(Nueva York) – Los Estados Miembros de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) deberían exhortar al gobierno venezolano a abordar inmediatamente la grave situación de los derechos humanos en el país, señaló hoy Human Rights Watch en una carta enviada a varios ministros de relaciones exteriores de América Latina.
Unasur —representada por los gobiernos de Brasil, Colombia y Ecuador— ha procurado promover el diálogo entre el gobierno venezolano y la oposición desde que el 12 de febrero se iniciaron protestas masivas en el país. Venezuela ha respondido a las protestas recurriendo a un uso excesivo de la fuerza, y funcionarios judiciales han sido cómplices en abusos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad. El diálogo se encuentra hoy estancado, y la intervención de Unasur no ha redundado en resultados concretos para mejorar la situación de los derechos humanos en el país.
“Mientras que diversos organismos internacionales, entre ellos relatores de derechos humanos de las Naciones Unidas y el Parlamento Europeo, han expresado su preocupación ante las violaciones de derechos humanos en Venezuela, Unasur todavía no ha condenado los gravísimos abusos cometidos por agentes estatales venezolanos”, señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Ante la inexistencia de un poder judicial independiente en Venezuela que pueda frenar los abusos del gobierno, resulta aun más importante que Unasur exhorte a la administración de Maduro a que proteja los derechos de los manifestantes”.
La carta se envió a los ministros de relaciones exteriores Héctor Timerman de Argentina, Luiz Alberto Figueiredo Machado de Brasil, Heraldo Muñoz de Chile, María Ángela Holguín de Colombia, Ricardo Patiño de Ecuador, Gonzalo Gutiérrez Reinel de Perú y Luis Almagro de Uruguay. Human Rights Watch describió en la carta las conclusiones de su informe sobre abusos ocurridos en el marco de las manifestaciones en Venezuela, titulado “Castigados por protestar: Violaciones de derechos humanos en las calles, centros de detención y el sistema de justicia de Venezuela”.
Las investigaciones de Human Rights Watch indican que, desde el 12 de febrero, miembros de la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana y fuerzas policiales de los estados han aplicado rutinariamente la fuerza ilegítima contra manifestantes que no estaban armados e incluso contra transeúntes. Los abusos han incluido violentas golpizas; disparar armas de fuego, perdigones y gases lacrimógenos de manera indiscriminada contra la multitud; y disparar perdigones deliberadamente y a quemarropa contra personas que no estaban armadas y ya se encontraban bajo custodia de las autoridades. Estos abusos constituyeron una práctica sistemática por parte de miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas contra manifestantes, comprobó Human Rights Watch.
Integrantes de estas fuerzas actuaron deliberadamente contra periodistas y otras personas que fotografiaron y filmaron la represión, y toleraron que pandillas armadas partidarias del gobierno atacaran impunemente a manifestantes, o a veces incluso colaboraron con estas.
En muchos casos, los detenidos permanecieron incomunicados en bases militares durante 48 horas o períodos mayores antes de ser llevados ante un juez. Los abusos que sufrieron durante el lapso de la detención incluyeron violentas golpizas, descargas eléctricas o quemaduras, y ser obligados a mantenerse en cuclillas o arrodillados, sin moverse, durante varias horas. En algunos casos, los maltratos claramente constituyeron tortura.
Human Rights Watch constató que numerosos funcionarios judiciales incumplieron su rol de garantes frente a abusos de poder y, en vez de ello, participaron en graves violaciones del debido proceso.
Tanto el Presidente Nicolás Maduro como la Fiscal General Luisa Ortega Díaz han reconocido que miembros de las fuerzas de seguridad han cometido violaciones de derechos humanos, y se han comprometido públicamente a investigar estos casos. Sin embargo, existen motivos para dudar de la credibilidad de estas investigaciones, entre otras cosas, debido a que el poder judicial venezolano en la práctica ha dejado de actuar como un poder independiente del gobierno. A su vez, el gobierno ha procurado insistentemente atribuir los sucesos violentos a opositores políticos, o simplemente a la oposición en su conjunto, sin aportar pruebas creíbles.
El Tratado Constitutivo de Unasur de 2008 dispone que “tanto la integración como la unión suramericanas se fundan en los principios rectores de... democracia; participación ciudadana y pluralismo; [y] derechos humanos universales, indivisibles e interdependientes”. El tratado estipula asimismo que “la plena vigencia de las instituciones democráticas y el respeto irrestricto de los derechos humanos son condiciones esenciales para la construcción de un futuro común de paz y prosperidad económica y social y el desarrollo de los procesos de integración entre los Estados Miembros”.
Los Estados Miembros de Unasur deberían exigir al Presidente Maduro y otras autoridades competentes que desistan del uso ilegítimo de la fuerza durante operativos de seguridad pública y se abstengan de emplear cualquier retórica por la cual se fomente la violencia contra manifestantes y periodistas, indicó Human Rights Watch. Las autoridades venezolanas deberían impulsar investigaciones oportunas, exhaustivas e imparciales de todas las denuncias de violaciones de derechos humanos, disponer la liberación inmediata e incondicional de personas que hayan sido detenidas de manera ilegítima por ejercer sus derechos fundamentales, y adoptar medidas tendientes a restablecer la independencia del poder judicial.
“A la luz de los principios fundacionales de Unasur, sus miembros deberían exigirles a las autoridades venezolanas que modifiquen su conducta y adopten medidas específicas para respetar los derechos fundamentales de los ciudadanos”, manifestó Vivanco.
