(Beirut) – Al menos 50 empresas marroquíes y cientos de sus trabajadores no han recibido pagos por las obras de renovación y mantenimiento de un palacio en Tánger propiedad de un príncipe saudita y valoradas en al menos USD 5 millones, señaló hoy Human Rights Watch.
Representantes de las empresas marroquíes dijeron que sus intentos de que se les pague han sido en vano, pese a que compañías sauditas y representantes del palacio les prometieron reiteradamente que realizarían los pagos. No está claro qué entidades o compañías son responsables de la falta de pago.
“Es inconcebible que las compañías sauditas que supervisan un proyecto en un palacio de lujo lleven a empresas marroquíes y a sus trabajadores al borde de bancarrota”, manifestó Michael Page, subdirector para Oriente Medio y África Septentrional de Human Rights Watch. “Debe rectificarse en forma urgente este desprecio absoluto por los derechos de cientos de trabajadores a ser remunerados por su trabajo, incluidas las prácticas de contratación injustas”.
En 2023, la oficina del príncipe saudita Turki bin Mohammed bin Fahd bin Abdulaziz Al Saud, ministro de Estado, miembro del Consejo de Ministros y familiar del príncipe heredero Mohammed bin Salman, contrató a dos compañías sauditas, Modern Building Leaders (MBL) e Innovative Facility Management and Services (IFAS). Se les encomendó realizar obras de renovación y reparación en un palacio perteneciente al príncipe en Tánger.
Según se indica en documentos y entrevistas con representantes de empresas marroquíes afectadas, las compañías sauditas contrataron la realización de trabajos al menos a 50 subcontratistas marroquíes, pero desde octubre de 2024 presuntamente dejaron de pagar por mano de obra, materiales y servicios, cuyo valor ascendía por lo menos a USD 5 millones. Human Rights Watch no pudo verificar de manera independiente estas cifras. Las compañías sauditas hicieron varios pagos parciales a algunos subcontratistas en enero, abril y mayo, según se deduce de entrevistas y documentos consultados por Human Rights Watch.
Como resultado, al menos 11 empresas marroquíes afirman que se enfrentan a la posibilidad de quiebra y que cientos de trabajadores han perdido sus medios de vida. Las autoridades sauditas y marroquíes deben trabajar juntas para asegurar que los importes impagos se abonen en su totalidad, opinó Human Rights Watch.
En noviembre y diciembre, Human Rights Watch entrevistó a cuatro representantes de los subcontratistas marroquíes afectados, a tres trabajadores afectados y a otra fuente informada. Human Rights Watch escribió a la Oficina del Príncipe Turki y a los contratistas saudíes el 10 de diciembre, pero no ha recibido respuestas. Los representantes y trabajadores entrevistados expresaron que deseaban permanecer en el anonimato para evitar represalias.
Human Rights Watch analizó la correspondencia intercambiada por correo electrónico entre los subcontratistas marroquíes y las autoridades de Marruecos, MBL, IFAS y la Oficina del Príncipe Turki, cartas enviadas por subcontratistas a la Embajada de Arabia Saudita en Marruecos y el príncipe heredero Mohammad bin Salman, informes de prensa y el acta de una reunión celebrada entre representantes de subcontratistas marroquíes, MBL, IFAS y la Oficina del Príncipe Turki, en la que se detallaban los reclamos relativos a cantidades impagas.
Las personas entrevistadas señalaron que la última vez que las compañías saudíes pagaron íntegramente a sus subcontratistas marroquíes fue en octubre de 2024. Más tarde se realizaron pagos parciales a algunos subcontratistas, incluido en enero, abril y mayo de 2025. Se adeudan hasta USD 75.000 a cuatro subcontratistas, entre USD 75.000 y USD 150.000 a tres, y más de USD 150.000 a otros cuatro.
“El capital social de cada compañía es de apenas 1 millón de dírhams marroquíes [USD 107.900]”, aseveró un subcontratista. “Incluso si nos pagaran ahora, eso no solucionará todos los daños que se han causado a nuestros negocios y nuestras vidas”.
Las personas entrevistadas indicaron que los subcontratistas no han podido pagar ni retener a cientos de empleados, y que enfrentan a un volumen creciente de préstamos y estrés mental. En las entrevistas surgió que cuatro de los contratistas han tenido que despedir a un total de, al menos, 113 trabajadores.
