(Washington, DC) - El poder legislativo venezolano sancionó recientemente tres leyes que representan una grave amenaza para la libertad de expresión y el trabajo de la sociedad civil, señaló hoy Human Rights Watch.

Las reformas a las leyes sobre medios de radio y televisión fueron aprobadas el 20 de diciembre de 2010 por la Asamblea Nacional, donde los aliados del Presidente Hugo Chávez tienen la mayoría absoluta de los votos. Los cambios incorporan restricciones indiscriminadas a la información que se difunde en Internet, refuerzan las restricciones que ya se aplican a los contenidos de radio y televisión y permiten al gobierno rescindir licencias de transmisión de manera arbitraria. Una ley aprobada el 22 de diciembre prohibiría que las organizaciones de derechos humanos reciban financiamiento del extranjero o que fomenten el diálogo público en Venezuela con organizaciones internacionales dedicadas a la defensa de derechos.

"Chávez y sus partidarios hacen sentir cada vez más el poder que tiene el gobierno para castigar a sus críticos", afirmó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. "Y su intolerancia frente al disenso tiene ahora un nuevo objetivo en la mira: Internet".

La Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos

Esta nueva versión de la ley de medios vigente fue aprobada el 20 de diciembre y, por primera vez, extiende también a Internet las restricciones aplicables a la libertad de expresión. Según la nueva ley:

  • No está permitida la difusión a través de medios electrónicos de mensajes que "fomenten zozobra en la ciudadanía o alteren el orden público", "inciten o promuevan la desobediencia del ordenamiento jurídico vigente", "desconozcan a las autoridades legítimamente constituidas" o "inciten o promuevan el odio y la intolerancia".
  • CONATEL, órgano gubernamental que regula a los medios de comunicación (radio y televisión), podrá ordenar a los proveedores de servicios de Internet que restrinjan el acceso a sitios web que contengan expresiones que se considere que transgreden las restricciones anteriores. Se aplicarán multas a los sitios web y prestadores de servicios que incumplan estas órdenes. Los proveedores de Internet podrán ser sancionados con multas de hasta el 4 por ciento de sus ingresos brutos correspondientes al ejercicio fiscal anterior.

La ley reformada también amplía el control ejercido por el gobierno sobre el contenido que se difunde en la radio y la televisión. De acuerdo con la ley:

  • Los medios de radio y televisión que transmitan materiales que se consideren violatorios de la prohibición de "foment[ar] la zozobra" y que "prom[uevan] la desobediencia", serán sancionados con multas del 10 por ciento de sus ingresos brutos durante el ejercicio fiscal anterior, y suspensión hasta por 72 horas.
  • Podrán revocarse las licencias de estos medios cuando se transmitan expresiones que, a criterio del gobierno, "promuevan, hagan apología, inciten o constituyan propaganda de guerra" o "induzcan al homicidio".

Las nuevas restricciones exceden los límites justificables a la libertad de expresión y la libertad de los medios reconocidos por las normas internacionales de derechos humanos y suponen la violación, por parte de Venezuela, de varias obligaciones jurídicas establecidas en tratados internacionales.

"El gobierno de Chávez podrá ahora impedir el acceso a sitios web y sancionar a las emisoras que insten al publico a plegarse a la desobediencia civil pacífica, o que simplemente transmitan noticias que generen zozobra entre la población", expresó Vivanco.

La Ley Orgánica de Telecomunicaciones
La reforma a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones aprobada el 20 de diciembre, que regula las licencias de transmisión, dispone por primera vez que los medios de radio y televisión e Internet constituyen un "servicio público" y que, como tales, quedan "reservados al Estado". La nueva ley establece que:

  • El gobierno podrá suspender o revocar licencias de transmisión a medios privados cuando "lo juzgue conveniente a los intereses de la Nación, o cuando así lo exigiere el orden público o la seguridad".
  • Cuando la habilitación de las estaciones o los canales privados haya caducado o haya sido rescindida por la autoridad pertinente, se procederá a la "reversión" de sus bienes al gobierno, para garantizar la continuidad del servicio.

La Ley de Defensa de la Soberanía Política y Autodeterminación Nacional

La ley impide que los defensores de derechos humanos de Venezuela reciban ayuda internacional y limita gravemente su capacidad de fomentar el diálogo público con expertos extranjeros que sean críticos de las políticas de Chávez. Según dispone la ley:

  • Las organizaciones no gubernamentales dedicadas a "la defensa de los derechos políticos" o a "ejercer control sobre los poderes públicos" no podrán recibir financiamiento extranjero.
  • Los extranjeros invitados a Venezuela por estas organizaciones serán expulsados del país en forma sumaria cuando emitan opiniones que "ofendan las instituciones del Estado, sus altos funcionarios o atenten contra el ejercicio de la soberanía". Las organizaciones que los auspicien podrán ser sancionadas con severas multas, y sus directivos podrán perder el derecho a postularse a cargos públicos por un período de hasta ocho años.

"La ley otorga al gobierno de Chávez aval jurídico para que extienda su práctica ya habitual de intimidar a los defensores de derechos humanos e intentar mantener a los defensores extranjeros alejados del público venezolano", manifestó Vivanco.

El Presidente Chávez y sus partidarios han intentado sistemáticamente desacreditar a defensores de derechos humanos locales mediante acusaciones infundadas de que son financiados por el gobierno estadounidense. En julio, por ejemplo, en un dibujo animado que se difundió a través de la televisión estatal, se representó a un conocido defensor de la libertad de expresión con un maletín repleto de dólares.

En toda América Latina, diversas organizaciones de derechos humanos han dependido tradicionalmente de los fondos aportados por fundaciones filantrópicas y otras fuentes de financiamiento extranjeras. El proyecto de ley pondría graves escollos a la posibilidad de las organizaciones de derechos humanos venezolanas de obtener financiamiento sostenible, señaló Human Rights Watch.

El gobierno de Chávez se ha negado a permitir que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lleve a cabo misiones de investigación en Venezuela. En septiembre de 2008, detuvo por la fuerza y expulsó en forma sumaria a dos miembros de Human Rights Watch después de que presentaran un informe en Caracas. Para intentar justificar la medida, el gobierno invocó argumentos jurídicos engañosos y apeló a la defensa de la soberanía nacional.

Venezuela es parte en diversos tratados regionales e internacionales de derechos humanos clave, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y como tal tiene obligaciones jurídicas que exigen respetar y proteger el derecho a la libertad de expresión y el derecho a organizarse, ambos indispensables en una sociedad democrática. También se aplican a Venezuela diversos estándares internacionales que protegen el derecho de los defensores de derechos humanos a llevar a cabo su labor sin intromisiones indebidas ni sanciones. Las nuevas leyes violan todos estos estándares e ignoran de manera flagrante las obligaciones jurídicas internacionales de Venezuela.