Cerca de 80 inmigrantes irregulares, entre ellos casi una docena de mujeres, procedentes de varios países africanos se encontraban abordo de un barco que estuvo a la deriva al menos durante 48 horas antes de que la Bovienzo, un barco patrullero de la Italian Guardia di Finanza, los interceptara en la noche del 6 de mayo de 2009.

© 2009 Enrico Dagnino

(Yakarta)-Las políticas inmigratorias de muchos gobiernos y los vacíos de protección hacen que muchos migrantes sean víctimas de abusos, señaló hoy Human Rights Watch en un informe publicado con antelación al Día Internacional del Migrante, el 18 de diciembre de 2010. Entre los abusos sufridos destacan la explotación laboral, la violencia, la trata, el maltrato en las detenciones e incluso asesinatos. Aún así, los países involucrados ofrecen limitados recursos para buscar justicia, señaló Human Rights Watch.

El resumen de 48 páginas de Human Rights Watch que informa sobre las violaciones de los derechos de los migrantes en 2010, "Rights on the Line: Human Rights Watch Work on Abuses against Migrants in 2010" ("Derechos en la cuerda floja: La investigación de Human Rights Watch sobre abusos contra migrantes en 2010"), incluye cobertura en África, Asia, Europa, Oriente Medio y Estados Unidos.

"Los migrantes se encuentran consistentemente entre aquellos en alto riesgo de sufrir abusos, pero también entre los que tienen menos probabilidades de poder acceder a servicios de ayuda o justicia", señaló Nisha Varia, investigadora principal de la División de Derechos de la Mujer de Human Rights Watch. "Muchos gobiernos empeoran la situación con políticas que agravan la discriminación y que hacen que sea incluso más difícil para los migrantes pedir ayuda a las autoridades".

Más de 215 millones de personas viven fuera de sus países de origen, según la Organización de Naciones Unidas. La migración internacional ayuda a estimular las economías de todo el mundo. El Banco Mundial calcula que, en 2010, los migrantes enviaron  más de US$440,000 millones en remesas a casa, US$325,000 millones de los cuales fueron a países en desarrollo.

Muchos países dependen de los trabajadores migrantes para llenar vacantes laborales en trabajos de baja remuneración, peligrosos e inadecuadamente regulados. Human Rights Watch documentó la explotación laboral y los obstáculos al resarcimiento que sufren los migrantes en la agricultura, el trabajo del hogar y la construcción en Indonesia, Malasia, Kazajstán, Kuwait, El Líbano, Arabia Saudita, Tailandia, Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos. Los sistemas de patrocinio inmigratorio en muchos países otorgan a los empleadores un control inmenso sobre los trabajadores. Como consecuencia, muchos migrantes se ven atrapados en situaciones abusivas o no están en posibilidades de buscar resarcimiento a través de la justicia.

"Los gobiernos han empezado a lidiar con los problemas de abusos contra trabajadores migrantes, con medidas que van desde contratos laborales reforzados a provisiones en la legislación laboral", señaló Varia. "Sin embargo, estas reformas han sido lentas y graduales, y muchos gobiernos se han quedado especialmente rezagados a la hora de garantizar que los migrantes estén informados sobre estos cambios y puedan beneficiarse de los mismos".

Human Rights Watch también descubrió que hombres, mujeres y niños ponen en riesgo sus vidas cuando cruzan las fronteras, y pueden ser víctimas de abusos mientras se ven atrapados en tierras de nadie, entre puestos de control fronterizos, en alta mar o en zonas internacionales de los aeropuertos. Por ejemplo, guardias fronterizos de Egipto mataron a tiros a al menos 28 migrantes que trataron de cruzar la frontera del Sinaí a Israel, en 2010. La investigación de Human Rights Watch en Italia, Libia, Hungría, Eslovaquia, Ucrania, Grecia, España y la Unión Europea documentó cómo las políticas de control fronterizo, que violan las normas internacionales, no seleccionaron adecuadamente ni proveyeron servicios necesarios a personas vulnerables, como menores no acompañados, solicitantes de asilo y víctimas de tráfico humano, y sometieron a los migrantes a prolongadas detenciones en condiciones deficientes.

