(Bruselas) - La Misión de la Unión Europea por el Estado de Derecho en Kosovo debería nombrar a un fiscal independiente y de alto perfil para investigar los presuntos delitos cometidos por ex dirigentes del Ejército de Liberación de Kosovo (ELK), señaló Human Rights Watch hoy. Para que la investigación sea creíble, es necesario un programa mejorado de protección y reubicación de testigos, señaló Human Rights Watch.

Las denuncias de secuestros, desapariciones, ejecuciones, tráfico de órganos y otros delitos graves, coordinadas por destacados políticos de Kosovo, fueron presentadas en diciembre de 2010 en un informe, elaborado por el senador suizo Dick Marty, para el Consejo de Europa.

"La misión de la UE en Kosovo enfrentará grandes obstáculos para llevar a cabo una investigación creíble sobre estas graves acusaciones", dijo Lotte Leicht, directora de la División de la Unión Europea de Human Rights Watch. "Es fundamental contar con un fiscal independiente de alto nivel, un programa eficaz de protección de testigos -incluyendo la posibilidad de reubicar a los testigos fuera de los Balcanes- y la seguridad necesaria para una investigación tan delicada".

La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa examinará el informe de Marty el 25 de enero de 2011.

Los gobiernos de Kosovo, Albania y Estados Unidos han acogido con satisfacción una investigación civil por la Misión de la Unión Europea por el Estado de Derecho en Kosovo (EULEX) sobre las acusaciones contenidas en el informe de Marty. La policía, los fiscales y los jueces internacionales que conforman la EULEX colaboran con sus homólogos locales para fortalecer y desarrollar mecanismos para la justicia y la rendición de cuentas.

Estados Unidos y los gobiernos de la UE deberían exigir el nombramiento de un fiscal especial independiente y un equipo de investigación, señaló Human Rights Watch, y otorgarle a la unidad el alto nivel de respaldo político necesario para garantizar su buen funcionamiento.

Una investigación creíble de la EULEX, dirigida por un fiscal especial independiente, debería cumplir con siete criterios, señaló Human Rights Watch:

•1.       Estar dirigida por un fiscal especial, independiente, de alto nivel que tenga experiencia en el campo de la investigación de complejos casos penales y que tenga la autoridad para nombrar a su propio equipo de investigación.

•2.       Contar con su sede principal de investigación fuera de Kosovo y Albania para asegurar las pruebas y proteger al personal de posibles actos de intimidación.

•3.       Contar acceso a un programa de protección de testigos en funcionamiento, con compromisos por parte de la UE, EE. UU. y otros gobiernos de aceptar a los testigos y sus familiares, cuya seguridad depende de que sean trasladados.

•4.       Disponer de sistemas seguros para almacenar y mantener la integridad de las pruebas, así como sistemas de tecnología de la información cuyo acceso esté restringido al personal de la unidad especial de investigación.

•5.       Contar con traductores completamente capacitados para todas las lenguas locales.

•6.       Tener un presupuesto garantizado para llevar a cabo múltiples investigaciones complejas.

•7.       Contar con la total cooperación de las autoridades relevantes -en Kosovo, Albania y Serbia, entre otros lugares- e instituciones internacionales, incluyendo a EULEX; la Misión de Administración Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo, UNMIK; y el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY).

EE. UU. y la UE también deben presionar a los gobiernos de Kosovo, Albania, Serbia y otros países para que colaboren plenamente con la investigación, dijo Human Rights Watch. Esto incluye cumplir con las solicitudes de pruebas o testimonios por parte de los funcionarios y llevar a cabo arrestos.

El informe del Consejo de Europa, aprobado por unanimidad por el comité de asuntos jurídicos y derechos humanos de la Asamblea Parlamentaria el 16 de diciembre de 2010, afirma que un grupo de ex miembros del ELK, incluido el primer ministro saliente de Kosovo, Hashim Thaci, es responsable de secuestros, palizas, ejecuciones sumarias y, en algunos casos, la extirpación forzada de órganos humanos en el territorio de Albania después de que la guerra de Kosovo terminó el 12 de junio de 1999. El informe describe a las víctimas como una mayoría de serbios y romaníes de Kosovo, pero también personas de origen albanés sospechosas de colaborar con el Gobierno serbio antes o durante la guerra, o miembros de grupos armados rivales.

El informe también pone de relieve la situación apremiante de las aproximadamente 1,900 personas que permanecen desaparecidas desde la guerra de Kosovo, alrededor de dos tercios de ellas de origen albanés.

"Además de respaldar una exhaustiva investigación de la EULEX de los presuntos crímenes del ELK, EE. UU. y los gobiernos europeos deben presionar a Serbia para que de a conocer el paradero de los desaparecidos, incluyendo los cuerpos que fueron trasladados, destruidos o enterrados de nuevo en Serbia", dijo Leicht.