Washington, D.C., 14 de febrero de 2014

 

S.E. Otto Pérez Molina
Presidente de la República de Guatemala
Casa Presidencial
Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

 

De nuestra mayor consideración:
 
Tenemos el honor de dirigirnos a S.E. para retomar las conversaciones iniciadas la semana pasada en Casa Presidencial, en la Ciudad de Guatemala. Valoramos su predisposición al diálogo y consideramos que el intercambio de ideas fue en verdad muy provechoso. Quisiéramos en esta oportunidad trasmitirle algunas preocupaciones adicionales que nos han surgido luego de examinar los procesos de postulación que están actualmente vigentes para la selección del futuro Fiscal General y magistrados de la Corte Suprema.
 
Como se lo expresamos a S.E., lamentamos seriamente que la Corte de Constitucionalidad tomara la determinación de concluir en forma anticipada el mandato de la actual Fiscal General Claudia Paz y Paz. La Constitución de Guatemala establece de manera inequívoca que el Fiscal General ejercerá su función durante cuatro años, y el Acuerdo Gubernativo que designó a Paz y Paz en diciembre de 2010, indica expresamente que permanecerá en el cargo por cuatro años. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad dispuso —sin ninguna fundamentación— que su mandato caducaría en mayo, luego de apenas tres años y cinco meses en la función.
 
Creemos que la desafortunada decisión de la Corte menoscaba gravemente la credibilidad del sistema judicial de Guatemala. Sin embargo, la posibilidad de revertir este daño dependerá, en gran medida, de cómo se gestionen los procesos de postulación para el puesto de Fiscal General y otros cargos judiciales importantes. Lamentablemente, existen motivos para temer que su desarrollo no sea adecuado. Y las implicancias para Guatemala son, sin duda, de la mayor importancia.
 
El futuro de la justicia en Guatemala
 
En los últimos años, Guatemala ha logrado importantes avances para reducir la impunidad y afianzar el estado de derecho. Durante décadas, Guatemala adquirió notoriedad internacional como un país donde se cometían gravísimos actos de violencia y corrupción casi con total impunidad. La falta de justicia llegó a extremos tan severos que, en 2007, el gobierno de Guatemala y las Naciones Unidas se unieron para formar la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), como una medida extraordinaria para brindar apoyo a iniciativas locales que procuraban juzgar y desarticular a organizaciones delictivas.
 
Desde aquel momento, el sistema judicial de Guatemala ha logrado progresos que durante mucho tiempo parecieron imposibles. Se han conseguido resultados satisfactorios en la investigación y el juzgamiento de importantes casos vinculados con corrupción en las altas esferas[1] y delincuencia organizada[2], y se ha reducido la impunidad en casos de delitos violentos[3], problemas endémicos que no solamente amenazan a las instituciones democráticas del país, sino también la seguridad ciudadana y el bienestar de sus habitantes. Y el sistema judicial también ha avanzado en el lento camino de la justicia por violaciones de derechos humanos y atrocidades masivas cometidas durante el conflicto armado del país, enfrentando la impunidad por delitos aberrantes que causaron consternación en todo el mundo[4].
 
En Guatemala, algunos han señalado que este esfuerzo en materia de rendición de cuentas —y, en particular, el juicio al General Efraín Ríos Montt— puede afectar la imagen del país en el exterior. En realidad, ocurre exactamente lo contrario. Para la comunidad internacional, no es novedoso que Guatemala ha sufrido terribles actos de violencia y que la impunidad ha sido la regla. Lo que sí es una novedad es que el sistema judicial del país finalmente ha demostrado tener capacidad para llevar adelante estas causas de trascendental importancia. Y esto es realmente positivo, no sólo para las víctimas de abusos, sino también para todos los que desean que en Guatemala las instituciones judiciales sean más transparentes y eficaces, y puedan incrementar la seguridad ciudadana y generar mayor confianza para sus ciudadanos.
 
Estos importantes avances han sido posibles gracias a los esfuerzos de distintos actores en Guatemala. Principalmente: el Ministerio Público, bajo la conducción de la actual Fiscal, ha impulsado con determinación casos complejos. Y también ha sido crucial la labor de miembros del poder judicial que han intentado aplicar la ley de manera imparcial, aun en los casos en que han recibido fuertes presiones para no hacerlo. Asimismo, la Policía Nacional y el Ministerio de Gobernación han brindado asistencia crítica al trabajo desarrollado por el Ministerio Público, como también se deben destacar los reclamos de justicia de organizaciones de la sociedad civil y víctimas de abusos.
 