Los migrantes en prisión, a menudo detenidos sin necesidad, pueden convertirse en blanco de discriminación y enfrentar peores condiciones o un menor acceso a la atención médica que el resto de la población no inmigrante del centro penitenciario. Por ejemplo, Human Rights Watch descubrió que en Malawi algunos prisioneros etíopes fueron obligados a permanecer de pie durante 16 horas al día en una celda hacinada. En Zambia, los detenidos por faltas inmigratorias entrevistados por Human Rights Watch con frecuencia no vieron a un juez o magistrado y fueron sometidos a pruebas de tuberculosis (TB) y VIH en una menor proporción que el resto de detenidos, lo cual constituye un problema serio dado que las tasas de TB en las prisiones de Zambia son 10 veces más altas que en el resto de la población.

"Independientemente de si hombres, mujeres y niños cruzan las fronteras por canales apropiados o no, es inaceptable que pierdan la vida en el intento", señaló Varia. "Los gobiernos deberían avergonzarse de los controles fronterizos y políticas inmigratorias agresivas que llevan a abusos o incluso muertes, y que fallan a quienes necesitan ayuda con mayor urgencia, incluyendo a menores no acompañados, víctimas de tráfico humano y refugiados".

En Estados Unidos, cientos de miles de personas permanecen en detención durante meses, o incluso años, por delitos civiles de inmigración. Dado que carecen del derecho a que se les asigne un abogado de oficio, aproximadamente el 60 por ciento de los detenidos en el sistema migratorio pasa por todo el proceso judicial sin representante legal. Human Rights Watch halló que para los inmigrantes con discapacidades mentales, la falta de abogado significa que no pueden defender sus derechos. Como consecuencia, pasan años encarcelados sin justificación alguna.

Los migrantes siguen siendo vulnerables a deficientes políticas inmigratorias que ponen en riesgo a las personas. Sudáfrica anunció en 2010 que ya no seguirá suspendiendo la deportación de zimbabuenses, lo que aumenta los temores de que las deportaciones masivas conduzcan a violaciones de los derechos de los solicitantes de asilo. Francia, por su parte, puso en marcha un programa ampliamente divulgado para desmantelar los asentamientos ilegales de romaníes y para repatriar a los migrantes romaníes  (la mayoría ciudadanos de la Unión Europea) a sus países de origen.

El racismo y la violencia xenofóbica contra los migrantes son problemas que los gobiernos no sólo tratan con excesiva demora, sino que además agravan mediante políticas discriminatorias. En Italia, por ejemplo, el discurso político y las políticas que vinculan a los migrantes con el crimen alimentan un clima de intolerancia, señaló Human Rights Watch.

Las protecciones nacionales e internacionales deficientes generan condiciones que facilitan la trata de personas. En 2010, Human Rights Watch investigó distintos casos de tráfico humano de niños pequeños obligados a mendigar en Senegal; en Costa de Marfil, son forzados a ejercer la prostitución, mientras que en Kuwait y Arabia Saudita son destinados a la servidumbre forzada del hogar.

"La lista de abusos contra los migrantes en 2010 es larga y sombría", dijo Varia. "Los gobiernos necesitan acelerar el ritmo de las reformas para evitar otro año lleno de abusos e injusticias".

