Un estudiante de la oposición es asistido después de ser herido durante una protesta contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro en San Cristóbal el 12 de febrero de 2015.

© 2015 Reuters

(Nueva York) – Venezuela ha otorgado nuevas atribuciones a las Fuerzas Armadas, que las habilitan a emplear la fuerza para controlar manifestaciones pacíficas, señaló hoy Human Rights Watch. El 23 de enero de 2015, el Ministerio del Poder Popular para la Defensa emitió una resolución por la cual autoriza a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a mantener el “orden público” y la “paz social” en “reuniones públicas y manifestaciones”.

Mientras tanto, a un año de la brutal represión de manifestantes no violentos y transeúntes, prácticamente no se han rendido cuentas por las decenas de abusos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad, incluidos asesinatos, detenciones arbitrarias, golpizas y torturas. El líder opositor Leopoldo López y más de una veintena de personas arrestadas en el contexto de las protestas que comenzaron el 12 de febrero de 2014 y se extendieron al menos hasta abril continúan detenidos.

“Emplear las fuerzas militares para controlar protestas políticas es una muy mala idea, especialmente en un país donde ya hay antecedentes de que miembros de las fuerzas de seguridad hayan cometido impunemente abusos aberrantes contra manifestantes que no actuaban de manera violenta”, señaló José Miguel Vivanco, director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch. “Los venezolanos tienen buenas razones para temer que la intervención de militares, que están entrenados para situaciones de guerra y no para controlar el orden público, sólo agrave la situación”.

El gobierno del Presidente Nicolás Maduro debería revocar las nuevas atribuciones otorgadas a las Fuerzas Armadas, y liberar inmediata e incondicionalmente a López y otras personas que fueron detenidas arbitrariamente durante las protestas de 2014, indicó Human Rights Watch.

Si bien en algunas de las manifestaciones de 2014 algunos participantes cometieron actos violentos, como arrojar piedras y cócteles molotov a las fuerzas de seguridad, las investigaciones de Human Rights Watch indican que miembros de las fuerzas de seguridad recurrieron reiteradamente a un uso ilegítimo de la fuerza contra personas que no estaban armadas ni intervenían en hechos violentos. Algunos de los abusos más severos documentados fueron cometidos contra personas que no participaban en las manifestaciones, o que ya se encontraban detenidas y estaban completamente bajo el control de miembros de las fuerzas de seguridad. 

Según datos aportados por el propio gobierno, ha habido una escasa rendición de cuentas por estos abusos. Hasta noviembre, las fiscalías habían recibido 242 denuncias de presuntas violaciones de derechos fundamentales cometidas en el contexto de las manifestaciones, incluidos dos casos de tortura, si bien Human Rights Watch documentó más casos de torturas. El Ministerio Público informó que los fiscales habían dictado 125 actos conclusivos, y presentado acusaciones contra 15 funcionarios de seguridad del estado.

En su presentación ante el Comité contra la Tortura de la ONU en noviembre, una representante del Ministerio Público indicó que dos funcionarios policiales habían sido condenados por los “sucesos ocurridos” durante las protestas, pero no aportó información sobre la naturaleza de los delitos o de las condenas. 

Luego de que se iniciaron las protestas, el gobierno acusó inmediatamente a la oposición política de incitar a la violencia, y el 12 de febrero una jueza acogió el pedido de la fiscalía y ordenó la detención de López. López permanece detenido arbitrariamente en una prisión militar desde que se entregó en forma voluntaria el 18 de febrero, y se encuentra en curso el juicio en su contra. Dos alcaldes opositores fueron condenados a 10 y 12 meses de prisión en procesos penales que violaron las garantías de debido proceso, por no haber removido obstáculos que impedían la libre circulación de personas en las calles de sus municipios en las cuales se llevaban a cabo protestas.

En octubre, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos exhortó a Venezuela a disponer la liberación de manifestantes y políticos que habían sido detenidos arbitrariamente. Tras la audiencia de noviembre, el Comité contra la Tortura de la ONU indicó que Venezuela debía liberar inmediatamente a López, a uno de los alcaldes y a “todos aquellos que hayan sido detenidos arbitrariamente por ejercer su derecho a expresarse y protestar pacíficamente”.

En diciembre, Estados Unidos aplicó sanciones dirigidas contra funcionarios militares y civiles venezolanos presuntamente responsables de violaciones de derechos humanos cometidas durante las protestas. Las sanciones incluyeron la denegación o cancelación de visas a ciertos funcionarios, y el congelamiento de sus bienes personales en Estados Unidos.

La Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) rechazó las sanciones, aduciendo que vulneran el “principio de no intervención” en Venezuela. En esta misma línea, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) criticó las sanciones y exhortó a la comunidad internacional a abstenerse de “intervenir, directa o indirectamente, en los asuntos internos” de otros estados. Ni la UNASUR ni la CELAC han repudiado los abusos sistemáticos contra manifestantes perpetrados por miembros de las fuerzas de seguridad, ni la persecución penal de opositores políticos del Presidente Maduro.

En enero, el gobierno de Colombia rompió este silencio colectivo al pedir la liberación de López, luego de que Venezuela le prohibiera al ex Presidente de Colombia Andrés Pastrana, y  al ex Presidente de Chile Sebastián Piñera visitar a López en prisión. El Presidente Maduro acusó a los dos ex presidentes, y al ex Presidente de México Felipe Calderón, quien también viajó a Caracas, de apoyar “un golpe de Estado contra el gobierno” y a un “grupo terrorista de ultra derecha”, mientras que el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores lamentó que la Cancillería colombiana “avale posiciones contra la democracia venezolana” que constituían un “retroceso peligroso” en las relaciones bilaterales entre ambos países.

“Los gobiernos latinoamericanos deben pronunciarse en forma individual y colectiva sobre la represión de manifestantes en Venezuela, y deben exhortar al gobierno de Maduro a que los miembros de las fuerzas de seguridad responsables de los abusos rindan cuentas por sus actos y a que libere a opositores que han sido encarcelados de manera arbitraria”, expresó Vivanco.

Participación militar en operativos de control de manifestaciones públicas
La nueva resolución del Ministerio de Defensa permite a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana “coopera[r] con las autoridades civiles en el control y mantenimiento de la seguridad ciudadana y el orden público” y concede a esta amplias facultades para “mantener y asegurar la estabilidad”, “evitar los desórdenes” y “rechazar toda agresión enfrentándola de inmediato y con los medios necesarios”. La resolución autoriza a las Fuerzas Armadas a utilizar armas de fuego para controlar “reuniones públicas y manifestaciones pacíficas”, aunque dispone que solamente podrán ser usadas con criterios de “necesidad” y “proporcionalidad”.

Sin embargo, la Constitución venezolana estipula que los “órganos de seguridad ciudadana” serán de carácter “civil”, y “prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas”. También exige que la actuación de policías y miembros de las fuerzas de seguridad en el control del orden público se regule mediante una ley, y no una resolución ministerial.

Conforme a estándares internacionales, el uso de fuerzas militares en operativos de seguridad pública debería ser limitado. La Corte Interamericana ha señalado que los estados deberían “limitar al máximo el uso de las fuerzas armadas para el control de disturbios internos”. El Comité contra la Tortura de la ONU ha notado con preocupación que hubo participación de efectivos militares venezolanos en operativos de control de manifestaciones públicas durante las protestas de 2014. El Comité ha señalado que Venezuela debería “[a]segurar que los órganos que se ocupan del mantenimiento de la seguridad ciudadana sean de carácter civil” y “modificar las disposiciones legales, normativas y los planes que autoricen la participación militar en el mantenimiento del orden público, salvo en situaciones extraordinarias, como en estados de emergencia, en las que la capacidad de los cuerpos policiales haya sido sobrepasada”.

El 10 de febrero, un vocero del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos manifestó preocupación por la resolución, y “urg[ió] al gobierno venezolano a no usar las fuerzas armadas en el control de las manifestaciones pacíficas”.

Impunidad de abusos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad durante protestas en 2014
En el informe “Castigados por Protestar,” Human Rights Watch documentó 45 casos, que afectaban a más de 150 víctimas, de uso ilegítimo de la fuerza por parte de miembros de diversas fuerzas de seguridad —incluida la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana y fuerzas policiales de los estados— ocurridos entre febrero y abril de 2014.

Miembros de las fuerzas de seguridad agredieron de manera sistemática a manifestantes no violentos y a transeúntes en diferentes lugares en tres estados y en la capital del país, incluso en entornos controlados como bases militares y otras instituciones estatales. Los abusos incluyeron disparar armas de fuego, perdigones y gases lacrimógenos de manera indiscriminada contra la multitud y, en algunos casos, disparar perdigones deliberadamente y a quemarropa contra personas que no estaban armadas y que, en ciertos casos, ya se encontraban bajo custodia de las autoridades. 