Estas iniciativas, si continúan, podrían conseguir resultados tangibles en la constante lucha de Guatemala por superar años de violencia, corrupción e impunidad crónicas. Podrían contribuir a que guatemaltecos y miembros de la comunidad internacional recobren su fe en las instituciones democráticas del país. Por el contrario, si la actual Fiscal General y los miembros de la Corte Suprema son reemplazados por personas que carecen de la idoneidad, independencia y credibilidad que se necesitan para desempeñar estas altas responsabilidades, los logros conseguidos recientemente en el terreno de la justicia y el estado de derecho podrían detenerse, o incluso revertirse.
 
Falencias en la Ley de Comisiones de Postulación
 
Los procesos de postulación para ocupar estos cargos han sido estipulados en la Ley de Comisiones de Postulación. Esta ley, adoptada en 2009, contiene importantes disposiciones destinadas a promover la transparencia del proceso y asegurar que los postulantes ostenten las cualidades profesionales y éticas indispensables para desempeñar su función, incluyendo entre otras la idoneidad, honradez y honorabilidad comprobada. Sin embargo, la ley también presenta graves falencias que podrían frustrar fácilmente estos objetivos.
 
Un problema significativo es que no se exige mayor transparencia con respecto a los antecedentes de los aspirantes a estos cargos y los miembros de las comisiones de postulación. Por ejemplo, no se requiere que estas personas informen la identidad de socios comerciales, empleadores y clientes, ni tampoco que aporten datos relativos a su situación patrimonial o el origen de los fondos utilizados para su campaña (en el caso de los miembros de las comisiones que han obtenido este cargo mediante elección). Sin tal información, es sumamente difícil detectar eventuales conflictos de interés graves, como por ejemplo, que miembros de las comisiones elijan a candidatos con quienes tengan estrechos vínculos profesionales o financieros. Los estándares internacionales sobre independencia del poder judicial destacan que no basta simplemente con que los jueces sean independientes, sino que además deben ser percibidos como tales por la sociedad. Para ello, es indispensable la transparencia no solo de los procesos de selección de estas autoridades, sino también de los antecedentes de los postulantes y de los que integran las comisiones de postulación.
 
Otras falencias tienen que ver con los mismos procedimientos de evaluación. Por una parte, la ausencia de un sistema homogéneo para la calificación de los candidatos. Conforme al procedimiento actual, cada comisión establece sus propios criterios y la fórmula de calificación, lo cual crea la posibilidad de que miembros de las comisiones adopten criterios ad hoc destinados a favorecer a determinados candidatos, en vez de asegurar la elección de los candidatos más idóneos. Otra grave debilidad de la ley es que no exige a las comisiones una debida fundamentación de la selección de los postulantes, sino tan solo una calificación numérica.
 
Debido a estas falencias, existe un riesgo considerable que los procesos de postulación puedan verse desvirtuados debido a arbitrariedades y conflictos de interés, lo cual redundaría en la selección de candidatos que no poseen las aptitudes necesarias para ocupar estos importantes cargos.
 
Sin embargo, este resultado no es ineludible. El proceso de postulación podría de todos modos funcionar de manera eficiente. Pero, para ello, las comisiones deberán tomar todos los recaudos a su alcance para asegurar la mayor transparencia posible en sus procedimientos (como se establece en el artículo 9 de la Ley de Comisiones de Postulación). Deberán establecer criterios razonables para evaluar a los candidatos, aplicarlos de manera objetiva y rigurosa, y permitir la participación activa de la sociedad civil.

Recientemente tuvimos la oportunidad de reunirnos con el Dr. Jose Arturo Sierra, Presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien además preside la Comisión de Postulación que tendrá la tarea de elegir los candidatos para Fiscal General. El Dr. Sierra expreso con gran firmeza su compromiso de garantizar la máxima transparencia del proceso de selección. Esperamos que el resto de los integrantes de dichas comisiones compartan los mismos valores.
 
En cuanto a la selección del Fiscal General, S.E. desempeñará, como Presidente de la República, un rol decisivo al elegir a uno entre los seis postulantes seleccionados por la comisión. Se trata de una responsabilidad que no sólo incidirá en su presidencia, sino que además podría ser determinante para el futuro del estado de derecho y la democracia en Guatemala.
 
Confiamos en que esta materia urgente recibirá la debida atención de S.E.

Atentamente,                                         

 

José Miguel Vivanco                                     Daniel Wilkinson                           

Director Ejecutivo                                          Director Adjunto