(Washington, DC) – La Cámara de Representantes deEstados Unidosdebería aprobar el proyecto para restaurar la Ley sobre Violencia contra la Mujer (Violence Against Women Act, VAWA) que ya recibió media sanción en el Senado, en vez de la versión menos rigurosa formulada por la Cámara que atenúa las protecciones reconocidas, señaló hoy Human Rights Watch. La sanción del proyecto aprobado en el Senado permitiría que todas las mujeres que sean víctimas de violencia puedan acceder a medidas de protección y servicios, indicó Human Rights Watch. Se espera que la Cámara vote esta semana la prórroga de la norma.

El proyecto de la Cámara de Representantes revierte algunas disposiciones de la versión del Senado destinadas a encarar la falta de acceso a la justicia entre víctimas de violencia que pertenecen a las reservas nativas estadounidenses. También restringe algunas protecciones habilitadas para víctimas inmigrantes y excluye otras que protege de la discriminación a las víctimas de la población de lesbianas, gais, bisexuales y personas transgénero (LGBT). Durante el último período de sesiones del Congreso, las iniciativas para prorrogar la VAWA se vieron estancadas debido a diferencias sobre estos puntos entre la Cámara de Representantes y el Senado.

“Lamentablemente, pareciera que los líderes de la Cámara casi no han extraído enseñanzas de lo que sucedió la última vez”, indicóMeghan Rhoad, investigadora sobre derechos de la mujer de Human Rights Watch. “Con este proyecto de ley, se interponen a la posibilidad de asegurar que todas las víctimas reciban protección ante hechos de violencia. Esperamos que la Cámara de Representantes adopte un nuevo rumbo y apoye el proyecto bipartidista del Senado”.

La VAWA es el principal estatuto federal que contempla garantías y servicios legales para contrarrestar los abusos domésticos, la violencia sexual y el acoso. El Congreso ha prorrogado la ley VAWA en dos ocasiones desde que fue sancionada originalmente en 1994. El 12 de febrero de 2013, el Senado aprobó el proyecto S. 47, una iniciativa bipartidaria para prorrogar la VAWA, con 78 votos a favor.
El proyecto del Senado aborda aspectos sobre competencia que obstaculizan la posibilidad de procesar a hombres que no pertenecen a la población aborigen estadounidense por actos de violencia cometidos contra mujeres de estas comunidades. El proyecto restablecería la competencia de los tribunales tribales de la población nativa estadounidense para entender en estos casos cuando los hechos de violencia doméstica y la violencia en el marco de vínculos de pareja se produzcan en territorios tribales.

Actualmente, ni las autoridades estatales ni tribales tienen competencia en estas situaciones. A pesar de que el gobierno federal sí tiene competencia, a menudo no considera prioritario el juzgamiento de delitos menores vinculados con la violencia que se manifiesta en el ámbito doméstico y las relaciones de pareja. Según ha señalado la Oficina de Control y Fiscalización del Gobierno de Estados Unidos (US Government Accountability Office), los cargos por agresión y abuso sexual son los más frecuentes en estas reservas aborígenes, y representan el 55 por ciento de todos los cargos formulados entre el ejercicio fiscal 2005 y 2009. Las fiscalías estadounidenses no promovieron acciones penales en el 67 por ciento de los casos de abuso sexual o conductas relacionadas, ni en el 46 por ciento de las agresiones.

El proyecto del Senado prevé que el gobierno federal preserve su competencia paralelamente con las autoridades tribales. El proyecto dispone que los tribunales tribales deberán reconocer los derechos constitucionales de los acusados, incluido el derecho a ser juzgados por un jurado imparcial. Y estos, a su vez, podrían presentar un recurso de hábeas corpus ante la justicia federal para impugnar su detención por autoridades tribales.

El proyecto de la Cámara de Representantes prevé que las autoridades tribales soliciten al Fiscal General de Estados Unidos que certifique que están en condiciones de proteger los derechos de la persona acusada como condición para que dichas autoridades puedan ejercer su competencia en estos casos. A su vez, el proyecto de la Cámara permitiría que los agresores contra quienes se haya
dictado un pronunciamiento definitivo en los tribunales tribales soliciten a la justicia federal que revise la decisión. El representante republicano por Oklahoma Tom Cole ha señalado que el proyecto de la Cámara “no consigue otorgar a las poblaciones tribales la autoridad necesaria para asegurar su territorio y proteger a sus ciudadanos”.

“Al no someter a la justicia a los hombres que no son nativos estadounidenses y cometen actos de violencia contra mujeres aborígenes de esta población, el sistema judicial envía una señal de que permitirá que se sigan cometiendo abusos”, manifestó Rhoad. “Debemos resolver las cuestiones sobre competencia que, durante demasiado tiempo, han permitido que quienes cometen abusos actúen con impunidad y han puesto en riesgo a mujeres de la población nativa estadounidense”.

Estas mujeres están expuestas a niveles de violencia considerables, y los datos aportados por el Instituto Nacional de Justicia (National Institute of Justice) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) indican que el 34 por ciento de las mujeres de la población nativa estadounidense han sido violadas en algún momento de su vida, y que el 39 por ciento son víctimas de violencia doméstica. Las estadísticas de los CDC muestran comparativamente que, en Estados Unidos, el 20 por ciento de las mujeres han sido violadas sexualmente, y el 25 por ciento han sufrido actos de violencia física grave por una pareja.

El proyecto de la Cámara de Representantes también minaría las garantías para mujeres inmigrantes, indicó Human Rights Watch. Modificaría los requisitos para obtener visas de categoría “U”, de carácter temporario, que permiten a inmigrantes que sean víctimas de delitos graves permanecer en Estados Unidos para brindar asistencia a las autoridades de aplicación de la ley durante la investigación y el juzgamiento de estos hechos. El proyecto de la Cámara no permitiría que las autoridades de aplicación de la ley otorguen a las víctimas certificaciones para las visas de tipo “U” cuando “probablemente puedan resultar útiles” para una investigación o proceso, sino únicamente cuando hayan colaborado o colaboren actualmente en procedimientos. Esta modificación obstaculizaría innecesariamente la posibilidad de estos funcionarios de proteger a víctimas que cooperan aportando información indispensable para una investigación o un juicio, aseveró Human Rights Watch.

La Cámara también eliminó una disposición incorporada por el Senado que habría incluido el acoso en la lista de delitos graves contemplados entre los requisitos para la visa de tipo “U”.
“En la práctica, el proyecto de la Cámara de Representantes supondría obstáculos adicionales a la posibilidad de que las autoridades de seguridad pública investiguen los delitos”, señaló Rhoad. “Y frustraría todo el trabajo llevado a cabo para ofrecer garantías a las mujeres inmigrantes de que, en todos los casos, podrán exigir protección frente a actos de violencia sin riesgo de ser deportadas”.

Asimismo, el proyecto de la Cámara omite incluir disposiciones contra la discriminación que garantizarían el acceso igualitario a servicios indispensables por parte de personas LGBT que sean víctimas de violencia. El proyecto originado en el Senado incorporó estas disposiciones luego de que proveedores de servicios de todo el país reconocieran a las víctimas LGBT como un grupo relegado. El proyecto de la Cámara tampoco contempla algunas garantías sobre vivienda pública para víctimas de violencia, requisitos para que las universidades aborden el problema de la violencia sexual en sus establecimientos, ni disposiciones destinadas a reducir el retraso que existe a nivel nacional en el análisis de muestras recogidas con posterioridad a hechos de violencia sexual y que contienen pruebas físicas de estos delitos.