Según el Ministerio Público, 3.351 personas fueron aprehendidas por las fuerzas de seguridad durante las manifestaciones. En muchos de los casos documentados por Human Rights Watch, los detenidos permanecieron incomunicados por lapsos de 48 horas o más antes de ser llevados ante un juez. Numerosos detenidos sufrieron violentas golpizas, descargas eléctricas o quemaduras y otros tratos abusivos por parte de miembros de fuerzas de seguridad que, en algunos casos, constituyeron tortura. En reiteradas oportunidades, jueces y fiscales hicieron caso omiso a evidencias que sugerían que estas personas habían sufrido abusos por parte de miembros de las fuerzas de seguridad durante la detención, incluidos signos evidentes de abuso físico, concluyó Human Rights Watch.

El 10 de febrero de 2015, la Fiscal General Luisa Ortega Díaz señaló que 27 personas, incluidos dos estudiantes, permanecían detenidos en relación con las protestas.

Hasta noviembre de 2014, según el Ministerio Público, las fiscalías habían recibido 242 denuncias de presuntas violaciones de derechos humanos cometidas en el contexto de las manifestaciones, incluidos solamente dos casos de tortura. El Ministerio Público informó que los fiscales habían dictado 125 actos conclusivos, y formulado acusaciones contra 15 miembros de las fuerzas de seguridad del estado.

A comienzos de noviembre, una representante del Ministerio Público informó al Comité contra la Tortura de la ONU que dos policías habían sido condenados por “sucesos ocurridos en el Estado Anzoátegui” durante las protestas. Sin embargo, la representante no aportó información adicional sobre la naturaleza de los delitos o de las condenas. En febrero de 2015, la Fiscal General Luisa Ortega Díaz señaló que 14 miembros de las fuerzas de seguridad permanecían detenidos en relación con las protestas.

El 19 de noviembre de 2014, luego de que el Ministerio Público presentara sus estadísticas ante las Naciones Unidas, Human Rights Watch le solicitó información detallada sobre el estado de las investigaciones sobre violaciones de derechos humanos presuntamente cometidas por miembros de las fuerzas de seguridad y sobre actos de violencia supuestamente cometidos por manifestantes. El gobierno aún no ha respondido.

Ningún funcionario gubernamental ha sido condenado específicamente por los graves abusos documentados por Human Rights Watch, según la información que ha sido proporcionada por el gobierno.

De forma similar, ningún miembro de las fuerzas de seguridad ha sido procesado en los casos documentados por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), conforme indicó un abogado del centro a Human Rights Watch. El centro representó aproximadamente a 230 personas en las primeras audiencias judiciales. De estas personas, 193 indicaron que habían sufrido violaciones de derechos humanos. Todas habían sido detenidas arbitrariamente y sufrieron violaciones a las garantías de debido proceso, mientras que más de 130 también sufrieron abusos físicos o psicológicos, informó la UCAB.

Ejemplos de impunidad de abusos contra manifestantes ocurridos en 2014

Moisés Guánchez, 19
El 5 de marzo, miembros de la Guardia Nacional agredieron brutalmente a Moisés Guánchez, de 19 años, e incluso le dispararon perdigones a quemarropa en la entrepierna, cuando este se encontraba en el estacionamiento de El Carrizal mientras salía del restorán donde trabajaba. Debió recibir tres transfusiones de sangre y someterse a operaciones en un brazo, una pierna y uno de sus testículos.

Dos días después, un fiscal acusó a Guánchez de instigación pública y atentado contra la seguridad en la vía pública. Sin embargo, en esa misma audiencia, que se celebró en la habitación del hospital donde estaba internado Guánchez, una jueza determinó que no había evidencias de que este hubiera cometido un delito y dispuso su liberación. La jueza pidió al Ministerio Público que investigara los abusos sufridos por Guánchez.

Desde entonces, Guánchez ha sido intimidado en reiteradas oportunidades por miembros de la Guardia Nacional que, entre otras cosas, se han presentado en su lugar de trabajo y en su universidad preguntando por él, y han tomado fotografías de su automóvil. Los intentos por conseguir que el Ministerio Público logre avances en su caso han sido infructuosos. A pesar de que hay evidencias que comprometen al menos a dos oficiales, estos no han sido imputados, conforme fue informado a Human Rights Watch por un abogado que trabaja en el caso.

