(Washington, DC) - El gobierno de Panamá debe asegurarse de que se lleve a cabo una investigación judicial exhaustiva e imparcial de los posibles abusos cometidos durante los violentos enfrentamientos entre policías y huelguistas en la provincia de Bocas del Toro entre el 8 y el 11 de julio de 2010, señaló hoy Human Rights Watch. Los sucesos tuvieron un saldo de al menos dos víctimas fatales y cientos de heridos.
En un informe del 16 de julio, el oficial de derechos humanos de la Defensoría del Pueblo de Panamá se refirió a pruebas creíbles de que la policía había usado la fuerza en forma excesiva contra los manifestantes. Los medios locales informaron que más de 100 manifestantes fueron heridos y que hubo al menos dos muertos, y se cree que esta cifra podría ascender a diez.
El 21 de julio, el Presidente Ricardo Martinelli creó una comisión especial de ocho miembros para que se ocupara de la investigación. Aun así, algunos funcionarios del gobierno emitieron un "informe preliminar" e hicieron declaraciones públicas, el mismo día, en las cuales culpaban a los manifestantes por los enfrentamientos.
"En lugar de tratar de culpar a otras personas, las autoridades panameñas deberían asegurarse de que los responsables de los abusos sean llevados ante la justicia", expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. "La comisión especial podría ayudar a esclarecer lo sucedido, pero eso de ninguna manera puede reemplazar un proceso penal".
El 2 de julio, el Sindicato de Trabajadores de la Industria del Banano y Afines convocó a una huelga nacional como forma de protesta contra una nueva ley que restringiría las actividades sindicales. El 8 de julio, se produjeron incidentes violentos en el distrito de Changuinola de Bocas del Toro, después de que la policía se enfrentara a manifestantes que estaban bloqueando carreteras. En los enfrentamientos que se suscitaron como consecuencia, un manifestante murió y otros resultaron heridos. En los días subsiguientes, se registraron nuevos casos de personas muertas y heridas. Los hechos de violencia finalizaron el 11 de julio, cuando representantes del gobierno, el sindicato y la Iglesia Católica firmaron un acuerdo para suspender temporalmente algunos aspectos controvertidos de la nueva ley.
El informe del Defensor del Pueblo señaló que la policía no había cumplido con los protocolos establecidos para el control de multitudes y que la gravedad de las lesiones constituía "un claro y abusivo exceso de la fuerza". El informe relató que decenas de personas habían perdido la vista de uno o ambos ojos como consecuencia de los perdigones disparados por la policía. El Defensor del Pueblo también informó que la detención de algunos manifestantes había atentado contra su derecho a la libertad de reunión.
Su informe incluyó además entrevistas con policías y con un destacado líder comunitario que afirmó que, presuntamente, algunos de los manifestantes portaban armas de fuego. La policía alegó asimismo que muchos de los manifestantes estaban armados con machetes y arrojaban piedras y bombas Molotov -bombas de gasolina de fabricación casera- a las unidades policiales. Los medios locales también informaron que los manifestantes incendiaron bancos, edificios públicos y empresas privadas.
Los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley disponen que las autoridades deben, en la medida de lo posible, aplicar medios no violentos antes de recurrir al uso de la fuerza y las armas de fuego. Estos principios establecen que, si el empleo lícito de la fuerza y las armas de fuego resulta inevitable, las autoridades deben ejercer la moderación y actuar en proporción a la gravedad del delito. La fuerza letal puede usarse solamente cuando sea absolutamente necesaria para proteger la vida. Los principios también exigen que se lleve a cabo un procedimiento efectivo de informe y revisión, especialmente en caso de muerte y lesiones graves.
El 21 de julio, el mismo día en que el gobierno anunció la creación de una comisión especial encargada de investigar los incidentes en Bocas del Toro, también presentó un "informe preliminar" a los medios de comunicación. El informe, "La otra cara de la moneda", afirma que, presuntamente, los sucesos violentos de Bocas del Toro fueron instigados por una alianza de sindicatos, organizaciones no gubernamentales y activistas políticos, y que los grupos habían recibido previamente entrenamiento en tácticas de combate urbano. Según trascendió, ese mismo día un ministro del gabinete reiteró estas acusaciones en una entrevista radial.
