza en Bangladesh. No obstante, el rápido crecimiento, sumado a que el gobierno de Bangladesh no exige el cumplimiento de sus reglamentaciones edilicias y laborales, redundaron en abusos de trabajadores y en la proliferación de fábricas inseguras y edificadas de manera precaria.

“Continuar el éxito económico del sector de indumentaria de Bangladesh reporta beneficios para todos: las empresas de venta minorista y sus consumidores, los propietarios de fábricas y el gobierno”, señaló Robertson. “Pero estos beneficios no deberían obtenerse a cosa de la vida y el padecimiento de trabajadores de la confección, que luchan por un futuro más próspero”.

Selección de testimonios:
“Cuatro personas me sujetaban y me propinaban golpes en las piernas con tubos, mientras otras dos la golpeaban a ella con barras de acero. Recibió golpes en la cabeza y la espalda. Tenía graves heridas con sangrado en los brazos y presentaba varias quebraduras en un dedo de la mano. Tuvo que recibir 14 puntos en la cabeza. Mientras golpeaban a Mira, decían ‘¿Quieres hacer actividades sindicales? Entonces te vamos a cubrir de sangre’”.
–Mitu Datta, trabajador de una fábrica de indumentaria en Chittagong, quien describió la agresión sufrida por él y su esposa afuera de una fábrica.

“En nuestra fábrica, el 80 por ciento de los trabajadores son mujeres, y cuando estas quedan embarazadas los encargados no se ocupan de la licencia por maternidad ni de bonificaciones. Cuando protestábamos por esto, nuestros supervisores nos hablaban duramente, y nos decían cosas como: ‘Si lo único que hacen es follar, ¿para qué trabajan aquí? Vayan y trabajen en un burdel’”.
–Trabajadora de una fábrica en Dacca.

“Comenzaron a darme golpes, bofetadas en el rostro y las orejas, puñetazos, trompazos en el pecho y en los costados, y entonces, como me caí al piso comenzaron a propinarme patadas. Yo gritaba mientras esto sucedía...”.
–Un trabajador de una fábrica en Dacca afirmó que fue golpeado tras intervenir en defensa de un compañero, que había sido despedido sin recibir los beneficios que le correspondían.