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Honduras debe investigar homicidio de abogado de derechos humanos

Los asesinos de Antonio Trejo deben ser llevados ante la justicia

(Washington, D.C.) – Las autoridades de Honduras deberían asegurar que se efectúe una investigación oportuna, exhaustiva e imparcial del asesinato del abogado Antonio Trejo Cabrera, señaló hoy Human Rights Watch. Abogado de profesión, Trejo se dedicó a la defensa del derecho de los campesinos y se opuso públicamente a la creación de zonas autónomas especiales de desarrollo. El 22 de septiembre de 2012, Trejo murió al ser alcanzado por disparos tras asistir a una boda en el sur de Tegucigalpa.

“Las autoridades deben actuar sin demora para llevar ante la justicia a los responsables del homicidio de Trejo y enviar un mensaje firme de que la respuesta ante eventuales ataques contra defensores de derechos humanos será contundente”, señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.

Trejo recibió varios disparos cerca de las 9:30 p.m., poco después de salir de la iglesia donde se había celebrado la boda. Fue trasladado hasta un hospital, pero falleció al rato de llegar. Las circunstancias de su muerte señalan claramente que se trataría de un hecho deliberado y que Trejo no fue víctima de un delito común.

Según versiones de la prensa, la policía habría iniciado una investigación del homicidio.

Trejo era el apoderado legal de un grupo de campesinos del Valle del Bajo Aguán, el Movimiento Auténtico Reivindicador Campesino del Aguán (MARCA), que desde hace tiempo mantiene una disputa territorial con terratenientes locales. Más de 80 personas han sido asesinadas en ese valle en los últimos tres años en hechos de violencia relacionados con este conflicto, según señalan organizaciones de derechos humanos locales. 

Trejo había recibido amenazas de muerte en varias oportunidades en junio de 2011, conforme se indica en un informe publicado por varias organizaciones no gubernamentales internacionales y nacionales que efectuaron una misión de investigación en el Valle del Bajo Aguán en 2011. El informe señala que Trejo presentó una denuncia formal sobre las amenazas ante autoridades federales de la Dirección General de Investigación Criminal. 

El 21 de agosto de 2012, Trejo fue detenido junto con otras 24 personas mientras participaba en una protesta organizada frente a la Corte Suprema de Honduras, también vinculada con los conflictos por la tierra en el Valle del Bajo Aguán. Los manifestantes fueron acusados de  convocar una protesta en forma ilegal —si bien Trejo aseveró que estas acusaciones eran infundadas— y se encontraban a la espera de que se terminara su juicio.

El 5 de septiembre, Trejo presentó junto con otros abogados un recurso judicial para detener la creación de “Regiones Especiales de Desarrollo” en Honduras. Conforme al proyecto, las “ciudades modelos” gozarían de condiciones regulatorias y comerciales especiales para fomentar la inversión y contarían con sus propias leyes, fuerzas policiales y sistemas judiciales

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