Las trabajadoras domésticas siguen esperando largos periodos en los albergues de las embajadas, incluso en la casa de seguridad de Filipinas, que se muestra en la foto. Desde 1992, el Gobierno kuwaití ha hecho de la deportación el método esencial para lidiar con trabajadores domésticos que enfrentan problemas laborales. Las trabajadoras afirman pasar semanas, e incluso meses, bajo custodia oficial, trasladándose de los albergues en las embajadas a estaciones de policía, y de ahí a instalaciones de investigación criminal, antes de ser enviadas a la detención en espera de su deportación.

© 2010 Moises Saman/Magnum Photos

(Kuwait City) - Las trabajadoras domésticas en Kuwait que intentan escapar de los empleadores abusivos se enfrentan a cargos penales por "fuga" o no pueden cambiar de trabajo sin permiso de sus empleadores, señaló Human Rights Watch en un informe publicado hoy. Las trabajadoras domésticas migrantes cuentan con mínimas protecciones frente a los empleadores que retienen su salario, las obligan a trabajar muchas horas sin días de descanso, las privan de una alimentación adecuada o abusan de ellas física o sexualmente.

El informe de 97 páginas, "Walls at Every Turn: Exploitation of Migrant Domestic Workers Through Kuwait's Sponsorship System" (Muros por todos lados: Explotación de las trabajadoras domésticas a través del sistema de patrocinio de Kuwait), describe la manera en que las trabajadoras acaban atrapadas en condiciones laborales de explotación y abuso, y se enfrentan a sanciones penales si dejan su trabajo sin permiso del empleador. Las autoridades gubernamentales arrestan a las trabajadoras cuya "fuga" se ha denunciado y, en la mayoría de los casos, las deportan de Kuwait, a pesar de que han sido maltratadas y buscan resarcimiento.

"Los empleadores controlan totalmente la situación en Kuwait", señaló Sarah Leah Whitson, directora para Medio Oriente de Human Rights Watch. "Si las trabajadoras maltratadas o explotadas intentan escaparse o quejarse, la ley facilita a los empleadores la posibilidad de acusarlas de ‘fuga' y hacer que las deporten. El Gobierno ha hecho que las trabajadoras dependan de la buena voluntad de los empleadores, o que sufran cuando dicha voluntad no existe", agregó.

Kuwait, que tiene la proporción más alta de trabajadores domésticos por ciudadano en Oriente Medio, anunció el 26 de septiembre de 2010 que iba a abolir el sistema de patrocinio (kafala) en febrero de 2011 y sustituir este sistema basado en el empleador por un organismo de contratación administrado por el Gobierno. Aunque se trata de una reforma importante, el Gobierno no ofreció información acerca de las protecciones legales que se agregarán para los trabajadores migrantes en el país, o si las reformas abarcarán a los trabajadores domésticos.

Los 660,000 trabajadores migrantes domésticos del país constituyen casi un tercio de la mano de obra en este pequeño país del Golfo con sólo 1.3 millones de habitantes.  Sin embargo, los trabajadores domésticos no gozan de las protecciones que las leyes laborales garantizan al resto de los trabajadores. Los legisladores kuwaitíes reforzaron esta exclusión recientemente cuando, en febrero de 2010, aprobaron una nueva ley laboral para el sector privado que no abarca el trabajo doméstico.

"Escaparse de un empleador abusivo no debería ir en contra de la ley", señaló un activista que asesora regularmente a trabajadoras domésticas en Kuwait y pidió mantenerse en el anonimato. "A veces estas muchachas dicen: ‘¿Sabe lo que me pasó en esa casa? Me pegaron, me escupieron... ¿cómo puede haber una denuncia contra mí?'"

Los datos recopilados por Human Rights Watch muestran que, en 2009, los trabajadores domésticos de Sri Lanka, Indonesia, Filipinas y Etiopía presentaron más de 10,000 quejas de maltrato en sus embajadas en Kuwait.

Human Rights Watch señaló que la reforma del sistema actual de patrocinio emprendida por el Gobierno kuwaití debe incluir medidas inmediatas para que la "fuga" no sea un delito y permitir que las trabajadoras cambien de empleo sin el consentimiento del empleador. El Gobierno también debe cesar el arresto y la deportación de trabajadoras por dejar empleos en los que los empleadores violaban sus derechos y debe facilitarles, en cambio, lugares de acogida de emergencia y mecanismos acelerados de queja.

Tilkumari Pun, una trabajadora doméstica de 23 años de Nepal, dijo a Human Rights Watch que había trabajado durante 13 meses sin salario. Pidió repetidamente a sus empleadores que le pagaran su salario para poder regresar a Nepal, donde su padre necesitaba que lo operaran del corazón. Dijo que, después de esperar durante diez meses a que le pagaran, fue a pedir ayuda a la policía, pero la detuvieron. Dijo que de la comisaría "tuve que ir al DIC [Departamento de Investigaciones Criminales]. Baba y Mama [mis empleadores] habían puesto una denuncia en mi contra".

