El Dr. Wenceslao Mansogo en las oficinas de la ONU en Ginebra durante la reunión del Consejo de Derechos Humanos en marzo de 2010.

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(Nueva York) – La condena dictada en Guinea Ecuatorial contra un importante miembro de la oposición, cuyos integrantes sufren hostigamientos constantes, es el resultado de un proceso judicial que no es más que una farsa, Human Rights Watch señaló hoy. Un tribunal de la ciudad de Bata determinó que el médico Wenceslao Mansogo Alo incurrió en negligencia profesional y lo condenó a tres años de prisión, en el marco de un juicio que respondió a motivaciones políticas.

Mansogo, líder de la oposición política y destacado defensor de derechos humanos, permanece detenido desde el 9 de febrero de 2012, tras la muerte de una paciente durante una intervención quirúrgica. El tribunal también accedió al pedido de la fiscalía de ordenar la clausura de la clínica de salud privada de Mansogo y a que se imponga el pago de una compensación de cinco millones de francos CFA (aproximadamente US$10,000) a la familia de la paciente, así como 1.5 millones de francos CFA (aproximadamente US$3,000) al Gobierno de Guinea Ecuatorial. Sus abogados tienen previsto apelar la condena, además de la clausura de la clínica y las multas impuestas.

“La condena de Mansogo no resiste un análisis serio y debería ser anulada en la instancia de apelación”, manifestó Daniel Bekele, director para África de Human Rights Watch. “Su procesamiento constituye una medida claramente oportunista —destinada a quitar a destacado oponente del escenario político— que no se justifica por las circunstancias del incidente en cuestión”.

Human Rights Watch y Amnistía Internacional han instado anteriormente a las autoridades a ordenar la liberación inmediata e incondicional de Mansogo, alegando la falta de pruebas que justifiquen una acción penal, y denunciando la posibilidad de que su detención no tiene otro objeto que poner fin a la labor que este lleva a cabo desde la oposición y en la defensa de los derechos humanos.

Además de administrar el Centro Médico Espoir Litoral en Bata, del cual es propietario y donde se especializa en ginecología y obstetricia, Mansogo es además uno de los líderes del partido Convergencia para la Democracia Social (CPDS) donde se desempeña como secretario de Relaciones Internacionales y Derechos Humanos. También es miembro de la legislatura local.

Además de ser el principal partido de oposición, la CPDS impulsa iniciativas de educación sobre derechos humanos y supervisa, investiga y denuncia violaciones de derechos humanos. Es común que autoridades del gobierno persigan, intimiden y detengan a miembros de este partido.

Luego de ocupar la presidencia de Guinea Ecuatorial desde 1979, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo se ha convertido en el mandatario africano que más tiempo ha permanecido en el cargo. Su gobierno se ha distinguido por violaciones de derechos humanos, altos niveles de corrupción y un desempeño deficiente de los indicadores socioeconómicos, pese al elevado producto bruto interno per cápita del país.

“El gobierno de Obiang ha aprovechado las circunstancias en que se produjo la muerte de una paciente para tomar represalias contra uno de sus principales críticos”, indicó Bekele. “La condena de Mansogo debería anularse, y se debería ordenar su liberación y permitirle desempeñar libremente su labor política, profesional y de derechos humanos”.

Human Rights Watch expresó su preocupación ante las amenazas recibidas por los abogados de Mansogo. Uno de ellos ha sido amenazado con violencia en varias oportunidades por el padre de la paciente fallecida, quien trabaja como policía en Bata. A otro se le advirtió que le quitarían su matrícula profesional, supuestamente debido a comentarios críticos sobre el gobierno que expresó durante los alegatos finales en el juicio de Mansogo.

Desde su detención, Mansogo ha sufrido distintos actos de persecución, expresó Human Rights Watch. Si bien su esposa y sus abogados han podido visitarlo, no se le ha permitido recibir otras visitas luego de su traslado de una celda en una delegación policial a la cárcel central de Bata el 10 de febrero, a pesar de una orden judicial que le concede la posibilidad de visitas sin restricciones. Asimismo, el 17 de abril, la policía entró a su celda y confiscó sus artículos personales, incluida una computadora, libros, una radio, cuadernos y plumas, según contó uno de sus abogados.

La corte no indicó dónde Mansogo deberá cumplir su condena Las condiciones en las cárceles de Guinea Ecuatorial suelen ser deficientes e incluyen hacinamiento, falta de instalaciones sanitarias adecuadas, alimentos escasos y de baja calidad, acceso inadecuado a atención médica y riesgos para la seguridad de los internos. La cárcel central de Bata no cuenta con servicio de agua corriente ni agua potable, el servicio eléctrico se interrumpe constantemente y los alimentos que reciben los internos son insuficientes. Los presos dependen de que sus familiares les lleven comida, agua potable y ventiladores para resguardarse del calor.

Antecedentes sobre Mansogo
Mansogo estudió medicina en Francia y ejerció en este país durante varios años, hasta que finalmente decidió regresar a su país de origen donde, pese a la enorme riqueza petrolera, los índices de atención de la salud son sumamente deficientes y existen altos niveles de mortalidad. A pedido del gobierno, asumió la dirección de una unidad especial del Hospital Central de Bata y cumplió esta función entre 1994 y 1998. En 1998, Mansogo fue despedido luego de proponer que los médicos debían presentar constancias de que contaban con la debida formación para ejercer la medicina. Pasó entonces al ejercicio privado de la profesión y creó el Centro Médico Espoir Litoral en Bata, una de las principales clínicas del país.

Mansogo se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Derechos Humanos de un partido de oposición, la Convergencia para la Democracia Social (CPDS). Desde este lugar, Mansogo ha documentado y difundido numerosos testimonios de violaciones de derechos humanos en Guinea Ecuatorial. También ha participado e intervenido como orador en una gran cantidad de conferencias y eventos internacionales, incluida una sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra.