Cristian Holdack, 34
Cristian Holdack, de 34 años, fue detenido arbitrariamente junto con otros 5 hombres por miembros de las fuerzas de seguridad el 12 de febrero de 2014 en Caracas, luego de que una protesta pacífica culminara en varios incidentes violentos. Los seis hombres fueron sometidos a graves abusos físicos por miembros de las fuerzas de seguridad durante su detención y en la dependencia policial, donde permanecieron incomunicados durante 48 horas. El 14 de febrero fueron llevados ante un juez y acusados de varios delitos a partir de pruebas presentadas por la fiscalía, que incluían prendas de vestir que agentes de seguridad habían manchado con gasolina, y fotografías de personas no identificables involucradas en enfrentamientos con miembros de fuerzas de seguridad, las cuales fueron colocadas junto a las fotografías para el archivo policial tomadas a los detenidos. Al día siguiente, el juez dispuso su prisión preventiva. Meses después, el poder judicial resolvió que no había evidencias para que prosiguiera la causa contra dos de los acusados, y posteriormente se ordenó la libertad provisional de los otros tres.

No obstante, Holdack todavía cumple prisión preventiva, a pesar de que en septiembre la Defensoría del Pueblo indicó en un informe que padece de estrés postraumático y depresión. La Defensoría del Pueblo pidió que la justicia que autorizara su libertad provisional para recibir un tratamiento adecuado, pero Holdack permanece detenido.

En la primera audiencia ante el juez, el equipo a cargo de la defensa de Holdack pidió que la fiscalía investigara los abusos sufridos por él y los otros detenidos. Holdack presentó posteriormente una denuncia ante el Ministerio Público pidiendo que se llevara a cabo una investigación. Hasta febrero de 2015, no había acusados en relación con los abusos sufridos por Holdack, conforme indicó un miembro del equipo de su defensa.

Gengis Pinto, 36
Durante un acto contra el gobierno en San Antonio de los Altos, que tuvo lugar el 19 de febrero de 2014, un miembro de la Guardia Nacional disparó perdigones desde muy corta distancia al rostro de Gengis Pinto, a pesar de que ya había sido detenido y no ofrecía resistencia. Pinto levantó el brazo para protegerse del disparo, y recibió el impacto en la mano, debido a lo cual se lesionó gravemente varios de sus dedos y se incrustaron perdigones en su antebrazo. Pinto fue golpeado, amenazado e interrogado por varios guardias nacionales, quienes recién lo trasladaron a un hospital seis horas más tarde. Si bien el médico dijo a los guardias nacionales que Pinto necesitaban recibir inmediatamente atención especializada que no podían brindarle allí, transcurrieron otras 10 horas más hasta que los oficiales lo trasladaron a una clínica privada, donde fue sometido a una cirugía. Los guardias advirtieron a Pinto que dijera que se había llevado por delante un poste y que había recibido un golpe en el rostro a causa de una botella arrojada por otro manifestante.

En la primera audiencia ante un juez en febrero de 2014, durante la cual fue acusado de diversos delitos, el equipo a cargo de la defensa de Pinto pidió que la fiscalía investigara los abusos sufridos por él y los otros detenidos. Pinto dijo a Human Rights Watch que en enero de 2015 una fiscal se puso en contacto con él y le pidió que presentara a dos testigos en su despacho. Los dos testigos prestaron su testimonio, y la fiscal también entrevistó a Pinto y le indicó que volvería a llamarlo. Hasta principios de febrero, Pinto no había vuelto a tener noticias de la fiscal.

Marvinia Jiménez, 36
El 24 de febrero de 2014, una integrante de la Guardia Nacional agredió a Marvinia Jiménez, una costurera de 36 años de edad, luego de que esta usara su teléfono celular para filmar el momento en que oficiales arrojaban cartuchos de gases lacrimógenos a manifestantes. La golpiza fue filmada y fotografiada por varios testigos. Jiménez fue detenida por guardias nacionales, quienes recién la trasladaron para que recibiera atención médica varias horas después. Sufrió graves contusiones en varias partes del rostro y la cabeza, y debió usar un cuello ortopédico durante su recuperación. Pasó la noche durmiendo en el piso de una dependencia policial. Según contó Jiménez, a la mañana siguiente, un hombre que se identificó como representante de la Defensoría del Pueblo le pidió que firmara un documento en el cual declaraba que se encontraba en perfecto estado de salud. Jiménez se negó a firmarlo, e informó a esta persona que tenía un fuerte dolor de cabeza. “Ese no es mi problema, porque yo estoy aquí para certificar que tú no tienes nada”, replicó el hombre.

