Un hombre atraviesa la frontera administrativa entre Georgia y Abjasia en un cruce considerado ilegal por las autoridades de Abjasia.

© 2010 Human Rights Watch

(Nueva York) – Los derechos de los retornados de origen georgiano a Abjasia han sido esclavos de casi dos décadas de conflicto político, señaló Human Rights Watch en un informe publicado hoy. Alrededor de los 47,000 desplazados por los combates de principios de los noventa, cuando Abjasia intentaba separarse de Georgia, han regresado a Gali, el distrito más meridional de Abjasia. Sin embargo, se enfrentan a barreras para el ejercicio de sus derechos civiles y políticos, lo que ha hecho que algunos vuelvan a irse y ha creado obstáculos graves para los retornos sostenibles a gran escala.

El informe de 71 páginas, “Living in Limbo: The Rights of Ethnic Georgian Returnees to the Gali District of Abkhazia” (Viviendo en el limbo: El derecho de los retornados de origen georgiano al distrito Gali de Abjasia), documenta la interferencia arbitraria de las autoridades de facto de Abjasia con los derechos a la libertad de movimiento, la educación y otros derechos políticos y económicos de los retornados. Aunque Abjasia no ha sido reconocido como estado independiente dentro del derecho internacional, sus autoridades tienen que cumplir, no obstante, las obligaciones de acuerdo a esta legislación de respetar y proteger los derechos y las libertades, afirmó Human Rights Watch. Deberían garantizar la libertad de movimiento a través de la frontera administrativa que separa Abjasia de las zonas no disputadas de Georgia, y poner fin a la discriminación, especialmente con respeto al acceso a documentos de identidad y la educación, señaló Human Rights Watch.

“Sin prejuzgar la situación de Abjasia, las autoridades abjasias tienen una responsabilidad en términos de protección de derechos”, dijo Rachel Denber, subdirectora para Europea y Asia Central de Human Rights Watch. “Las autoridades abjasias tienen que reconocer y proteger los derechos de todos en Abjasia, incluyendo de las personas de origen georgiano en Gali”.

El informe está basado en entrevistas con más de un centenar de residentes de Gali realizadas en ambos lados de la frontera administrativa, así como con funcionarios abjasios y representantes de organizaciones internacionales gubernamentales y no gubernamentales que operan en Abjasia.

En el verano de 1992 estalló un conflicto armado en Abjasia entre las fuerzas armadas georgianas y las fuerzas secesionistas abjasias. Como consecuencia, más de 200,000 personas, la mayoría de ellas de origen georgiano, fueron desplazadas de sus hogares en Abjasia y la mayoría no ha regresado. Un alto el fuego acordado en mayo de 1994 se mantuvo durante bastante tiempo hasta el breve conflicto de agosto de 2008 entre Georgia y Rusia por Osetia Meridional, otra región escindida de Georgia.

Moscú reconoció posteriormente a Abjasia como un estado y vetó la extensión de la Misión de Observación de las Naciones Unidas en Georgia, el principal organismo internacional que mediaba entre las dos partes. Tras este reconocimiento, las tropas fronterizas rusas sustituyeron a los observadores militares de la ONU en el lado abjasio de la frontera administrativa.

Durante años después del alto el fuego, miles de personas de origen georgiano que habían regresado a Gali cruzaban a diario la línea del alto el fuego o migraban temporalmente para atender sus campos o cuidar de sus propiedades en Gali.

Desde 2008, las autoridades de Abjasia han exigido a todos los residentes que obtengan pasaportes abjasios para poder ejercer ciertos derechos, que incluyen optar a un empleo gubernamental, votar o presentarse para un cargo público, obtener un diploma de educación preparatoria, llevar a cabo transacciones de propiedades o cruzar libremente la frontera administrativa. Sin embargo, para los retornados de origen georgiano, el proceso de obtención de un pasaporte suele ser discriminatorio y excesivamente complicado.

“Al implantar un sistema que exige obtener un pasaporte abjasio para ejercer derechos de los que deberían gozar todos los residentes sin discriminación, las autoridades están interfiriendo arbitrariamente en el ejercicio de dichos derechos”, señaló Denber.

Adicionalmente, para los retornados, especialmente para los que carecen de pasaporte, el proceso para obtener un permiso para cruzar la frontera administrativa resulta oneroso, afirmó Human Rights Watch. Como consecuencia, mucha gente cruza extraoficialmente y se expone al riesgo de detención, multas y encarcelamiento.

“La capacidad de cruzar la frontera administrativa en ambos sentidos es especialmente importante debido a que la vida cotidiana social, económica y familiar de muchas personas en Gali se desarrolla a ambos lados de esta frontera”, dijo Denber.

Desde 1995, las autoridades abjasias han introducido gradualmente el ruso como principal idioma de la educación, y han reducido la disponibilidad de enseñanza en georgiano en Gali, especialmente en la parte superior del distrito. Esto ha creado barreras a la educación, ya que la mayoría de los niños en edad escolar del distrito de Gali no hablan ruso. Algunos padres están trasladando a sus hijos a escuelas donde el programa de estudios se sigue impartiendo en georgiano o están se están mudando de Gali para que sus hijos puedan asistir a la escuela en áreas no disputadas de Georgia. Aunque 11 escuelas de la zona baja de Gali siguen dando clase en georgiano, no está claro que las clases vayan a seguir impartiéndose en este idioma en dichas escuelas.

“Abjasia está decidida a institucionalizar su soberanía, pero esto no debería ocurrir en detrimento de los derechos de los residentes de origen georgiano”, señaló Denber. “Las autoridades abjasias tienen que reconocer y proteger los derechos de todos en Abjasia, lo que incluye a las personas de origen georgiano en el distrito de Gali”.