(Washington, DC) – La decisión de un tribunal federal de apelaciones de bloquear dos de las disposiciones más relevantes de la Ley sobre Inmigración de Alabama constituye un triunfo trascendental no sólo para los inmigrantes sino también para los derechos de todos los residentes de Alabama, señaló hoy Human Rights Watch.
El 8 de marzo de 2012, en el marco de las causas US v. Alabama y Hispanic Interest Coalition of Alabama v. Bentley, el Tribunal de Apelaciones del 11° Circuito en Atlanta, Georgia, ordenó la inaplicabilidad de dos disposiciones clave de la Ley Beason-Hammon de Protección a Contribuyentes y Ciudadanos de Alabama: una que prohibía a los tribunales de Alabama hacer cumplir los contratos celebrados con inmigrantes no autorizados y otra que impedía al estado realizar “transacciones comerciales” con este tipo de inmigrantes.
“La resolución del tribunal federal sobre la ley de inmigración de Alabama constituye un avance importante para asegurar que se protejan los derechos fundamentales de inmigrantes no autorizados y sus familiares en Alabama”, afirmó Alison Parker, directora del programa de Estados Unidos de Human Rights Watch. “Muchos inmigrantes residen en Alabama desde hace años y contribuyen de manera significativa a la vida y la economía del estado”.
Human Rights Watch, en su informe de 2011 “Vivir sin dignidad”, documentó las numerosas formas en que estas dos disposiciones amenazaban la posibilidad de inmigrantes no autorizados y sus familiares de satisfacer necesidades cotidianas y recibir protección igualitaria conforme a la ley. Durante la breve vigencia de estas normas, diversos organismos estatales y locales declararon que los inmigrantes no autorizados no podían habitar en las viviendas móviles que son de su propiedad, contratar servicios de agua u otros servicios públicos o renovar las licencias de sus negocios. Asimismo, a algunos trabajadores se les indicó que la disposición sobre contratos impedía que cobraran los salarios adeudados.
Si bien anteriormente también se dispuso la inaplicabilidad de otros artículos de la Ley Beason-Hammon, aún se encuentran vigentes disposiciones clave que afectan de manera negativa los derechos humanos de inmigrantes no autorizados, niños y otros ciudadanos y residentes legales de Alabama que pertenecen a minorías. El 11° Circuito había señalado que no resolvería los recursos de impugnación interpuestos contra esta norma hasta que la Corte Suprema se pronunciara en una causa sobre una ley similar sancionada en Arizona. Está previsto que la Corte Suprema escuche los argumentos de las partes en Arizona v. US durante una audiencia programada para el 25 de abril.