En marzo, los abogados de Jiménez presentaron una denuncia ante el Ministerio Público pidiendo que se investigaran los abusos, Jiménez dijo a Human Rights Watch. Un juez dictó una orden de aprehensión contra la integrante de la Guardia Nacional responsable de los abusos sufridos por Jiménez. No obstante, hasta enero de 2015 esta persona aún no había sido detenida, según fue señaló a Human Rights Watch  un abogado que tuvo acceso al expediente judicial.

Detención arbitraria de líderes opositores
Tras los enfrentamientos iniciales entre manifestantes y miembros de las fuerzas de seguridad ocurridos el 12 de febrero de 2014, el gobierno acusó a López de ser el “autor intelectual” de la violencia vinculada con las protestas, incluidos ataques contra oficinas de dependencias públicas y vehículos oficiales. El Ministerio Público actuó rápidamente para conseguir su arresto en relación con una serie de presuntos delitos. López permanece detenido en una prisión militar desde que se entregó voluntariamente el 18 de febrero. Durante el juicio, que comenzó en julio, la jueza a cargo del proceso ha rechazado gran parte de la prueba presentada por el equipo de abogados defensores, y los fiscales no ha presentado evidencias creíbles que den sustento a sus acusaciones. El juicio contra López se encuentra todavía en curso.

En abril, el Tribunal Supremo de Justicia juzgó y condenó a dos alcaldes opositores a 10 y 12 meses de prisión. El tribunal acusó a los alcaldes de desacato por haber incumplido una orden del Tribunal Supremo que exigía asegurar la libre circulación de personas en sus municipios durante las protestas. Los pronunciamientos del Tribunal Supremo no son recurribles, y esto cercena la garantía de debido proceso a apelar toda condena penal. El Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria, al examinar uno de los casos, expresó que el Tribunal Supremo había violado el derecho del imputado a una defensa adecuada y a ser juzgado por un tribunal competente. Uno de los alcaldes fue liberado en febrero luego de haber cumplido su condena.

En diciembre, el Ministerio Público imputó a la líder política de oposición María Corina Machado el delito de conspiración por su presunta participación en un complot para asesinar al Presidente Maduro. El presidente llamó a Machado “asesina”, mientras que el presidente oficialista de la Asamblea Nacional la  acusó de haber borrado los mensajes de correo electrónico que parecen ser la única evidencia que los fiscales dijeron tener en contra de ella.

En septiembre, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria señaló que López y uno de los dos alcaldes condenados habían sido detenidos arbitrariamente. En octubre, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos exhortó a Venezuela a disponer la liberación de manifestantes y políticos que habían sido detenidos en forma arbitraria. En noviembre, el Comité contra la Tortura de la ONU instó a Venezuela a liberar de manera inmediata a López, a uno de los alcaldes y a “todos aquellos que hayan sido detenidos arbitrariamente por ejercer su derecho a expresarse y protestar pacíficamente”.

Falta de independencia judicial
El ex Presidente Hugo Chávez y sus partidarios en la Asamblea Nacional llevaron a cabo en 2004 un copamiento político del Tribunal Supremo de Justicia. Desde entonces, el poder judicial en gran medida ha dejado de actuar como un poder independiente del gobierno. Miembros del Tribunal Supremo han rechazado abiertamente el principio de separación de poderes, han expresado en forma pública su compromiso con promover la agenda política del gobierno y reiteradas veces fallaron a favor de este, avalando así la indiferencia del gobierno por los derechos humanos.

Desde entonces, el gobierno y sus partidarios han adoptado medidas drásticas para mantener su control político sobre el poder judicial. En diciembre de 2014, la mayoría oficialista en la Asamblea Nacional designó a 12 nuevos miembros del Tribunal Supremo con una mayoría simple de los votos, luego de que no lograran alcanzar una mayoría de dos tercios, para la cual habrían necesitado llegar a un consenso con la oposición. La ley de 2004 que posibilitó el copamiento del Tribunal Supremo dispone que el voto de  mayoría simple será válido sólo si luego de tres votaciones no se alcanza una mayoría de dos tercios de los votos.