(Washington, DC) - El nuevo llamamiento del presidente de Estados Unidos,  Barack Obama, para transferir a los detenidos de Guantánamo y poner fin a la “guerra” contra Al-Qaeda podría poner en marcha una política estadounidense contra el terrorismo más consistente con las obligaciones de derechos humanos de EE.UU., dijo hoy Human Rights Watch. Sin embargo, en su discurso del 23 de mayo de 2013, en la Universidad Nacional de Defensa en Washington, Obama no logró aclarar muchas cuestiones relacionadas con el programa de ejecuciones selectivas y extrajudiciales (conocidas en inglés como targeted killings), como por ejemplo cuál es el criterio que utiliza EE.UU. para determinar quién puede ser un blanco justificado y bajo qué circunstancias.

“La decisión del presidente Obama de levantar su moratoria a las transferencias de detenidos a Yemen sugiere que es posible que finalmente tenga la voluntad política de cumplir su promesa de cerrar Guantánamo”, señaló Kenneth Roth, director ejecutivo de Human Rights Watch. “Pero su reafirmación de que EE.UU. está en guerra con ‘fuerzas asociadas’ anónimas e indefinidas sugiere que hay pocas esperanzas de que exista una verdadera transparencia”.

El discurso de Obama hizo referencia a varios temas relacionados al uso de aviones no tripulados de EE.UU. (drones) en las ejecuciones selectivas y al centro de detención de Guantánamo, pero dejó sin contestar importantes preguntas, señaló Human Rights Watch. EE.UU. debe velar por la legalidad de su programa de ejecuciones selectivas, incluso mediante una mayor transparencia y la responsabilidad pública por las bajas civiles. EE.UU. también debe transferir a los detenidos de Guantánamo a sus países de origen u otras regiones, poner fin al uso de juicios injustos fundamentalmente ante comisiones militares y enjuiciar a los demás detenidos en los tribunales civiles estadounidenses.

Ejecuciones selectivas y la “guerra perpetua”
Las declaraciones de Obama de que no firmaría ninguna autorización extendida para la guerra y de que trabajaría con el Congreso tanto para reducir como, en última instancia, derogar la actual autorización para el uso de la fuerza militar sugieren un compromiso de rechazo del marco de “guerra perpetua”.

El gobierno de Obama nunca ha revelado plenamente el marco jurídico que aplica a su programa de ejecuciones selectivas ni los criterios que utiliza para identificar a sus blancos militares, más allá de declaraciones generales de la ley. En su discurso, Obama esencialmente ratificó las declaraciones previas de funcionarios de la administración en materia de política de ejecuciones selectivas, aunque señaló que las mismas reglas se aplican por igual a los ataques contra ciudadanos estadounidenses como no ciudadanos. También dijo que las ejecuciones selectivas se limitarían a situaciones en las que la captura no es factible.

Sin embargo, no abordó el significado de “inminencia” a la hora de determinar si un presunto terrorista representa una amenaza inminente para EE.UU., ni explicó cómo se determina el estado del combatiente. Tampoco se refirió a la práctica ampliamente reportada de los signature strikes, ataques contra personas desconocidas pero consideradas como combatientes, ya sea por su comportamiento u otras características, que no necesariamente cumplen los requisitos del derecho internacional. Tales ataques podrían ser ilegales.

Una hoja informativa emitida por la Casa Blanca durante el discurso de Obama pretendía establecer límites adicionales, pero se trata de un sumario acceso público irrestricto de un documento clasificado, y carece de precisión y definiciones clave. Obama dijo que había firmado una Guía de Política Presidencial que rige el uso de la fuerza contra sospechosos de terrorismo y que la guía había sido proporcionada al Congreso, pero esa guía sigue siendo clasificada. Es necesaria una mayor claridad sobre la política de ejecuciones selectivas para que el público sea capaz de evaluar el cumplimiento del derecho internacional aplicable, recomendó Human Rights Watch.

“Obama dijo que habría más límites a las ejecuciones selectivas, un paso en la dirección adecuada”, dijo Roth. “Sin embargo, una mera promesa de que EE.UU. operará dentro de pautas establecidas que conservan su carácter secreto no inspira mucha confianza en que EE.UU. está cumpliendo el derecho internacional”.

