Carmen Martinez Ayudo, 85-years old, looks at the police during her eviction in Madrid, Spain, on November 21, 2014.

© 2014 Associated Press

Carmen Martínez Ayuso, de 85 años, fue desahuciada el 21 de noviembre de su piso donde había vivido durante 50 años. Su desahucio provocó escándalo, promesas de ayuda del club de fútbol de su barrio y ajetreo de las autoridades para salvar la cara.

Su experiencia es sintomática de los graves obstáculos a una vivienda adecuada que existen en España. Desde 2008, decenas de miles de personas han perdido su vivienda porque ya no podían pagar su hipoteca en medio de la profunda crisis económica que azota el país. En los seis primeros meses de 2014, los bancos han recuperado más de 26.500 viviendas. El sueño de ser propietario de la propia vivienda se ha convertido para muchos en una pesadilla de ejecuciones hipotecarias, desahucios y sobreendeudamiento.

Frente a la presión concertada por parte de grupos de activistas y a las sentencias desfavorables del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), el Gobierno central ha adoptado algunas medidas para atajar la crisis de la vivienda. Pero las acciones de Madrid han sido tímidas, incompletas y, en algunos casos, totalmente insinceras. El resultado final es que, comparativamente, pocos de los que padecen una auténtica necesidad se han beneficiado de dichas medidas.

Los criterios restrictivos de elegibilidad significan que una moratoria de dos años para los desahucios de algunas familias ha tenido un impacto limitado. Según datos oficiales del Ministerio de Economía, hasta el mes de septiembre se habían suspendido 10.000 desahucios a causa de la moratoria, que fue adoptada por primera vez en noviembre de 2012 y que fue ligeramente ampliada en mayo de 2013. La moratoria ha ayudado únicamente a una fracción de las decenas de miles de personas y familias que han sido desahuciadas de su hogar por impago de la hipoteca en el mismo período. El Ministro de Economía anunció el 26 de noviembre que el Gobierno prolongaría un año más la vigencia de la moratoria que tenía que expirar en mayo de 2015.

Asimismo, el Fondo Social para la Vivienda, un parque de aproximadamente 6.000 propiedades puestas a disposición por los bancos para dar a las familias desahuciadas un lugar para vivir con un alquiler asequible, no ha respondido a las expectativas. Hasta septiembre, tan sólo 1.450 familias se habían beneficiado de dichas viviendas. Mientras tanto, la insolvente Empresa Municipal de la Vivienda de Madrid ha vendido más de 1.800 viviendas de renta reducida a empresas privadas de inversión, lo cual ha hecho subir los alquileres y ha provocado desahucios.

Las medidas del Gobierno para aliviar la deuda que las familias siguen teniendo incluso después de la ejecución hipotecaria y del desahucio, un rasgo devastador de la crisis hipotecaria española, también han fracasado. Los datos del Ministerio de Economía demuestran que, hasta septiembre, únicamente 6.500 personas habían podido reestructurar sus deudas con los bancos gracias a estas medidas, y sólo 2.100 habían podido cancelar totalmente su deuda entregando la propiedad.

La gente ha tenido más suerte negociando la cancelación de la deuda directamente con su banco, incluso si no cumplían con los criterios del Gobierno. Miles de personas se han beneficiado de este enfoque, a menudo con el apoyo de grupos como la Plataforma de los Afectados por la Hipoteca (PAH) o de los servicios de mediación.

Un mecanismo accesible, justo y eficiente para que las personas sobreendeudadas puedan liberarse de su deuda es una forma evidente de ayudar. El Banco Mundial y otras instituciones han detectado problemas en las leyes españolas de insolvencia personal que encierran a la gente en un ciclo de deudas sin perspectivas reales de volver a empezar. A pesar de las sucesivas reformas de la Ley Concursal española, ésta sigue estando diseñada esencialmente para ayudar a las empresas que han fracasado, más que a personas de buena fe que atraviesan momentos difíciles.

Dos sentencias del TJUE han obligado el Gobierno español a rectificar injusticias en procesos judiciales por impagos hipotecarios. Hasta las reformas de 2013, los tribunales no podían evaluar si un contrato hipotecario contenía cláusulas abusivas, como, por ejemplo, tipos de interés exorbitantes por impago, una situación que el TJUE declaró en marzo de 2013 incompatible con las leyes europeas de protección del consumidor. Sin embargo, la reforma dio solo a los bancos, y no a los titulares de una hipoteca, el derecho de apelar sentencias desfavorables, dando lugar a una segunda sentencia similar del TJUE en julio de 2014.

A menudo el Gobierno parece más preocupado por perseguir el activismo social de base en torno a la crisis hipotecaria y de la vivienda que por abordarla. En 2013, cuando la PAH organizó protestas frente a las casas y las oficinas de políticos electos para exigir reformas, los políticos del Gobierno les llamaron desde terroristas hasta nazis. Ahora, el Parlamento está a punto de adoptar una ley de seguridad ciudadana totalmente defectuosa que, entre otras cosas, permitiría a las autoridades poner multas de hasta 30.000€ a cualquiera que obstaculiza a los empleados públicos que hacen aplicar acuerdos o resoluciones judiciales o administrativas, mientras la obstaculización no constituya un delito, en cuyo caso se pondría en marcha un procesamiento. Esto parece estar hecho a medida para eliminar las movilizaciones contra los desahucios.

Las imágenes de Carmen Martínez llorando por su desahucio han emocionado a muchas personas dentro y fuera de España, y la solidaridad que le han mostrado es inspiradora. Pero, como dijo una activista de la PAH de su barrio: “Hay muchas Cármenes. Hay una en cada barrio.”

En última instancia, es responsabilidad del Gobierno español garantizar el derecho a una vivienda adecuada. Ello significa medidas más fuertes para proteger a más personas contra el desahucio, garantizar una vivienda asequible y el acceso a remedio y reparación efectivos. También significa crear un procedimiento de insolvencia justo, accesible y personal para ayudar a evitar que el sobreendeudamiento en España impida disfrutar a la gente de sus derechos económicos y sociales básicos.