Human Rights Watch pidió a los gobiernos que en 2011 se concentren en mejorar las protecciones para los migrantes, incluso mediante la ratificación de la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migrantes y de sus familiares. Human Rights Watch también instó a los gobiernos a:

  • Garantizar que las políticas inmigratorias y laborales estén diseñadas para facilitar la migración legal y no castigar desproporcionadamente a aquellos que no dispongan de los documentos apropiados.
  • Reformar las leyes laborales para ampliar las protecciones integrales del trabajo hacia los tipos de empleo deficientemente regulados y a menudo dominados por migrantes, incluyendo el trabajo del hogar y la agricultura.
  • Establecer métodos efectivos de supervisión y mecanismos para la presentación de quejas, incluyendo servicios de traducción e interpretación en caso necesario, investigaciones rigurosas de las quejas de abuso independientemente del estatus migratorio de la persona, y medidas para resolver las disputas laborales y los procesos penales sin demora.
  • Fijar estándares legalmente vinculantes para regular la detención, incluyendo acceso a cuidados médicos, y aumentar la inspección para prevenir y responder ante situaciones de abuso.
  • Llevar a cabo revisiones independientes de las políticas de expulsión y asegurar que aquellos que son obligados a salir un país tengan el derecho a apelar, en base a una evaluación individual que no discrimine por cuestiones de origen étnico o nacionalidad.
  • Desarrollar amplias estrategias nacionales y fortalecer la cooperación internacional para combatir el tráfico humano, incluyendo el acceso a servicios de apoyo y rehabilitación para las víctimas.

Ejemplos específicos por países de la investigación de Human Rights Watch sobre abusos contra migrantes en 2010:

 