El traslado de detenidos de Guantánamo
El presidente Obama dijo que levantará la moratoria de su gobierno para transferir presos de Guantánamo a Yemen. La prohibición fue impuesta tras el intento de atentado contra un avión comercial estadounidense el día de Navidad de 2009, presuntamente planeado con la participación de Al-Qaeda en la Península Arábiga, un grupo basado en Yemen. También anunció el nombramiento de un enviado de alto nivel que dependerá de los Departamentos de Estado y Defensa para que supervise el proceso de transferencia e instó al Congreso a levantar las restricciones que impuso a los traslados de detenidos.

De los 166 presos que actualmente se encuentran en Guantánamo, 86 fueron designados por un grupo de trabajo interinstitucional en 2010 como aptos para ser transferidos a sus países de origen u otras naciones. En los últimos dos años, el Congreso impuso diferentes clases de restricciones a estas transferencias que hacían más difíciles –aunque no imposibles— las transferencias de detenidos de Guantánamo. Las últimas de estas limitaciones requieren que la administración certifique que los detenidos no se involucrarán en actos de terrorismo después de su puesta en libertad o que condone la certificación afirmando que la transferencia es en interés de la seguridad nacional de EE.UU. y que el riesgo de implicación en el terrorismo ha sido mitigado por “medidas alternativas” indefinidas.

Pero incluso si el gobierno hubiera estado dispuesto a certificar o anular las restricciones del Congreso, su propia prohibición autoimpuesta a las transferencias a Yemen impidió la liberación de 56 yemeníes, el grupo más grande entre los 86 detenidos aptos para ser puestos en libertad.

“Eliminar la prohibición de los traslado [de presos] a Yemen constituye un paso importante para el cierre de Guantánamo”, señaló Roth. “Pero no habrá luz al final del largo túnel de Guantánamo hasta que los yemeníes y otros detenidos empiecen realmente a ser trasladados”.

Comisiones Militares y las detenciones indefinidas
En su discurso, el presidente Obama no dijo nada nuevo de cara al tema del procesamiento de los detenidos en Guantánamo, excepto para sugerir un plan para transferir a algunos de ellos a EE.UU. para que comparezcan ante comisiones militares. Si bien trasladar las comisiones a EE.UU. podría abordar algunos problemas logísticos, no cambiaría el hecho de que son fundamentalmente injustas.

Obama hizo referencia a la situación de los 46 detenidos que fueron designados por un grupo de trabajo interinstitucional como “demasiado peligrosos” para ser liberados pero que no podían ser juzgados, en algunos casos, dijo, porque las pruebas contra ellos habían sido comprometidas o eran inadmisibles en un tribunal. Aunque Obama dijo que estaba seguro de que este “problema preexistente” podría ser resuelto en conformidad con el estado de derecho, no proporcionó ninguna indicación de que los 46 hombres no serían detenidos indefinidamente. Si estos presos no pueden ser procesados, deben ser puestos en libertad, dijo Human Rights Watch.

“La detención indefinida prolongada sin cargos ni juicio viola el derecho internacional de derechos humanos”, dijo Roth. “Pero el supuesto plan de Obama de trasladar a los detenidos a EE.UU. para su enjuiciamiento ante comisiones militares desacreditadas y reubicadas en EE.UU. no es la respuesta”.

A pesar de que las reglas de las comisiones militares se han reescrito tres veces desde que fueron instituidas por primera vez en 2005, y de que fueron incorporadas garantías legales adicionales bajo la presidencia de Obama, las comisiones todavía no cumplen con las normas internacionales sobre juicios justos, puntualizó Human Rights Watch. Entre otros defectos, carecen de independencia judicial, permiten la admisión de ciertos testimonios forzados, conceden que los militares escojan a dedo a miembros del jurado y no protegen las comunicaciones privilegiadas entre abogados y clientes.

“Obama debería tomarse en serio el aplauso rotundo a su afirmación de que Guantánamo nunca debió de haberse abierto, y cerrarlo de una vez por todas”, dijo Roth. “Poner fin a las detenciones indefinidas, restablecer el uso de los tribunales federales civiles y reconocer el mal que se ha hecho a los hombres encarcelados ilegalmente demostraría que el presidente quiere cerrar no sólo las instalaciones físicas de Guantánamo, sino también la idea de Guantánamo”.