(Londres) —Se debe dar continuidad a la liberación de al menos 120 presos políticos en Birmania con reformas legales y políticas para garantizar el respeto a los derechos y libertades fundamentales, Human Rights Watch señaló hoy.
El 12 de octubre de 2011, el Gobierno birmano liberó a por lo menos 120 presos políticos, entre ellos el famoso humorista Zargana, y la activista laboral Su Su Nway. Su liberación fue parte de una amnistía del Gobierno para 6,359 prisioneros, por ser presuntamente de "edad avanzada, con problemas de salud e incapacidades, [y] cuya conducta moral ha mejorado después de haber cumplido un periodo de tiempo apropiado". El Gobierno no dijo cuántos detenidos políticos fueron incluidos.
"Los presos políticos liberados han sufrido lo indecible y en primer lugar nunca debieron ser puestos en las cárceles miserables de Birmania", dijo Elaine Pearson, subdirectora para Asia de Human Rights Watch. "Las leyes que los pusieron tras las rejas todavía están en los libros y se pueden volver a utilizar en cualquier momento. Si el Gobierno quiere demostrar que es realmente distinto a sus predecesores, debe convocar al Parlamento y revocar las leyes que penalizan la expresión política pacífica".
Human Rights Watch instó al Gobierno birmano a garantizar que todos los presos condenados por sus actividades políticas pacíficas sean liberados inmediata e incondicionalmente, independientemente de si los cargos que se les imputaron fueron derivados de las leyes de seguridad o fueron acusaciones criminales creadas para reprimir la disidencia.
A raíz de las protestas pacíficas en agosto y septiembre de 2007, el número de presos políticos en Birmania se duplicó hasta alcanzar los 2,100, cuando las fuerzas de seguridad capturaron a los miembros de la Generación de Estudiantes del 88, monjes y monjas budistas, periodistas y otros activistas. Muchos presos políticos fueron condenados en virtud de disposiciones vagas del Código Penal y la Ley de Asociaciones, diseñadas para limitar la libertad de asociación, de reunión y de expresión, o de acuerdo a la Ley de Transacciones Electrónicas, que se ha utilizado para procesar a las personas por dar entrevistas a medios foráneos o enviar información al extranjero.
En algunos casos, las autoridades presentaron acusaciones falsas de posesión de explosivos, armas de fuego, o pornografía, o procesamientos por motivos políticos bajo leyes draconianas, como la Ley de Protección del Estado de 1975, o en disposiciones arcanas del Código Penal por sedición, insultar a la religión, o pedir la sublevación del Ejército. En el informe de Human Rights Watch de 2009 titulado “Burma’s Forgotten Prisoners” (“Los prisioneros olvidados de Birmania”), se señaló a muchos presos políticos prominentes y los detalles de sus arrestos y juicios.
Muchos presos políticos, incluidos la líder democrática Aung San Suu Kyi, el humorista Zargana, así como el líder de la Generación de Estudiantes del 88 Min Ko Naing, han sido liberados periódicamente y luego arrestados de nuevo. Zargana fue encarcelado entre 1988 y 1989, entre 1989 y 1993, y durante un mes en 2007 a raíz de su apoyo a las manifestaciones encabezadas por monjes budistas. Las autoridades lo arrestaron de nuevo en mayo de 2009, tras sus críticas a la gestión del gobierno del ciclón Nargis en 2008, y lo condenaron a 59 años de prisión – que más tarde se redujeron a 35 años - bajo la Ley de Transacciones Electrónicas.
Min Ko Naing fue encarcelado entre 1989 y 2004, y pasó la mayoría de ese tiempo en confinamiento solitario. Fue detenido de nuevo a finales de 2006 por unos meses. Su actual condena comenzó en agosto de 2007, cuando la policía lo detuvo por protestar contra el aumento de los precios de las materias primas. Ko Naing y 35 de sus colegas fueron condenados a 65 años de prisión por varios cargos.
"Durante décadas ha habido una puerta giratoria de entrada y salida en las cárceles de Birmania para muchos activistas políticos", dijo Pearson. "La verdadera prueba será si el Gobierno deja de poner a la gente en la cárcel por decir lo que piensa y criticar al Gobierno o a los militares".
Human Rights Watch instó al Gobierno birmano, además de liberar de manera inmediata e incondicional a todos los presos políticos, a llevar a cabo las siguientes reformas y cambios de políticas:
- Derogar todas las leyes que restringen los derechos internacionalmente reconocidos a la libertad de expresión, de asociación y de reunión, y ordenar a las fuerzas de seguridad dejar de arrestar a las personas por participar en el activismo pacífico;
- Iniciar una reforma política antes de las elecciones previstas para finales de 2011 mediante la modificación de la Ley de Registro de Partidos Políticos para garantizar a los partidos de oposición, como la Liga Nacional para la Democracia, una participación política plena, sin restricciones a los miembros que han sido encarcelados, y
- Adoptar medidas para poner fin a los abusos cometidos por los militares en áreas de conflictos étnicos, como las ejecuciones sumarias, los ataques contra civiles, la tortura, y el trabajo forzoso, y permitir a las organizaciones humanitarias y de derechos humanos el acceso de observadores a las zonas de conflicto.
"Liberar a los presos políticos puede señalar una nueva etapa en la promoción del respeto de los derechos humanos en Birmania, pero no es el único punto de referencia", dijo Pearson. "Poner fin a los abusos militares en curso en áreas de conflictos étnicos no es menos importante que la reducción de las restricciones en Rangún".
Corrección: Una versión anterior de esta nota de prensa afirmaba erróneamente que U Gambira, un monje budista y líder de las protestas de 2007, había sido liberado. Gambira permanece en prisión.
