Flags fly above the sign for Camp Justice at Guantanamo Bay.

© 2009 Reuters

(Washington DC) – La muerte de un detenido en la Bahía de Guantánamo el 8 de septiembre de 2012 pone de relieve la necesidad de que el Gobierno de Estados Unidos procese a los detenidos en una corte civil o que los ponga en libertad, Human Rights Watch señaló hoy. La muerte de Adnan Latif, un yemení que presentaba un cuadro grave de estrés emocional y había intentado suicidarse varias veces, pone de manifiesto el sufrimiento de las personas que permanecen largos períodos en detención indefinida sin juicio.

“La muerte de otro preso debería llamar la atención del mundo sobre la continua tragedia de la detención indefinida sin juicio en Guantánamo”, señaló Andrea Prasow, asesora principal de Contraterrorismo de Human Rights Watch. “El gobierno de Barack Obama debería cumplir con su promesa de larga data de cerrar Guantánamo”.

Latif fue detenido por primera vez por las autoridades militares paquistaníes a finales de 2001 y enviado a Guantánamo en enero de 2002. En 2004, Latif declaró ante una comisión evaluadora militar que había ido a Pakistán, y posteriormente a Afganistán, para recibir tratamiento médico por las lesiones que sufrió tras un accidente automovilístico. La junta rechazó su petición para buscar los registros médicos que respaldan su versión. El historial médico, que fue obtenido más tarde por los abogados de Latif y enviado a Human Rights Watch, describía graves lesiones en la cabeza y recomendaba que se sometiera a una operación adicional.

En 2004, funcionarios del Departamento de Defensa de EE.UU. recomendaron la puesta en libertad de Latif, reconociendo que no participó en ninguna clase de adiestramiento terrorista. En 2007, el gobierno de Bush también recomendó su liberación. Sin embargo, Latif y sus abogados no recibieron esta información hasta que fue revelada en los procedimientos judiciales federales en 2010.

Durante su detención, Latif indicó que estaba experimentando graves dificultades. En mayo de 2010, incluso antes de que estuviera al tanto de las recomendaciones de liberación anteriores, escribió lo siguiente a su abogado: “Ustedes siguen buscando justicia y audiencias [mientras que] yo estoy siendo empujado hacia la muerte”. Latif se declaró frecuentemente en huelga de hambre, ocasiones en las que el personal militar lo obligaba a alimentarse a través de un tubo forzado por la nariz. Su abogado describió que cuando llegaba para las consultas legales lo encontraba demacrado y ataviado en una bata protectora antisuicidio.

“Es difícil imaginar el sufrimiento al que estos hombres se ven sometidos al cabo de 10 años o más de detención sin la oportunidad de un juicio penal”, señaló Prasow. “Independientemente de que los legisladores estadounidenses se den cuenta o no, Guantánamo sigue siendo un grave obstáculo para la promoción de los derechos humanos en el extranjero”.

A raíz de una impugnación de la legalidad de la detención de Latif, , el juez de distrito de EE.UU. Henry Kennedy, Jr., ordenó en 2010 la libertad de Latif, al considerar su historia “plausible”. Pero en vez de devolver a Latif a su país natal, Yemen, o procurar su reasentamiento en un tercer país, el gobierno de Obama apeló el fallo en la Corte de Circuito de Washington DC, que en 2011 revirtió la decisión del juez Kennedy.

La sentencia de la Corte de Apelaciones de Washington no sólo afectó el caso de Latif, sino que también socavó gravemente la capacidad de otros detenidos de Guantánamo de impugnar sus detenciones. El fallo sostenía que a las pruebas del gobierno se les debería conceder una “presunción de regularidad”, lo que requiere que jueces de tribunales inferiores den por hecho la validez de las pruebas obtenidas por funcionarios del gobierno. Esto incluye información obtenida en entornos caóticos de batalla, a menos que exista clara evidencia de lo contrario. Como consecuencia, se convertía en responsabilidad del detenido demostrar que las pruebas eran falsas o poco fiables. En junio de 2012, la Corte Suprema decidió no escuchar el caso, dejando que el dictamen de la corte de apelaciones rija los casos de los detenidos de Guantánamo.

Después de la muerte de Latif, sigue habiendo 167 detenidos en Guantánamo. Solo seis de ellos enfrentan acusaciones formales. Previamente, el gobierno de Obama aprobó la transferencia de 57 de los detenidos restantes, con 30 yemeníes adicionales condicionalmente aprobados para ser trasladados. Inicialmente, se recomendó que 48 detenidos permanecieran en detención indefinida; desde entonces, dos de esos 48 han muerto. La información sobre cuáles fueron los detenidos que fueron designados para ser transferidos y cuáles fueron designados para permanecer en detención indefinida no se ha hecho pública. Tras el intento de atentado contra un avión el día de Navidad de 2009 por Umar Farouk Abdulmutallab, un nigeriano que se había entrenado en Yemen, el gobierno impuso una moratoria a los traslados a Yemen.

En 2010 y 2011, el Congreso impuso restricciones a la transferencia de detenidos fuera de Guantánamo, exigiendo que el gobierno firme las certificaciones que detallan los planes de puesta en libertad y que indican que se han tomado las medidas necesarias en el país receptor para mitigar cualquier riesgo que dicho retorno podría plantear. El gobierno aún no ha proporcionado dicha certificación para ninguno de los casos. En abril de 2012, dos detenidos Uighur –cuya detención fue previamente declarada ilegal— fueron reasentados en El Salvador y en julio de 2012, Ibrahim al Qosi fue devuelto a su país natal, Sudán, bajo los términos de un acuerdo de admisión de culpabilidad ante una comisión militar. Ambas transferencias cayeron dentro de las excepciones legales al requisito de certificación.