Bernardo Álvarez Herrera
Embajador de la República Bolivariana de Venezuela en Estados Unidos
Estimado Embajador Álvarez:
Como seguimiento de la reunión que tuvo lugar el 16 de agosto entre Angelo Rivero Santos y Gimena Sánchez-Garzoli, Asociada Sénior de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, nos dirigimos a usted para expresar nuestra preocupación por la aparente campaña de persecución contra Carlos Correa, prestigioso defensor de derechos humanos y director de la ONG venezolana Espacio Público. El canal de televisión pública de Venezuela, Venezolana de Televisión, ha difundido reiteradamente una serie de anuncios en los cuales se critica a Correa por haber recibido fondos de Estados Unidos. A su vez, la Fiscalía General de la República ha iniciado una investigación penal de Espacio Público. La investigación y la campaña en los medios de comunicación contra Correa parecen tener como objeto intimidarlo y obstaculizar el trabajo desarrollado por Espacio Público en defensa de la libertad de expresión y los derechos humanos, lo cual supone un incumplimiento de las obligaciones jurídicas internacionales asumidas por el gobierno venezolano.
Espacio Público está siendo investigado penalmente por recibir fondos de la cooperación internacional. El 13 de julio de 2010, la organización venezolana Movimiento Periodismo Necesario (MPN) presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República, en la cual solicitó que se investiguen los fondos recibidos por Espacio Público y el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS), dos destacadas organizaciones venezolanas que defienden los derechos humanos y la libertad de expresión[1]. El MPN sostuvo que, al recibir financiamiento internacional, estas organizaciones podrían provocar una injerencia internacional en los asuntos internos de Venezuela y pidió a los fiscales que investigaran si las ONGs habían cometido un delito contra la soberanía nacional[2].
Esta investigación resulta especialmente preocupante a la luz de una sentencia dictada poco tiempo atrás por el Tribunal Supremo de Justicia, que permitiría procesar por el delito de traición a personas u organizaciones que reciban ayuda del extranjero. El 22 de julio, el Tribunal determinó que "la obtención de recursos financieros, ya sea de manera directa o indirecta, provenientes de estados extranjeros con la intención de emplearse en perjuicio de la República [y] los intereses del Pueblo... [podría configurar] traición"[3].
Un día después de que el MPN presentara la denuncia, el Presidente Chávez manifestó públicamente que los fiscales debían "investigar a fondo" los "millones y millones de dólares" que el Departamento de Estado estadounidense destina a ONGs venezolanas[4]. Desde entonces, Venezolana de Televisión ha difundido en varias oportunidades anuncios en los cuales se critica a Correa por recibir fondos internacionales. Uno de estos anuncios, que muestra partes de una entrevista a Correa en Globovisión, un canal de televisión de postura crítica frente al gobierno, cuestiona que Espacio Público cuente verdaderamente con múltiples fuentes de financiamiento y sea una organización autónoma, como afirma Correa[5]. Otro de los anuncios es una secuencia de dibujos animados que muestra a Correa cuando sale de la embajada estadounidense en una limusina y con un maletín repleto de dólares[6]. También se difunde un tercer anuncio, que combina imágenes de la entrevista de Globovisión con otras del dibujo animado[7]. Asimismo, Espacio Público ha informado que partidarios del gobierno han publicado la dirección de la vivienda de Correa en Twitter, lo cual podría suponer un riesgo para su seguridad.
Iniciar una investigación penal tan sólo por el hecho que una organización de derechos humanos recibió financiamiento internacional para su trabajo, sumado a una aparente campaña de persecución lanzada a través de un canal de televisión pública contra un defensor de derechos humanos, es incompatible con la obligación de Venezuela de no obstaculizar el trabajo de los defensores de derechos humanos. Nos preocupa, asimismo, que las acusaciones públicas puedan desencadenar agresiones físicas contra Correa y su organización.
Como sabe, los Estados tienen una obligación especial de proteger a defensores de derechos humanos contra riesgos que pueden afrontar como resultado directo de su trabajo. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha hecho hincapié en la importancia del trabajo de los defensores de derechos humanos al expresar, por ejemplo, que "el respeto de los derechos humanos en un estado democrático depende, en gran parte, de las garantías efectivas y adecuadas de que gocen los defensores de derechos humanos para realizar libremente sus actividades, y que es conveniente prestar particular atención a acciones que limiten u obstaculicen el trabajo de los defensores de derechos humanos"[8].
Concretamente, con respecto al financiamiento internacional, el artículo 13 de la Declaración de Naciones Unidas sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos señala que "[t]oda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a solicitar, recibir y utilizar recursos con el objeto expreso de promover y proteger, por medios pacíficos, los derechos humanos y las libertades fundamentales"[9].
Lo instamos respetuosamente a que adopte las medidas necesarias para asegurar que cese la persecución contra Espacio Público y Carlos Correa que describimos en esta carta, y que puedan ejercer libremente la defensa y la promoción de los derechos humanos.
Atentamente,
José Miguel Vivanco Joy Olson
Director para las Américas Directora Ejecutiva
Human Rights Watch Washington Office on Latin America
[1] Las acusaciones se basan en documentos de Estados Unidos que han sido desclasificados y a los cuales Eva Golinger tuvo acceso a través de la Ley de Acceso a la Información de dicho país (US Freedom of Information Act). Estos documentos describen la entrega de US$ 699.996 en concepto de Subsidio de Ayuda Federal de Estados Unidos a la Pan American Development Foundation (PADF) para un proyecto de dos años denominado "Impulsar la libertad de los medios de comunicación en Venezuela" (Fostering Media Freedom in Venezuela), 6 de julio de 2008 - 6 de julio de 2010. El programa, que fue administrado por Espacio Público e IPYS como beneficiarios secundarios, ofreció capacitación en tecnología aplicada a medios de comunicación y periodismo de investigación en varias regiones de Venezuela. Notificación al Congreso del Departamento de Estado estadounidense, "Support for Democracy, Human Rights and Rule of Law in the WHA Region", 15 de marzo de 2010. Departamento de Estado de Estados Unidos, Certificado de Asistencia Federal (Federal Assistance Award) para "Impulsar la libertad de los medios de comunicación en Venezuela" (Fostering Media Freedom in Venezuela), 15 de marzo de 2010.
[2] Movimiento Periodismo Necesario, "Las evidencias analizadas según investigación de Eva Golinger", 13 de julio de 2010.
[3] Tribunal Supremo de Justicia, http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Julio/796-22710-2010-09-0555.html.
[4] Venezolana de Televisión, http://www.vtv.gov.ve/noticias-nacionales/39608 .
[5] Venezolana de Televisión, http://www.vtv.gov.ve/videos-especiales-vtv/40539 .
[6] Venezolana de Televisión, http://www.vtv.gov.ve/videos-especiales-vtv/40994 .
[7] Venezolana de Televisión, http://www.vtv.gov.ve/videos-especiales-vtv/41009 .
[8] Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Lysias Fleury. Resolución del 7 de junio de 2003, párr. 5; Corte Interamericana, Caso Nieto Palma. Resolución del 9 de julio de 2004, párr. 8.
[9] Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, "Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos", Resolución de la Asamblea General 53/144, 9 de diciembre de 1998, art. 13.
