(Nueva York) – Los estándares nacionales para la eliminación de las violaciones sexuales en prisión adoptados el 17 de mayo de 2012 por el Departamento de Justicia, que han generado amplia expectativa, podrían poner fin a hechos generalizados de violación sexual en las cárceles de Estados Unidos si se aplican adecuadamente, señaló hoy Human Rights Watch. Los estándares ofrecen directrices a funcionarios federales, estatales y locales sobre cómo prevenir, detectar y abordar incidentes de abuso sexual en sus centros de detención.
El Congreso ordenó que se desarrollen estándares nacionales a través de la Ley para la Eliminación de las Violaciones Sexuales en Prisión (Prison Rape Elimination Act, PREA), aprobada por unanimidad en 2003. La ley instaba a disponer la creación de una Comisión Nacional para la Eliminación de las Violaciones Sexuales en Prisión, que se encargaría de efectuar un análisis de las causas y consecuencias de estas violaciones y proponer estándares nacionales al Fiscal General. Estos objetivos fueron cumplidos en 2009. Los estándares difundidos el 17 de mayo reflejan en gran medida el trabajo de la comisión y el objetivo del Congreso de proteger a todos los hombres, mujeres y menores que se encuentren detenidos a través de una política eficaz de tolerancia cero frente al abuso sexual.
“Los estándares sobre violaciones sexuales en prisión brindan un plan de trabajo práctico y viable a los funcionarios para que puedan erradicar este problema generalizado”, aseveró Jamie Fellner, asesora del programa sobre Estados Unidos de Human Rights Watch y ex integrante de la Comisión Nacional para la Eliminación de las Violaciones Sexuales en Prisión. “Aun si estos estándares no son perfectos, son mucho más efectivos de lo que se esperaba, teniendo en cuenta la férrea oposición por parte de algunos centros penitenciarios a modificar la forma en que administran estos establecimientos. El Departamento de Justicia ha dejado en claro que los antiguos métodos no son ni pueden ser suficientes”.
Los estándares tendrán efectos vinculantes inmediatos para los establecimientos del Departamento de Justicia, como aquellos administrados por la Agencia Federal de Prisiones. El 17 de mayo se divulgó un memorando presidencial donde se aclara que otras agencias federales que administran centros de detención también están bajo el ámbito de la PREA y se instruye a tales agencias a trabajar con el Fiscal General para determinar qué medidas deben adoptar para cumplir con dicha norma. Un aspecto a destacar es que este requisito se aplica al Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security, DHS), que tiene a su cargo personas detenidas por razones de inmigración.
“Ante la inexplicable renuencia del Departamento de Seguridad Nacional a cumplir con la PREA, esperamos que el Fiscal General inste a esta institución a formular estándares igualmente efectivos o mejores que los adoptados hoy”, expresó Fellner. “El Congreso en ningún momento tuvo la intención de que las personas detenidas por motivos de inmigración recibieran menos protecciones frente al abuso sexual que quienes se encuentran en cárceles o prisiones estatales”.
Si bien la PREA no exige que los estados adopten los estándares del Departamento de Justicia, los estados que no lo hagan perderán parte de los fondos federales asignados a rubros penitenciarios. Por sobre todo, si no adoptan los estándares, los organismos tendrán dificultades para demostrar su compromiso con la protección de los jóvenes y adultos detenidos bajo su custodia, expresó Human Rights Watch.
Un informe de la Oficina de Estadísticas de Justicia (Bureau of Justice Statistics, BJS) sobre victimización sexual, que también se difundió el 17 de mayo, alerta sobre una necesidad actual y urgente de proteger a los internos frente al abuso sexual. Según el informe de la BJS, “Sexual Victimization Reported by Former State Prisoners, 2008” (Denuncias de victimización sexual de ex internos en establecimientos estatales, 2008), se calcula que uno de cada diez ex internos adultos que estuvieron detenidos en establecimientos estatales afirman haber sido agredidos sexualmente por miembros del personal u otros presos durante su reclusión. La mayoría de las víctimas de abuso sexual por parte de miembros del personal (86 por ciento) y más de la mitad de las víctimas de abusos por otros internos (58 por ciento) afirman haber sido victimizadas en varias oportunidades.
Los nuevos estándares nacionales se aplican a prisiones y cárceles para adultos, centros con celdas para detención temporaria, establecimientos de confinamiento comunitarios (como hogares de transición o centros de rehabilitación para quienes consumen drogas) y establecimientos para menores.
Entre otras cosas, los estándares exigen que estos establecimientos:
· definan y realicen todos los esfuerzos necesarios para implementar planes que permitan contar con personal suficiente para proteger a los internos frente al abuso;
· brinden capacitación a los empleados para prevenir el abuso sexual;
· investiguen exhaustivamente todas las denuncias sobre conducta indebida de naturaleza sexual por parte de internos o miembros del personal;
· establezcan diversos mecanismos a través de los cuales los internos puedan denunciar en forma privada incidentes de abuso sexual;
· evalúen a los reclusos para determinar si existen antecedentes de victimización sexual o conducta abusiva, y tengan en cuenta esta información al tomar decisiones sobre alojamiento o asignación a programas;
· prohíban que las internas sean palpadas por personal masculino durante los cacheos;
· separen a los internos menores de 18 años que se encuentren en establecimientos para adultos de los reclusos mayores de edad;
· efectúen diagnósticos y brinden tratamientos médicos y de salud mental continuos, además de acceso a consejería por parte de especialistas externos en casos de violación, a los internos que hayan sido victimizados; y
· difundan estadísticas anuales sobre abuso sexual para cada establecimiento, y realicen auditorías en todos los centros al menos una vez cada tres años.
Human Rights Watch comenzó a investigar el problema del abuso sexual en las prisiones estadounidenses hace más de 16 años y participó activamente en las iniciativas que impulsaron la aprobación de la PREA.
“Ahora que hemos conseguido estos estándares, es fundamental que todos —incluidos los organismos, las organizaciones de incidencia y otras organizaciones y personas públicas— adopten medidas para asegurar que se apliquen de manera efectiva en los centros de detención del país, y que no se conviertan en una simple victoria formal”, indicó Fellner. “Es posible que algunos organismos protesten por el costo que supone implementar los estándares. Sin embargo, si una jurisdicción no puede solventar el costo de proteger a internos y otras personas detenidas frente al riesgo de violación sexual, debería reducir la cantidad de personas que se encuentran bajo su custodia hasta alcanzar un nivel en el cual sí pueda garantizarles protección”.