En su rol como representante de la CPDS, Mansogo ha viajado a distintos puntos del mundo y estaba previsto que visitara Alemania en febrero, pero el viaje debió ser cancelado debido a su detención.

Antecedentes sobre el juicio contra Mansogo
La causa contra Mansogo se inició tras la muerte de una paciente de 36 años, Isilda Mangue Engó, ocurrida el 1 de febrero durante una histerectomía practicada por Mansogo y otros colegas en su clínica. La policía detuvo a Mansogo el 9 de febrero a partir de una denuncia presentada por familiares de la paciente fallecida, quienes en un primer momento señalaron que se habían seccionado órganos de su cuerpo, concretamente, parte de los genitales externos.

Mansogo permaneció detenido sin que se consignaran cargos en su contra hasta el 13 de febrero, cuando fue acusado provisionalmente por los delitos de negligencia profesional y profanación de cadáver. Tanto el informe médico sobre el deceso preparado por los médicos del Hospital Regional de Bata el 9 de febrero como la averiguación realizada el 10 de febrero por el ministro de Sanidad y Bienestar Social de Guinea Ecuatorial, el Dr. Salomón Nguema Owono, concluyeron que la causa de muerte había sido un paro cardiorrespiratorio y confirmaron que los genitales externos se encontraban intactos. El gobierno retiró posteriormente la acusación de profanación de cadáver.

Los testimonios que se ofrecieron durante el proceso judicial, que duró tan sólo dos días, el 4 y 5 de abril, indicaron que la paciente fue resucitada luego de sufrir un paro cardiorrespiratorio durante la cirugía, pero que posteriormente tuvo un segundo infarto, este último con consecuencias fatales. La fiscalía alegó que la muerte fue precipitada por un error en la administración de anestesia, y basó esta acusación en el informe elaborado por el ministro Nguema, también ginecólogo. Sin embargo, Mansogo y la anestesista, que fue condenada en el marco de la misma causa a seis meses de prisión y una multa de 500,000 francos CFA (aproximadamente US$1,000), declararon que Mansogo no había tenido responsabilidad alguna en la administración de anestesia.

Incluso el personal médico que fue citado a declarar por la fiscalía afirmó que la dosis y el protocolo de anestesia fueron los exigidos por la práctica profesional del país. A su vez, el equipo de abogados de Mansogo alegó que sería imposible determinar en forma concluyente si la anestesia había incidido en la muerte de la paciente sin efectuar una autopsia, que nunca se practicó. Por lo general, en Guinea Ecuatorial no se realizan pericias post mórtem. El Ministro dio a conocer sus conclusiones sobre el caso luego de efectuar un examen visual del cadáver, mantener entrevistas con los médicos y examinar los registros de la clínica sobre la cirugía.

El padre de la paciente fallecida, un policía de Bata, declaró durante el juicio y negó haber amenazado en varias oportunidades a uno de los abogados de Mansogo, Elías Nzo Ondo. Sin embargo, Human Rights Watch tuvo oportunidad de dialogar con un testigo que corroboró lo señalado por el abogado. Ponciano Mbomio Nvó, el otro abogado de Mansogo, dijo a Human Rights Watch que el presidente de la asociación de abogados de Guinea Ecuatorial le había advertido que podrían suspender su licencia profesional, presuntamente en represalia por sus observaciones durante los alegatos finales en el proceso contra Mansogo, en los cuales acusó al gobierno de procesar a Mansogo por motivos políticos. Mbomio, quien ha intervenido en varias causas que se contraponen a intereses del gobierno, como la defensa de opositores políticos, ha sido anteriormente objeto de medidas persecutorias por el gobierno, incluida la suspensión de su licencia en 2008.

En otro ejemplo de interferencia política en la causa, el 20 de febrero el Ministro de Sanidad —cuyo informe fue usado como base para la fiscalía— dictó una resolución administrativa que ordenaba el cierre de la clínica privada de Mansogo alegando presuntas irregularidades que resultaron ser claramente falsas, como la falta de aire acondicionado y de un respirador, cuando la clínica contaba con ambos equipos. Pese a ello, los abogados aconsejaron a la clínica que podría seguir operando mientras no existiera una resolución judicial que dispusiera su clausura, la cual fue solicitada por la fiscalía en su petitorio como parte de la sentencia de Mansogo en este juicio.

La situación de la justicia en Guinea Ecuatorial
El poder judicial de Guinea Ecuatorial no actúa con independencia. Si bien la Constitución reconoce el principio de independencia judicial, designa al Presidente como “Primer Magistrado” del país y permite que este nombre a funcionarios judiciales sin aprobación parlamentaria.

Tras una visita a Guinea Ecuatorial realizada en 2003, la Asociación Internacional de Abogados concluyó que “los tribunales no son independientes ni imparciales”, y se refirió a que existe “intervención directa del Presidente con el fin de proteger sus intereses personales” y la expectativa de que los jueces demuestren su “lealtad” hacia el gobierno. Múltiples fuentes han confirmado que esta situación no se ha modificado. Diversos abogados que han trabajado en casos con fuertes implicancias para los derechos humanos o la seguridad nacional afirmaron que muchas veces los jueces indican a los abogados que deben consultar sus decisiones con la presidencia.

Las reformas constitucionales adoptadas recientemente han consolidado aún más la falta de independencia judicial. Entre otras cosas, acrecientan el amplio poder que ya ejerce el Presidente, en tanto le permiten presidir el organismo que controla a los jueces, el Consejo Superior del Poder Judicial, y nombrar a los otros seis miembros de dicho consejo.