(Nueva York) - El gobierno estadounidense ha adoptado una decisión desacertada al no procesar penalmente a los funcionarios de la CIA que destruyeron pruebas de torturas, afirmó hoy Human Rights Watch. Las declaraciones del ex Presidente George W. Bush, transmitidas por televisión, en las cuales reconoce su responsabilidad personal por haber ordenado torturas, muestra la necesidad de que el gobierno de Obama impulse el juzgamiento de altos funcionarios estadounidenses que planificaron y autorizaron la aplicación de torturas y malos tratos a detenidos, indicó Human Rights Watch.

John Durham, quien se desempeña en forma interina como Procurador General de Estados Unidos y también está al frente de una investigación que examina el empleo de métodos indebidos para interrogar a detenidos, anunció hoy que no formularía cargos por la destrucción de los videos de la CIA donde se mostraban los interrogatorios de presuntos terroristas.

"Es absolutamente escandaloso que un ex presidente estadounidense asuma públicamente la responsabilidad por torturas y, al día siguiente, el gobierno afirme que nadie será investigado por la destrucción de las pruebas de esas torturas", afirmó Joanne Mariner, directora del Programa sobre Terrorismo y Lucha Antiterrorista de Human Rights Watch. "Transmite el mensaje nefasto de que en Estados Unidos no existen consecuencias jurídicas para cuando se cometen los crímenes internacionales más aberrantes".

Los videos destruidos mostraban la tortura de los detenidos Abu Zubaydah y Abd al-Rahim al-Nashiri mientras permanecieron en una prisión secreta de la CIA en Tailandia, en 2002. Las grabaciones habrían sido conservadas en Tailandia hasta noviembre de 2005, cuando José A. Rodríguez, entonces jefe del servicio clandestino de la CIA, ordenó que fueran destruidas.

Rodríguez se habría atribuido responsabilidad por la destrucción de las grabaciones, y señaló que sus órdenes habían sido avaladas por abogados de la CIA. En una entrevista que se transmitió por televisión el 8 de noviembre de 2010, Bush efectuó declaraciones similares, y señaló que abogados del Departamento de Justicia habían afirmado que la asfixia por inmersión y otros métodos de interrogación abusivos no eran ilícitos y lo habían autorizado a ordenar las prácticas.

Un informe de la Oficina de Responsabilidad Profesional del Departamento de Justicia publicado en febrero de 2010 determinó que el principal abogado responsable de esos dictámenes jurídicos había "incumplido su deber de emplear su criterio jurídico independiente y brindar un asesoramiento exhaustivo, objetivo y honesto".

"Afirmar que abogados del Departamento de Justicia avalaron métodos de tortura y maltratos claramente ilícitos constituye una excusa inaceptable", expresó Mariner. "Muestra que los propios abogados fueron negligentes en su deber de cumplir la ley".

La investigación sobre el uso de estas técnicas abusivas por la CIA continúa en curso. Durham, el fiscal especial a quien el ex Procurador General Michael Mukasey asignó el caso sobre la destrucción de la grabación de video, vio significativamente ampliado su mandato en agosto de 2009, cuando el Procurador General Eric Holder le encargó que efectuara un examen preliminar de los abusos contra detenidos bajo custodia de la CIA. El examen se centró en las denominadas técnicas de interrogación "no autorizadas" es decir, prácticas que excedían los límites de lo permitido conforme al asesoramiento jurídico brindado por el Departamento de Justicia en ese entonces.

Human Rights Watch afirmó que las pruebas abrumadoras sobre los abusos ordenados por funcionarios de alto rango y cometidos por la CIA exigen llevar a cabo una investigación penal exhaustiva de la responsabilidad por estas prácticas en las más altas esferas de la organización. Human Rights Watch expresó su preocupación de que la investigación en curso no permitiera avanzar en la cadena de mando hasta llegar a los funcionarios jerárquicos que ordenaron las torturas y los tratos degradantes, o que actuaron en connivencia o con complicidad para que estos se cometieran.

Hasta hoy, el gobierno de Obama ha mostrado poco interés en adoptar alguna de estas medidas. El Presidente Barack Obama ha expresado en varias oportunidades su renuencia a "mirar hacia atrás" y rever los supuestos delitos cometidos por el gobierno anterior. Ha descartado expresamente la posibilidad de juzgar a agentes de la CIA que cometieron abusos calificados como lícitos por el Departamento de Justicia, pese a que la tortura es un delito grave tanto para el derecho estadounidense como internacional.

La Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, ratificada por Estados Unidos en 1994, dispone que los gobiernos están obligados a someter los casos de tortura "a sus autoridades competentes a efectos de enjuiciamiento... Dichas autoridades tomarán su decisión en las mismas condiciones que las aplicables a cualquier delito de carácter grave, de acuerdo con la legislación de tal Estado". La ley estadounidense sobre tortura prevé sanciones penales para ciudadanos de esa nacionalidad que participen en torturas, ya sea en Estados Unidos o en el exterior.

Human Rights Watch manifestó que los antecedentes de Estados Unidos en materia de justicia por abusos de personas detenidas han sido absolutamente deficientes. Human Rights Watch ha recabado información sobre cerca de 350 casos de presuntas torturas y tratos degradantes en los cuales habrían tenido intervención más de 600 militares y civiles estadounidenses. Pese a la cantidad y el carácter sistemático de los abusos, ningún funcionario de la CIA ha respondido por ellos y son pocos los militares que han sido sancionados.

"El mundo está atento a si el fiscal especial investiga las pruebas de los abusos, que hoy son abrumadoras", manifestó Mariner. "Estados Unidos no puede permitir que casos de tortura sistemática queden impunes".