Vivir en la calle en España es bastante difícil y peligroso, pero lo será pronto mucho más. El Congreso de los Diputados está a punto de aprobar un proyecto de ley sobre la seguridad ciudadana diseñado para controlar y castigar el comportamiento en la calle, con sanciones que afectarían a algunos de los miembros más vulnerables de la sociedad española: los sin techo, los consumidores de drogas y las trabajadoras sexuales.

Criticamos el anteproyecto inicial y la última iteración de dicho proyecto de ley a causa del impacto que tendría en los derechos fundamentales de libertad de reunión pacífica y de libertad de expresión.

Los que dañan bienes públicos o que causan un no demasiado bien definido “deslucimiento” podrían ser multados con hasta 600€. Las ONG españolas temen que ello podría hacer que las personas sin techo fuesen multadas por dormir en el banco de un parque o por estar sentadas en una esquina.

Se espera que las autoridades locales pasen a imponer ordenanzas una vez que la ley del Gobierno central sea aprobada. Ya hay varios municipios españoles, entre los cuales figuran Barcelona, Málaga, Sevilla y Granada, que castigan la  mendicidad. Está pendiente un proyecto de ley en Madrid en el mismo sentido que probablemente será aprobado en 2015. Recientemente, Sevilla intentó aumentar las multas máximas existentes por hurgar en la basura de 300€ a 750€, pero se vio obligada a rectificar ante la fuerte oposición. Un enfoque punitivo de la miseria y la falta de hogar socava las estrategias de inclusión social y todo un abanico de derechos humanos básicos.

El proyecto de ley elimina también la posibilidad de suspender la multa existente (de hasta 30.000€) por el consumo o la tenencia de drogas ilegales o por dejar instrumentos para el consumo de drogas en un espacio público. Actualmente, la multa puede ser suspendida si la persona entra en un programa de rehabilitación. Pero, según el proyecto de ley, únicamente los menores de 18 años seguirán beneficiándose de esta flexibilidad. Las organizaciones españolas sostienen que las medidas existentes han demostrado su eficacia facilitando a los consumidores de drogas  el acceso a los programas de rehabilitación.

Por último, el proyecto de ley impondría multas semejantes a los que buscan o aceptan servicios sexuales remunerados en áreas públicas destinados a su uso por menores (como parques infantiles o escuelas). Las personas que ejercen la prostitución en estos ámbitos deberían estar sujetas a multas si “persisten” en trabajar en dichos lugares después de una amonestación policial. La regulación del trabajo sexual es una facultad discrecional del Gobierno, pero las medidas deben respetar los estándares de los derechos humanos sin hacer correr riesgos a las personas que ejercen la prostitución, y deben formularse de forma precisa y estricta de manera que nadie los utilice para incurrir en prácticas de acoso y de discriminación. La redacción de esta medida es lo suficientemente vaga para permitirlo. Es preciso tener en cuenta también todo impacto negativo en las víctimas del tráfico de personas. Las organizaciones españolas de y para las personas que ejercen la prostitución se han opuesto al proyecto de ley, refiriéndose al impacto negativo de una medida semejante que está vigente en Barcelona desde 2006.

El enfoque de España de las personas que viven y trabajan en la calle necesita basarse en el respeto y los derechos, y debe priorizar la salud pública y los servicios sociales ante las medidas de control punitivo.