“Me despidieron porque no hay dinero”, contó una persona que trabajó durante un año en el palacio. “Pedí dinero prestado a amistades para pagar el alquiler, pero eso está causando problemas porque no estoy en condiciones de devolverlo”. Un empleado a quien se le deben cuatro meses de salario dijo sobre esto: “Tenemos responsabilidades y familias, y necesitamos el dinero... ¿Cómo se supone que voy a alimentar a mi familia? ¿Cómo haré para comprar comida?”. Un representante de un subcontratista que en 2025 despidió a más de una veintena de empleados afirmó que ha agotado todos sus ahorros y que vendió bienes como su automóvil y su tienda para poder pagar a proveedores y personal. “En uno o dos meses tendré que declararme en bancarrota”, aseveró en noviembre.
Otro representante de un subcontratista indicó: “Muchas empresas afectadas, como la mía, emitieron cheques garantizados a [sus] proveedores que no pueden cobrarse, y esto hizo que llevaran a gerentes ante la policía [se los citó porque había cheques que no podían cobrarse por fondos insuficientes]”.
Los subcontratistas marroquíes también han realizado protestas pacíficas y sentadas frente al palacio y las oficinas de IFAS en Tánger, incluido en el mes de noviembre, según surge de entrevistas e informesde los medios de prensa. No está claro qué entidad es responsable de la falta de pago, y esto deja a los subcontratistas marroquíes en una situación indefinida. Según los subcontratistas, los representantes del palacio afirman que han pagado íntegramente a MBL e IFAS. Sin embargo, los subcontratistas dijeron que representantes de MBL y de IFAS aseveran que no se les ha pagado, como también se indica en la correspondencia escrita enviada a la Oficina del Príncipe Turki. Human Rights Watch ha solicitado aclaraciones a la oficina del Príncipe, IFAS y MBL, pero no ha recibido contestación.
En notas consultadas por Human Rights Watch correspondientes a una reunión que tuvo lugar el 9 de abril entre representantes de IFAS, MBL, la oficina del Príncipe Turki y subcontratistas marroquíes, IFAS se había comprometido a pagar todos los montos que todavía se adeudaran antes del 30 de abril, incluidas “todas las sociedades de los grupos” y “sin necesidad de más negociaciones”.
Human Rights Watch también analizó cartas recibidas por subcontratistas marroquíes afectados el 27 de junio, que fueron enviadas por representantes de IFAS. En esas cartas se aseveraba que estaban “trabajando para asegurar el resto de los pagos adeudados a contratistas por la primera fase del proyecto. Los pagos o partes de estos pagos comenzarán dentro de las tres semanas posteriores a la fecha de este correo electrónico”. Los subcontratistas marroquíes manifestaron que esos pagos nunca se hicieron.
Conforme a los Principios Rectores de la ONU sobre las Empresas y los Derechos Humanos todas las compañías tienen la responsabilidad de evitar provocar o propiciar violaciones de derechos humanos. Las empresas deben abordar las prácticas comerciales injustas que contribuyan a las violaciones de derechos, lo que incluye la demora o la falta de pago de contratos que favorecen los abusos laborales, y adoptar prácticas de contratación justas con socios comerciales, incluidos pagos realizados en tiempo y forma para garantizar los derechos de los trabajadores.
Las compañías deben remediar cualquier impacto en los derechos humanos que hayan causado o contribuido a provocar. La falta de pago por parte de empresas sauditas a subcontratistas marroquíes está generando un daño inmediato a los derechos de los trabajadores a una remuneración justa y a un nivel de vida adecuado, según lo demostraron las entrevistas.
Un empleado en una función jerárquica de un subcontratista dijo: “Me pagaron por cuatro meses, pero no por los otros seis meses... ¿Qué debo hacer? ¿Entregar a los trabajadores [que yo superviso] su salario, tomar lo que se me debe o pagar a los proveedores?”. Dijo que se vio obligado a mudarse de su casa. “Tuve que pedir dinero prestado a familiares para poder vivir y ocuparme de mi familia... Todavía no he podido devolverlo”.
Las investigaciones de Human Rights Watch en estados del Golfo, incluida Arabia Saudita, han concluido que las personas que trabajan para empresas en niveles más bajos de las cadenas de subcontratación son vulnerables a abusos, como el robo de salarios. Human Rights Watch también ha documentado durante años una serie de casos individuales y colectivos de presuntos abusos salariales por parte de empresas saudíes.
“Cientos de trabajadores en Marruecos y sus familias atraviesan dificultades económicas porque no se les paga lo que se les debe”, afirmó Page.