"Walls at Every Turn" está basado en entrevistas con 49 trabajadoras domésticas, representantes de las embajadas de los países de origen en Kuwait y funcionarios del Gobierno kuwaití, entre ellos representantes del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y el Ministerio del Interior. Human Rights Watch también entrevistó a empleadores, activistas locales de derechos humanos y la sociedad civil, abogados y académicos.

Las trabajadoras domésticas entrevistadas mencionaron diversos abusos cometidos por sus empleadores, como el impago de salarios, la negativa a conceder días libres y los ataques físicos o sexuales. Sin embargo, dijeron que les había resultado prácticamente imposible proseguir con sus denuncias.

Constataron que solo podían interponer una demanda legal si estaban dispuestas a esperar durante semanas o meses hacinadas en un albergue de la embajada, mientras se desarrollaban las negociaciones con su patrocinador o un largo caso judicial. Una denuncia de "fuga" presentada por el empleador anula inmediatamente la residencia legal de un trabajador migrante, lo que imposibilita todas las alternativas legales para trabajar o enviar dinero a su familia mientras que resuelve su caso.

"Las trabajadoras domésticas suelen depender de los salarios que ganan para mantener a sus familias en los países de origen", señaló Whitson. "Estas trabajadoras no deberían tener que esperar durante meses hacinadas en albergues sin poder trabajar ni moverse libremente, cuando muchas de ellas ya han sufrido violaciones de sus derechos", agregó.

Las trabajadoras domésticas  no gozan de la protección de las leyes laborales y se enfrentan a batallas legales especialmente duras para reclamar los salarios que les deben. Demostrar la explotación o el maltrato puede ser difícil debido a la escasez de pruebas disponibles dentro de las residencias privadas. Kuwait no cuenta con juicios laborales acelerados, a pesar de la enorme población de trabajadores migrantes y el hecho de que las reclamaciones salariales son la principal queja de los trabajadores. Las largas esperas, la poca información sobre sus derechos y opciones y las escasas posibilidades de obtener justicia hacen que muchos trabajadores no se animen a buscar resarcimiento.

Incluso cuando las trabajadoras domésticas deciden no presentar una demanda, siguen teniendo que esperar bastante tiempo para poder salir del país. Muy pocas de las trabajadoras entrevistadas por Human Rights Watch habían logrado que sus empleadores les devolvieran sus pasaportes después de dejar sus trabajos. Los empleadores confiscan los pasaportes para retrasar su salida del país y los utilizan como moneda de cambio en las negociaciones. Con frecuencia, las trabajadoras cuya "fuga" ha sido denunciada por sus empleadores tienen que pasarse más tiempo esperando que las autoridades retiren los cargos contra ellas para poder regresar a sus países de origen, incluso en los casos en que han escapado del maltrato de los empleadores o han terminado sus obligaciones contractuales.

Nur W., una trabajadora indonesia entrevistada en un centro de detención oficial para personas que van a ser deportadas, señaló que su empleadora no le permitió regresar a su país al final de su contrato de dos años y tampoco quiso devolverle su pasaporte cuando se escapó. "Fui a mi embajada", dijo. "Llamaron a Mama [mi empleadora] desde allí. Mama siguió negándose [a devolver el pasaporte]. Tuve que entrar en proceso de deportación", agregó.

"Las trabajadoras que han sido obligados a trabajar sin paga, privadas de alimentos o tratadas de manera inhumana no deberían tener que ingresar en centros de detención o cárceles, o regresar a sus países mediante procesos de deportación", señaló Whitson. "El Gobierno debe ofrecer refugio a las trabajadoras que denuncian el maltrato de sus empleadores, y eliminar estas gravosas barreras legales que pueden imponer los empleadores incluso a las mujeres que ya han sufrido el maltrato", agregó.

Aunque el Gobierno kuwaití administra actualmente un albergue con 50 camas para trabajadoras domésticas, solo las embajadas pueden remitirlas a este centro, y únicamente después de que la policía haya retirado todos los cargos, lo que significa que las mujeres tienen que pasar normalmente mucho tiempo en los centros de acogida de las embajadas antes de poder ingresar en el albergue oficial. Cuando Human Rights Watch visitó este centro, estaba funcionando por debajo de su capacidad, a pesar de la necesidad acuciante de refugio de cientos de trabajadoras domésticas y las condiciones de hacinamiento en los centros de las embajadas.

"Cuando las trabajadoras han sido maltratadas por empleadores sin escrúpulos, el Gobierno no debería castigarlas más", señaló Whitson. "Los funcionarios del Gobierno llevan años discutiendo la reforma del kafala, pero ha llegado el momento de aplicar medidas que protejan los derechos de los trabajadores en la práctica, no sólo sobre el papel", agregó.