  • Arabia Saudita - Varios trabajadores del hogar migrantes sólo pudieron presentar denuncias de graves abusos físicos después de regresar a sus países de origen, debido a que no tenían acceso a los mecanismos de denuncia en Arabia Saudita.
  • Egipto e Israel - Guardias fronterizos en Egipto mataron a disparos a al menos 28 migrantes que intentaban cruzar la frontera del Sinaí a Israel. Los migrantes y refugiados devueltos por la fuerza de Israel a Egipto pueden enfrentar arrestos y detenciones arbitrarias y juicios injustos ante tribunales militares.
  • El Líbano - Una revisión de los 114 fallos judiciales libaneses que afectan a trabajadores del hogar migrantes dejó en evidencia que la falta de mecanismos de denuncia accesibles, los prolongados procedimientos judiciales y las restrictivas políticas de visados desalientan a muchos trabajadores de presentar quejas sobre condiciones abusivas o de buscar justicia en los casos en que presentaran dichas quejas.
  • Emiratos Árabes Unidos - La Universidad de Nueva York (NYU), la Fundación Guggenheim y sus socios de propiedad gubernamental anunciaron nuevas garantías contractuales para los trabajadores contratados para construir el campus de NYU y una sucursal del Guggenheim en Saadiyat Island, en Abu Dhabi. Sin embargo, las nuevas medidas carecen de disposiciones claras para garantizar su cumplimiento o para su supervisión independiente por terceras partes.
  • España - La decisión del gobierno de las Islas Canarias de mantener a 200 menores extranjeros no acompañados en centros de acogida de emergencia, que no están sometidos a las regulaciones normales de cuidados, pone en riesgo a los niños y representa una amenaza a su bienestar.
  • Estados Unidos - Las leyes laborales de Estados Unidos no ofrecen a los niños que trabajan en la agricultura las mismas protecciones que al resto de los menores empleados en el país, lo que los expone a trabajos que amenazan su salud, seguridad y educación.
  • Francia - Francia puso en marcha una campaña ampliamente difundida contra romaníes de Europa del Este, forzando su desalojo de asentamientos ilegales y deportándolos, pese a que la mayoría son ciudadanos de la Unión Europea, a sus países de origen.
  • Grecia y la Unión Europea - Otros países de la Unión Europea presentaron 10,000 solicitudes para retornar migrantes y solicitantes de asilo a Grecia, su punto de entrada a la UE. Sin embargo, en Grecia, los migrantes y los solicitantes de asilo son detenidos en condiciones pésimas, con ninguna o poca asistencia para los menores extranjeros no acompañados y otros grupos vulnerables.
  • Hungría, Eslovaquia y Ucrania - Migrantes expulsados de Hungría y Eslovaquia y devueltos a Ucrania, otro de los puntos de entrada a la Unión Europea, incluyendo solicitantes de asilo y menores no acompañados, con frecuencia enfrentan serios abusos mientras permanecen en custodia del servicio de guardia fronteriza de Ucrania.
  • Indonesia y Malasia - Los dos gobiernos no lograron un acuerdo para mejorar las protecciones de los trabajadores del hogar indonesios en Malasia. Las negociaciones se estancaron en los temas de salarios mínimos y regulaciones de las tasas de reclutamiento.
  • Italia y Libia - Los migrantes que vienen en barco, en su mayoría provenientes de África subsahariana, son interceptados por las patrullas costeras de Libia que operan con barcos donados por Italia y con tripulación italiana a bordo. Los migrantes son sumariamente devueltos a Libia sin ningún tipo de investigación de sus necesidades de protección, y una vez en Libia con frecuencia se enfrentan a detenciones en condiciones inhumanas y degradantes.
  • Kazajstán - Muchos trabajadores migrantes de Kirguistán, muchas veces junto con sus hijos, enfrentan frecuentes abusos por los propietarios de las plantas tabacaleras en Kazajstán, que los contratan para trabajos temporales. Los dueños de estas granjas tienen contratos de suministro y de trabajo con Philip Morris Kazajstán (PMK), una subsidiaria de Philip Morris International (PMI), una de las mayores tabacaleras del mundo. PMI y PMK han prometido significativas reformas para acabar con estos abusos.
  • Kuwait - El país alberga a más de 660,000 trabajadores del hogar migrantes que provienen de Asia y África del Este. Las restricciones impuestas por los sistemas de patrocinio inmigratorio y la exclusión de estos trabajadores de la protección bajo la ley laboral de Kuwait los disuaden de abandonar situaciones de empleo abusivo, mientras que aquellos que renuncian "sin permiso" se arriesgan a ser castigados con penas criminales.
  • Malawi - En Malawi, aproximadamente 230 detenidos etíopes fueron encarcelados en prisiones después de juicios en los que ni siquiera contaron con intérpretes. Debido a su incapacidad para reportar problemas de salud por no hablar el idioma de los agentes de seguridad, algunos de estos detenidos sufrieron condiciones significativamente peores que el resto de los prisioneros.
  • Senegal y Guinea-Bissau - Al menos 50,000 niños viven en condiciones que equivalen a un formato moderno de esclavitud. Los padres envían a sus hijos a estudiar el Corán en escuelas residenciales en Senegal, donde muchos son forzados a mendigar hasta 10 horas al día por los hombres que dirigen estas escuelas.
  • Sudáfrica - Desde 2005, hasta 3 millones de zimbabuenses que huían de la persecución política y el colapso económico en su país trataron de buscar refugio y oportunidades económicas en Sudáfrica, que les ofrecía protección temporal especial. En 2010, Sudáfrica anunció el fin a su suspensión de las deportaciones de zimbabuenses, generando preocupaciones de que las deportaciones masivas tendrán como consecuencia la violación de los derechos de los solicitantes de asilo.
  • Tailandia - Los trabajadores migrantes reportaron abusos, incluyendo torturas mientras estaban en detención, extorsiones, abuso sexual, tráfico humano, trabajos forzados, restricciones a la libertad de asociación, represalias violentas contra quienes osan quejarse, e incluso asesinatos. La policía y los funcionarios locales a menudo ignoran o simplemente no investigan las denuncias de los migrantes con la debida diligencia.
  • Zambia - Los inmigrantes detenidos permanecen largos períodos encarcelados en Zambia, a veces en condiciones que suponen un riesgo vital. Sólo el 38 por ciento de las personas entrevistadas por Human Rights Watch y organizaciones asociadas habían pasado ante un magistrado o juez.