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Los votantes de California aprobaron una medida electoral que reducirá el tiempo en prisión para  algunos delincuentes que están encarcelados por delitos comúnmente relacionados con drogas o robo. Bajo la Proposición 47, que reclasifica ciertos delitos graves como delitos punibles con hasta un año en prisión, habría la posibilidad de que cerca de 7.000 reclusos sean elegibles para quedar en libertad en el estado, permitiría que los tribunales probablemente procesan hasta 40.000 juicios menos cada año. La medida, que entrará en vigor de inmediato, representa un buen ejemplo político de justicia penal - en un estado que durante mucho tiempo ha imperado algunas de las leyes más severas del país.

Menos obvia, pero no por ello menos positiva, es la nueva ley que protegerá a los inmigrantes autorizados en el estado de las estrictas leyes de deportación que han separado miles de familias estadounidenses en las últimas dos décadas.

Bajo la ley federal actual, algunos delitos deben ser sancionados con al menos un año para dar lugar a la expulsión del infractor. La Proposición 47, en combinación con un proyecto de ley firmado por el gobernador Jerry Brown en julio, asegura que una condena menor por hurto, falsificación, fraude, recepción de bienes robados, o - lo más importante - la simple posesión de marihuana ya no será justificante para originar la deportación de un inmigrante que se encuentre legalmente en los Estados Unidos.

A nivel nacional más de 375.000 deportaciones desde 2003 estuvieron relacionadas con personas involucradas en delitos cuyas condenas más graves estuvieron relacionadas con las drogas. En estos casos, los deportados a menudo terminan castigados doblemente: por una parte acaban sirviendo largas penas de prisión en los EE.UU., y por otra, experimentan el exilio permanente de sus familias en Estados Unidos y del país que consideran su hogar.

Pese al éxito de esta iniciativa electoral en California, muchos todavía seguirán sufriendo la deportación al haber sido declarados culpable de un delito menor en otros estados del país bajo leyes que aún no han sido reformados. Los cambios a las normas del estado de California no minimiza la necesidad de reformas a las leyes federales de inmigración. De hecho, el Congreso de Estados Unidos debe derogar disposiciones draconianas puestas en marcha a través de varias legislaciones - la Ley Contra el Abuso de Drogas de 1988 y la Reforma de Inmigración Ilegal y Responsabilidad del Inmigrante de 1996 - que hacen de la detención y la deportación un mandato y niega a los inmigrantes autorizados convictos la oportunidad de abogar por una segunda oportunidad.

Sin embargo, otros estados deben poner su vista en la Proposición 47 de California como modelo para mejorar las leyes estatales y al mismo tiempo aliviar las difíciles consecuencias migratorias.

 

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