(Londres) – La detención del Dr. Wenceslao Mansogo Alo, quien además de médico es un destacado defensor de derechos humanos y miembro de la oposición de Guinea Ecuatorial, por más de cinco días tras las muerte de una paciente durante una intervención quirúrgica, sin que se formularan cargos en su contra, constituye un hecho profundamente alarmante, señalaron hoy Human Rights Watch y Amnistía Internacional. Ambas organizaciones demandan su liberación inmediata.
“Hace varios días que el Dr. Mansogo permanece privado de su libertad sin que se demuestre la necesidad de su detención”, afirmó Daniel Bekele, director para África de Human Rights Watch. “Las autoridades deberían disponer su inmediata liberación a menos que existan pruebas contundentes que lo vinculen con un delito, y pueden continuar investigando la muerte de la paciente sin mantener a Mansogo encarcelado”.
Mansogo es uno de los líderes del partido de oposición Convergencia para la Democracia Social (CPDS) y se desempeña como secretario de relaciones internacionales y derechos humanos de esta organización. De profesión médico, administra una clínica privada de su propiedad en la ciudad de Bata y es además miembro de la legislatura local.
CPDS es el principal partido político de oposición, que lleva a cabo iniciativas de educación en materia de derechos humanos y de observación sistemática, investigación y denuncia de violaciones de derechos humanos. Es común que los miembros de este partido sean perseguidos, intimidados y arrestados.
El 1 de febrero de 2012, la paciente Isilda Mangue Engó, de 36 años, murió durante una histerectomía practicada por Mansogo y otros colegas en su clínica.
La policía detuvo a Mansogo el 9 de febrero sin la correspondiente orden judicial, en contravención de las leyes de Guinea Ecuatorial, luego de que este efectuara una declaración voluntaria en la estación central de policía de Bata. Aparentemente, Mansogo fue detenido tras la acusación de familiares de la paciente, quienes en un primer momento señalaron que se habían extraído órganos del cuerpo, concretamente, parte de los genitales externos.
Esta denuncia sería totalmente infundada. Tanto la autopsia llevada a cabo el 9 de febrero en el Hospital Regional de Bata como la posterior investigación efectuada el 10 de febrero por el Ministro de Sanidad y Bienestar Social, el Dr. Salomón Nguema Owono, concluyeron que la causa inmediata de la muerte fue un ataque cardíaco y confirmaron que los genitales externos estaban intactos.
Mansogo fue puesto a disposición de un juez en la tarde del 10 de febrero, luego de más de 20 horas de permanecer detenido. El juez no formuló ninguna imputación, pero ordenó que permaneciera detenido mientras continuaba la indagación. En un auto judicial del 10 de febrero, que se puso a disposición de sus abogados el 13 de febrero, el juez de instrucción indicó que estaba investigando dos posibles delitos vinculados con negligencia profesional y profanación de cadáver.
Mansogo permanece detenido en la cárcel central de Bata. Según allegados de Mansogo, este no ha sido maltratado y se le ha permitido el contacto con familiares y abogados. Human Rights Watch y Amnistía Internacional instaron a las autoridades de Guinea Ecuatorial a asegurar que se respeten escrupulosamente los derechos de debido proceso de Mansogo.
Ambas organizaciones expresaron además su preocupación ante la posibilidad de que la decisión de que Masongo continúe detenido esté vinculada con su rol como activista de derechos humanos y político de oposición, antes que con pruebas creíbles de que haya cometido un delito.
Sin evidencias que relacionen a Mansogo con un delito, y teniendo en cuenta sus actividades políticas, Amnistía Internacional considera que se trata de un preso de conciencia y ha exigido su liberación inmediata y sin condiciones.
“Es comprensible que los familiares de la paciente fallecida estén disgustados y reclamen una investigación de las causas de su muerte. No obstante, las autoridades judiciales deben adoptar determinaciones justas y oportunas en función de pruebas concretas”, añadió Aster van Kregten, subdirector de programas sobre África de Amnistía Internacional.
Los abogados de Mansogo presentaron una apelación el 14 de febrero pidiendo su liberación por falta de pruebas que indiquen que existió delito.
Human Rights Watch y Amnistía Internacional también señalaron su preocupación ante las amenazas recibidas por Elías Nzo Ondo, uno de los abogados de Mansogo. El 13 de febrero, mientras esperaba que le entregaran una copia de la resolución judicial, Nzo fue amenazado por el padre de la paciente fallecida. Un testigo del incidente confirmó la denuncia del abogado.
El padre de la paciente, quien se desempeña como jefe de archivos de la estación central de policía de Bata, presuntamente afirmó que Nzo podría ser el próximo en terminar encarcelado o podría resultar herido a menos que renunciara a defender a Mansogo. Según señaló el abogado, otros familiares de la paciente fallecida habrían formulado amenazas similares en la noche del 10 de febrero.
