Más de un tercio de los residentes de Alabama piensa que la nueva y polémica ley estatal de inmigración es injusta, de acuerdo a una encuesta reciente realizada por la Universidad Estatal de Alabama. Y están convirtiendo sus sentimientos en acciones. Durante una reciente visita a Alabama, era claro que muchos se comportan como buenos samaritanos para mitigar los efectos de una mala ley.
De acuerdo con el Pew Hispanic Center, casi dos tercios de las personas que viven en Estados Unidos sin un estado migratorio autorizado han estado aquí por más de 10 años. Esto representa más de 7 millones del total estimado de 11 millones de inmigrantes en situación irregular que viven en Estados Unidos. Y en este tiempo, las personas han estado construyendo sus vidas. Reuniéndose con vecinos y conociendo gente en el trabajo. Hablando con los profesores de sus hijos y los padres de sus compañeros de clase. Haciendo amigos en la iglesia.
En Alabama, bajo la nueva ley estatal, los inmigrantes no autorizados tienen cada vez más miedo de manejar por temor a ser detenidos, arrestados y deportados. Muchos inmigrantes nos dijeron que han tomado decisiones difíciles como no llevar a sus hijos a recibir atención médica, sacarlos de los Scouts o de las porristas, o incluso quedarse en casa en lugar de ir a la iglesia.
A pesar del clima de miedo, muchos han encontrado consuelo en las acciones de ciudadanos estadounidenses y residentes legales para mitigar el impacto de la ley, conocida como HB 56. Vecinos los están ayudando a abastecerse de alimentos o a recoger medicamentos de las farmacias. Ciudadanos estadounidenses registran las casas móviles en sus nombres para que las familias no autorizadas no se arriesguen a entablar contacto directo con algún funcionario de gobierno receloso.
Una madre estaba triste porque ya no podía ir a los partidos de voleibol y baloncesto de su hijo, pero aprecia que "un amable padre estadounidense" lleva a su hijo a las prácticas y a los juegos. Varios de ellos dijeron que sus empleadores han ofrecido llevarlos al trabajo.
No es de extrañar que el 25 por ciento de los residentes de Alabama consultados por ASU afirmaran conocer a alguien que se ha visto afectado por la ley. Y muchos de estos residentes de Alabama reconocen a estos inmigrantes no autorizados como vecinos y amigos. Le preguntamos a uno de estos nuevos samaritanos en Alabama, un residente legal de origen latino, el porqué de su ayuda. Nos dijo: "Todos ellos son parte de nuestra familia latina".
Los legisladores que apoyan las estrictas leyes del estado contra los inmigrantes a menudo tratan de criminalizar los esfuerzos de los buenos samaritanos. Promueven leyes anti-santuario que prohíben que las ciudades o condados protejan a los inmigrantes no autorizados. HB 56 tipifica como delito ofrecer trasladar a migrantes no autorizados o proporcionarles un lugar de estancia. Los que tratan de ayudar a un inmigrante no autorizado a entablar una transacción comercial con el Estado, como el renovar la licencia de vehículo automotor, están sujetos a la misma pena de uno a 10 años de prisión y hasta $ 15,000 en multas. Algunas de estas disposiciones fueron bloqueadas por un tribunal federal, e incluso algunos legisladores que votaron a favor de HB 56 quieren revisarlas.
Pero independientemente de si se modifican o no estas disposiciones para los buenos samaritanos, el punto más importante es esto: en Alabama, como a lo largo del país, los esfuerzos para luchar por los derechos de las personas que no tienen voto siempre han incluido a aquellos que no están directamente afectados, pero que saben y consideran que: "La injusticia en cualquier parte es una amenaza a la justicia en todas partes".
Las pruebas no solo se encuentran en Alabama. Después de que Georgia aprobara una ley que prohíbe a los estudiantes en situación irregular asistir a universidades públicas, un grupo de cuatro profesores estableció la Freedom University, con el objetivo de ofrecer a esos estudiantes clases gratuitas de nivel universitario. Y una reciente encuesta realizada por Fox News indica que el 66 por ciento de las personas en todo el país apoya ofrecer a los inmigrantes no autorizados un camino hacia la ciudadanía si cumplen con ciertos requisitos, como pagar impuestos atrasados y no contar con antecedentes penales.
Sin embargo, mientras los estados celebran la llegada del 2012, y con ello el comienzo de muchas sesiones legislativas, hay una nueva oleada de propuestas estatales para el cumplimiento de las leyes migratorias. Uno podría pensar que los tropiezos de la ley de inmigración de Alabama podrían disuadir a los estados de seguir sus pasos, pero la historia dice lo contrario. Varios juicios y mandamientos judiciales en Arizona no hicieron nada para disuadir a Alabama en su intento por convertirse en el estado con la más estricta ley de inmigración de la nación.
Cualquier estado que trate de imponer una mano sobre la inmigración debe aprender una lección de los samaritanos Alabama. Los estados pueden tratar de hacer la vida imposible a los inmigrantes no autorizados, pero no pueden evitar que sus ciudadanos ayuden a sus vecinos. La ley de Alabama debe ser derogada. El único lugar eficaz para cambiar el statu quo de la inmigración será en el Congreso.
Ginatta es el director de Incidencia y Meng es investigadora del programa de Estados Unidos de Human Rights Watch
