El gobernador de California, Jerry Brown, aprobó, el 16 de septiembre de 2013, un proyecto de ley que brinda esperanza y una oportunidad real de libertad condicional para unos 5.000 delincuentes juveniles en el estado, dijo hoy Human Rights Watch.

La Ley 260 del Senado (Hancock) creará un proceso de libertad condicional que tendrá en cuenta la edad del delincuente en el momento de cometer el delito, si la persona era entonces menor de 18 años. El proceso también tomará en consideración la rehabilitación subsiguiente como un factor clave para determinar si es apto para la libertad condicional. La nueva ley exige que la junta de audiencias de libertad condicional conceda una “oportunidad real” de libertad condicional a los jóvenes condenados a penas de prisión de adultos.

“Esta ley de libertad condicional juvenil representa la necesidad humana fundamental de esperanza”, señaló Elizabeth Calvin, defensora sénior de derechos del niño de Human Rights Watch. “California ha estado encarcelando a adolescentes y olvidándose de ellos. Esta nueva ley ofrece a los jóvenes un incentivo para que se esfuercen por conseguir la posibilidad de la libertad condicional”.

California condenó a muchos jóvenes a penas de prisión de adultos, incluso cuando eran menores de 18 años en el momento del delito. Más de 6.500 ofensores juveniles que fueron sentenciados a penas de prisión de adultos se encuentran en cárceles estatales de California. Algunos tenían apenas 14 años cuando cometieron el delito y aproximadamente la mitad está cumpliendo condenas de cadena perpetua. Del total, es probable que alrededor de 5.000 puedan calificar y beneficiarse de la ley SB 260.

Bajo la ley actual de California, no hay un proceso para que las autoridades puedan determinar si una persona que era menor de 18 años en el momento del crimen ha crecido y madurado y merece una oportunidad para que se adelante su entrevista de libertad condicional. La nueva ley proporcionará un proceso de revisión para los menores que fueron condenados como adultos y que hayan cumplido por lo menos 15 años de su sentencia. La ley se aplicará a los que ya fueron condenados, así como a los jóvenes que sean condenados en el futuro.

El gobernador Brown citó la ley SB 260 como prueba de los esfuerzos del estado para reducir el hacinamiento penitenciario. En sus alegatos al panel de tres jueces que ordenó al estado reducir el hacinamiento en las cárceles, Brown pidió más tiempo para que el estado pudiera progresar a partir de las reformas de la justicia penal que ya había puesto en marcha, y resaltó la ley SB 260 como un ejemplo de “reformas históricas [que demuestran] el claro compromiso del Estado con (...) el desarrollo de soluciones duraderas, equilibradas y rentables para las prisiones de California”.

“La ley de libertad condicional para jóvenes puede ayudar a reducir el hacinamiento en las cárceles, al proporcionar un proceso reflexivo para la revisión y posible libertad condicional para los delincuentes juveniles”, dijo Calvin. “California ha dado un verdadero paso hacia el reconocimiento de que los niños que cometen delitos son diferentes de los adultos”.

La ley SB 260 fue propuesta después de que tres casos de la Corte Suprema de Estados Unidos reconociera la importancia de las diferencias de desarrollo entre los adultos y los menores a la hora de dictar sentencia, dijo Human Rights Watch. La Corte Suprema de EE.UU. falló que los ofensores juveniles “no pueden clasificarse con fiabilidad entre los peores delincuentes” porque tienen mayor capacidad para cambiar que los adultos, y sus acciones son menos propensas a ser evidencia de una “personalidad irremediablemente depravada”.

La Corte Suprema de California se basó en estos casos en un dictamen de 2012 que consideró una condena de 110 años para un joven de 16 años inconstitucionalmente “cruel e inusual”. El alto tribunal de California invitó a la asamblea legislativa a ajustar las leyes estatales para que cumplan con su dictamen.

Desde 2004, Human Rights Watch ha investigado el uso de sentencias de cadena perpetua para las personas menores de 18 años en el momento del delito, y en 2008 publicó un informe sobre el uso en California de las sentencias a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, con una actualización de la investigación de California en 2012, así como con un informe nacional sobre las condiciones carcelarias que afrontan los jóvenes condenados a cadena perpetua sin libertad condicional.

Human Rights Watch fue el patrocinador de la ley SB 260, y entre las demás organizaciones co-patrocinadoras se destacan: el Proyecto de Justicia después de la Condena de la Facultad de Derecho de la Universidad del Sur de California, el Centro de Derecho Juvenil de EE.UU., la Coalición de Justicia Juvenil y el Comité de Amigos en la Legislación. El apoyo a la aprobación de la ley fue inusualmente diverso: comunidades religiosas, asociaciones médicas, activistas de derechos humanos y grupos de derechos de los niños se unieron a los familiares de las víctimas, la policía y muchos otros. Entre quienes respaldaron la promulgación del proyecto también figuran notables conservadores, entre ellos el ex presidente de la Cámara de Representantes de EE.UU., Newt Gingrich, y el ex líder republicano de la Asamblea de California, Pat Nolan.

“Condenas de prisión extremadamente largas crean desesperanza entre los jóvenes”, dijo Calvin. “Cuando los jóvenes ingresan en prisión con una condena que es tres o cuatro veces mayor que su edad actual, puede generar un deseo de querer rendirse. Esta nueva ley brindará una concienzuda revisión de estos jóvenes a medida que crecen y una oportunidad real de libertad condicional”.