(Nueva York) - Las autoridades en el estado indio de Gujarat están obstruyendo la justicia, protegiendo a los responsables de crímenes e intimidando a quienes piden rendición de cuentas 10 años después de los disturbios anti musulmanes en los que murieron casi 2,000 personas, Human Rights Watch señaló hoy. El gobierno del estado no ha acatado las órdenes de la Corte Suprema de enjuiciar a los responsables de la matanza y no ha otorgado compensación alguna a la mayoría de los sobrevivientes.

 

La violencia en Gujarat comenzó el 27 de febrero de 2002, cuando un tren que transportaba a peregrinos hindúes fue atacado por una turba musulmana y terminara en llamas en este incidente, donde 59 personas perdieron la vida. En una ola de represalias por parte de turbas hindúes, cientos de musulmanes fueron asesinados, decenas de miles de personas fueron desplazadas y numerosos hogares musulmanes fueron destruidos.

 

"La violencia de 2002 contra los musulmanes en Gujarat sigue como una mancha negra en la reputación de la India por la igualdad religiosa", dijo Meenakshi Ganguly, director para Asia Meridional de Human Rights Watch. "En lugar de procesar a los altos funcionarios del estado y de la policía implicados en las atrocidades, las autoridades de Gujarat han negado e impedido la impedido la impartición de justicia".

 

Los esfuerzos por investigar y enjuiciar los casos dentro de Gujarat se estancaron y los activistas y abogados involucrados en los procesos han sido acosados ​​e intimidados, Human Rights Watch descubrió. En varias ocasiones la Corte Suprema ha tenido que intervenir tras las apelaciones por parte de activistas y familiares de víctimas para que se lleven a cabo nuevas investigaciones, se supervisen las averiguaciones independientes o se transfieran los juicios fuera de Gujarat para garantizar la imparcialidad en los procesos.

 

En la última década, han surgido nuevas evidencias de la complicidad de las autoridades del estado de Gujarat en la violencia contra los musulmanes, dijo Human Rights Watch. En 2002, Human Rights Watch, en su informe sobre los disturbios, citó a un oficial de Policía que dijo que no se emitieron órdenes para salvar a los musulmanes. Human Rights Watch también informó que los partidarios políticos del gobierno habían amenazado e intimidado a activistas que luchan por la justicia.

 

Si bien las investigaciones sobre el tren de Godhra procedieron rápidamente, las averiguaciones posteriores en casos relacionados con los disturbios contra los musulmanes fueron retrasadas deliberadamente o simplemente no avanzaron, dijo Human Rights Watch. Los funcionarios del gobierno del estado de Gujarat, dirigido por el primer ministro Narendra Modi quien está cumpliendo su tercer mandato y pertenece al partido nacionalista hindú Bharatiya Janata Party (BJP), no llevaron a cabo investigaciones serias y obstruyeron a la impartición de justicia. Los tribunales estatales desestimaron muchos casos por falta de pruebas después de que algunos fiscales que actuaron como abogados defensores o testigos tomaron una actitud hostil después de recibir amenazas.

 

La Policía estatal no investigó a los principales líderes del BJP, a pesar de los registros telefónicos que demuestran su presencia en el lugar de los disturbios en Naroda Patia y Naroda Gaam, y los testimonios de testigos de que estos líderes de alto nivel abastecieron a la multitud de armas letales e instigaron los ataques contra los musulmanes.

 

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