Manifestantes construyen una barricada de basura ardiendo durante una protesta en contra del gobierno del Presidente de Venezuela Nicolas Maduro en Caracas el 12 de febrero de 2014.

(Washington, DC) – Las autoridades venezolanas deberían investigar de forma oportuna e imparcial los hechos de violencia ocurridos durante manifestaciones en distintos puntos del país el 12 de febrero de 2014, señaló hoy Human Rights Watch. Las investigaciones no deben ser usadas como pretexto para perseguir penalmente a opositores políticos o limitar la libertad de expresión.

Al menos tres manifestantes fueron asesinados y más de 60 resultaron heridos durante incidentes y enfrentamientos con miembros de las fuerzas de seguridad. Altos funcionarios gubernamentales atribuyeron la responsabilidad por las muertes al dirigente de oposición Leopoldo López, y un tribunal de Caracas libró una orden de arresto en su contra, según trascendió en la prensa local. El canal internacional de noticias NTN24, que se transmite por cable, fue sacado del aire esa misma tarde, e indicó que esta medida se habría adoptado a modo de represalia por su transmisiónsobre las protestas. 

Venezuela necesita con urgencia que estos asesinatos sean investigados y que los responsables sean llevados ante la justicia, independientemente de cuál sea su pertenencia política”, manifestó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Lo que Venezuela no necesita es que las autoridades usen a opositores políticos como chivos expiatorios o cierren medios de comunicación cuya cobertura les disgusta”.

El 12 de febrero, estudiantes y grupos de oposición participaron en más de una decena de manifestaciones en todo el país en protesta por la detención de estudiantes durante marchas realizadas pocos días antes. Varias de las manifestaciones que tuvieron lugar el 12 de febrero culminaron en incidentes violentos, según indicaron medios de noticias. La organización de derechos humanos Provea informó que miembros de las fuerzas de seguridad habían empleado armas de fuego y gases tóxicos para dispersar al menos algunas de las manifestaciones. Human Rights Watch no tiene información sobre si otras personas presentes, además de las fuerzas de seguridad, estaban armadas.

En Caracas, estudiantes marcharon por la ciudad hasta la sede de la Fiscalía General de la República, donde se produjeron enfrentamientos violentos. La Fiscal General Luisa Ortega Díaz indicó que dos personas murieron, varias resultaron heridas —entre ellas agentes gubernamentales— y cuatro automóviles oficiales fueron incendiados. Los medios oficiales informaron que la sede de la fiscalía fue “atacad[a] por grupos violentos que se encontraban con los manifestantes”. Un tercer manifestante fue asesinado más tarde ese día en el municipio Chacao. Según la fiscal general, 69 personas fueron detenidas durante los incidentes.

El Presidente Nicolás Maduro acusó a líderes de oposición de haber generado la violencia. El Vicepresidente Elías Jaua expresó que López era el autor intelectual de los asesinatos. Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, exigió que se “sancionar[a] con el peso de la ley” a los responsables. El gobierno no ha difundido pruebas que permitan fundamentar estos señalamientos. En el pasado, las autoridades venezolanas han recurrido a la amenaza de investigaciones penales como herramienta política.

El 12 de febrero, la justicia dispuso la detención de López en relación con los dos asesinatos ocurridos en las proximidades de la Fiscalía General y por los delitos de lesiones graves, intimidación pública, incendio a edificio público y daños a la propiedad pública, según se observa en la imagen de la presunta orden de detención oficial que fue difundida en Internet por un periódico venezolano. Los medios indicaron que la justicia había dispuesto la captura de López y el allanamiento de su residencia.

“Si se confirma que López ha sido acusado penalmente sin que existan evidencias serias de que instigó los hechos de violencia, estaríamos ante un evidente abuso de poder”, expresó Vivanco.

El 11 de febrero, William Castillo, director de CONATEL, el órgano del Estado que regula a los medios de transmisión, indicó que la cobertura mediática de incidentes violentos podía importar una violación de la Ley de Responsabilidad Social. Castillo hizo referencia al artículo 27 de la ley, que fue sancionada por la Asamblea Nacional chavista en 2004 y luego reformada en 2010 con el objeto de prohibir que emisoras de radio y televisión difundieran contenidos que “fomenten zozobra en la ciudadanía o alteren el orden público”, “desconozcan a las autoridades legítimamente constituidas” o “inciten o promuevan el odio y la intolerancia por razones religiosas [o] políticas”.

Este artículo ha sido aplicado en el pasado por CONATEL para aplicar sanciones al canal venezolano Globovisión, luego de que transmitiera programación que contenía críticas al gobierno.

En la tarde del 12 de febrero, dos proveedores venezolanos de televisión por cable dejaron de transmitir el canal internacional de noticias NTN24, que había informado sobre los incidentes violentos durante el día. El canal indicó que CONATEL había exigido a las compañías de cable que adoptaran esta medida.