President Barack Obama walks from the Brady Press briefing room after taking questions from the media at the White House.

© Reuters 2013

El presidente de Estados Unidos Barack Obama debería actuar sin demora para dar cumplimiento al compromiso, nuevamente reiterado, de erradicar la detención sin juicio por tiempo indefinido en la prisión militar estadounidense de Bahía de Guantánamo.

En una conferencia de prensa ofrecida en la Casa Blanca el 30 de abril de 2013, Obama expresó que la prisión de Guantánamo “debe ser cerrada” y se comprometió a revisar las medidas administrativas y a conseguir que el Congreso vuelva a trabajar en esta cuestión. El Presidente expresó estos comentarios luego de que trascendiera que más de 100 presos en Guantánamo iniciaron una huelga de hambre, y que muchos de ellos estarían siendo alimentados forzadamente por militares.

“El llamado del presidente Obama para poner fin a la detención indefinida en Guantánamo es una reacción alentadora tras su largo silencio sobre el tema”, indicó Laura Pitter, asesora sobre lucha contra el terrorismo de Human Rights Watch. “Si bien culpó al Congreso por los problemas en Guantánamo, hay varias medidas que pudo haber adoptado para erradicar la detención por tiempo indeterminado y todavía está en condiciones de hacerlo”.

Cuando Obama asumió la presidencia por primera vez en 2009, prometió que cerraría la cárcel de Bahía de Guantánamo en el lapso de un año. A más de cuatro años de este anuncio, 166 personas aún permanecen en esta prisión, y solamente unas pocas han sido acusadas.

Obama ha señalado a las restricciones impuestas por el Congreso al traslado de internos desde la prisión de Bahía de Guantánamo como uno de los obstáculos que impiden concretar su cierre, pero él mismo ha promulgado reiteradamente esas restricciones, observó Human Rights Watch. Y las restricciones tampoco representan una prohibición absoluta, sino que exigen al Secretario de Defensa asegurar el cumplimiento de ciertas condiciones en los países adonde sean trasladadas las personas detenidas.

De los presos que están actualmente en Guantánamo, anteriormente el gobierno de Obama identificó a 86 que serían transferidos a su país de origen o a terceros países una vez que se cumplan ciertas condiciones de seguridad. Sin embargo, la mayoría de estos 86 detenidos son originarios de Yemen, y el gobierno de Obama dispuso interrumpir todos los traslados a Yemen después de que, en diciembre de 2009, un hombre que afirmaba tener vínculos con el clérigo de ascendencia yemení Anwar al-Awlaki, nacido en Estados Unidos, intentara detonar un explosivo en un avión que se dirigía a Detroit. La semana pasada, la senadora Dianne Feinstein, quien preside la comisión de inteligencia del Senado y apoyó en un primer momento la prohibición, instó al gobierno de Obama a reconsiderar la suspensión de los traslados a Yemen.

De los demás detenidos, solamente seis están actualmente siendo enjuiciados en el sistema de comisiones militares, que presenta falencias sustanciales, mientras que otros tres están cumpliendo condenas.

A principios del primer mandato de Obama también se dispuso la detención indefinida de otros 46 detenidos que se consideran demasiado peligrosos para ser liberados pero contra quienes, según afirmó el gobierno, no existen suficientes pruebas admisibles, o cuyos actos no constituyeron delitos imputables.

La continuidad de esta situación no coincide con lo declarado por el Presidente el 30 de abril, cuando señaló que “la idea de que permanezcan detenidas para siempre un grupo de personas que no han sido juzgadas resulta contraria a nuestra esencia y a nuestros intereses, y no debe continuar”. Obama no dejó en claro a través de sus comentarios si consideraría justificada la decisión de mantener detenidas a grupos específicos de personas en forma indefinida, ni de qué manera lo haría.

La detención por tiempo indefinido sin que medie una acusación o un proceso judicial viola las normas internacionales de derechos humanos, indicó Human Rights Watch. Todos los detenidos de Guantánamo deberían ser acusados en tribunales federal o liberados. La justicia federal de Estados Unidos ha demostrado hace ya tiempo que está preparada para intervenir eficazmente en casos sobre terrorismo.

Previamente este año, el Departamento de Estado disolvió la oficina del enviado especial responsable de asegurar el cierre de la prisión en Guantánamo.

En las últimas semanas, numerosos internos de Guantánamo se sumaron gradualmente a una huelga de hambre. Varios abogados de los internos, además de algunos militares estadounidenses, han manifestado su profundo desconcierto ante el escaso interés aparentemente demostrado por el gobierno de Obama en lo que concierne a concluir la detención indefinida.

Según versiones de los medios, las autoridades militares enviaron “refuerzos médicos” a la prisión para colaborar con la alimentación de al menos 21 personas que se niegan a ingerir alimentos. Cinco presos habrían sido ya hospitalizados.

Alimentar por la fuerza a presos que participan de manera voluntaria e informada en una huelga de hambre es una medida que contraviene las normas internacionales, indicó Human Rights Watch. La Declaración de Malta sobre las Personas en Huelga de Hambre de la Asociación Médica Mundial, que ha sido respaldada por numerosos expertos de derechos humanos de las Naciones Unidas, señala que los médicos deben respetar la autonomía de estas personas, y que obligarlas a ingerir alimentos a pesar de su negativa informada y voluntaria constituye una medida injustificable. En una carta enviada al Secretario de Defensa Chuck Hagel la semana pasada, el presidente de la Asociación Médica Mundial, el Dr. Jeremy Lazarus, reiteró esta posición al señalar que “la alimentación forzada de detenidos transgrede los valores éticos de la profesión médica”.

“La decisión voluntaria de un detenido de realizar una huelga de hambre puede parecer extrema, y podría incluso tener consecuencias fatales, pero las autoridades están obligadas a respetarla”, comentó Pitter. “Que militares estadounidenses alimenten en forma generalizada y por la fuerza a personas que optan libremente por negarse a ingerir alimentos no hace más que agravar el perjuicio y la injusticia que supone su detención indefinida sin que medie acusación o proceso judicial”.

Cualquier determinación de que una persona en huelga de hambre actúa bajo coacción, por ejemplo, de otros internos, debería ser adoptada por expertos independientes tras analizar cada caso concreto, indicó Human Rights Watch. La política del Ejército estadounidense de alimentar forzadamente a todos los detenidos, se basa únicamente en el argumento de que la alimentación es necesaria “para prevenir la muerte o graves perjuicios”, pero vulnera su derecho a la autonomía, mientras que la modalidad en que este proceso se lleva a cabo podría constituir maltrato, observó Human Rights Watch.