(Nueva York)—Los sospechosos de participar en el motín de 2009 de los guardias fronterizos Rifles de Bangladesh (BDR) han sido sometidos de manera generalizada a abusos, torturas y muerte mientras se encontraban bajo custodia, Human Rights Watch señaló en un informe publicado hoy. Los juicios masivos de casi 6,000 sospechosos despiertan serias preocupaciones sobre un proceso judicial justo.
El informe de 57 páginas, “‘The Fear Never Leaves Me’: Torture, Custodial Deaths, and Unfair Trials After the 2009 Mutiny of the Bangladesh Rifles”(“’El miedo nunca me abandona’: Tortura, muertes bajo custodia y juicios injustos tras el motín de los Rifles de Bangladesh de 2009”), provee un recuento detallado del motín y documenta los serios abusos que se cometieron después, incluyendo la tortura por parte de las fuerzas de seguridad de personas bajo custodia por su presunta participación en la planificación del motín, y las continuas preocupaciones de las violaciones al derecho a un juicio justo en los procesos judiciales en masa de cientos de sospechosos al mismo tiempo. El notorio Batallón de Acción Rápida (RAB, por sus siglas en inglés) supuestamente ha estado involucrado en muchos de los abusos.
“Los responsables de la terrible violencia que se saldó con 74 muertos deben ser llevados ante la justicia, pero no mediante torturas y juicios injustos”, dijo Brad Adams, director para Asia de Human Rights Watch. “La respuesta inicial del gobierno al motín fue proporcional y salvó vidas al negarse a las exigencias del ejército de utilizar la fuerza abrumadora en un área densamente poblada. Pero desde entonces, esencialmente ha dado su visto bueno a las acciones de venganza de las fuerzas de seguridad a través del abuso físico y los juicios en masa”.
Human Rights Watch entrevistó a unas 60 personas para este informe, incluyendo familiares de las víctimas, fiscales, abogados y periodistas. Human Rights Watch hizo un llamamiento a las autoridades de Bangladesh para que establezcan un equipo independiente de investigación y enjuiciamiento con suficiente experiencia, autoridad y recursos para investigar con rigor y procesar las acusaciones de abusos a los derechos humanos después del motín. Los juicios en masa deberían ser suspendidos.
Durante el motín, murieron 74 personas, entre las cuales se encontraban 57 oficiales del ejército, y varias esposas de oficiales fueron víctimas de ataques sexuales. El motín, que se cree que fue provocado por las quejas de larga data de guardias de bajo rango, se desencadenó durante las celebraciones anuales del BDR el 25 de febrero de 2009, en los cuarteles Pilkhana en la sede central de Dhaka. El gobierno recién electo dirigido por el primer ministro Sheikh Hasina escogió negociar un acuerdo en vez de enviar un escuadrón muy armado, tal como exigió el ejército, para sofocar el motín.
Sin embargo, después del motín, el ejército y otros organismos de seguridad inmediatamente empezaron a reunir a miles de sospechosos. Los familiares de los detenidos y los medios de comunicación no tardaron en reportar presuntas torturas y muertes bajo custodia.
Al menos 47 personas han muerto bajo custodia. Los detenidos fueron sometidos a palizas, a menudo en las suelas de los pies o las palmas de sus manos, y descargas eléctricas. Algunas víctimas describieron cómo fueron colgados boca abajo desde el techo. Muchos de los que sobrevivieron las torturas sufrieron dolencias físicas a largo plazo, como insuficiencia renal y parálisis parcial. Algunos familiares contaron a Human Rights Watch que, como consecuencia de esto, las víctimas parecían psicológicamente destruidas y deprimidas.
Un hombre cuyo padre murió bajo custodia dijo a Human Rights Watch que su progenitor gozaba de buena salud hasta que fue detenido: “Mi padre trataba de ocultarme lo que le había pasado, pero yo veía que le costaba andar, se tambaleaba, no podía mantenerse en pie”.
Human Rights Watch planteó sus preocupaciones ante el gobierno en Dhaka en marzo de 2009 y volvió a referirse al tema con frecuencia desde entonces. Human Rights Watch no tiene conocimiento de ningún caso en que el gobierno ordenara investigaciones de las presuntas torturas y muertes bajo custodia relacionadas al motín. En su lugar, comunicados oficiales afirman que muchos de los acusados murieron de ataques cardiacos, y otras causas naturales, incluso en casos en los que hay pruebas sustanciales de severos daños corporales mientras la persona se encontraba bajo custodia.
La tortura es utilizada de manera sistemática por las fuerzas de seguridad en Bangladesh, incluso pese a ser un miembro de la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas. Human Rights Watch y otros han documentado desde hace tiempo el uso sistemático de la tortura en Bangladesh por sus fuerzas de seguridad, incluyendo el ejército, el Batallón de Acción Rápida y la Dirección General de Fuerzas de la Inteligencia, el principal organismo de inteligencia del país.
“El hecho de que el gobierno no investigue las acusaciones de tortura y muertes bajo custodia hace que parezca que no le importa lo que les pase a las víctimas ni la conducta de las fuerzas gubernamentales”, señaló Adams. “El gobierno habla mucho de derechos humanos y un Estado de derecho, pero no ha hecho nada para detener la cultura de abuso e impunidad entre sus fuerzas de seguridad”.
Human Rights Watch expresó sus serias preocupaciones sobre la enorme cantidad de personas condenadas después de los juicios en masa ante tribunales militares y cortes civiles especiales creados para la ocasión. La mayoría de los acusados no ha tenido acceso a un asesoramiento legal adecuado, tiempo suficiente para preparar una defensa ni acceso a las pruebas en su contra; algunos ni siquiera tienen conocimiento de cuáles son los cargos que pesan en su contra. Si bien la fiscalía ha garantizado a Human Rights Watch que los testimonios obtenidos bajo coacción no serían utilizados contra los acusados, los abogados dijeron a Human Rights Watch que dichas declaraciones forzadas formaban parte de los expedientes de sus clientes.
A Human Rights Watch le preocupa especialmente que estos juicios se lleven a cabo en masa: más de 800 de los acusados son juzgados simultáneamente. En torno a 4,000 personas ya han sido declaradas culpables por tribunales militares, todos en juicios masivos. Una corte civil especialmente designada, establecida bajo el Código de Procedimiento Penal de Bangladesh, está juzgando un caso contra 847 personas acusadas de conductas criminales serias, tales como homicidio. Algunos de los cargos en este caso conllevan la pena de muerte como posible sentencia.
Las autoridades de Bangladesh deberían suspender inmediatamente estos juicios masivos. En su lugar, deberían establecer un equipo de trabajo de investigación y enjuiciamiento independiente con suficiente experiencia, autoridad y recursos para investigar con rigor y, en caso procedente, enjuiciar todas las acusaciones de muertes, torturas y malos tratos ilícitos de presuntos participantes en el motín, independientemente de su rango o afiliación institucional de la persona responsable del abuso.
Hasta que se haya establecido este grupo de trabajo independiente, los fiscales existentes deberían investigar y, si procede, enjuiciar todas las acusaciones de muertes, torturas y malos tratos ilegales de presuntos participantes en el motín, independientemente de su rango o afiliación institucional de la persona responsable del abuso.
Los familiares de las víctimas y los supervivientes del motín merecen justicia. Es imposible llevar a cabo juicios justos a menos que la fiscalía prepare un caso contra cada persona acusada y que el abogado del acusado tenga tiempo y documentación suficiente para preparar una defensa adecuada”, dijo Adams. “Los juicios en masa como estos simplemente no pueden proveer justicia a las víctimas, ni respuestas reales sobre quiénes fueron los responsables de estos terribles crímenes cometidos durante el motín”.
